Los aumentos incesantes de precios en medio de la crisis del coronavirus son una preocupación para muchas familias, que vuelven espantadas cada vez que van al supermercado: si la inflación siempre fue un problema entre nosotros, con mayor razón ahora cuando muchos vieron ajustados sus ingresos por la crisis. También es recurrente el justificado reclamo al Estado -en sus distintos niveles- para que haga algo para evitar abusos, o proteger de ellos a los ciudadanos a los ciudadanos.
Hace unos días atrás contábamos en ésta entrada como, en el marco de las medidas que viene adoptando para paliar la crisis y sus efectos en la población, el gobierno de la provincia resolvió por un decreto de Perotti instruir a la Secretaría de Comercio Interior implementar taras de inspecci{on, vigilancia, control y sanción de aquellas conductas que, en infracción a las leyes nacionales de comercialización, perjudicaran el normal suministro y a precios razonables de insumos críticos en la emergencia.
Decíamos entonces que el decreto daba por tierra con el discurso del socialismo en cuanto a que la provincia carecía de facultades en la materia, como para controlar que en su territorio se apliquen -por ejemplo- las leyes de abastecimiento y de defensa del consumidor.
Otro tanto sucede con los municipios y comunas: muchos de ellos se niegan a quedar mal con los empresarios (supermercadistas, distribuidoras) sean locales o de grandes cadenas nacionales, sea porque aportaron a las campañas electorales, o porque los amenazan con irse a otro lado si "los persiguen".
Frente a eso, Perotti decidió -por el decreto cuyas imágenes ilustran el post- darle otra vuelta de tuerca al asunto, para terminar con las ambigüedades: faculta a los municipios y comunas a "...ejercer en sus jurisdicciones las funciones de control e inspección en materia de comercialización de bienes, incluyendo controles de precios, conforme a las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor, de Lealtad Comercial y de Abastecimiento y las pautas establecidas por la Secretaría de Comercio Interior del Ministerío de Desarrollo Productivo de la Nación o las que en el futuro se emitan durante la vigencia de la emergencia sanitaria, con relación a hipermercados, supermercados, almacenes, mercados, autoservicios, mini mercados minoristas, supermercados mayoristas y demás establecimientos comerciales...".
Según señala el decreto, las facultades otorgadas a los muncipios y comunas implican: (a) recibir denuncias de quien invoque un interés particular o actuare en defensa del interés general de los consumidores, o por comunicación de autoridad administrativa o judicial; (b) realizar inspecciones y controles de precios en establecimientos comerciales; (c) labrar actas de infracción por triplicado mediante inspectores autorizados al efecto, donde conste, en forma concreta y precisa, el hecho verificado y la disposición supuestamente infringida; (d) formular imputación a los presuntos infractores, requerir descargo y ofrecimiento de prueba en un plazo no mayor al de cinco (5) días hábiles administrativos; (e) determinar preventivamente, cuando exista peligro grave, sea actual o inminente, para la salud o seguridad de la población, las medidas que resulten necesarias para la defensa efectiva de los derechos de los consumidores y usuarios y (f) disponer, en caso de reiteración de faltas durante la sustanciación del procedimiento respectivo, la clausura preventiva y provisoria de establecimientos comerciales.
O sea, desde hacer las inspecciones hasta clausurar comercios, pasando por levantar actas e imponer multas, todas las facultades. Incluso contempla que los Municipios y Comunas se queden con el 25 % del producido de la recaudación de las multas que impongan.
A ver si, aunque más no sea por ese incentivo económico, los intendentes (¡hola Jakin!, ¿qué tal, Jatón?) se animan a hacer cumplir las leyes, en defensa de la población. Ojalá nos desmientan, pero hasta tanto eso ocurra, somos escépticos: ya vimos lo que pasó con las vueltas que dieron los "progresismos" municipales gobernantes para cerrar los casinos, bingos y shoppings en medio de la pandemia: lo tuvo que terminar haciendo el gobierno de provincia, por decreto de Perotti.
Y todo antes del anunciado decreto de Alberto Fernández sobre el tema, que recién salió hoy en el Boletín Oficial (completo acá); y tal como pensábamos, habla de la Ley de Abastecimiento 20680, y no de Defensa de la Competencia. A ver si al presidente le hacen caso, si no le quieren dar bola al gobernador. Tuits relacionados:
Y todo antes del anunciado decreto de Alberto Fernández sobre el tema, que recién salió hoy en el Boletín Oficial (completo acá); y tal como pensábamos, habla de la Ley de Abastecimiento 20680, y no de Defensa de la Competencia. A ver si al presidente le hacen caso, si no le quieren dar bola al gobernador. Tuits relacionados:
1) No es DNU, 2) Ayer salió el Decreto provincial de Perotti diciendo exactamente eso y se hace el boludo. https://t.co/mOk4vxu54b— La Corriente K (@lacorrientek) April 9, 2020
https://t.co/O6fRgC39VY Decreto poniendo a municipios a controlar precios, @Ex_Silenciado. Tal como pensábamos no es DNU y no habla de defensa de la competencia sino de la ley de abastecimiento. Parece que tuvieran vergüenza de nombrarla porque la aplicaba Moreno.— La Corriente K (@lacorrientek) April 9, 2020
Que raro esto, @serdelfino, el decreto de Perotti es de un par de días antes y ni lo mencionaron. Se les debe haber pasado: https://t.co/9UNWUzmr5e— La Corriente K (@lacorrientek) April 9, 2020
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