FEDERALISMO DE ROTONDAS

 

Que rápido hicieron la licitación para contratar a la empresa que hace los trabajos. Eso es eficiencia administrativa, @serdelfino https://t.co/pDLx4S7MZM

— La Corriente K (@lacorrientek) July 23, 2026

Cuando en abril de éste año Milei dictó el Decreto 253 por el cual "delegaba" en algunas provincias el mantenimiento de rutas nacionales en sus territorios, decíamos nosotros en esta entrada: "El decreto pretende convalidar el bolsiqueo que viene haciendo Caputo hace 28 meses de los fondos del impuesto a los combustibles líquidos, que estaban destinados a mantener las rutas nacionales y provinciales conforme al propio convenio federal vial (Decreto Ley 505/58) que se menciona en el Decreto 253. Del impuesto y de los recursos que representa nada se dice en el decreto de Milei, ni se dispone -por ejemplo- coparticiparles a las provincias la parte que actualmente se queda la Nación, para que con esos recursos mantengan y reparen las rutas que se les "delegan": lo único que pueden hacer es licitarlas para que sean explotadas por privados (o por entes públicos como las Vialidades provinciales), a cambio del cobro de peaje, en el entendimiento de que solo con esos recursos debería bastar para que las rutas sean mantenidas en buen estado, cosa que como sabemos desde los 90', no es cierta ni mucho menos.".

"Eso sin contar que durante un tiempo habrá transferencia a las provincias de las rutas (por la firma de los convenios con Vialidad Nacional) pero no cobro de peaje, porque habrá que hacer las licitaciones para elegir a los concesionarios, y las rutas seguirán como están: destrozadas. Es decir que el Decreto 253 es la legalización del abandono de las rutas nacionales, consentida por los gobernadores amigos y aliados del gobierno nacional, o peor aún, pedida por ellos; aunque públicamente reclamen por su deterioro. Por otro lado la delegación a las provincias que dispone el decreto establece que por la sola firma de los acuerdos con Vialidad Nacional se exime a la nación de toda responsabilidad por los accidentes derivados del mal estado de las rutas, la que pasa a las provincias; aun cuando no hayan llamado aun a licitación para otorgar las concesiones (que pueden durar hasta 30 años); lo que significa que cualquier tragedia vial que suceda mientras tanto (como las que están sucediendo cada vez con más frecuencia) será responsabilidad de la provincia en cuestión ante eventuales demandas de los damnificados por el mal estado de las rutas, y no de la nación.".

Salvo la referencia a las concesiones para el cobro de peaje (y habrá que verlo), las consideraciones expuestas aplican perfectamente al anuncio -ruidosamente festejado por el gobernador Pullaro y sus funcionarios- del convenio celebrado por el gobierno provincial con la nación para la transferencia por 20 años de la ruta nacional A012 que circunvala Rosario y otras ciudades del sur santafesino, en la zona de acceso a los puertos. Un Pullaro que -recordemos- primero festejó como un gol el Decreto 253 y luego pidió el VAR para que lo revisen, y fue más cauto cuando le dijeron que en los corredores viales "cedidos" entonces no estaba ése, que es el único que le interesa a él. Porque es el que les interesa a las cerealeras, de las que se comporta como gestor.

Hasta el momento de subir estas líneas no hay disponible convenio ni nada parecido para ver que obligaciones concretas asume la provincia por la cesión de la ruta, y que obras hará en ella; aunque la propaganda oficial da cuenta de que el día después de la firma de los convenios se iniciaron los trabajos, a través de una empresa privada seleccionada por una licitación realizada el año pasado. Lo cual es como mínimo curioso, porque la Ley 5188 (Ley de Obras Públicas de la provincia) dice en su artículo 5 lo siguiente: "Las Obras Públicas deberán realizarse en bienes que sean propiedad de la Provincia o en los que ésta tenga posesión o disponga del uso."; requisito que solo se habría cumplido ahora con la firma del convenio entre Pullaro y el gobierno nacional, y siempre y cuando se convenga en que no se requiere que lo ratifique la Legislatura.

¿Cómo es entonces que hay desde el año pasado una empresa adjudicataria de una obra esperando para iniciarla a que ocurriera un hecho incierto (que la nación aceptara transferir la ruta a la provincia), teniendo paralizados mientras tanto equipos y personal y asumiendo costos financieros sin reclamar nada? ¿O es todo pura sanata, como se podría comprobar con el hecho de que la obra como tal (intervención en el corredor vial Ruta Nacional A012) no figuraba en el presupuesto del año pasado ni figura en el de éste año, porque no podría figurar, al tratarse de una ruta nacional? ¿No habrán sorteado la obligación de hacer otra licitación, con la excusa de adjudicárselos en forma directa a Posse (esa es la empresa) como "trabajos complementarios" o "extracontractuales", para poder cumplir con el anuncio de propaganda de Pullaro?

Eso sin mencionar que -salvo que la nación haya transferido la ruta con los correspondientes recursos para arreglarla, cosa que con Milei y Caputo es harto dudoso- que se estaría violando la parte pertinente del inciso 2. del artículo 75 de la Constitución Nacinal, que dice : "No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso.". (las comillas son del texto y las negritas, nuestras)

¿Con qué recursos financiará la provincia las obras que el gobierno de Pullaro está propagandizando, y no estaban contempladas en el Presupuesto aprobado por la Legislatura? Si es con recursos de Rentas Generales del Tesoro tendrá que sacarlos de otras finalidades, que deberán esperar su turno, porque las cerealeras mandan...a Pullaro. Si es con la parte del impuesto a los combustibles líquidos que se transfiere a las provincias, por un lado es otra forma de convalidar que la Nación no use su parte a esos fines, para los que el impuesto fue creado. Y por otro lado esos recursos son considerados "recursos propios de libre disponibilidad" para Vialidad provincial (que sería la que tenga a su cargo la obra): los que decidan poner ahí, faltarán en el mantenimiento y la construcción de otras rutas provinciales. 

Ni hablemos ya si la provincia (que debió tener previsto el financiamiento de la obra al licitarla, artículo 6 Ley 5188) se endeudó o endeuda para hacerla: sería generar un compromiso a afrontar por los futuros gobiernos provinciales, por un gasto que debió haber hecho el gobierno nacional. El año pasado la Legislatura santafesina autorizó por la Ley 14.410 a Pullaro a endeudarse en 150 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para el financiamiento del Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario; pero la ley que autorizó la toma de deuda no menciona ninguna obra en particular.

Y en la Ley 14424 (Presupuesto 2024) se lo autorizó a endeudarse en 50.000 millones de pesos emitiendo bonos en el mercado interno, en base al esquema montado por las cerealeras y la Bolsa de Comercio de Rosario para prestarle plata a la provincia y cobrarle interés por ella, para que les hiciera las obras que ellas necesitaban, y se negaron y siguen negando a pagar de su propio bolsillo: veíamos hace poco en ésta entrada como la idea de un fideicomiso creado con aportes del sector exportador para financiar las obras (lanzada como globo de ensayo por un funcionario provincial de tercera línea) murió antes de nacer, ajusticiada por el propio Pullaro, para no enfrentarse con las cerealeras. 

Y finalmente cabe preguntarse que pasa cuando se cumpla el plazo de 20 años de la cesión de la ruta del que hablan los anuncios (reiteramos: no está disponible aun el texto del convenio). Así dicho y sin más explicaciones, suena como si la provincia fuera un concesionario privado que administrará el mantenimiento y conservación de la ruta durante ese lapso de tiempo, pero que encima no va a cobrar peaje. A menos que estén pensando hacerlo para recuperar la inversión, en cuyo caso se cae el argumento de Pullaro de "contribuir a bajar los costos de la producción".