EL METRO CUADRADO

 

Exceptuados el precio de los alimentos y medicamentos, debe haber pocos temas más urticantes y grave para millones de argentinos como la vivienda propia, y en ese capítulo, los alquileres. Y debe haber también pocos temas en los que las lógicas del mercado y de las demandas y necesidades sociales sean más divergentes como la vivienda y los alquileres.

Porque no tiene casa propia quien quiere sino quien puede, y los que pueden tenerla en su mayoría no la necesitan o ya la tienen, y utilizan sus excedentes en construir casas para que las compren o alquilen otros. Esta circunstancia a su vez es la que determina que el mercado inmobiliario sea el más dolarizado de todos, con sus consecuencias en los precios de las propiedades y como reflejo, de los alquileres.

En una cuestión tan grave y acuciante y de tanta magnitud como ésta, toda política pública que se ensaye siempre será insuficiente, aun aquellas virtuosas como la que en su momento representó el Procrear, en su versión original lanzada durante el segundo mandato de Cristina: los alquileres seguirán siendo, por muchos años, la única opción que les quede a muchos argentinos para tener un lugar donde vivir.

De allí la importancia de que el Estado se haga cargo del problema y regule en una materia en la que, como se dijo, el mercado impone sus propias reglas, que obviamente son en perjuicio de los inquilinos, que son la parte débil de la relación. Y en éste sentido la reforma de la ley de alquileres aprobada durante el gobierno de Macri y que hoy rige solucionó algunos problemas, pero gravó otros, especialmente en contextos de alta inflación como el actual.

Por supuesto que la inflación y los problemas económicos no se resuelven con una nueva ley de alquileres, pero una regulación pública eficaz e inteligente en esa materia atempera los efectos de una realidad económica adversa para los sectores de ingresos fijos. Vistas las cosas desde ese ángulo, al gobierno del FDT le pasó con los alquileres lo mismo que con el precio de los alimentos: pecó por defecto, morosidad y lentitud en encontrar soluciones (le preocupó más la situación de los deudores de préstamos UVA que la de los inquilinos), y sobre esas vacilaciones se montó la derecha para instalar su propia agenda.

Derecha que en su expresión casi unánime en el Congreso y más específicamente en Diputados (Juntos por el Cambio y los "liberotarios") está impulsando una nueva ley de alquileres que, en palabras de los inquilinos y las organizaciones que los nuclean, parece escrita por los propietarios y -sobre todo- por ls inmobiliarias: reajustes trimestrales de precios "libremente fijados entre las partes" (como si estas fueran perfectamente iguales entre sí, con idéntico poder de negociación), exenciones o rebajas de impuestos a los propietarios para que ofrezcan viviendas en alquiler, y cosas por el estilo.

Lo cual implica un claro mensaje político que exhorbita a la cuestión puntual de los alquileres y la vivienda propia: la derecha que algunos nos quisieron vender como "nueva, moderna y democrática" está no solo lejos de las preocupaciones cotidianas más acuciantes del hombre común (tal la crítica que ellos suelen hacerle a las fuerzas populares), sino en contra de sus intereses. 

Pensemos que antes de esto zambulleron al Congreso en un absolutamente prescindible debate sobre la boleta única, y que en los tiempos de gloria de Durán Barba el PRO se presentaba como la fuerza política que se hacía cargo de los problemas "del metro cuadrado de la gente", alejándose de las disputas políticas que planteaba el kirchnerismo, para enfocarse en "los temas concretos que les preocupan a las personas comunes".

Asumen de modo explícito la defensa de los menos (en cantidad) que son la parte poderosa de las relaciones sociales, pero que son -ciertamente- el núcleo duro de su base electoral; sin tapujos ni vergüenzas ni complejos. Quizás en éste último aspecto deberíamos aprender, e imitarlos.