El lunes pasado se publicó en el Boletín Oficial (completa acá) la Resolución 7/25 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (el organismo que creó Milei para sustituir a la Administración General de Puertos) por la cual se deja sin efecto la licitación para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, re-dragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal ", vulgarmente conocida como hidrovía.
La decisión -que había sido anunciada días antes y se oficializa ahora- se funda en que a la licitación fallida se había presentado una sola oferta: la de Dredging, Environmental and Marine Engineering NV, la firma belga por la cual venían haciendo lobby Mauricio Macri, Guillermo Dietrich y todo el PRO.
En eso se agota lo que dispone la resolución: no hay convocatoria a una nueva licitación -al menos no por ahora-, no hay apertura de un procedimiento de consultas para modificar los pliegos para el caso que se entienda que los que se usaron dificultaron la concurrencia de otros oferentes, ni muchos menos se contempla alguna forma de participación en su diseño de las provincias ribereñas (entre ellas Santa Fe), como fantasiosamente anunció el ministro de Producción de la provincia.
Lo cual no es un dato menor: con el calado del dragado previsto en las estipulaciones de la licitación fallida, el puerto de Santa Fe quedaba condenado a ser simplemente de barcazas. Tampoco se dice nada respecto a la operación del dragado, balizamiento y mantenimiento de la vía hasta tanto se resuelve su adjudicación a un nuevo concesionario, lo que supone que esa tarea seguirá estando a cargo (como desde hace más de 30 años) de la también belga Jan De Nul, el caballo del comisario del gobierno de Milei en la disputa.
Porque lo que debería ser una cuestión estratégica para el país, para su comercio exterior, su modelo de desarrollo e incluso por motivos geopolíticos, queda reducido a una disputa de negocios entre mafiosos por el botín. Tanto es así que es el tema que ha motivado la disputa más seria entre Macri y Milei (aunque el contrabandista disimule haciendo blanco de sus críticas a Santiago Caputo), aun en medio del gobierno de coalición que llevan adelante.
Para comprender la historia de la privatización de la mal llamada hidrovía hay que remontarse a los tiempos del menemismo, y la cuestión forma parte de los temas pendientes que el kirchnerismo no quiso, no pudo y no supo resolver en sus gobiernos: precisamente cuando falleció el riojano decíamos nosotros: "Y sin embargo el legado de las políticas que se instauraron en su gobierno nos acompaña hasta hoy, y goza de buena salud, salvo algunas excepciones. En ese sentido, Menem vive en cada puerto privado que no se recupera para el uso público, en cada servicio público privatizado entonces y que sigue siendo prestado hoy en pésimas condiciones y con reclamos permanentes de dolarizar las tarifas, en el nuevo intento de privatizar la hidrovía, en esa excrecencia antidemocrática que es Comodoro Py y buena parte de la justicia federal, en cada demanda de una multinacional depredadora ante el tribunal del CIADI basada en un tratado bilateral de inversión de los tantos firmados durante su gobierno. Vive en la Constitución que nos rige, fruto de su pacto espurio con un radicalismo claudicante y menesteroso de cargos públicos.".
Lo que el kirchnerismo dejó pendiente -en esto como en todo- no lo resolvió el gobierno del "Frente de Todos": en la etiqueta hidrovía a la derecha del blog podrán acceder a los posteos que hicimos al respecto, que podrían resumirse así: por el Decreto 949/20 Alberto Fernández ratificó la orientación de la traza por el canal Mitre y no el Magdalena (lo que favorece al puerto de Montevideo) al mismo tiempo que la decisión de conceder la operación de la vía navegable a un operador privado; y mientras y tanto se le prorrogó el contrato a Jan De Nul.
Después por el Decreto 427/21 se modificó el estatuto de la AGP para permitirle operar la concesión por sí o por un tercero, y se le otorgaba la concesión de la vía navegable troncal hasta que asumiera el concesionario privado seleccionado por licitación. Por el Decreto 556/21 se creó el ente de control de la vía navegable, con participación de las provincias ribereñas en su directorio pero siempre sosteniendo la idea de conceder su operación a un privado; sin abrir nunca la discusión del trazado, ni de por qué se descartaba de plano que lo hiciera el Estado.
Con Milei también pasó por allí la motosierra: su Decreto 699/24 declaró servicio público "...las actividades de dragado, redragado, mantenimiento, señalización, balizamiento y control hidrológico de las vías navegables de jurisdicción nacional." para acto seguido disolver el ente de control creado por Alberto, llamar a nueva licitación por el Decreto 709/24 y finalmente por el Decreto 3/25 disolver la Administración General de Puertos, creando en su lugar el organismo que acaba de declarar fallida la licitación.
Como siempre sucede, nuestras vacilaciones para avanzar facilitan el escenario para que ellos avancen con decisión en su plan de saqueo. Y como en todo, para recuperar la capacidad de decisión soberana sobre nuestros recursos naturales y nuestro destino como país, hay que recuperar -pero en serio- la soberanía popular. Que no consiste solamente en ir a votar de vez en cuando, como quedó demostrado -como en tantos, otros- en éste caso.
1 comentario:
gracias, msaludos
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