Hace un mes más o menos hablábamos en esta entrada de la situación de los presos políticos del régimen macrista, que lo siguen siendo en el actual gobierno, y al par que reclamábamos que se hiciera algo al respecto, manifestábamos comprender las restricciones existentes para avanzar: al fin y al cabo, el presidente no tiene la suma del poder público.
Simplemente planteábamos que la cuestión no se abordara desde la óptica de saldar viejas cuitas de la interna kirchnerista, ni de hacer ofrendas a la gobernabilidad, que nunca serían correspondidas. Algo así como el ofrecimiento unilateral de paz al Grupo Clarín que subyace en la comunicación pública de que no se insistirá con la ley de medios.
Por otro lado está la situación real y objetiva de los funcionarios macristas "atrincherados" en sus despachos que resisten el cambio de gobierno, y siguen actuando como si nada: veíamos acá el caso del titular de la UIF, que no solo sigue en funciones, sino que se da el lujo de tomar determinaciones importantes en nombre del Estado argentino, sin consultarlo con el gobierno. Si de gobernabilidad hablamos, no hay mayor aporte a ella que dar claras muestras de autoridad, conteste con la legitimidad de origen de un gobierno sostenido en el voto popular.
Todas estas reflexiones vienen a cuento del escándalo del caso Vicentín, en el que está implicado todo el directorio del Banco Nación en tiempos macristas, con González Fraga a la cabeza: el principal aportante de campaña de "Juntos Para El Cambio" obtuvo un crédito de más de 18.000 millones de pesos de un banco estatal (el más importante del país), en condiciones irregulares, y ahora todo indica que no lo piensa pagar, declarándose en default.
Un caso que se suma a otros que ya se conocieron en tiempos macristas, como la renegociación de los peajes de las rutas concesionadas a operadores privados, y tantísimos más que se podrían agregar a la lista.
Sería reduccionista limitar el análisis del macrismo a caracterizarlo como una asociación ilícita dedicada a hacer negocios con el Estado antes de que Macri fuera presidente, y desde adentro del Estado mientras lo fue. Fue antes que nada y por encima de todo, la puesta en acto del concepto del "país atendido por sus propios dueños", adunando el poder económico -que es permanente- al político -que es contingente y depende del humor electoral-, en beneficio de sus intereses de clase.
Sin embargo, hacer como que esa otra dimensión de la nefasta experiencia macrista (es decir, la rapiña de los fondos públicos, el armado de negocios millonarios con regulaciones estatales dirigidas, el esquema de blanqueo y fuga legalizados) no tuvo lugar, simplemente no sucedió, sería un enorme error político. Como bien decía en la semana Amado Boudou, se está hablando poco de Macri y lo que representó para el país, y eso no es buena señal.
No tanto porque se quiera insistir en la "pesada herencia recibida" para exculpar presuntas fallas u omisiones de la actual administratición, sino porque se puntualiza un hecho de insoslayable valor político: no podemos permitir que la nefasta experiencia de la derecha gobernando el país con el voto popular se repita en un futuro, no tanto por fallas nuestras, como por una amnesia social inducida por los medios (que son la oposición real) y consentida implícitamente por el actual gobierno.
Lo que nos trae al tema del "Ministerio de la Venganza", discutido en campaña y siempre presente hoy, en las redes sociales y en los medios: es tan cierto que "volver mejores" supone dedicar prioritariamente las energías del gobierno y los funcionarios a restaurar los enormes daños causados por el macrismo en la estructura social, económica y productiva del país; como que es inadmisible que la runfla gobernante hasta el 10 de diciembre salga indemne de su excursión de caza por el Estado, y lejos de hacer la más mínima autocrítica al respecto, sigan pontificando en público sobre como deben resolverse los problemas del país, que ellos mismos crearon, o contribuyeron a agravar.
Y si bien, como se dijo, Alberto Fernández es nada más (y nada menos) que el presidente de la nación, y no tiene la suma del poder público, debe dar muestras de usar con decisión todas las atribuciones de que dispone, para que aquellos que depredaron el patrimonio público (como González Fraga y todo el directorio del Banco Nación) mientras decían que estaban embanderados en una cruzada contra la corrupción kirchnerista las paguen, de ser posible de su propio bolsillo.
Eso supone denunciarlos ante la justicia, activar en serio el rol de la Oficina Anticorrupción (ahora que ha puesto al frente a alguien irreprochable como Félix Crous), ejecutar el crédito del Nación a Vicentín (apoderándose incluso de los activos, si fuera el caso), denunciar en el Consejo de la Magistratura a los jueces y fiscales que miraron para otro lado en los negociados macristas o -peor aún- les dieron un bill de indemnidad, incluyendo si fuera el caso hasta los propios miembros de la Corte Suprema; que por ejemplo siguen durmiendo el fallo sobre el decreto de Macri que amplió el blanqueo votado por el Congreso, para favorecerse a sí mismo y a su familia.
Sin "lawfare", sin "doctrina Irurzun", sin "extinción de dominio", ni "ley del arrepentido", ni ninguno de esos adefesios jurídicos creados por el macrismo para perseguir a sus adversarios políticos: simplemente con la ley en la mano, pero con firmeza y sin titubeos. Las pruebas sobran, y están a la vista; porque en su creencia de que con el triunfo del 2015 inauguraban una larga hegemonía política en el país, fueron dejando las pezuñas por todos lados. De lo contrario lo que no hagamos hoy, lo lamentaremos mañana. Tuit relacionado:
No digo un Ministerio de la Venganza, pero por lo menos una Oficina— La Corriente K (@lacorrientek) January 16, 2020
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