El partido con Inglaterra ya pasó y antes de la final del domingo se vienen otros, que son mucho más importantes. Por ejemplo el que se juega hoy en el Senado, donde se discutirá el proyecto que el gobierno ha denominado engañosamente "de inviolabilidad de la propiedad privada".
El mismo fue analizado en su momento en ésta entrada cuya lectura recomendamos, y es una verdadera bomba racimo: no solo plantea eliminar las restricciones a la compra de tierras por extranjeros establecidas en el 2011 durante el gobierno de Cristina por la Ley 26737; sino modificar la ley de expropiaciones (limitando los casos en los que el Estado puede apelar a esa herramienta constitucional), hacer lo mismo con el Código Civil y Comercial para facilitar los desalojos de inquilinos sin orden judicial y eliminar las restricciones de la Ley 26815 de manejo de fuego para usos productivos posteriores a los incendios, establecidas en 2022 a partir de un proyecto presentado por Máximo Kirchner.
Pero el punto de la eliminación de las restricciones a la compra de tierras rurales por los extranjeros es, sin dudas, el que ha concitado más atención en algunos sectores de la sociedad, aunque lamentablemente no en todos. Como viene sucediendo con frecuencia en estos dos años y medio de experimento libertario, la entrega del país y el despojo de sus bienes comunes se viene consumando ante la indiferencia -si no el apoyo explícito- de buena parte de los argentinos.
Como lo señala el comunicado del Partido Justicialista nacional cuyas imágenes abren el post y como se explicaba en la entrada anterior a la que remitíamos, ya con el tristemente célebre DNU 70/23 Milei intentó en los primeros días de su gobierno directamente derogar la Ley 26737, sin dar mayores fundamentos salvo vaporosas menciones a la necesidad de fomentar nuevas inversiones extranjeras en el país; lo cual en el caso de las tierras es una falacia: que las compren extranjeros no es una inversión ni amplía la capacidad productiva del país, sino un negocio que supone un cambio de dueño, y nada más.
Con fallos desfavorables a la validez de ese punto en particular del DNU 70/23 en distintas instancias judiciales, la cuestión quedó en manos -como todo lo que al gobierno le interesa freezzar- de los impresentables de la Corte Suprema, que por supuesto cajonearon el expediente; quizás con la idea de reflotarlo si la iniciativa finalmente no logra ser aprobada en el Congreso.
Cosa que es compleja considerando los antecedentes cercanos de votaciones similares, en las que el gobierno logró el apoyo de la oposición colaboracionista: el PRO, la UCR, el peronismo de Vichy y los provincialismos menesterosos de rotondas, ATN's y anticipos financieros que nunca llegan, o lo hacen en cuenta gotas. Hasta acá no hay elementos para suponer que ésta vez será distinto, o que la coalición oficialista de hecho construida en el Congreso desde hace dos años y medio se partirá por estas cuestiones.
Para los legisladores del peronismo que honran su mandato electoral y no lo traicionan, queda el compromiso de rehazar la nefasta iniciativa y además exigir que se publique la nómina de los extranjeros (personas jurídicas, sociedades, Estados o empresas de su propiedad) interesados en comprar pedazos de nuestro territorio, y que se verían impedidos de hacerlo si subsisten las restricciones establecidas por la ley impulsada en su momento por Cristina.
Así blanqueamos las cosas y en lugar de estar discutiendo con los payasos (Milei y Sturzenegger), discutimos con los verdaderos dueños del circo. Vamos a sacar todos la bandera diciendo que las Malvinas son argentinas, y la tierra también.
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