LA FRASE

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martes, 4 de marzo de 2025

AL FINAL LES SOBRÓ PLATA

 

Por estos días se puede ver en los medios y redes sociales una profusa propaganda del gobierno de la provincia sobre un presunto plan de obras públicas que sería el más importante de la historia de Santa Fe. El propio Pullaro protagoniza la mayoría de los spots junto a maquinaria vial o recorriendo las obras.

De ser cierto, significaría que por fin arrancaron después de un 2024 en el que -en línea con el gobierno nacional de Javier Milei- hicieron la plancha en ése aspecto. Y no es una simple apreciación nuestra: así lo indican las propias estadísticas oficiales sobre la ejecución presupuestaria del gobierno provincial en materia de inversión pública. Y si no, van dos botones de muestra con los dos decretos (343 y 344) firmados por Pullaro el pasado lunes 24 de febrero y cuyas imágenes ilustran el post.

Explicamos: por ambos se están transfiriendo a éste ejercicio partidas presupuestarias no invertidas (es decir, no ejecutadas o no gastadas) el año pasado por un total que roza los 43.137 millones de pesos, de recursos afectados, es decir que tienen un destino específico y no se pueden usar para otra cosa.

Lo cual supone no ya una política de ajuste del gasto público (que la hubo), sino una absoluta ineficiencia en la gestión, porque no es que usaron esa plata para atender otras necesidades más urgentes como pagar sueldos o compensar fondos que dejaron de llegar de la Nación, por ejemplo para pagar el incentivo docente (spoiler: Pullaro no lo solventó con recursos propios, como hizo Kicillof), o subsidiar el boleto de colectivo (spoiler 2: en ese rubro también dejaron recursos ociosos). 

Para poner en perspectiva la cifra de obra pública u otros gastos de capital (como maquinaria y equipo) que se dejó de ejecutar (solo la comprendida en estos dos decretos), el gobierno de Pullaro acaba de adjudicarle la obra del puente de Santa fe a Santo Tomé a la empresa constructora del accionista mayoritario del diario "El Litoral" por algo más de 39.000 millones de pesos. Lo que supone que -a juzgar por las propias cuentas públicas provinciales- al puente ya lo podrían haber hecho el año pasado, y les sobraba plata.

Recordemos que Pullaro y su gobierno están reclamando que la Nación no cumple acuerdos ni les transfiere las rutas nacionales para poder mantenerlas; además de haber endeudado a la provincia en 50.000 millones de pesos, supuestamente con ese fin: con haber usado los recursos que tenían disponibles y no utilizaron (solo los comprendidos en esos dos decretos, puede haber más), no era necesario el endeudamiento.

Dentro de los rubros de recursos afectados (es decir, con un destino específico asignado por ley) hay partidas de los importes que la provincia recibe de la Nación por el cobro del fallo de la Corte Suprema de Justicia por el descuento de parte de la pre-coparticipación que se destinaba a la ANSES (según el acuerdo alcanzado por el gobierno de Perotti), y la parte de la recaudación del Impuesto a los Ingresos Brutos que se debe destinar a la infraestructura vial. 

También se transfieren recursos no invertidos de la parte del Impuesto Inmobiliario que debe destinarse a infraestructura vial en los distritos rurales de la provincia (aunque hace poco el gobierno provincial le cambió el nombre al programa "Caminos de la Ruralidad" de Perotti con el aparente propósito de mantenerlo y ampliarlo) y los recursos destinados a la inversión pública según el Pacto Fiscal firmado en su momento por Lifschitz con Macri. 


Y resulta llamativo también -e indicativo del modelo de gestión- el hecho que, de acuerdo a los Decretos 343 y 344, esos 43.137 millones de pesos disponibles en éste ejercicio para hacer obra pública que no se hizo el año pasado, no son afectados a ninguna obra de las que ya están en marcha, o las nuevas que se puedan licitar {este año.

Quedan guardados en la "bolsa" de Olivares para usarlos en lo que les plazca, como por ejemplo atender las redeterminaciones de precios de los contratos de obra pública según la Ley 12046 (la "paritaria" de la patria contratista), o a aprobar modificaciones presupuestarias que impliquen incrementos en los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital hasta un monto equivalente al cuarenta por ciento (40%) del crédito inicial previsto para estos, según autoriza al Poder Ejecutivo el artículo 60 de la Ley 14.385 de presupuesto para éste año.

De ser el primer caso, significaría que el gobierno de Pullaro maneja dos inflaciones distintas: una a la baja con la que intenta (y en la mayoría de los casos lo logra) cerrar paritarias a la baja con los gremios de trabajadores estatales, y otra para indexar los precios de los contratos de obra pública. Y de ser el segundo, supone que el tan promocionado plan de obras públicas es en realidad otra venta de humo a las que la gestión provincial nos tiene acostumbrados.

La misma venta de humo con la que promocionan el superávit fiscal primario (antes del pago de deuda) del año pasado de 132.055 millones de pesos, cuando solo en 22 días del mes de febrero de éste año (entre el 3 y el 25de) Pullaró firmó 18 decretos transfiriendo para éste ejercicio recursos no invertidos el año pasado de fondos afectados a un destino específico: el 57 % del superávit promocionado. Tuit relacionado:

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