LA FRASE

"DIGAN LO QUE QUIERAN SOBRE LAS PROTESTAS EN ESTADOS UNIDOS, PERO ALLÁ NADIE PINTÓ EL CABILDO." (MIGUEL BOGGIANO)

jueves, 9 de abril de 2020

SE ACABARON LAS EXCUSAS


Los aumentos incesantes de precios en medio de la crisis del coronavirus son una preocupación para muchas familias, que vuelven espantadas cada vez que van al supermercado: si la inflación siempre fue un problema entre nosotros, con mayor razón ahora cuando muchos vieron ajustados sus ingresos por la crisis. También es recurrente el justificado reclamo al Estado -en sus distintos niveles- para que haga algo para evitar abusos, o proteger de ellos a los ciudadanos a los ciudadanos.

Hace unos días atrás contábamos en ésta entrada como, en el marco de las medidas que viene adoptando para paliar la crisis y sus efectos en la población, el gobierno de la provincia resolvió por un decreto de Perotti instruir a la Secretaría de Comercio Interior implementar taras de inspecci{on, vigilancia, control y sanción de aquellas conductas que, en infracción a las leyes nacionales de comercialización, perjudicaran el normal suministro y a precios razonables de insumos críticos en la emergencia.

Decíamos entonces que el decreto daba por tierra con el discurso del socialismo en cuanto a que la provincia carecía de facultades en la materia, como para controlar que en su territorio se apliquen -por ejemplo- las leyes de abastecimiento y de defensa del consumidor.

Otro tanto sucede con los municipios y comunas: muchos de ellos se niegan a quedar mal con los empresarios (supermercadistas, distribuidoras) sean locales o de grandes cadenas nacionales, sea porque aportaron a las campañas electorales, o porque los amenazan con irse a otro lado si "los persiguen".

Frente a eso, Perotti decidió -por el decreto cuyas imágenes ilustran el post- darle otra vuelta de tuerca al asunto, para terminar con las ambigüedades: faculta a los municipios y comunas a "...ejercer en sus jurisdicciones las funciones de control e inspección en materia de comercialización de bienes, incluyendo controles de precios, conforme a las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor, de Lealtad Comercial y de Abastecimiento y las pautas establecidas por la Secretaría de Comercio Interior del Ministerío de Desarrollo Productivo de la Nación o las que en el futuro se emitan durante la vigencia de la emergencia sanitaria, con relación a hipermercados, supermercados, almacenes, mercados, autoservicios, mini mercados minoristas, supermercados mayoristas y demás establecimientos comerciales...".




Según señala el decreto, las facultades otorgadas a los muncipios y comunas implican: (a) recibir denuncias de quien invoque un interés particular o actuare en defensa del interés general de los consumidores, o por comunicación de autoridad administrativa o judicial; (b) realizar inspecciones y controles de precios en establecimientos comerciales; (c) labrar actas de infracción por triplicado mediante inspectores autorizados al efecto, donde conste, en forma concreta y precisa, el hecho verificado y la disposición supuestamente infringida; (d) formular imputación a los presuntos infractores, requerir descargo y ofrecimiento de prueba en un plazo no mayor al de cinco (5) días hábiles administrativos; (e) determinar preventivamente, cuando exista peligro grave, sea actual o inminente, para la salud o seguridad de la población, las medidas que resulten necesarias para la defensa efectiva de los derechos de los consumidores y usuarios y (f) disponer, en caso de reiteración de faltas durante la sustanciación del procedimiento respectivo, la clausura preventiva y provisoria de establecimientos comerciales.

O sea, desde hacer las inspecciones hasta clausurar comercios, pasando por levantar actas e imponer multas, todas las facultades. Incluso contempla que los Municipios y Comunas se queden con el 25 % del producido de la recaudación de las multas que impongan.

A ver si, aunque más no sea por ese incentivo económico, los intendentes (¡hola Jakin!, ¿qué tal, Jatón?) se animan a hacer cumplir las leyes, en defensa de la población. Ojalá nos desmientan, pero hasta tanto eso ocurra, somos escépticos: ya vimos lo que pasó con las vueltas que dieron los "progresismos" municipales gobernantes para cerrar los casinos, bingos y shoppings en medio de la pandemia: lo tuvo que terminar haciendo el gobierno de provincia, por decreto de Perotti.

Y todo antes del anunciado decreto de Alberto Fernández sobre el tema, que recién salió hoy en el Boletín Oficial (completo acá); y tal como pensábamos, habla de la Ley de Abastecimiento 20680, y no de Defensa de la Competencia. A ver si al presidente le hacen caso, si no le quieren dar bola al gobernador. Tuits relacionados:

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