DISCUTIR Y PENSAR EL ESTADO

Por Raúl Degrossi

La fuerza conmocionante de la tragedia de Once dispara -como es natural- múltiples debates que se cruzan, con el riesgo de quedar atrapados en las lógicas discursivas que ooscurecen el abordaje serio de cualquier tema: kirchnerismo-antikirchnerismo, manipulación mediática o utilización política: algo parecido a lo que viene sucediendo con la discusión sobre la minería, y sobre tantas otras cosas.

Sin embargo la propia magnitud de la tragedia exige hacer el esfuerzo de superar esas lógicas, para traducir la conmoción en políticas y soluciones a futuro que puedan evitar que se repita; tomando en cuenta además que es importante encontrar responsables, pero más lo es hallar soluciones.

Se podría acordar en que todas las lecturas del accidente ferroviario se cruzan en un punto: el rol del Estado; sea como responsable de controlar los servicios que prestan las empresas concesionarias, o de tomar directamente a su cargo su prestación; dos reclamos tan perfectamente legítimos como de compleja solución, si se considera además de que Estado concreto estamos hablando.

Es frecuente decir (más aun entre kirchneristas) que el proceso abierto en el 2003 recuperó el rol del Estado y la afirmación es valedera; pero debe matizarse con al menos dos precisiones: con que estructura concreta cuenta ese Estado para poder cumplir eficazmente los diferentes roles que se propone asumir, y cual es la percepción social sobre lo que el Estado representa; esto último vinculado a otro tópico común de nuestro discurso (el retorno de la política), que debe ser también cuidadosamente reexaminado.

Nadie ignora que las reformas impulsadas por el menemismo en los 90´ dejaron tras de sí un Estado no solo disminuído en sus roles, sino fundamentalmente desvencijado y con escasa capacidad de respuesta a las demandas sociales: planteles de personal disminuidos (en cantidad y calidad) por despidos y retiros voluntarios, desmotivados por la falta de incentivos salariales o profesionales, lento proceso de adecuación a las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión y -esto particularmente perceptible en el caso de los servicios públicos-estructuras cooptadas por los propios intereses privados a los que deben controlar.

Cuando este Estado concreto debe acometer nuevos desafíos de gestión (sea incursionando en nuevos campos, o recuperando roles que había cedido) cruje ostensiblemente, tanto más complejo sea el desafío: por estos días todos coinciden en que debe rescindirse la concesión a TBA por los gravísimos incumplimientos en los que viene incurriendo desde hace años; más aun: pareciera ser la única salida políticamente correcta al embrollo.

Sin embargo para el que gobierna (y tiene la responsabilidad de garantizar la prestación de un servicio tan crítico) la cuestión no es ésa, o al menos no sólo ésa, sino evaluar que haría el Estado al día siguiente de despedir al grupo Cirigliano del Sarmiento: ¿está en condiciones de asumir por sí mismo la prestación del servicio, o deberá repartirlo entre otros concesionarios privados -casi con certeza igual de irresponsables- como hizo al rescindir la concesión del San Martín, incluyendo entonces a TBA?.

Y aun en ese caso se le plantea el dilema si lo hará transitoriamente mientras llama a una nueva licitación, en la que corre el riesgo de que se presenten otros empresarios tan inescrupulosos como los actuales concesionarios, o que ninguno lo haga porque esperan "señales de precios" (léase: certeza de que se aumentarán las tarifas y por ende la rentabilidad del negocio), justo en el momento en que el mismo Estado intenta rediseñar (a través de la tarjeta SUBE) la política de subsidios para reorientarlos a los pasajeros, en lugar de las empresas.  

El ejemplo del ferrocarril Sarmiento -perfectamente trasladable a otros casos, como la aun vigente discusión por la reestatización de YPF, o la situación de los demás ramales ferroviarios-  sirve para ilustrar lo que digo en cuanto a la complejidad de estas cuestiones de gestión estatal; que son áridas de tratar y no tienen la mística necesaria para generar una épica cara al relato militante, pero que son de imprescindible abordaje si lo que se quiere es "profundizar el modelo" o encarar la famosa "sintonía fina". 

Y ese abordaje debe hacerse en serio, porque tampoco pueden alcanzarse las soluciones desde el pensamiento mágico de los vendedores de fantasías que confunden tener un diagnóstico más o menos certero del asunto (como podría pasar con Pino Solanas y los ferrocarriles), con diseñar las políticas adecuadas para revertirlo,  acertar con las medidas concretas y no fallar en su ejecución.

Porque los analistas y diagnosticadores sobran, los traductores de esos análisis y diagnósticos a medidas concretas no tanto, y los ejecutores eficaces, suelen brillar por su ausencia. 

El kirchnerismo pudo recomponer la capacidad de acción del Estado en muchos aspectos, y exhibir resultados contundentes que lo llevaron a ganar dos elecciones presidenciales, comenzando por lo principal: dotar a ese Estado de recursos suficientes, renovando y perfeccionando el organismo recaudador (la AFIP) aunque no haya encarado una reforma tributaria; la que por cierto quedaría en meros papeles si no contase con ese instrumento, porque el mejor impuesto es el que se cobra, como dicen.

Desde esa plataforma creció exponencialmente la inversión pública en infraestructura (energía y educación fueron los capítulos más relevantes al respecto) y el gasto en seguridad social, con decisiones que además comprometieron la eficacia del aparato estatal para ejecutarse; como la inclusión previsional, la estatización de los fondos de jubilaciones y pensiones que tenían las AFJP, o la asignación universal por hijo.

En el Estado kirchnerista conviven desarrollos tecnológicos al nivel del primer mundo (como el avance en tecnología satelital, o el despliegue de la TV digital), con precariedades propias del desguace de los 90´; y en  el caso de los servicios privatizados, el kirchnerismo se manejó sin conceptos a priori y con un criterio casuista, asumiendo la prestación en manos estatales cuando no quedaba más remedio o la situación de los concesionarios era insostenible (casos de AYSSA, el Correo o Aerolíneas Argentinas): hay tal vez en esa idea un reconocimiento de los límites concretos del aparato estatal para acometer nuevos roles, más que una convicción filosófica sobre sus límites o su tamaño.

Ese criterio, que pudo resultar eficaz en muchos casos, se ha revelado harto insuficiente en el del transporte público, en especial el del ferrocarril y sobre todo, en los ramales de transporte de pasajeros del conurbano bonaerense; un tema que tiene en sí una enorme complejidad que muchas veces los propios nostálgicos del tren (entre los que me incluyo) suelen pasar por alto. 

Pero resta abordar un punto no menor para el debate, porque hace al contexto en que el mismo ha de darse; y es que -pese al lugar común del que hablaba al principio- no está tan claro que el rol del Estado esté plenamente relegitimado socialmente desde el 2003 para acá.

Porque resulta que el Estado es siempre el lugar de la queja (en forma creciente en los últimos años), pero los que se quejan no siempre esperan que sea también el de las soluciones: ahí los senderos suelen bifurcarse, y si no recordemos lo que pasó en los 90´; cuando las penurias de los sufridos pasajeros de los trenes del conurbano fueron (junto al problema del déficit) la plataforma sobre la que el menemismo proyectó el desguace del sistema ferroviario dentro del festival de privatizaciones.

Ese paradigma también (y aunque se lo pretenda ocultar) es el que entró definitivamente en crisis con la tragedia de Once: no basta con dejar que algo lo hagan los privados en lugar del Estado para que mejore, porque si ese Estado no controla adecuadamente, los resultados son casi siempre, peores.

La legitimación social del Estado es imprescindible para que ese aparato estatal pueda encarar cualquier política, sea controlar a un concesionario privado, u operar directamente un servicio; con más razón en el segundo caso, porque es lógico y razonable pensar que los problemas concretos que padecen por ejemplo los usuarios del Sarmiento no desaparecerán por arte de magia si a partir de mañana queda en manos estatales; verdad tan obvia y sencilla como que los formuladores del pensamiento mágico (los medios hegemónicos, las expresiones de la marginalidad electoral) se encargarán de que la olvidemos. 

Porque hay que recordar que ese mismo Estado al que se le exigen (con justicia) soluciones, intentó cobrar impuestos a uno de los sectores económicos más privilegiados y le cortaron todas las rutas del país cuatro meses, o le cuestionan el funcionamiento de Aerolíneas, los controles sobre el dólar, o las colas de la gente para obtener la AUH (en su momento) o la tarjeta SUBE.

A este Estado le dedicó Clarín su tapa del lunes pasado criticando la presión tributaria, picando el seso de ese argentino promedio que quiere pagar los impuestos de Namibia, y contar con los servicios de Suecia, y que no es justamente el que viaja en el Sarmiento: