PELIGRO CHINO

 

Zanini. No el Estado argentino. Él se opone. Bueno, si nos quieren regalar la defensa de los intereses públicos frente a los negocios privados, no lo vamos a rechazar: https://t.co/JBsQNhjfQp

— La Corriente K (@lacorrientek) April 9, 2021

Tal parece que en el gobierno hay una especie de división de tareas dentro de los distintos sectores del "Frente de Todos": algunos están para las maduras (como Massa protagonizando los cambios en Ganancias para los salarios más altos), y otros para las duras, como el "Chino" Zannini, que como Procurador del Tesoro debe hacerse cargo de los juicios del Estado o contra él, es decir como actor o demandado.

Y en esa condición, tal como cuentan acá en Infobraden, le tocó intervenir en representación del Estado nacional -no de Cristina o del kirchnerismo- en el eterno concurso de acreedores del Correo de los Macri, y en ese contexto, rechazó la nueva propuesta vergonzosa de la "famiglia" para pagar la deuda que mantiene con el fisco desde 1997 (cuando el kirchnerismo ni siquiera existía) por el canon que debía abonar por la concesión otorgada durante el menemismo, y revocada por falta de pago por Néstor Kirchner en el 2003.

Si Zannini no hubiera procedido como lo hizo, merecería que le imputen incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque la función del Procurador es defender los intereses del fisco, ante los tribunales. Sin embargo Macri lo toma como un ejemplo de persecución en su contra orquestada por Cristina, que se extendería a sus hijos, buscando la quiebra del grupo SOCMA (el hólding familiar controlante del Correo fallido), en el cual figuran como accionistas y miembros de los directorios, en varias empresas, pese a ser monotributistas.

Acá haría falta un editorial radial o televisivo de Lanata diciendo -como lo hizo con Cristina, Máximo y Florencia Kirchner y el caso Hotesur-Los Sauces- que la culpa de que eso ocurra la tendría Macri, por mezclar a sus hijos en sus negocios. Spoiler: no sucederá.

Pero en el mismo panorama de división de tareas en el oficialismo del que hablábamos antes, parece también que ésta semana le dijeron a Zanini "andá a  pelearte con Macri, que nosotros te tenemos el saco": ayer se conoció el Decreto 239 de Alberto Fernández (completo acá en el Boletín Oficial)  por el cual se lo instruye para que se constituya en parte querellante, en representación del Estado Nacional, en la causa “Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal; y coadyuve en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado.

También se lo instruye para "...iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados, facultándola a tal efecto a promover, en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal.". El famoso "recuperar lo robado", pero al revés de como siempre lo plantean los medios: nosotros reclamándoles a ellos que la devuelvan. La causa -por si no lo saben- es la que se inició en su momento por las flagrantes irregularidades cometidas por el gobierno de Macri en la tramitación del mega préstamo con el FMI. 

Irregularidades que son bien conocidas, y de las que el propio decreto da cuenta en sus fundamentos, por ejemplo cuando señala "...la Sindicatura General de la Nación concluyó que: (i) no se cumplieron los procedimientos esenciales establecidos por la normativa vigente en ese momento para la formalización de un Acuerdo Stand-By; (ii) los funcionarios actuantes suscribieron la Carta de Intención y los memorándums de fecha 12 de junio de 2018 sin contar con los dictámenes técnicos y jurídicos previos exigidos por la normativa vigente; iii) la firma de los acuerdos no contó con las autorizaciones e informes exigidos por la normativa vigente para este tipo de operaciones de crédito público, ni con la autorización suficiente del Poder Ejecutivo; (iv) se asumieron compromisos con el organismo internacional sin solicitarse previamente la emisión del informe obligatorio establecido en el artículo 61 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias para determinar el impacto de la operación en la balanza de pagos y la sustentabilidad del endeudamiento y (v) se detectaron posibles incumplimientos de los objetivos fijados en la Carta de Intención de fecha 12 de junio de 2018 en forma concomitante con su celebración, en lo referido al destino de los fondos desembolsados por el FMI."

Según cuenta el decreto, la Sindicatura también puntualizó en su informe las consecuencias perjudiciales derivadas de la ejecución del Acuerdo, remitiéndose a su vez al informe del Banco Central titulado “Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015-2019”, en el que se refiere a la salida de capitales del sector privado y a los deficientes controles cambiarios aplicados. Como resultado, un monto similar a la totalidad de los desembolsos efectuados por el FMI fue adquirido en el mismo período para la formación de activos externos de libre disponibilidad (FAE) -vulgarmente conocida como fuga de capitales-, sin que se hubieran tomado medidas tendientes a limitar o impedir esta situación hasta septiembre de 2019. 

De los informes que cita el decreto se desprende que los funcionarios macristas (Macri incluido) "...habrían desplegado una conducta que facilitó el aumento exponencial en la formación de activos externos de libre disponibilidad.", (que) "...la salida de dichos capitales fue posible como consecuencia del proceso de desregulación de los controles y requisitos exigidos para el acceso al mercado de cambios, tornándolos casi inexistentes."; y que "...la desregulación mencionada fue acompañada con menores requerimientos y obligaciones para la operatoria en el mercado de cambios y un debilitamiento del sistema de información correspondiente al Régimen Informativo de Operaciones de Cambios (RIOC), eliminando en algunos casos la obligación de registro y reduciendo en otros los requerimientos de información, generando una importante disminución en la información disponible, todas estas acciones que debilitaron sistemáticamente las tareas de fiscalización inherentes al Banco Central.... ".

Es decir, nada que no se supiera desde que Macri asumió el gobierno y puso en marcha un modelo de valorización financiera para la fuga de capitales ya ensayado en el país después del golpe del 76' y en el menemato durante los 90', en éste caso con posibles aristas delictivas en lo que concierne al monstruoso endeudamiento contraído con el FMI en condiciones irregulares; con la complicidad imprescindible de las autoridades del Fondo, que aceptaron prestarse a una maniobra politica destinada a financiar la reelección de Macri, a cualquier costo (para el país, claro).

Nada que ya no hayan dicho tampoco en su momento los senadores del FDT cuando el actual gobierno inició las conversaciones con el FMI para renegociar los términos del reembolso del préstamo, y acá nos queremos detener: el propio decreto que instruye a Zannini a presentarse en la justicia señala que el gobierno "...se encuentra llevando adelante las negociaciones para un nuevo programa de financiamiento responsable, respetuoso de los compromisos contraídos, pero al mismo tiempo evitando poner en riesgo las condiciones que permitan la reactivación económica y la construcción de un sendero de desarrollo inclusivo y sostenible, Acuerdo que, en el marco de la Ley N° 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, será sometido a la aprobación del Honorable Congreso de la Nación." (las negritas son nuestras). 

Es decir, se denuncia al gobierno anterior por las irregularidades en la concertación del préstamo, se tratará de que los que lo contrataron paguen de su bolsillo el perjuicio causado al Estado argentino (en ambos casos, con resultado vidrioso, atento el estado actual de la justicia), pero se pagará la deuda, en condiciones aun no definidas.

En campaña y después de comenzado el gobierno, Cristina repetía siempre dos preguntas: 1) ¿Quiénes se beneficiaron con la deuda?, 2) ¿Quiénes la van a pagar?. La primera pregunta era retórica, porque se sabía quienes fueron; luego el informe del Banco Central sobre el proceso de fuga de capitales durante el macrismo lo confirmó, con nombres y apellidos. La segunda -que es la más importante- sigue sin respuesta, pese a que Guzmán -que firmó el decreto- está apurado por cerrar la negociación con el FMI.

Si somos coherentes, la respuesta es muy sencilla: que la deuda la paguen los que se beneficiaron con ella, y no a través de un pleito judicial, sino de su bolsillo pero con impuestos, como debe ser. Como resultado de una decisión de política económica, que además sería coherente con las promesas de campaña, y con el programa electoral votado por la mayoría de los argentinos. 

Y eso no lo puede resolver el "Chino" Zannini. ¿O se lo piensan encomendar también a él, o conformarnos con el decreto? Tuit relacionado: 

¿El famoso Ministerio de la Venganza, decís vos?: https://t.co/cwR0lfVGrk

— La Corriente K (@lacorrientek) April 9, 2021