El gobierno de Pullaro llegó a acumular seis (6) emergencias declaradas por ley de la Legislatura: educativa, sanitaria, social, de seguridad, previsional y de los servicios públicos de agua potable y saneamiento. Al respecto, dijimos en ésta entrada: "Cabría preguntarse entonces para que se buscó declarar tantas "emergencias", y si uno se atiene a antecedentes similares (como pasó con la emergencia en seguridad en los gobiernos de Bonfatti y Lifschitz), más los propios actos del gobierno, debería concluir en que lo que se busca esencialmente es una excusa para hacer contrataciones sin molestias burocráticas, como tener que llamar a licitación, y excluyendo las normas generales a las que el Estado debe sujetarse para eso." (las comillas son cita del texto, y las negritas son nuestras)
Pues bien, muy errados o andábamos: ayer lunes 22 Pullaro dictó el Decreto 1257 (cuya imagen abre el post), por el cual prorroga por un año más a partir de hoy, la emergencia en materia social, educativa y sanitaria originariamente declarada por la Ley 14241, cuyo artículo 6 (ahora prorrogado en su vigencia) dispone lo siguiente: "Establécese que, en virtud de la emergencia declarada, los Ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano, de Educación y de Salud podrán aplicar los siguientes procedimientos: 1.- Adquirir bienes, obras y servicios por procedimientos especiales de contratación directa...".
Por toda fundamentación de la medida, dice Pullaro en los considerandos de su decreto que "...motiva la presente gestión el sostenimiento en las condiciones de deterioro del tejido social que había justificado su sanción legislativa;...", para seguidamente blanquear -al menos en el caso de la emergencia sanitaria- el verdadero propósito de la prórroga: "Que, con el objeto de optimizar la distribución territorial y asegurar la operatividad de la red pública ante el incremento de pacientes que perdieron la cobertura de la seguridad social, resulta indispensable dar continuidad a los mecanismos excepcionales de contratación, los cuales han permitido que efectores de salud de toda la provincia realicen más de 2.500 gestiones -entre licitaciones aceleradas y contrataciones directas de emergencia-, enmarcadas en el Decreto N° 0219/24, que reguló diferentes procesos de contrataciones en el marco de la emergencia declarada;...". (otra vez las comillas son cita del texto y las negritas nuestras)
Y si bien no se trata de negar que la situación social, sanitaria y educativa del país (y de Santa Fe) sean graves ni mucho menos, no deja de llamar la atención que el razonamiento sea que las normas regulares del Estado para contratar (como la licitación pública) son al parecer un impedimento para actuar con eficacia y en tiempo oportuno; en un gobierno que se jacta permanentemente de su transparencia, integrado por partidos que -cuando fueron opositores en el gobierno de Perotti- rechazaron la emergencia sanitaria y el otorgamiento de facultades excepcionales de contratación, en plena pandemia.
Pero el Decreto 1257 tiene más curiosidades: señala en uno de sus párrafo que "...en cuanto a consumos problemáticos en la Provincia de Santa Fe, la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas, particularmente en relación a la cantidad de situaciones abordadas, destaca que “entre los años 2023 y 2024, hubo un incremento aproximado del 43%. Entre los años 2024 y 2025, el aumento fue aún más significativo, implicando un crecimiento cercano al 77%. Siendo el incremento acumulado del 2023 al 2025 más del 153%”, lo cual demuestra la persistencia y la escala del fenómeno social que se atiende desde esa área de gobierno;...".
No es que las afirmaciones sean erróneas, inexactas o mentirosas (al fin y al cabo dan cuenta de un fenómeno grave que no para de crecer), sino que lo curioso es que el artículo 3 inciso 7) de la Ley 14241 (la emergencia original) le encomendaba al Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano "...Implementar políticas públicas centradas en la prevención, abordaje integral y tratamiento de los consumos problemáticos fortaleciendo los dispositivos interdisciplinarios, públicos y/o privados que desarrollen la prevención y atención.". Es decir que al menos en éste aspecto, las facultades excepcionales para contratar que la emergencia otorgó y el hecho de no hacer licitación pública, mucho no mejoró las cosas que digamos.
Y señalamos esto porque fuera de la prórroga de las facultades excepcionales para contratar (prescindiendo incluso de la licitación pública) en ninguno de los cometidos estatales involucrados no se define ni precisa ninguna política pública concreta para resolver los problemas que se señalan, ni se da cuenta de ellas. En el caso de Educación, no hay la más mínima mención en el de decreto a alguna cuestión concreta del área que se abordara en el marco de la emergencia; siendo además que los funcionarios del área se jactan de sus logros, al punto de decir que habían revertido una tragedia educativa: si así fuera en verdad, ¿para qué necesitarían prorrogar la emergencia?
En la oscuridad de los argumentos del gobierno provincial para justificar medidas excepcionales, el caso educativo ya registraba antecedentes, éste mismo año: el 8 de abril pasado Pullaro prorrogó el presentismo para los docentes y los asistentes escolares por un año por el Decreto 672, argumentando que "...el resultado de la medida dispuesta oportunamente ha sido beneficioso para el sistema educativo y por ello, resulta relevante al cumplimiento de aquellos fines prolongar su vigencia;...". No solo que el decreto no menciona fin alguno que motivara la implantación del presentismo, sino que no explica ninguna razón por la cual sería beneficioso, a menos que se trate -como es- de un mecanismo para evitar los paros, y no sea de buen tono decirlo abiertamente.
Pero si las "emergencias" de Pullaro son oscuras, las cuentas públicas de su gobierno no se quedan atrás: el viernes pasado nos preguntábamos acá en que andaría: "...el acuerdo con la Nación por el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia, déficit que según el presupuesto de éste año y pese a la reforma previsional ajustadora de Pullaro y Olivares, iba a ser de 330.218 millones, de los cuáles 240.000 millones iban a ser aportados por la nación (cálculo efectuado cuando no se había firmado el convenio y la nación no aportaba un peso hace más de dos años). Casi con la mitad del año transcurrido no podemos saber como anda la cosa y si el déficit de la Caja (y los aportes del Tesoro provincial a esos fines) disminuyó o no como consecuencia del acuerdo; ni en que quedó el juicio de la provincia contra la nación iniciado en la gestión de Perotti, por el incumplimiento de los convenios anteriores.".
Dicho esto porque hasta ahora y aunque la Legislatura ratificó por ley el convenio, no es posible saber cuanto dinero efectivamente transfirió la nación con esos fines, ni se lo ha contabilizado ingresándolo al presupuesto provincial. De hecho éste mismo lunes 22 (ayer) Pullaro dictó el Decreto 1256, que amplía los recursos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia en más de 375.883 millones de pesos, de los cuáles casi 180.197 millones (el 47,94 %) provienen de los aportes personales de los afiliados y cargos que se les cobran en sus haberes; y cero (0) pesos de aportes del Estado nacional a través de la ANSES. Y según las cuentas públicas de la provincia al 31 de mayo las Instituciones de Seguridad Social de la provincia (la Caja de Jubilaciones y el IAPOS) registraban un déficit de 264.967 millones de pesos, o lo que es lo mismo, el 80,24 % del previsto solo para la Caja en el presupuesto para todo el año, pero en apenas cinco (5) meses.
Cuentas públicas, dijimos. Pues bien, en la misma entrada del viernes pasado que citábamos más arriba, dijimos nosotros: "...las cuentas públicas de la provincia, que como dijimos no se publican en internet desde diciembre del año pasado, sobre todo ahora que nos enteramos que por el Decreto 474 aparecido ayer en el Boletín Oficial de la Nación, Milei le otorgó a Santa Fe un anticipo financiero de los recursos de la coparticipación federal (a devolver en el transcurso del año con intereses) por hasta 400.000 millones de pesos, porque (según los considerandos de la norma presidencial) Santa Fe es uno de los Estado provinciales que se ven "...impedidos, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de sus respectivos presupuestos de gastos y amortización de deudas.", por lo que "...resulta necesario procurar soluciones inmediatas a las dificultades financieras transitorias por las que atraviesan las citadas provincias.".".
Resulta que las cuentas por fin aparecieron (con los datos hasta el 31 de mayo de éste año), y arrojan un déficit para el Estado provincial de casi 595.000 millones de pesos, o lo que es lo mismo: una vez y media el anticipo financiero que la Nación le otorgó por decreto de Milei a Santa Fe, y que el ministro Olivares dice ahora que ellos no pidieron, ni lo necesitan:
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