Varias veces nos hemos referido acá a las nefastas consecuencias que tuvieron para el país el Pacto de Olivos y su consecuencia directa, la reforma constitucional de 1994, Por ejemplo en ésta entrada, en la que decíamos "La reforma constitucional de 1994 fue el resultado del Pacto de Olivos entre el menemismo entonces triunfante -en el fulgor de la convertibilidad- que hasta logró que Erman González ganara una elección en la Capital Federal, y el radicalismo menguante tras el desastroso final anticipado del gobierno de Alfonsín, en medio de la hiperinflación. Así las cosas, no pudo sorprender que mientras uno conseguía el objetivo de contar con el instrumento para sostenerse en el poder (la reelección presidencial), el otro se contentara con diseñar instrumentos de presunto control de ese poder, del que se sentía lejano por muchos años, y sin condiciones de disputarlo.".
"En ese contexto surgieron el Consejo de la Magistratura, el tercer senador por la minoría de cada provincia, la Auditoría General de la Nación en manos de la oposición al Poder Ejecutivo y la autonomía porteña para crear en el corazón político y económico del país una ínsula antiperonista, todos engendros que padecemos hasta el día de hoy, como podemos comprobar amargamente por estos días. Hubo también, es cierto, el propósito menos elevado de preservar ciertas prebenda y pitanzas en forma de cargos públicos, para sostener a una burocracia partidaria (la de la UCR) que se imaginaba entonces eyectada de la Casa Rosada por décadas.".
"El actual texto constitucional era viejo e inadecuado para dar respuesta a los problemas del país ya en 1994, y la reforma producida entonces no encaró a fondo ninguno de ellos, porque sus propósitos fueron otros. De hecho, la mayoría de las reformas que entonces se introdujeron los han agravado, como que se trató y se trata de una Constitución pensada no para garantizar derechos y un desarrollo nacional autónomo e inclusivo, sino para preservar los privilegios de un modelo de país en el que sobramos la mayoría de los argentinos.".
Las conclusiones precedentes aplican como anillo al dedo a otras de las reformas del 94', la introducida en relación con el cese del nombramiento de los jueces federales (incluyendo los miembros de la Corte) por edad, con la posibilidad de obtener un nuevo nombramiento. Fue introducida (mal ubicada sistemáticamente) en el inciso 4) del artículo 99 que habla de las atribuciones del presidente, en éstos términos: "Nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite." (las comillas son del texto y las negritas son nuestras)
Decíamos que la norma estaba sistemáticamente mal ubicada porque debió insertarse en el capítulo del Poder Judicial, y relacionada con el artículo 110 que no fue modificado: "Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones.". Esta norma fue la que le dio la coartada a Fayt para permanece en su cargo hasta el final de sus días, y a la Corte para llegar al oximoron de declarar inconstitucional a la propia Constitución.
Pero más allá de las discusiones jurídicas, lo que interesa son las consecuencias políticas del engendro: si alguien lo pensó en su momento como un mecanismo para condicionar a los jueces y construir una justicia adicta, no pensó que también podía funcionar a la inversa: como un mecanismo de extorsión en manos de un Poder Judicial con tendencia a la autonomización no ya de la política, sino del propio Estado y sus leyes, en defensa de sus privilegios.
Y si no veamos los ejemplos recientes: hace poco días el gobierno de Milei (que hace del supuesto combate a la casta su discurso oficial) pidió (y muy seguramente obtenga) un nuevo nombramiento como camarista para el padre del ministro Mahiques, lo que representa por un lado el intento de conseguir apoyos en la justicia para enfrentar con éxito las causas de corrupción que lo amenazan, pero al mismo tiempo una rendición incondicional ante el lobby de los "huemules" de Lago Escondido, que tiene más fuertes nexos con el poder real del país que los que cualquier fuerza política -incluida LLA- podría construir.
A ese mismo poder pertenece y responde el juez Irurzun (el autor de la célebre doctrina de los "poderes residuales" que permitía encarcelar dirigentes kirchneristas a piacere y violando toda garantía del debido proceso), que por estos mismos días está presionando al gobierno para obtener un nuevo nombramiento, con la amenaza de activar las causas que embarran a la hermanísima presidencial. La contracara de la amenaza es clara: si el gobierno lo postula para seguir siendo juez cinco años más, esas causas quedarán definitivamente archivadas, o jamás avanzarán.
Y el último caso es el más emblemático y quizás más vergonzoso, por lo impúdico: apenas el día después de que una sala de la Cámara Nacional de Apelaciones del trabajo restableciera la plena vigencia de la reforma laboral esclavista dejando sin efecto el efecto suspensivo de la cautelar pedida por la CGT, el gobierno de Milei pide el acuerdo para que siga siendo juez por cinco años más uno de los magistrados que firmó la resolución. Como para que no queden dudas de como funciona el mecanismo.
Un dato: acá en Santa Fe gobierna la UCR, y Pullaro -que se jacta de reivindicar la herencia de Alfonsín- hizo modificar la Constitución provincial para poder ser reelecto. Los jueces provinciales pierden la inamovilidad en el cargo al cumplir los 75 años (así lo disponía ya la Constitución de 1962), pero la reciente reforma no incluyó la posibilidad de un nuevo nombramiento. Tuits relacionados:
La posibilidad de hacer otro nombramiento por cinco años de los jueces que cesan por la edad fue otro exitazo de la reforma constitucional del 94', no dijo nadie nunca.
— La Corriente K (@lacorrientek) April 24, 2026
Ni se notó. Sutilísimos estuvieron. Con guantes de terciopelo. https://t.co/YTAxEv3cW9
— La Corriente K (@lacorrientek) April 24, 2026
Viene fuertísima la autodepuración de la justicia: https://t.co/1G1VD3v0RZ
— La Corriente K (@lacorrientek) April 24, 2026
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