SEGUROS DE RETIRO

El Gobierno celebra un fallo judicial por la estatización de la exAFJP Orígenes https://t.co/RTN5DotGpy pic.twitter.com/vd5qdgIRlV

— LA NACION (@LANACION) September 6, 2019

Leíamos ayer en La Nación que en el gobierno "celebran" un fallo de la justicia federal en lo contencioso administrativo, rechazando un planteo de los controlantes actuales de la ex AFJP "Orígenes", pretendiendo ser indemnizados por la liquidación del sistema de jubilación privada con la sanción de la Ley 26.425, en el primer gobierno de Cristina y a instancias de Amado Boudou, entonces a cargo de la ANSES.

El fallo dice que el agua moja, en términos sencillos: recuerda que nadie tiene derecho al mantenimiento indefinido de un determinado régimen jurídico, porque de lo contrario el Estado renuncia a su potestad de legislar como mejor le parezca, con tal de que respete la Constitución. 

Decimos que el fallo es todo menos novedoso, porque no hace sino recoger la tradicional jurisprudencia de la Corte Suprema al respecto, que la propia Corte reiteró en el caso de la disolución del sistema de jubilación privada en un fallo dictado ya en 2013: ver más detalles acá. De modo que en los tribunales del país, la suerte de este tipo de presentaciones no era dudosa. 

Sin embargo la nota da cuenta de que los mismos inversores que iniciaron el juicio acá, entablaron una demanda ante el tribunal del CIADI que depende del Banco Mundial, invocando los tratados bilaterales de inversión firmados en la década del 90'; y ahí la cosa puede cambiar.

En efecto, allí se trata de un antro que de jurídico tiene poco, y en la cual la tendencia uniforme es a favorecer los reclamos de los capitales privados, frente a la defensa de los Estados de sus legítimas atribuciones soberanas: hace poco contábamos en ésta entrada el caso del litigio en puerta ante el mismo tribunal arbitral por parte de la yanqui Met Life; en un caso que compromete gravemente al gobierno de Macri (que ahora "festeja" el fallo de la justicia federal) en un doble sentido.

Por un lado porque puso nada menos que al frente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)de ANSES a el ex encargado de las operaciones de Met Life en el país cuando la empresa yanqui vino a operar bajo el régimen de las AFJP; y por el otro porque cuando fueron a pedir asistencia financiera al FMI, Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger pusieron por escrito en un documento oficial del Estado argentino que cuando se disolvió el sistema por la citada Ley 26.425, lo que se produjo fue una "incautación de activos", que además no eran de las administradoras, sino de los aportantes.

Todo indica que el caso de la ex Orígenes repite el modus operandi de AUSOL, la concesionaria de los peajes del Acceso Norte a la Capital Federal; que por intermedio de su controlante la española Abertis introdujo una demanda en el CIADI contra el país en los últimos días del gobierno de Cristina, para generar las condiciones para que el gobierno de Macri renegociara las concesiones, con el otorgamiento de privilegios leoninos para los demandantes, que se trasladan como hipoteca para el futuro gobierno nacional.

Acá no puede pensarse que se esté intentando volver al régimen de las AFJP, aunque la idea estuvo planteada, de un modo u otro, en todos los documentos del acuerdo del gobierno de Macri con el FMI. La idea es pedir cualquier cosa, para conseguir algo; como también hizo el fondo Burford Capital al comprarle a Eskenasy el juicio por la estatización de YPF en 2012, en una causa en trámite en la que aun se discute no solo el monto de la eventual indemnización litigio (artificialmente inflado por el Burford), sino en que tribunales debe ventilarse la causa: los del país o el del CIADI.

Y allí está el verdadero problema: no son las decisiones soberanas de política económica que pueda tomar el Estado argentino las que causan estos problemas; porque además sin dudas deberá tomar otras en el futuro, para desatar los nudos que deja el macrismo; sino que el problema radica en seguir aceptando la jurisdicción del CIADI, a la que el país se sometiera en 1994, mediante la Ley 24.353. 

Denunciarla fue una materia pendiente que dejó el kirchnerismo, y seguir en ese ámbito supone dejar una puerta abierta para este tipo de truchadas, porque ya que de AFJP hablamos, ese tribunal amañado funciona como una especie de "seguro de retiro" para los capitales que vienen a rapiñar al país, si se los permiten.

Bonus track: ¿La "alegría" del gobierno será por el fallo de primera instancia, o por el aporte de 4,5 millones de pesos que Orígenes hizo a la campaña electoral del oficialismo el 28 de agosto, o sea después de las PASO y antes del fallo, según consta en los registros de la Cámara Nacional Electoral?: