LA POLÍTICA DE LOS PARCHES Y SUS LÍMITES

 

¿Todos tenemos en claro que esto termina en que no se hace nada, no?: https://t.co/pnZW3rjymv

— La Corriente K (@lacorrientek) March 17, 2023

Unos cuantos años atrás y a propósito de la tragedia de Once, decíamos en esta entrada: "Es frecuente decir (más aun entre kirchneristas) que el proceso abierto en el 2003 recuperó el rol del Estado y la afirmación es valedera; pero debe matizarse con al menos dos precisiones: con que estructura concreta cuenta ese Estado para poder cumplir eficazmente los diferentes roles que se propone asumir, y cual es la percepción social sobre lo que el Estado representa; esto último vinculado a otro tópico común de nuestro discurso (el retorno de la política), que debe ser también cuidadosamente reexaminado.".

"Nadie ignora que las reformas impulsadas por el menemismo en los 90´ dejaron tras de sí un Estado no solo disminuído en sus roles, sino fundamentalmente desvencijado y con escasa capacidad de respuesta a las demandas sociales: planteles de personal disminuidos (en cantidad y calidad) por despidos y retiros voluntarios, desmotivados por la falta de incentivos salariales o profesionales, lento proceso de adecuación a las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión y -esto particularmente perceptible en el caso de los servicios públicos-estructuras cooptadas por los propios intereses privados a los que deben controlar.". 

"El kirchnerismo pudo recomponer la capacidad de acción del Estado en muchos aspectos, y exhibir resultados contundentes que lo llevaron a ganar dos elecciones presidenciales, comenzando por lo principal: dotar a ese Estado de recursos suficientes, renovando y perfeccionando el organismo recaudador (la AFIP) aunque no haya encarado una reforma tributaria; la que por cierto quedaría en meros papeles si no contase con ese instrumento, porque el mejor impuesto es el que se cobra, como dicen. Desde esa plataforma creció exponencialmente la inversión pública en infraestructura (energía y educación fueron los capítulos más relevantes al respecto) y el gasto en seguridad social, con decisiones que además comprometieron la eficacia del aparato estatal para ejecutarse; como la inclusión previsional, la estatización de los fondos de jubilaciones y pensiones que tenían las AFJP, o la asignación universal por hijo.".

"En el Estado kirchnerista conviven desarrollos tecnológicos al nivel del primer mundo (como el avance en tecnología satelital, o el despliegue de la TV digital), con precariedades propias del desguace de los 90´; y en  el caso de los servicios privatizados, el kirchnerismo se manejó sin conceptos a priori y con un criterio casuista, asumiendo la prestación en manos estatales cuando no quedaba más remedio o la situación de los concesionarios era insostenible (casos de AYSSA, el Correo o Aerolíneas Argentinas): hay tal vez en esa idea un reconocimiento de los límites concretos del aparato estatal para acometer nuevos roles, más que una convicción filosófica sobre sus límites o su tamaño. Ese criterio, que pudo resultar eficaz en muchos casos, se ha revelado harto insuficiente en el del transporte público, en especial el del ferrocarril y sobre todo, en los ramales de transporte de pasajeros del conurbano bonaerense; un tema que tiene en sí una enorme complejidad que muchas veces los propios nostálgicos del tren (entre los que me incluyo) suelen pasar por alto.".

"Porque resulta que el Estado es siempre el lugar de la queja (en forma creciente en los últimos años), pero los que se quejan no siempre esperan que sea también el de las soluciones: ahí los senderos suelen bifurcarse, y si no recordemos lo que pasó en los 90´; cuando las penurias de los sufridos pasajeros de los trenes del conurbano fueron (junto al problema del déficit) la plataforma sobre la que el menemismo proyectó el desguace del sistema ferroviario dentro del festival de privatizaciones. Ese paradigma también (y aunque se lo pretenda ocultar) es el que entró definitivamente en crisis con la tragedia de Once: no basta con dejar que algo lo hagan los privados en lugar del Estado para que mejore, porque si ese Estado no controla adecuadamente, los resultados son casi siempre, peores.".

"La legitimación social del Estado es imprescindible para que ese aparato estatal pueda encarar cualquier política, sea controlar a un concesionario privado, u operar directamente un servicio; con más razón en el segundo caso, porque es lógico y razonable pensar que los problemas concretos que padecen por ejemplo los usuarios del Sarmiento no desaparecerán por arte de magia si a partir de mañana queda en manos estatales; verdad tan obvia y sencilla como que los formuladores del pensamiento mágico (los medios hegemónicos, las expresiones de la marginalidad electoral) se encargarán de que la olvidemos.".

Las reflexiones tienen plena vigencia hoy, a partir de los padecimientos de muchos usuarios del AMBA de las áreas cubiertas por las distribuidoras de electricidad privadas que gozan de concesiones otorgadas por el menemismo, y sostenidas desde entonces. Y esa discusión que estaba pendiente en los años de lozanía del kirchnerismo en el gobierno nunca se saldó, porque nunca se encaró a fondo; y dentro del actual gobierno del FDT ingresó en el mismo terreno que el resto de las decisiones de la administración de Alberto Fernández.

Así como el criterio "casuístico" seguido durante las presidencias de Néstor y Cristina llevó en su momento a revertir algunas de las privatizaciones de los 90' y recuperar funciones para el Estado en la gestión de determinadas actividades (como pasó con el Correo, AYSSA, Aerolíneas o YPF), en tiempos de "volver mejores" nada se ha hecho sobre el particular, e incluso hemos retrocedido: con la excusa de la pandemia se le prorrogó a Eurnekián la concesión de los aeropuertos hasta el 2038, se sigue dudando que hacer respecto al dragado y balizamiento de la hidrovía, y a las distribuidoras de electricidad del AMBA se les han tolerado todo tipo de trapisondas -hasta sospechosos cambios de dueños- e incluso se les condonaron multas millonarias; hasta que se llegó al colapso actual.

Las concesiones ferroviarias de pasajeros y carga están todas vencidas y no obstante eso siguen en manos de las mismas concesionarias, mientras el Estado asume el costo de las obras e inversiones necesarias para prestar los servicios; y las concesiones de las represas hidroeléctricas vencen en su mayoría éste año sin que desde el gobierno se dé la más mínima señal acerca de lo que piensan hacer al respecto. No hace falta recordar el episodio Vicentín (aunque no se tratara en ese caso de un servicio público) con su fallida expropiación, y el anuncio posterior jamás concretado de crear una empresa estatal de alimentos como testigo en el mercado.

Pedirle a éste gobierno -cuyos límites están más que claros, y cuyas prioridades también- que haga algo al respecto, más que un exceso, sería una pérdida de tiempo. Pero si el kirchnerismo -embarcado en el operativo clamor por la vuelta de Cristina- quiere volver a constituirse en una alternativa política valedera, también debe discutir estos asuntos, y formular una propuesta sobre ellos a la sociedad. Lo que no puede hacer más es seguir aplicando una política de parches cuyos límites están a la vista.