La semana pasada anduvo por Santa Fe Macri, en su gira promoviendo un "operativo clamor" para ver si se lanza de nuevo como candidato a presidente. Se reunió con Pullaro y con Poletti, con el pretexto de una recorrida por las obras en marcha para los Juegos Suramericanos que se desarrollarán éste año en la provincia.
En la oportunidad, el dueño del grupo SOCMA (y de una de sus empresas, el PRO) dijo que "La competencia sana, como se demostró durante nuestro gobierno hace licitaciones transparentes. Los mismos constructores que estaban en los "cuadernos" terminan construyendo 30 40% más barato en tiempo y forma, con lo cual depende de la conducción política que se termine con la corrupción en Argentina...". La jactancia -exenta de pruebas o ejemplos concretos, que ninguno de los periodistas presentes se sintió obligado a pedirle- es semejante a la que exhiben, casi con las mismas palabras, Pullaro y sus funcionarios cuando hablan de la obra pública provincial.
Tratan de esa manera de diferenciarse de Milei (aunque en la misma recorrida Macri dijo que su rumbo era el correcto y había que mantenerlo, mejorando la implementación) que abjura de la obra pública, y -sobre todo- de fidelizar el voto gorila asociando al peronismo en general y en especial al kirchnerismo y a Cristina, con la corrupción en ese campo: "Nosotros no robamos y por eso podemos hacer más y mejores obras, más baratas y terminarlas", sería el remate de la muletilla, que repiten con frecuencia acá el gobernador y sus funcionarios.
Pero si la cuestión era destacar la transparencia en las contrataciones en la provincia, eligieron el peor ejemplo, porque los fondos con los que se costean las obras para los Juegos y los procedimientos a través de los cuales se seleccionan los contratistas no los maneja el Estado santafesino, sino una "asociación civil" constituida con el expreso propósito de excluir las normas de la contratación pública: al respecto decíamos nosotros en ésta entrada: "...el cometido (organizar los juegos) es público, el fin de las eventuales contrataciones es público, los fondos con los que esos contratos se van a pagar son públicos, pero la figura elegida para seleccionar a quien se contrata es privada, porque las normas públicas que existen para eso (por ejemplo la licitación pública), son un estorbo. O sea la idea es crear un organismo para que pueda contratar sin hacer licitación ni seguir las normas y procedimientos del Estado, y una vez terminados los juegos y gastados de ese modo los 75 millones de dólares que la provincia pidió prestados, disolverlo.".
Como parte del discurso autocelebratorio de la presunta transparencia de los procesos de contratación en la provincia, ya en los inicios de su gestión Pullaro anunció con bombos y platillos que los pliegos iban a ser gratis para los oferentes para facilitar la concurrencia. Djimos nosotros en ese momento: "Lo que muy probablemente puede ocurrir haciendo que sean gratis los pliegos -como serán ahora- es que se presenten empresas "groupíes" (como en los remates) que inflen artificialmente sus cotizaciones sin ninguna responsabilidad ni costo, para crear una apariencia de concurrencia y competitividad; y que termine ganando el caballo del comisario, aunque cotice caro, pero pareciendo -por comparación- que lo hizo barato.". Cosa que hemos demostrado acá (ver la etiqueta "contrataciones del Estado" a la derecha del blog) ha ocurrido en innumerables oportunidades desde diciembre del 2023.
Dicho esto ahora, cuando a raíz del testimonio de Lavagna en la causa "Cuadernos" mucha gente descubrió que existe algo llamado cartelización entre los contratistas del Estado; y cuando en la Legislatura provincial se discute la figura de la "ficha limpia" para ellos; el mismo día que el gobierno de Pullaro le adjudicaba la enésima obra a Pecam, la contratista favorista del socialismo.
Y cuando ésta misma semana, unos días después del paso de Macri por Santa Fe, Pullaro modifica por segunda vez en su gobierno el reglamento del Registro de Licitadores de Obra Pública. En medio de un espesa sarasa sobre "gobernanza de datos" y "reducción de complejidades y requisitos
innecesarios o redundantes en los trámites y procedimientos administrativos", se filtró en el texto del Decreto 1173 del 8 de junio el propósito real de la reforma: "Que en cuanto a las modificaciones de carácter técnico y con el
objeto de simplificar los procesos de inscripción, habilitación y determinación de
capacidades, se resolvió eliminar las figuras de las “capacidades técnicas” y las
“capacidades técnicas por especialidad”, como también la exigencia de contar con un
profesional con determinadas características según la especialidad, modificando el
período a tener en cuenta para determinar el grado de compromiso adquirido por una
empresa (desde la adjudicación), entre otras;...". (las comillas son del texto y las negritas son nuestras)
Los conceptos ahora eliminados (que las empresas licitantes acrediten capacidades técnicas generales y específicas, y designen al frente de la obra a alguien que las posea) estaban contenidos en las reglamentaciones vigentes desde la sanción de la Ley de Obras Públicas de la provincia 5188 en 1960, y en sus sucesivas reglamentaciones, incluyendo el Reglamento del Registro de Licitadores aprobado por Decreto 1/95 modificado el año pasado por Pullaro por el Decreto 333. Ahora desaparecerán, porque el anexo del nuevo decreto nada dice al respecto, ni lo difiere a alguna norma posterior para que lo establezca.
La Capacidad Técnica por Especialidad consideraba los antecedentes de las obras más importantes
realizadas por la empresa, conforme. al monto contractual y plazo de ejecución de cada una de ellas, terminadas en el plazo establecido, al tipo de relación contractual (si era sola o en asociación con otras empresas), y al valor del equipo y herramientas
de su propiedad que tengan aptitud para ser utilizados
en la especialidad considerada (obras viales, hídricas, de vivienda, de infraestructura para uso del gobierno).
Sobre todo esto (así como sobre el modo de cálculo de todas las capacidades exigibles) nada dice ahora (con el reciente decreto de Pullaro) el nuevo reglamento del Registro de Licitadores de Obra Pública, con lo cual aumenta el riesgo de adjudicarle obras a cualquiera, en cualquier condición, pero eso sí: pudiendo decir después que se consiguió hacerlo más barato. Aunque si de eficiencia o eficacia en la aplicación de los recursos públicos se trata (algo de lo que también se jacta la propaganda oficial) el mismo día (el lunes 8 de éste mes, ayer) Pullaro firmó el Decreto 1164 disponiendo el pago de 46.559 millones de pesos en concepto de intereses por la deuda en dólares contraída emitiendo bonos en los mercados, para realizar obras de infraestructura logística en los accesos a los puertos del sur de la provincia; obras que las cerealeras -sus principales beneficiarias- no quieren pagar, ni siquiera en parte.
Tuits relacionados:
...eliminar las figuras de las “capacidades técnicas” y las “capacidades técnicas por especialidad”, como también la exigencia de contar con un profesional con determinadas características según la especialidad. O sea que van a contratar a cualquiera, en cualquier condición: pic.twitter.com/fZbuGEuUTd
— La Corriente K (@lacorrientek) June 8, 2026
Mala suerte la de esta chica Cattalini, @serdelfino. Meter la ficha limpia para lo contratistas justo el día que Pullaro le da la ampliación de la cárcel de Rosario a los amigazos de Pecam. Porque quiero creer que el proyecto no es contra Nahuel, que lo promociona en el diario: pic.twitter.com/dgcmIXO3ZZ
— La Corriente K (@lacorrientek) June 3, 2026
Mientras las cerealeras se niegan a poner un peso para arreglar los acceso a los puertos, la deuda que la provincia contrajo para pagar las obras ya está generando intereses, y solo este mes representan casi 46.559 millones de pesos. Con esa guita algo se podría hacer, no?: pic.twitter.com/9ZLOGwTvbK
— La Corriente K (@lacorrientek) June 8, 2026
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