¿QUÉ HACEMOS CON YPF?

 

Después del fracaso de la "argentinización" ensayada en el gobierno de Néstor Kirchner con el ingreso de Eskenazy, el kirchnerismo decidió recuperar el control de YPF en 2012, en el segundo mandato de Cristina y con la sombra de la restricción externa encima: las importaciones de combustibles pesaban demasiado en la balanza comercial e insumían dólares cada vez más escasos; y la necesidad de recuperar el autoabastecimiento energético era crucial

Para eso controlar la petrolera estatal era clave, porque era la herramienta destinada a liderar el esfuerzo para lograr ese objetivo. Con esa idea, el Estado se hizo con el 51 % de las acciones desplazando al grupo Repsol del comando de la empresa, y puso al frente de la misma a Miguel Galuccio. Por primer vez en años, YPF recuperaba inversión y producción, y participación perdida en el mercado.

Con la venida del macrismo y pese a que la energía estaba entre los sectores "estrella" de su modelo económico, YPF siguió la suerte de la mayoría de las empresas del país: aun en un contexto de dolarización de tarifas (y en lo que a ella toca, de los precios del gas en boca de pozo) perdió estrepitosamente y en forma constante valor de libros y de capitalización. 

Sus acciones se desplomaron y Aranguren (ex competidor en el mercado como CEO de Shell) soñaba con reprivatizarla; mientras contraía una pesada deuda en dólares-siguiendo en eso al modelo económico en su conjunto-, mientras por ejemplo le otorgaba un préstamo de 140 millones de dólares a Pampa Energía (por entonces en manos de Marcelo Mindlin) para comprar Petrobras Argentina. Mientras, el gobierno ponía más empeño en subsidiar las actividades de Tecpetrol (la empresa petrolera del grupo Techint) o CGC (Compañía General de Combustibles, de Eurnekián), que en proyectar su propia petrolera. 

A más de 13 meses de gobierno del "Frente de Todos" y con la pandemia (que afectó las actividades e ingresos de las petroleras en todo el mundo) como ominoso telón de fondo, no está muy claro hacia donde va YPF, o hacia donde quiere el gobierno que vaya. El despido de Guillermo Nielsen (insólitamente compensado con un exilio dorado en Arabia Saudita) era una medida necesaria e imprescindible; pero no es ni por asomo todo lo que se necesita para encauzar el rumbo de la gestión de la petrolera estatal.

Precisamente a raíz de reclamar del despido de Nielsen, recordábamos nosotros en ésta entrada los principios e ideas bajo los cuales Cristina decidió, con la Ley 26741 aprobada en su segundo mandato, retomar el control de la petrolera. Controlar YPF no es solo manejar la principal empresa petrolera y -al menos hasta el desastre macrista- una de las principales empresas del país, si no la mayor.

Supone contar con una herramienta estratégica para desarrollar una política energética en manos del Estado nacional, en un terreno cedido en los 90' a los intereses privados, y fragmentado en el poder de decisión público con la provincialización de los recursos naturales establecida en la reforma constitucional de 1994.

Una herramienta que permitiría además desarrollar esquemas de conformación de cadenas de proveedores, desarrollos científicos y tecnológicos de avanzada e imponer -por el peso de su participación en el mercado- precios testigos de los combustibles compatibles con las posibilidades adquisitivas de la población, y con la razonabilidad de los costos de producción de la economía en general. Y generar, como no, divisas genuinas vía exportación para contribuir a superar la restricción externa.

Hoy YPF está muy lejos de hacer todo eso -de hecho, está demandando 400 millones de dólares para hacer frente a los compromisos de su deuda reestructurada, contraída durante el macrismo- y para el Estado nacional parece un apéndice molesto en el que, por ejemplo, no le interesó aprovechar las operaciones especulativas contra el valor de sus acciones para avanzar sobre el 49 % que permanecen en empresas privadas. De Nielsen y su desastrosa gestión, se puede decir que -a tono con el fetiche oficial de la "salida exportadora- nunca tuvo en la mira nada más allá del aprovechamiento de los recursos de Vaca Muerta, sin siquiera procurar incrementar la producción en otras áreas. 

Aunque tenga una forma jurídica de sociedad anónima -compatible además con las exigencias de un mercado competitivo como el petrolero- y mal que le pese al ministro Guzmán que la definió como una "empresa privada con el 51 % del capital en manos del Estado", YPF es nuestra, es de todos y la controla el Estado argentino; en conjunto con las provincias petroleras que están obligadas a acompañar sus decisiones por el pacto de sindicación de acciones que estableció Cristina en el diseño de la expropiación allá en el 2012.

Y reclama definiciones a tono con esa condición para hacer -como se pensó cuando se la creó, hace más de un siglo, y cuando el Estado retomó su control, hace menos de una década- su aporte decisivo al desarrollo nacional. Esperemos que la nueva gestión suponga más que un mero cambio de nombres, y vuelva a poner a YPF en ese sendero, del que nunca debió salir. Tuits relacionados: 

Si las acciones de YPF caen por operaciones hostiles del mercado ¿por qué no aprovechar para comprar el 49 % que sigue en manos privadas?

— La Corriente K (@lacorrientek) January 22, 2021

"YPF es una empresa privada con 51% de participación estatal": https://t.co/dUm0oNYmZg

Que extravío

— La Corriente K (@lacorrientek) January 22, 2021

Perdimos la oportunidad de comprar barato el 49% restante. Por cagones. https://t.co/nAgTg8ul1y

— La Corriente K (@lacorrientek) January 22, 2021