LA FRASE

"ME ENTERÉ POR LA PRENSA QUE CONTRATARON A LAS EMPRESAS DE MIS HERMANOS PARA LA MISA DEL PAPA, YO ME DEDICO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS QUE TIENEN TIEMPO Y VOCACIÓN PARA LA ACTIVIDAD PRIVADA SON ELLOS." (MARTÍN MENEM)

miércoles, 7 de septiembre de 2016

¿NO SERÁ MUCHO?


TC 2000: SEGUIMOS DESCULANDO HORMIGAS


Apenas terminada el domingo la carrera del TC 2000 nos preguntábamos acá si iba a ser posible que supiéramos cuanto gastó la ciudad en el evento, porque es un dato que la gestión de Corral (como antes la de Barletta) nunca dan a conocer. 

Contábamos allí las dificultades para rastrear la información oficial, por la forma como está "escondida". Finalmente hurgando en los anexos del presupuesto municipal de éste año encontramos en la Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos un "Proyecto Circuito TC 2000" que tiene presupuestados 4,2 millones de pesos (ver cuadro de apertura).

Lo curioso es que de acuerdo a la última ejecución presupuestaria disponible en la web de la municipalidad (al 31 de julio, verla acá) ese "Programa Operativo Gestión de Trabajos Públicos" tenía cero (0) peso de crédito presupuestario: los más de 19 millones de pesos asignados le fueron "chupados" para otros gastos, dejándolo sin crédito.

Sin embargo, la municipalidad siguió haciendo gastos para la carrera del TC 2000 después del 31 de julio como podemos ver acá:


Por el decreto 1444 del 18 de agosto Corral contrató a la empresa Bauza Ingeniería S.R.L. para que proveyera la mano de obra para instalar la iluminación del circuito callejero, necesaria para la carrera nocturna del sábado. ¿No lo podían hacer empleados municipales? 

Parece que no, porque la misma empresa fue contratada exactamente para lo mismo en 2014 (Decreto 2044) y 2015 (Decreto 1680), aumentando su cotización un 124,59 % en dos años.

Este año fue la única oferta presentada, excediendo por un 16,98 % el presupuesto oficial; y a ese gasto (de mano de obra) hay que sumarle el de la adquisición de las luminarias, que vaya a saber uno de cuanto fue.

Estos poco más de 2 millones de pesos pagados a Bauzá Ingeniería no fueron pagados con el subsidio de 4 millones de pesos que le dio a Corral el gobierno de la provincia, conforme contábamos acá, por dos razones: a) el subsidio es del 26 de agosto y la adjudicación de la licitación es del 18 y b) el decreto municipal en su artículo 3 imputa el gasto al Tesoro municipal, no a fondos transferidos por la provincia.

Lo que supone que de movida estamos hablando de casi 6,2 millones de gastos (contando el subsidio y la licitación), sin contar la compra de las luminarias, los operativos de tránsito y de control (con pago de horas extras a los agentes municipales), la publicidad en medios y en la vía pública y lo pautado para el proyecto "Circuito" en el presupuesto, que razonablemente debe comprender el montaje de las tribunas y la colocación de los pretiles de hormigón que demarcan la pista; con los gastos anexos de mano de obra y equipos. Si sumamos solo eso ya superamos los 10,4 millones de pesos.

A lo mejor si aparece por algún lado el contrato entre la Municipalidad y Auto Sports S.A. (la empresa del Grupo Clarín que organiza la carrera y explota el TC 2000) nos enteramos cuáles son todas las obligaciones que asumió el municipio, para tener una idea de a cuanto pudo haber ascendido el gasto; que el propio Corral estimó en casi un tercio de los 70 millones de pesos que -dice- se movieron en la ciudad por la carrera. 

La cosa va a estar difícil, porque si entran a la página de la municipalidad al buscador de normas y ponen la voz "TC 2000" les van a aparecer decretos fechados entre 2008 y 2011 (ver acá el resultado), y desde entonces ninguno que tenga que ver con el vínculo contractual entre la municipalidad y la empresa organizadora de la carrera. Justo -pero justo, vea- a partir del año en que "Automóviles Deportivos S.A." se transformó en Auto Sports S.A., cuyo accionista mayoritario es el Grupo Clarín. 

No es que tampoco antes hubiera tanta información: si siguen el enlace verán que en cada uno de los decretos se "registra y numera" un contrato entre la Municipalidad y la empresa, pero el contrato (donde supuestamente estarían las obligaciones y derechos de las partes) nunca aparece.

Porque ante todo "transparencia en la gestión" y "libre acceso a la información pública".

LA TRAMPA DEL POZO


El viernes que viene deberían ser las audiencias públicas por el nuevo cuadro tarifario del gas, que el gobierno debió convocar tras el fallo de la Corte Suprema que dio marcha atrás con el tarifazo para los usuarios residenciales.

Tal como vienen las cosas, todo indica que el gobierno tratará de cumplir con la formalidad exigida, salvando lo central de su política tarifaria, aunque de aquéllos aumentos que llegaron a ser del 2000% ahora se habla de un 203 % en promedio. ¿Habrán hecho bien los cálculos en el Excel esta vez?

A propósito: cuando los aumentos llegaron al 2000 % y más, el gobierno se justificó diciendo que de otro modo "íbamos camino a convertirnos en Venezuela". ¿Con la décima parte de eso evitamos el riesgo?

Vemos acá como Aranguren viene tironeando con el Enargas para que se limite la cantidad de expositores y el tiempo de sus intervenciones (para evitar un debate en el que lleva las de perder); y acá en Página 12 como asociaciones de consumidores anticipan nuevos planteos judiciales porque la información previa necesaria para participar de las audiencias en las condiciones previstas por la Corte (y exigidas por la reglamentación aprobada por el Decreto 1172/03 de Néstor Kirchner) no está disponible, ni siquiera en cuenta gotas.

En especial en el punto crucial de la discusión, que es como se conforma el precio del gas en boca de pozo que el gobierno pactó pagarles a las petroleras, y que explica la mayor parte de las facturaciones finales que pagan los usuarios.

Al respecto leíamos en La Nación: “Hoy el precio del gas promedio en boca de pozo en el país es de US$ 1,25 por millón de BTU, según números oficiales, un valor que obligó a erogar el año pasado subsidios por más de US$ 5000 millones porque el Estado cubría un 82% del costo del gas. En abril, el Gobierno intentó llevar ese valor a US$ 4,72, algo que le impidió la Justicia. El valor de octubre será de U$S 3,42. Implica que el Estado seguirá subsidiando un 52% el gas. Ese número aumentará dos veces por año, hasta que en octubre de 2019 debería llegar a los US$ 6,78 (el número al que se estima se pagará la importación de LNG), con lo que el fisco no debería poner plata para subsidiar el gas. En la Patagonia eso ocurriría recién en 2022.”

Y en el mismo sentido leemos en Página 12: “La propuesta anulada por la Corte había llevado el precio de gas en boca de pozo de 1,29 a 4,72 dólares el millón de BTU en promedio para el conjunto de los hogares. Ahora, en cambio, subirá a 3,42 dólares en octubre, un 165,1 por ciento, y luego se ajustará de manera semestral trepando a 3,78 dólares en abril de 2017, a 4,20 en octubre de 2017, a 4,69 en abril de 2018, a 5,27 en octubre de 2018, a 5,95 en abril de 2019 y a 6,78 dólares el millón de BTU en octubre de 2019, cuando el subsidio quedaría reducido a cero, salvo para los beneficiarios de la tarifa social. Aranguren señaló ayer que el precio del gas en boca de pozo representa entre el 55 y el 60 por ciento de la factura. Por lo tanto, ahí está la clave de los ajustes. Otro 9 por ciento corresponde al eslabón del transporte, un 12 por ciento a la distribución y el resto a impuestos.”

Como se ve, el gobierno oculta del escrutinio público y del debate los números con los cuáles llega al valor fijado para el millón de BTU: entre el precio (promedio, porque hubo precios mayores para el gas extraído de determinadas cuencas) fijado en abril y el que se fijaría ahora tras las audiencias se “cayó” 1,30 dólar por millón de BTU, sin que sepa que las petroleras protesten porque no les cierran los números.

Es que lo que se está escamoteando de la discusión son los costos reales de la producción del gas, que por ejemplo YPF informó a sus accionistas en la bolsa de Nueva York a razón de 1,99 dólares por millón de BTU; con lo cual el “senderos de precios” que les está trazando el gobierno a las petroleras de acá al 2019 les garantiza una más que razonable rentabilidad sobre costos, en un momento en el que los precios internacionales del gas se mantienen estables o bajan.

Para tener en claro cuáles son los verdaderos objetivos del gobierno de los CEO’s (empezando por el ministro de Shell) en ésta materia pensemos que los precios por millón de BTU previstos para los diferentes tramos de aumentos semestrales previstos se referencia a los valores de importación del gas, y no a los de sus costos reales de producción en el país, más una razonable rentabilidad para fomentar el aumento de la producción.

Con las audiencias por venir el gobierno pretende dar por saldada esa discusión hasta el 2019, planteándola bajo el falso eje “sendero de precios versus subsidios estatales”; sin discutir costos de producción, márgenes de ganancias de las petroleras, acceso a la energía para la producción y la actividad económica en general: recordemos que el comercio y la industria quedan afuera del fallo de la Corte, y por ende arrancarían con un precio del gas a 4,72 dólares promedio por millón de BTU, con el consecuente impacto en sus costos, y posterior traslado al precio de sus productos, que deberemos pagar los consumidores.

Las nuevas tarifas de transporte y distribución (que explican en conjunto apenas el 21 % de la factura) serían las mismas del tarifazo original, sin que se sepa que como consecuencia de los aumentos se les hayan exigido a las concesionarias inversiones para mejorar el servicio en calidad o cobertura.

Tal como lo señalan los funcionarios del gobierno (empezando por el propio Aranguren) la idea es “blanquear” de una vez y por varios años -haciendo las audiencias reclamadas por el fallo- los fenomenales aumentos del gas en boca de pozo, tendiendo a hacerlos converger hacia 2019 con los valores más altos de importación (cuando el 85 % del gas que utilizamos se produce acá, con costos argentinos); a partir de lo cual el Estado dejaría de fijar el precio y pasaría a hacerlo el mercado, como lo dispone el artículo 83 de la Ley 24.076 (marco regulatorio del gas); y por ende sin necesidad de hacer más audiencias públicas, que quedarían limitadas a los tramos de transporte y distribución.

Cuando se conoció el fallo de la Corte, decíamosnosotros acá que los supremos se la dejaban servida para proceder de ese modo (textualmente: "...el artículo 83 de la Ley 24.076 (marco regulatorio del gas) sigue vigente, y con él la posibilidad de que el gobierno se abandone a la lógica del mercado, y el precio lo terminen fijando directamente las petroleras, con incidencia en los costos de todos los segmentos del servicio (producción, transporte y distribución), incluyendo el mercado de la electricidad."), y el gobierno de Macri no desperdició la oportunidad. 

Y hablando de electricidad: con las dos resoluciones de la Corte de ayer que validaron de hecho (y al menos por ahora) el tarifazo eléctrico, es muy posible que el gobierno avance considerando a las audiencias públicas como una simple formalidad que llenar para imponer sus políticas sin tener en cuenta lo que allí se discuta.

Después de todo, no haría más que repetir lo que acaban de hacer los cortesanos con el dictamen de la Procuradora General Gils Carbó en la causa fallada por la Cámara federal de La Plata. 

martes, 6 de septiembre de 2016

¿CÓMO SE LLAMA LA OBRA?


1° Acto: El gobierno le triplica por decreto la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, sacando los fondos de la parte que le corresponde al Estado nacional.

2° Acto. El gobierno autoriza a la ciudad de Buenos Aires a endeudarse en 890 millones de dólares, aunque ahora tenga más recursos.

3° Acto: El gobierno le pide plata a la ciudad de Buenos Aires, haciéndola suscribir una letra del tesoro en dólares por casi 136 palos verdes, con vencimiento en noviembre.

¿Cómo se llama la obra?

"El mejor equipo de los últimos 50 años".

Más información, acá.  

EL NEGOCIO DE LA CORRUPCIÓN


Hablar de la corrupción ajena es una formidable excusa para no dar explicaciones sobre la propia.

Entretener a la gente todo el tiempo con la denuncia de casos de corrupción es una excelente manera de que no preste atención a las políticas del gobierno, y sus resultados; o en caso de hacerlo, los justifique como un mal necesario e inevitable a causa -justamente- de la corrupción.

Clausurar cualquier discusión hablando sobre la corrupción es el mejor modo de no hablar de ideologías, intereses, modelos y proyectos políticos y económicos, y sus beneficiarios y perjudicados concretos.

Denunciar corrupción en el Estado es un interesante recurso para desguazar programas, retacear recursos presupuestarios, recortar derechos y plantear privatizaciones, reducciones del gasto público o la venta a precio vil del patrimonio estatal.

Poner el foco en la corrupción política es el mejor modo de evitar hacerlo en la que se ve en las empresas y la actividad privada, que le está inescindiblemente unida, siempre.

Es decir que por donde se lo mire, la corrupción puede ser para muchos un excelente negocio; y no solo para los corruptos.

¿NACEN LOS "BUENOS AIRES PAPER'S"?


El macrismo está a punto de conseguir un viejo sueño: transferir el registro de sociedades de la Inspección General de Justicia (IGJ) al ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Al respecto leemos en El Cronista: “En concreto, pasarán a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires las facultades de registro y contralor de sociedades accionarias y no accionarias, asociaciones civiles y fundaciones, sociedades extranjeras, contratos asociativos y fideicomisos.

El artículo da cuenta de que “Sin modificar la legislación societaria de fondo, las nuevas autoridades de la IGJ, han comenzado a realizar importantes cambios regulatorios”, entre los que enumera: “...habilitación de las asambleas de accionistas autoconvocadas, es decir, válidamente celebradas sin la necesidad de que el Directorio realice el llamado a los accionistas, reglamentación de las reuniones "a distancia"; es decir, realizadas mediante video llamadas, utilización de servidores para almacenamiento de información que no se encuentran en el país, lo que ha motivado objeciones fundadas en que, ante la eventualidad de un requerimiento judicial o allanamiento, la información no estaría disponible.” (las negritas son nuestras)

Por si esos cambios no fueran sugestivos en plenos tiempos de los “Panamá paper’s”, hay máss: “...en el campo del registro de sociedades extranjeras, las nuevas autoridades analizan la eliminación de una serie de restricciones y requisitos extralegales establecidos por resoluciones de la IGJ dictadas en el periodo 2003-2005. Estas normas, que establecen importantes barreras al registro de sociedades extranjeras, tenían la intención de diferenciar la inversión genuina de aquellas sociedades incorporadas en el extranjero al solo efecto de evitar su sujeción a la ley argentina. Adicionalmente, apuntaban también a restringir el beneficio de la limitación de la responsabilidad que proveen ciertas formas y estructuras societarias, motivado en parte por la tragedia de Cromañón ocurrida el 30/12/2004. En los próximos meses se conocerán modificaciones que eliminarán gran parte de la documentación e información que las sociedades extranjeras deben proporcionar a la IGJ inicial y periódicamente.” (las negritas otras vez son nuestras)

Las normas que se dejarían sin efecto ahora son resoluciones de la Inspección General de Justicia dictadas por Ricardo Nissen cuando estaba a su frente en el gobierno de Néstor Kirchner, para controlar a las sociedades constituidas en el extranjero que aparecían realizando actos aislados de su objeto social en el país.

Primero fue la Resolución 7/03, que les exigió a esas sociedades acreditar en sus países de origen la existencia de una o más agencias sucursales o representaciones permanentes, la titularidad en otras sociedades de participaciones que tengan el carácter de activos no corrientes y activos fijos en su lugar de origen, cuya existencia y valor patrimonial se debería acreditar; para asegurarse de que no se tratara de sociedades constituidas solo en el papel.

La IGJ podía incluso exigirles a las sociedades extranjeras que desarrollaran actividad habitual en el país (regidas por la ley argentina de acuerdo al artículo 124 de la ley de sociedades) que modificasen sus estatutos cuando carecieran de activos en el exterior o que su valor careciera comparativamente de significación respecto del valor de su participación en la sociedad o sociedades locales y/o del de los bienes existentes en el país, o respecto de la magnitud de las operaciones informadas; o que la propia IGJ comprobara que el centro efectivo de dirección o administración general de la sociedad estaba en el país, y no en el extranjero. Es decir, precauciones para evitar que se interpusieran una sociedad constituida en el extranjero al solo efecto de no pagar impuestos en el país.

Luego la Resolución 8/03 creó el registro de actos aislados en el país de las sociedades constituidas en el extranjero, y la Resolución 2/05 dispuso interpretar con criterio más riguroso los requisitos exigidos cuando se trataba de sociedades constituidas en jurisdicciones de “baja o nula tributación”; o consideradas como “no cooperantes” en materia de lavado de activos de origen delictivo.

Para identificar a las jurisdicciones de “baja o nula tributación” se remitía al listado aprobado por el Decreto 1037/00 que enumeraba 82 países y territorios en esas condiciones, entre los más relevantes Bahamas, Barbados, Bermudas, Brunei, Gibraltar, Emiratos Arabes, Barhein, Granada, Puerto Rico, Kuwait, Qatar, Luxeumburgo, Groenlandia, Hong Kong, las Islas Azores, del Canal y las Caimán, las Vírgenes Británicas y de los EEUU, Macao, la Polinesia francesa, Andorra, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Guyana, Panamá, las islas Seychelles, San Marino y Omán.

En esos casos se les exigía que demostraran que desarrollaban “de manera efectiva actividad empresaria económicamente significativa en el lugar de su constitución, registro o incorporación.”; y se definía lo que se entendía por sociedades y jurisdicciones “off shore” a los fines del régimen legal: "...todas aquellas -entendidas en sentido amplio como Estados independientes o asociados, territorios, dominios, islas o cualesquiera otras unidades o ámbitos territoriales, independientes o no- conforme a cuya legislación todas o determinada clase o tipo de sociedades que allí se constituyan, registren o incorporen, tengan vedado o restringido en el ámbito de aplicación de dicha legislación el desarrollo de todas sus actividades o la principal o principales de ellas en dicho territorio. Asimismo -y a idénticos fines- se entiende por "sociedades off shore" aquellas sociedades constituidas en el extranjero que conforme a las leyes del lugar de su creación o incorporación tengan vedado o restringido -en el ámbito de aplicación de dicha legislación- el desarrollo de todas sus actividades o la principal o principales de ellas en dicho lugar de creación o incorporación.” (las negritas son nuestras)

Es decir que presupone que las sociedades conformadas en esos lugares no son para desarrollar actividades en su lugar de creación (porque lo tienen prohibido), sino para realizarlas en otro lugar (país o territorio), en el cual buscan evadir el pago de impuestos.

Mientras la justicia avanza trabajosamente en la investigación de las sociedades off shore de Macri y su familia (en buena medida por la escasa cooperación de Panamá y otras jurisdicciones off shore en remitir información), el gobierno avanza a paso acelerado para convertir a la CABA en una guarida fiscal para que se constituyan sociedades pantallas o se registren sin ningún control las creadas en el extranjero, para evadir impuestos o blanquear dinero de origen ilícito.

El traspaso de funciones de la IGJ a la ciudad debe hacerse en el marco de la Ley 24.588 (vulgarmente conocida como "ley Cafiero"), que establece las condiciones para resguardar las atribuciones del Estado nacional en la CABA mientras la ciudad sea la sede del gobierno federal; tal como lo manda el artículo 129 de la Constitución Nacional.

El artículo 10 de esa ley deja en la órbita del Estado nacional el Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia (IGJ); y el artículo 15 crea una Comisión Bicameral en el Congreso de la Nación para monitorear el proceso de transferencia paulatina de funciones, que requiere convenios específicos (artículo 6).

¿Habrá un guiño de la "oposición responsable" para convertir a la CABA en una guarida fiscal flexible para la constitución, registro y actuación de sociedades "off shore"?

lunes, 5 de septiembre de 2016

TC 2000: POR LO MENOS YA SABEMOS CUANTO GASTÓ LIFSCHITZ


Porque si es por el "balance" de Corral, nos quedamos en pelotas sobre cuanto gastó la municipalidad.

Para poner las cosas en perspectiva: anunciaron con bombos y platillos que iban a gastar 20 millones de pesos en subsidiar a todos los clubes de barrio de la provincia para que pagaran sólo el 50 % de las tarifas de luz, aumentadas 15 veces antes de la baja de los subsidios nacionales.

Todavía están esperando que les lleguen las facturas con el descuento, y la EPE (que desobedece órdenas judiciales para dar marcha atrás con el tarifazo) les pide que paguen primero, y les reconoce la diferencia después en futuros vencimientos.

Para darle 4 palos a Corral para un negocio de una empresa del Grupo Clarín, lo firmaron de una y sin anestesia.