"EL PODER ES IMPUNIDAD"

Acá está la información georeferenciada de las quemas. Pedimos al fiscal federal de Victoria, García Escalada, al juez federal de Paraná, Ríos, y al fiscal de estado de Entre Ríos, Rodríguez Signes que digan de quiénes son las tierras y que apresen y juzguen a los responsables. pic.twitter.com/3XvAnXN3Io

— Juan Cabandié (@juancabandie) July 27, 2020

Le atribuyen a Alfredo Yabrán haber dicho que el poder es impunidad, aun cuando la idea no sea novedosa, y muchos otros la hayan expresado antes. Se la suele asociar inmediatamente a la política, los políticos y su responsabilidad por hechos de corrupción, en la medida que se entiende (de modo ingenuo o deliberado) que el "poder" solo reside en las instituciones formales del Estado, y quienes las dirigen.

Esa visión oscurece la realidad completa del poder, y sus múltiples dimensiones: como suele decir Cristina, en todo caso solo muestra una pequeña fracción del poder, la más visible. El poder "real" (o buena parte de él) prefiere mantenerse oculto, pero que es poder y como tal se despliega, no existen dudas.

Y si no veamos lo que pasa con las quemas constantes y masivas de campos en forma intencional, para favorecer los negocios de la actividad ganadera: nadie duda que son intencionales, tampoco nadie duda que los que las hacen son los propios productores agropecuarios y para su propio beneficio. Los perjuicios están a la vista de todo el mundo, y ni siquiera el más "anti ambientalista" los cuestiona ni discute. Nadie duda que estamos en presencia de un delito, tipificado en el artículo 186 del Código Penal, y reprimido con hasta diez años de prisión.

No estamos hablando de incendios en la inmensidad del Amazonas, sino frente mismo a una de las ciudades más grandes del país como Rosario (y en otros lugares también), y no de ahora, sino desde hace años: recordemos que en pleno conflictos con las patronales agrarias por las retenciones móviles, el humo de las quemas llegó hasta Buenos Aires, logrando así captar por un momento la atención de los porteños y los medios nacionales, que sin embargo no salieron a manifestarse en contra, como han hecho tantas veces, con tantas "causas".

Los poderes públicos no han sido indiferentes al problema, aun cuando distaron mucho de ser eficaces: todos manifiestan su preocupación, se suman las partes querellantes en sede judicial, y no mucho más. No hay sospechosos, no hay detenidos, no hay procesados, nunca hubo -en todos estos años- ningún condenado por estos hechos.

Lo cual, sin dispensar las responsabilidades de los gobiernos,  nos remite a la inexcusable  responsabilidad que le cabe al Poder Judicial, el menos democrático y más corporativo de todos los poderes, y al mismo tiempo y precisamente por esa causal (en tanto no depende del humor electoral) el más permeable a las presiones del verdadero poder, que es el poder económico.

Un poder económico que literalmente pone y saca jueces (y si no, que le pregunten a Marquevich, por ejemplo), y les impone que hacer, como y cuando actuar, y -sobre todo- cuando no actuar, porque si lo hicieran, iría en contra de sus intereses. Y si no, ver lo que está pasando con Vicentín, y el juez Lorenzini.

La nación y la provincia de Santa Fe han instado la actuación del juez federal de Victoria por las quemas de campos frente a Rosario, han pedido que se individualice a los responsables y se los detenga. Se sabe donde están los incendios, cuando se iniciaron y, como se dijo, no estamos en presencia de un área tan grande que no se pueda controlar, para evitarlos. 

La actitud de la provincia de Entre Ríos y el gobierno de Bordet no ha sido igual de clara, precisamente porque los intereses que están detrás de las quemas tienen mayor peso específico allí: otra vez, la cuestión del poder, crudo y duro, desplegando sus efectos.

Cuando se dice que el poder asegura impunidad, se piensa en un político poniendo y sacando jueces, llamándolos por teléfono para decirles como tienen que fallar, o que cajoneen expedientes. Sin negar que eso pueda existir, en la realidad funciona de otro modo: ni siquiera hace falta la llamada, cuando el que se beneficia con la inacción judicial es el poder económico. 

Y si ese poder económico es "el campo", como en éste caso, ni hablemos.