Leemos a Gustavo Castro en Diario Santa Fe: "El gobernador Omar Perotti firmó el 11 de abril el decreto N° 330 mediante el cual “declara de interés general y sujeto a expropiación temporal” al Instituto Privado de Cardiología “Sagrada Familia”, en el marco de las acciones para afrontar la pandemia del coronavirus en Santa Fe. Se trata del sanatorio que a fines de enero cerró sus puertas, despidió a sus 53 trabajadores y dejó a la capital de la provincia con 42 camas menos.
Asimismo, el documento recuerda que la ley reglamentaria de ese artículo constitucional dispone que “...puede expropiarse el uso temporal de un bien inmueble y de los demás convenientes o necesarios al fin principal, por dos años como máximo. Como así también que por razones de necesidad y urgencia, vinculadas con un peligro grave e inminente para la colectividad que ponga en juego la solidaridad recíproca de los miembros de ésta e impidan toda forma de procedimiento, el titular del Poder Ejecutivo o la autoridad administrativa a quien éste faculte debidamente mediante decreto motivado, puede disponer, bajo su responsabilidad, la ocupación temporal de bienes inmuebles...”.
Luego, el texto de Perotti avanza en concreto con la situación de la clínica. Al respecto, advierte que “...a la fecha el Instituto Médico no está en actividad y el inmueble se mantiene ocupado por trabajadores debido al conflicto laboral existente como consecuencia de eso, lo que hace más razonable aún el ejercicio de la facultad constitucional de disponer el uso temporal del inmueble y los demás bienes por razones de necesidad y urgencia, vinculadas con un peligro grave e inminente para la colectividad, que pone en juego la solidaridad recíproca de sus miembros e impidan concretar otro procedimiento efectivo con la celeridad que se requiere, en el contexto de la emergencia dada en virtud de la Pandemia declarada en relación con el coronavirus ( COVID-19)...”.
Ante esta situación, el gobernador faculta al ministro de Salud, Carlos Parola, a convenir con los propietarios “las condiciones de la ocupación y la compensación por la privación temporal del uso”, tanto del edificio como del equipamiento. Pero con una aclaración: el acuerdo “...deberá tomar en debida cuenta el conflicto referido (los 53 despidos), el que se encuentra judicializado como es de público y notorio conocimiento, tanto a los fines de las notificaciones que corresponda efectuar como en lo referente el modo de concretar el pago...”. En la práctica, eso implica que la plata que la Provincia le pague al dueño de la clínica, Esteban De Giovanni, deberá llegar al bolsillo de los trabajadores."
Casi en simultáneo con el Decreto 330 del que habla Castro en la nota, el gobernador firmó otros, todos vinculados a las medidas que se vienen tomando en el marco de la pandemia. Acá van algunos (las negritas son nuestras):
* Por el Decreto 327 del 8 de abril faculta a la Secretaría de Comercio Interior y Servicios del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología para que por sí, o con intervención del Municipio o Comuna correspondiente, instaure los procedimientos de control ante quien corresponda en la cadena de comercialización, cuando verifique que los presuntos infractores a las disposiciones sobre precios máximos acrediten fehacientemente haber adquirido los bienes a un precio de costo mayor a los mismos, mediante la pertinente factura de compra. (o sea, no caerle al chino o al almacén del barrio, si el problema está más arriba)
Asimismo, el documento recuerda que la ley reglamentaria de ese artículo constitucional dispone que “...puede expropiarse el uso temporal de un bien inmueble y de los demás convenientes o necesarios al fin principal, por dos años como máximo. Como así también que por razones de necesidad y urgencia, vinculadas con un peligro grave e inminente para la colectividad que ponga en juego la solidaridad recíproca de los miembros de ésta e impidan toda forma de procedimiento, el titular del Poder Ejecutivo o la autoridad administrativa a quien éste faculte debidamente mediante decreto motivado, puede disponer, bajo su responsabilidad, la ocupación temporal de bienes inmuebles...”.
Luego, el texto de Perotti avanza en concreto con la situación de la clínica. Al respecto, advierte que “...a la fecha el Instituto Médico no está en actividad y el inmueble se mantiene ocupado por trabajadores debido al conflicto laboral existente como consecuencia de eso, lo que hace más razonable aún el ejercicio de la facultad constitucional de disponer el uso temporal del inmueble y los demás bienes por razones de necesidad y urgencia, vinculadas con un peligro grave e inminente para la colectividad, que pone en juego la solidaridad recíproca de sus miembros e impidan concretar otro procedimiento efectivo con la celeridad que se requiere, en el contexto de la emergencia dada en virtud de la Pandemia declarada en relación con el coronavirus ( COVID-19)...”.
Ante esta situación, el gobernador faculta al ministro de Salud, Carlos Parola, a convenir con los propietarios “las condiciones de la ocupación y la compensación por la privación temporal del uso”, tanto del edificio como del equipamiento. Pero con una aclaración: el acuerdo “...deberá tomar en debida cuenta el conflicto referido (los 53 despidos), el que se encuentra judicializado como es de público y notorio conocimiento, tanto a los fines de las notificaciones que corresponda efectuar como en lo referente el modo de concretar el pago...”. En la práctica, eso implica que la plata que la Provincia le pague al dueño de la clínica, Esteban De Giovanni, deberá llegar al bolsillo de los trabajadores."
Casi en simultáneo con el Decreto 330 del que habla Castro en la nota, el gobernador firmó otros, todos vinculados a las medidas que se vienen tomando en el marco de la pandemia. Acá van algunos (las negritas son nuestras):
* Por el Decreto 327 del 8 de abril faculta a la Secretaría de Comercio Interior y Servicios del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología para que por sí, o con intervención del Municipio o Comuna correspondiente, instaure los procedimientos de control ante quien corresponda en la cadena de comercialización, cuando verifique que los presuntos infractores a las disposiciones sobre precios máximos acrediten fehacientemente haber adquirido los bienes a un precio de costo mayor a los mismos, mediante la pertinente factura de compra. (o sea, no caerle al chino o al almacén del barrio, si el problema está más arriba)
* Por el Decreto 328 del 11 de abril adhiere a la provincia de Santa Fe al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 355/20 del Poder Ejecutivo Nacional que prorroga hasta el 26 de abril inclusive el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”; encomendando a los empleadores de establecimientos autorizados a funcionar durante el mismo el cumplimiento de los protocolos establecidos por la Resolución Nº 41/20 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia. (que establece las normas de higiene y prevención para que los trabajadores no se contagien del coronavirs, aunque no le guste al diario de Nahuel y a la Cámara de la Construcción como cuenta acá Barricada)
* Por el Decreto 329 del 11 de abril instruye al Interventor de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para interrumpir el servicio de energía eléctrica a aquellas personas humanas y físicas que no estando exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, estén desarrollando actividades en contravención a las normas aplicables. (Al que no cumple, le bajan la palanca)
* Por el Decreto 337 del 11 de abril se establece que la vulneración del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” por parte de agentes dependientes de la Administración Pública y demás reparticiones del Poder Ejecutivo será considerado infracción a los deberes del cargo, a los fines disciplinarios; y se encomienda a los organismos responsables de tramitar designaciones de personal que verifiquen la inexistencia de causas penales concluidas o en trámite por vulneración a los artículos 205 y 239 del Código Penal, con motivo de transgredir las disposiciones del Poder Ejecutivo nacional que establecen el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”. (O sea, el que trabaja en el Estado y viola la cuarentena será sancionado, y el que quiere entrar y tiene el antecedente de haberla violado, no entra)
* Por el Decreto 341 del 13 de abril Aprueba el Protocolo de Prevención General de aplicación en la Administración Central dependiente del Poder Ejecutivo, Organismos Descentralizados, Entes Autárquicos e Instituciones de la Seguridad Social, Empresas y Sociedades del Estado Provincial; y además instruye a la Dirección Provincial de Autoseguro de Riesgo del Trabajo de la Provincia a considerar presuntivamente como enfermedad profesional cubierta por el autoseguro provincial al COVID-19, en los términos del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367/20 del Poder Ejecutivo Nacional. (O sea, adopta las medidas para evitar que los trabajadores del Estado que deban prestar funciones en medio de la emergencia se contagien, y dispone que si se llegan a contagiar, se considere enfermedad profesional a los fines de las licencias o indemnizaciones laborales que correspondan)
* Por el Decreto 347 de hoy dispone el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón, durante la realización de actividades o circulación autorizadas en virtud de las excepciones a la disposiciones legales vigentes de "aislamiento social, preventivo y obligatorio", en los siguientes ámbitos y circunstancias: vehículos del transporte público de pasajeros, taxis y remises, para el ingreso y permanencia en los locales comerciales, dependencias de atención al publico en reparticiones oficiales, entidades financieras u otros casos en que la misma estuviere permitida, en especial cuando no fuere posible garantizar el aislamiento social, incluidas las filas de personas que se formen al efecto y actividades de entregas autorizadas de productos y a quienes los reciban, en el acto en que se produce la entrega.
Además prohíbese la venta de barbijos quirúrgicos o profesionales tipo N95 o similares a quienes no se desempeñen en los servicios de salud, o no sean personas jurídicas que tengan por objeto la prestación de ese servicio. Sumemos esto al congelamiento de las tarifas de agua y luz y los peajes por 120 días que veíamos acá, y a las facultades otorgadas a Municipios y Comunas para controlar la aplicación de los precios máximos y la Ley de Abastecimiento que vimos acá; también en los últimos días.
Mientras tanto, hay gente que sigue hablando (y publicando, que es peor) giladas en las redes y los medios como que Perotti es el ajuste y coso, como éste muchacho que, no conforme con el papelonazo de la "tercerización de tareas de la EPE" ahora imagina que vuelve el presentismo docente, y "más rigor en la aplicación del presentismo y el otorgamiento de las licencias, sobre empleados públicos y docentes." Tuit e imagen relacionados:
* Por el Decreto 347 de hoy dispone el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón, durante la realización de actividades o circulación autorizadas en virtud de las excepciones a la disposiciones legales vigentes de "aislamiento social, preventivo y obligatorio", en los siguientes ámbitos y circunstancias: vehículos del transporte público de pasajeros, taxis y remises, para el ingreso y permanencia en los locales comerciales, dependencias de atención al publico en reparticiones oficiales, entidades financieras u otros casos en que la misma estuviere permitida, en especial cuando no fuere posible garantizar el aislamiento social, incluidas las filas de personas que se formen al efecto y actividades de entregas autorizadas de productos y a quienes los reciban, en el acto en que se produce la entrega.
Además prohíbese la venta de barbijos quirúrgicos o profesionales tipo N95 o similares a quienes no se desempeñen en los servicios de salud, o no sean personas jurídicas que tengan por objeto la prestación de ese servicio. Sumemos esto al congelamiento de las tarifas de agua y luz y los peajes por 120 días que veíamos acá, y a las facultades otorgadas a Municipios y Comunas para controlar la aplicación de los precios máximos y la Ley de Abastecimiento que vimos acá; también en los últimos días.
Mientras tanto, hay gente que sigue hablando (y publicando, que es peor) giladas en las redes y los medios como que Perotti es el ajuste y coso, como éste muchacho que, no conforme con el papelonazo de la "tercerización de tareas de la EPE" ahora imagina que vuelve el presentismo docente, y "más rigor en la aplicación del presentismo y el otorgamiento de las licencias, sobre empleados públicos y docentes." Tuit e imagen relacionados:
Ya ni leer saben en éste diario de mierda, @serdelfino. Dice que falta definir desde cuando rige y que sanciones caben y lo dice el decreto, además de que las tiene que imponer un juez de faltas: https://t.co/C23ViAwbYn— La Corriente K (@lacorrientek) April 15, 2020
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