QUIEREN LA CHANCHA, LOS 20 Y LA MÁQUINA DE HACER CHORIZOS

O "La levantan con pala, pero igual lloran miseria" (cualquiera de los dos) debería ser el título de ésta nota de La Nación sobre los informes que algunas de las principales multinacionales que operan en el país envían a sus accionistas a través de la SEC; el equivalente yanqui de la Comisión Nacional de Valores. 

Las ventas aumentan, los negocios les van bárbaro (incluso sobre la media de los países "serios"), peeeero "experimentan sentimientos encontrados" y "no logran superar la persistente sensación de incomodidad" que les provoca el gobierno.

Habrá que mandarlos a hacer terapia entonces, a ver si se recomponen.

Porque incluso leyendo el artículo surge que uno de los problemas que los preocupa es la inflación, como si ellos no fueran formadores de precios y no tuvieran nada que decir al respecto, o hasta se contradicen: General Motors dice que les va bien, justamente porque aumentan los precios.

Aunque ganan plata a carradas, se quejan por el cepo cambiario, sobre todo en cuanto les restringe la posibilidad de repatriar utilidades a sus casas matrices, que en algunos casos no la están pasando muy bien que digamos; aunque nos quieren dar todo el tiempo a nosotros lecciones de qué hacer para salir de la crisis.

Y resulta que también nos cuenta la nota que nuestra economía les interesa cada vez más a los que operan ya en el país, pero menos a los que no lo hacen, ¿por qué será che, que los que están acá no se quieren ir, pese a "la sensación de incomodidad"?

Lo interesante debe ser ver como se reflejan esa sensación y los "sentimientos encontrados" en los balances de las compañías, y en la cotización de las acciones en las bolsas del exterior.   

OBVIA ACLARACIÓN

Cucháme, ¿a quién se le pudo haber pasado por la cabeza que el documento de los obispos era para pegarle al gobierno, la semana previa al 7D?

Por favor viejo, tenemos que dejarnos de ser suspicaces por lo menos por dos años, si queremos salir adelante.

Lo que sí le erramos en lo que dijimos acá: "aunque con la ambigüedad que habitualmente los caracteriza seguramente hoy saldrán a decir que señalan conceptos generales, y no referidos a ningún sector en particular."

No salieron en el mismo día como pensábamos, se tomaron tres. 

ROBERTO CACHANOSKY, EL ASTRÓLOGO ECONOMISTA Y SUS PREDICCIONES ALTERADAS.

                               

                                                      Por A.C.

Cachanosky, un economista extraordinario, lúcido, de una formación científica tan sólida, no podía haberse equivocado tanto a lo largo de estos años.

Aunque a veces se haga esperar, la verdad finalmente aflora y las cosas tienen su explicación. Entonces nos enteramos através de ésta nota de La Nación, que Roberto Cachanosky viene sufriendo el sistemático hackeo de sus notas.

Hay alguien que encarnizadamente, delictualmente, se dedica a modificar  su pensamiento, alterando sus publicaciones y haciéndole decir lo que en realidad nunca dijo.  Su profunda formación científica y su permanente conexión con los astros, no podían llevarlo a conclusiones tan equivocadas como las que se vienen publicando desde hace diez años.

¿Pero como se explica tanto desacierto, tanta profecía delirante, tanta catástrofe económica nunca cumplida? Es que Chantanosky no hizo jamás esos vaticinios apocalípticos. El nunca dijo lo que publicaban bajo su nombre. Lo hackeaban. “Me tomaron de punto", asegura en diario La Nación. Y cuenta que está creando una nueva página con códigos más seguros. Por fin. Se terminaron las falsificaciones de su contundente pensamiento económico, reconocido en todos los ámbitos de investigación y académicos del mundo.

Cuando en el año 2002, Chantanosky en su programa de TV por cable, se pronunciaba a favor de la dolarización de la economía, lo estaban hackeando. Mientras salía al aire su imagen, la voz no era la de él. El discurso era de otro. Se podía ver su boca moverse en la pantalla, pero el audio no le pertenecía. Otro hablaba por él.

Y el que hablaba era una persona que ignoraba los más elementales conceptos de la economía, porque en la realidad del año 2002 y luego del estallido de la convertibilidad, hablar a favor de la dolarización, era un planteo que solamente un desequilibrado podía hacer. La recuperación y el crecimiento económico récord de Argentina a partir del año 2003, mediante la pesificación de la economía, la generación de millones de puestos de trabajo, el fortalecimiento del mercado interno, la producción y el consumo, demuestran que el camino correcto, era el que indicaba Chantanosky, aunque su voz no pudo escucharse.

En abril de 2004 y en La Nación, se publicaba que Chantanosky decía que "el riesgo país son los Kirchner", y cuando se negociaba la quita de la deuda externa, decía que es posible que el canje de deuda tenga éxito, no por virtudes propias sino por lo voluble de los "apostadores" financieros que igual apostarán por Argentina, como quien pone unas fichas en el casino."

En realidad lo que declaraba es que “el acierto del país son los Kirchner, y es imposible que el canje de la deuda no tenga éxito, por virtudes propias, no por lo voluble de los apostadores financieros, que aceptarán la propuesta Argentina, pero no como quien pone una fichas en el casino ".

Unos meses después, la aceptación de los acreedores de una quita de la deuda superior al 60% y la ampliación de los plazos de pago a 30 años, demostraban que Chantanosky no se había equivocado.

Ese mismo año 2004, pero en el mes de octubre , en HACER (Hispanic American Center Economic Research) se publicaban  sus supuestas declaraciones relativas a la inversión en Argentina:  "La incertidumbre política y económica está frenando los procesos de inversión, que son los únicos que realmente pueden hacer crecer a un país." 

Pero en realidad, el había declarado que  "La certidumbre política y económica está acelerando los procesos de inversión, que son los únicos que realmente pueden hacer crecer a un país."

Y con el tiempo se confirmó su acertado diagnóstico, ya que la inversión creció sostenidamente desde el año 2004, y para el año 2010, alcanzó los 93.777 millones de pesos, y representó el 23,5 por ciento del PBI, el mayor registro de la historia sobre un producto que creció más de un 80 por ciento desde 2003.

Para Junio del año 2008, La Nación publicaba otra nota hackeada, con el título "Olor a 2001". 

Allí le hacían decir a Chantanosky que  "el gobierno utiliza una tecnología tipo KGB para intentar contener la suba del dólar. (...) lo que hay es una fuerte y creciente desconfianza hacia un gobierno que, además de perder la confianza de la gente en su gestión, ha metido a la Argentina en una situación económica que, por momentos, tiene olor a 2001." En realidad, Chantanosky nunca tuvo ese enfoque apocalíptico y golpista, porque decir olor a 2001, sería alentar la caída de un gobierno. Lo que ocurre, es que el hacker volvió a modificar su pensamiento en el camino del mail a la dirección del diario.

En realidad, Chantanosky puso como título “El dolor del 2001” y  expresaba lo siguiente: “el gobierno utiliza una tecnología de tipo KGB (Kambio Generador de Beneficios) para contener la suba artificial del dólar. (...) lo que hay es una fuerte y creciente confianza hacia un gobierno que, además de haberse ganado la confianza de la gente en su gestión, ha metido a la Argentina en una situación económica que, por cierto, borró el dolor del 2001."   Otro acertado análisis.

También en Junio de 2008, fue hackeado en su página web “Economía para todos”. Allí se podía leer que “ La crisis económica ya está desatada y la que viene en poco tiempo más puede llegar a ser de una virulencia inusitada.”

Esta vez no se modificó el texto, sino que el hacker eliminó  la ilustración de la nota, que era un mapa de Europa Central, ya que Chantanosky, esta vez no hablaba de Argentina, sino de la virulenta crisis europea a consecuencia de la explosión de la burbuja inmobiliaria, de los activos tóxicos, de las hipotecas subprime, cuyos efectos siguen hasta hoy. Tampoco se equivocó Chantanosky con la virulencia inusitada de la crisis europea.

  

Y ya en febrero de 2010, vuelve a ser víctima del hacker en su página “Economía para todos”.

Con el título “Bienvenidos los nuevos anti K, pero el mal ya está hecho” aparece esta nota donde Chantanosky supuestamente sostiene que  "El serio problema que tenemos en Argentina es el concepto de orden jurídico que debe imperar. Pareciera ser que el concepto que predomina es que está bien que por ley se les quite el fruto del trabajo a unos para dárselo a otros que no lo merecen. Ese progresismo que fomenta la haraganería, el robo legalizado e implementar el populismo más exacerbado. Este progresismo nos lleva a tener un orden jurídico que nos conduce a una permanente decadencia."

Pero en realidad, Chantanosky expresaba que “"El serio dilema  que tenemos en Argentina es el concepto de orden jurídico que debe imperar en el futuro. Pareciera ser que el concepto que predominará, es que por ley se les quite el capital que se mantiene improductivo a unos para dárselo a otros que lo merecen y lo trabajen. Ese progresismo que combate la haraganería especulativa, el robo legalizado e implementa la justicia más exacerbada. Este progresismo nos lleva a tener un orden jurídico que nos conduce a un permanente crecimiento."

Indiscutiblemente, se trata de un economista con una profunda visión social.

Y vamos a su última nota hackeada (pero felizmente recuperada en su original para la felicidad de la comunidad internacional de economistas) titulada  “¿Compraría usted acciones de empresas manejadas por La Cámpora?” , donde otra vez demuestra su verdadera y lúcida visión de la economía argentina, y un profundo conocimiento del mercado bursátil.

Dice Chantanosky que  “En general la bolsa opera, en acciones, unos $ 30 millones diarios, al tipo de cambio verdadero, menos de U$S 5 millones por día. Una cadena de fast- food seguramente factura más por día que el volumen operado en acciones en la bolsa”.

Justamente por eso, porque existe una bolsa raquítica en relación al volúmen de la  economía argentina, se modificó la Ley 17.811. Porque como se analizara en ésta nota, el mercado bursátil debe acompañar la marcha de la economía, sirviendo como fuente de captación de recursos para las inversiones productivas y adaptarse a una economía que creció desde el 2003 a la fecha a tasas altísimas, mientras el mercado bursátil es cada vez más pequeño.

Hasta los propios integrantes de un mercado elitista lo reconocen:

“El mercado local está con respirador artificial”. La plaza local tiene cada vez menos liquidez, menor cantidad de participantes y menos profundidad.  “El proyecto abre el juego a nuevos participantes y es mejor que el mercado se abra porque beneficia a todos”, señalaba hace unos días Federico Fiscella, administrador de carteras de la sociedad de Bolsa Rosental.

Por eso la alternativa que plantea el Gobierno Nacional a través de la nueva ley de capitales, es una apuesta fuerte e inteligente. Aunque el hecho que Chantanosky, que jamás falla un pronóstico, no esté de acuerdo y vaticine su fracaso , es preocupante.

EL SÍNDROME PERSECUTORIO ES CONTAGIOSO

Otro que viene con el asunto de la intervención, para hacerse la víctima, como éstos otros:

¿Será una moda, o una excusa para sacarse de encima el gobierno porque no saben para dónde agarrar?

Lo único que falta es que se prenda Macri, y cartón lleno.

¿SALE UNA PRÓRROGA DE CAUTELAR CON FRITAS, ANTES DEL 7D?

Ojalá nos equivoquemos, pero se viene dando lo que anticipábamos acá: el Grupo tiene todas las fichas puestas en obtener una nueva cautelar antes del 7D, para lo cual cuenta con el concurso decisivo de la mayor parte de los camaristas del fuero civil y comercial. 

Y al igual que el artículo que comentábamos ayer, en éste caso Clarín deja que sea su socio en Expoagro y Papel Prensa el que explique los verdaderos alcances de la estrategia que sigue:

A ver si se entiende: rechazadas las recusación del Estado nacional contra Antelo y Guarinoni, estos integran la Cámara Civil y Comercial que debe analizar el pedido de Clarín de prórroga de la cautelar; y en esa condición deben resolver todas las demás excusaciones, entre ellas las de De Las Carreras (por el viaje pago a Miami) y Recondo, entre otros.

Guarinoni se excusó por " razones de decoro", pero los camaristas le rechazaron la excusación; y lo que adujo fue (adivinen): sí, que a él también le pagó el viaje Cablevisión al congreso de Miami, y por ende le comprendía la causal.

Justamente lo que no dice ninguna de las dos notas es que la jueza Najurieta votó en disidencia, entendiendo que debía apartarse a Guarinoni por su excusación, por esa razón.

O sea que un juez que quiso apartarse de la causa porque le pagaron el viaje a Miami, junto con otra que entendió que había que dejarlo excusarse, resolverán la recusación (pedido de apartamiento de la causa) de De Las Carreras, por haber ido a Miami con todo pago por Cablevisión: ¿adivinan el resultado?

Y De Las Carreras (si zafa de la recusación), que no entendió indecoroso seguir interviniendo en un juicio promovido por una empresa que le pagó un viaje al exterior all inclusive, deberá resolver en el reclamo de esa empresa para que le otorguen una nueva cautelar; y no cumplir con la ley de medios, otra vez: ¿adivinan el resultado?

Si hasta uno se puede imaginar una cautelar sacada a las dos o tres de la madrugada del 7D (después de todo, la Corte habilitó días y horas inhábiles para tramitar estas causas), con una vigencia ¿por cuánto, como decíamos ayer: hasta que el juez Alfonso se expida en la causa principal sobre el fondo de la cuestión, otros 36 meses, quien da más?

Y después el problema de la justicia argentina es Oyarbide.

Ojalá nos equivoquemos, nunca vamos a estar más contentos de reconocerlo. 

LAS SEÑALES DE LA CORTE Y EL ROL POLÍTICO DE LA JUSTICIA

Por Raúl Degrossi

Hace poco más de un mes en ésta entrada reflexionaba yo sobre el rol político que cumple la justicia en la sociedad, que suele pasar desapercibido hasta que nos topamos con causas emblemáticas en las que luce más nítido, como puede ser el de la constitucionalidad de la ley de medios cuestionada por el Grupo Clarín.

Decía entonces que la naturaleza no democrática del Poder Judicial "no implica que sea por completo inmune a los climas sociales y los vaivenes políticos: por el contrario, los jueces suelen ser finos intérpretes de sus variaciones, no tanto para adaptarse a las demandas sociales, como para evaluar en que medida su acción los pone en condiciones de pervivir y perdurar, o conservar sus privilegios."

Y esa condición es particularmente perceptible en el caso de la Corte, tribunal político por definición; tanto que es cabeza de un Poder del Estado, y que su presidente integra la línea de sucesión constitucional del presidente de la República en caso de acefalía, al menos hasta que el Congreso designe reemplazante.

La Corte en su actual composición y en especial su presidente Lorenzetti, han subrayado ese rol político,  aunque con la presunta idea de afirmar hacia afuera su imagen de independencia, e impermeabilidad a las presiones.

En ese contexto, cada vez que le tocó resolver una causa espinosa (como las vinculadas a la aplicación de la ley de medios) como pasó con su última resolución sobre el pedido de Clarín de ampliar la vigencia de la cautelar que lo inhibe de cumplir con el artículo 161 de la LSCA (en el que además fue dando en cuotas su opinión, para medir la repercusión en los medios), buscó otros casos a la mano para mandar mensajes subliminales, sin tener que decir lo  que quería decir concretamente en la propia causa complicada.  

Y eso fue lo que pasó con el fallo al que refiere la imagen que encabeza el post, al pueden acceder completo acá; y que ha sido comentado en extenso sobre sus aspectos técnicos acá por Gustavo Arballo en su blog.

Fallo que se mete con un tema harto espinoso y discutido, como es que los jueces puedan declarar en un pleito la inconstitucionalidad de una norma estatal (ley, decreto del Poder ejecutivo, ordenanza municipal, la que fuera); aunque no haya sido planteada por las partes de la causa.

El fallo aclara algo obvio: aun pudiendo declarar de oficio la inconstitucionalidad de una norma, los jueces requieren de una "causa" (es decir un litigio entre dos partes con intereses contrapuestos) para fallar, y esa norma que invalidan por inconstitucional debe ser decisiva para decidirla.

Y al control de constitucionalidad de oficio, le añade el de convencionalidad: es decir que lo mismo que pueden hacer los jueces con  la norma constitucional (controlar de oficio si no vulnerada por una norma inferior), lo pueden hacer con los tratados y pactos internacionales sobre derechos humanos en los que la Argentina es parte, y que han sido incorporados a la Constitución por la reforma de 1994.

Dicho así, en el marco de un sistema difuso de control judicial de constitucionalidad como el argentino, pareciera una prudente advertencia a los demás poderes del Estado para encuadrar sus normas dentro del molde de la Constitución; pero a poco de avanzar en la lectura del fallo, comienzan a aparecer las señales que envía para todos lados.

Precisamente al hablar del control de convencionalidad de oficio, cita el fallo de la Corte Interamericana del año pasado, condenando al Estado argentino por haber violado la libertad de expresión; cuando Menem demandó a Fontevecchia y D'Amico por haber publicado en la revista Noticias su vínculo con Marta Meza y su hijo Carlos Nair, y los tribunales argentinos los condenaron en sede civil.

En esa causa secundaron a los periodistas condenados Horacio Verbitsky y Damián Loretti, ambos integrantes del CELS, el último partícipe importante en la redacción de la ley de medios: igual que sucedió hace unos días con los periodistas denunciados penalmente por Clarín, por supuesta coacción agravada e incitación a la violencia pública; en otro atentado contra la libertad de expresión: ¿una señal de lo que entiende por amenaza a la libertad de expresión, uno de los puntos alegados -y no probado- por Clarín cuando impugna la constitucionalidad de la ley de medios?

O también una advertencia de que el Pacto de San José de Costa Rica protege los derechos humanos de las personas (en ése caso Fontevecchia y D'Amico en su condición de periodistas), no los de las empresas; por ejemplo los multimedios, cuando hay sospechas de que la denuncia del Grupo Clarín contra los periodistas no es más que parte de una operación para preparar una eventual demanda contra el Estado argentino en la CIDH por denegación de justicia, por la causa de la ley de medios.   

Y hablando de la ley de medios: algunos piensan que otra señal del fallo está dirigida al juez Alfonso, que debe resolver la causa principal de la inconstitucionalidad de algunos artículos; diciéndole que a la hora de analizarla no se ciña a los artículos que cuestiona Clarín, lo que puede ser cierto, pero a condición que se lo matice: esos eventuales "otros artículos" deben tener que ver directamente con la resolución del meollo del asunto, que son las normas desmonopolizadoras de la ley.

Lo que parece más ajustado es suponer que la Corte podría estarle indicando implícitamente a Alfonso y a todos los demás jueces, que a la hora de analizar la inconstitucionalidad de una norma, no se ciñan exclusivamente a los argumentos aportados por las partes: ¿una forma de darle una manito a la floja presentación de Clarín sobre la libertad de expresión, un medio para fortalecer un eventual fallo -a favor o en contra de la ley- con argumentos que no impliquen tomar decididamente partido por ninguno de los litigantes?

El fallo refiere al reclamo de indemnización de un ex conscripto por lesiones sufridas durante el servicio militar obligatorio, y se cuestiona la constitucionalidad del régimen tarifado de reparaciones establecido por la Ley 19.101 del personal militar; y la Corte (al igual que los otros tribunales que intervinieron antes en la causa) cita expresamente su fallo en "Aquino" (2004), cuando declaró la inconstitucionalidad del hoy derogado artículo 39 inciso 1) de la Ley 24.557 de riesgos del trabajo.

Y concluye en que los sistemas "tarifados" de indemnización de daños son constitucionales en la medida que no generen reparaciones irrisorias económicamente, porque el principio de reparación integral que fijan los artículos 1109 y 1113 del Código Civil, tiene riagambre en la Constitución y los pactos internacionales de derechos humanos: acá la señal hacia las reformas recientemente sancionadas a la ley de ART (sobre la que todavía no tuvo que expedirse en ninguna causa) son más que evidentes; y está abriendo el paraguas, por las dudas.

Arballo anota además en su blog que en éste fallo la Corte ataca los cambios que introdujo el Poder Ejecutivo en el anteproyecto de unificación de los Códigos Civil y Comercial  elaborado por la comisión presidida por Lorenzetti en el texto de los artículos 1764 a 1766, que refieren a la responsabilidad del Estado; sacándolos de la regulación civil, para remitirlos a la propia del derecho administrativo, sea federal o local (provincial o municipal).

Es muy probable, tanto como que el asunto de la responsabilidad del Estado por sus actos y omisiones es uno de los más espinosos para ser abordados por el derecho y uno de los más fructíferos para la llamada industria del juicio. Más, pero muchísimo más incluso que los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y sólo comparable en su magnitud a las demandas previsionales.

Que además involucra tanto la responsabilidad generada para el Estado por su obrar ilícito o ilegítimo, o por su omisión de obrar (todos pensamos allí en la tragedia de Once), como por su obrar legítimo y conforme a la ley; como por ejemplo (uno que se me ocurre al pasar), cuando dicta una ley desmonopolizando una determinada actividad económica, y eso genera perjuicios económicos a un grupo empresario, Clarín ponéle. 

Hasta el voto del juez Fayt, con sus propios fundamentos (no compartidos por los demás), trae señales: al convalidar la decisión de mandar a indemnizar al ex conscripto siguiendo las normas de reparación integral del Código Civil, hace hincapié en que, como ya se derogó hace años el servicio militar obligatorio, el Estado no debe temer una catarata de reclamos similares, que lo obliguen a desembolsar millonarias sumas de dinero que comprometan sus finanzas: un argumento jurídicamente inexistente, pero con peso económico en otros supuestos.

Porque es imposible (al menos para mí) no relacionarlo con los reclamos de los jubilados por el reajuste de haberes y el 82 % móvil: es como si el viejito nos estuviera diciendo (cual Nazareno a Néstor Kirchner) "ojo que los jubilados tienen razón al reclamar, pero no lo decimos abiertamente y pedaleamos los juicios, porque si no se pudre todo".

Por si a alguno le quedaba alguna duda de que éste fallo fue sacado de la Corte de un cajón polvoriento para enviar un mensaje político, veamos que corresponde a una demanda iniciada antes de 1994 (hace 18 años), y estaba a fallo del tribunal desde diciembre de 2007, cuando había dictaminado el Procurador General.

Y lo resolvió cinco años más tarde, el mismo día que le pidió al juez Alfonso que se apure a resolver la causa de Clarín por la ley de medios, habilitando días y horas inhábiles si hiciera falta. 

DE ESTO HABLABA CRISTINA

Cuando puso en funciones a Martín Sabatella al frente de la AFSCA, decía Cristina que había que prepararse para la cosas estrambóticas que se verían, leerían y oirían en los medios de cara al 7D; y ésta nota de Clarín de hoy sobre el año legislativo en el Congreso nacional es un buen ejemplo.

La nota está a tono con otros disparates publicados por el mismo diario, siempre con la letra que le aportan esas ONG que se creen las dueñas de la democracia (como Poder Ciudadano, por ejemplo, presidida por su abogado Wortman Jofré, el denunciador de periodistas).

Como por ejemplo ésta; en la que impugnaban los gastos del Congreso, ésta otra en la que decían todo lo contrario de lo que dicen hoy: les preocupaba entonces el "ritmo frenético" que el gobierno le imponía a la labor legislativa; y finalmente ésta, en la que -ahora sí en línea con lo que dicen hoy- vuelven sobre el remanido asunto de "la escribanía del Poder Ejecutivo".

Una auténtica estupidez, como si fuera racional que un gobierno que ha ganado en las urnas como lo hizo Cristina, debería adoptar en su política legislativa la agenda de la oposición, que perdió las elecciones por paliza; o que los legisladores oficialistas no voten los proyectos que impulsa el Ejecutivo: no hay Congreso o parlamento en el mundo que funcione del modo que lo plantea Clarín y las "ONG", como en éste caso Directorio Legislativo.

Invitamos a releer los post anteriores, para analizar que el taradismo conceptual de Clarín en estos asuntos es una constante, acelerado ahora por la inminencia del 7D.  

Pero vayamos a la nota de hoy, para advertir que Clarín parte de un preconcepto fundamental: todo proyecto que proponga el gobierno y sea sancionado porque cuenta con mayoría parlamentaria, será perverso, perseguirá un fin oculto o una intención aviesa o criminal; y por ende debe ser descalificado, o eliminado de la lista de temas "potables" a ser tratados por el Congreso.

Aunque se trate de recuperar el manejo de YPF para el Estado nacional (al parecer era mejor dejarla en manos de Repsol), poner al BCRA al servicio de la economía real (¿sería mejor dejárselo a los banqueros, y como financiador de la fuga de capitales?), conceder el voto a los jóvenes de 16 a 18 años (que significa ampliar derechos, sin garantía de como los ejercerán sus beneficiarios), transferirle al gobierno porteño los subtes (para terminar con una histórica distorsión en el manejo de los recursos del Estado) o regular los mercados de valores y de capitales, algo que hacen todos los países del mundo a los que ellos mismos consideran "serios".

Obsérvese que toma nota Clarín de que se pospuso para el año próximo la aprobación de la reforma de los Códigos Civil y de Comercio (a la que, para variar, tilda de "polémica") "por falta de acuerdos"; cuando antes cuestionó que el gobierno impulsara su propia agenda sin tener en cuenta ni a la oposición, ni a "la sociedad"; es decir, jamás habrá poronga que les venga bien.

Incluso al listar los proyectos referidos a temas de "interés social" presuntamente obstruidos por el oficialismo haciendo valer su mayoría, menciona la despenalización del aborto y del consumo de drogas: dos cuestiones que no avanzan, justamente, porque no hay consenso social al respecto; y porque las opiniones sobre ambos temas dividen transversalmente a todos los bloques legislativos, de modo tal que hay legisladores a favor y en contra de ambos proyectos, tanto en el oficialismo como en la oposición.

Y es muy curioso también que le peguen al kirchnerismo por no dar cabida en la agenda legislativa a los reclamos sociales, cuando por ejemplo fue el proceso político que consagró el matrimonio igualitario (recogiendo un reclamo social, pero ponderando el momento en que entendió que había consenso social al respecto); o la ley de medios, dándole respaldo político a la lucha de la Coalición por una Radiodifusión Democrática; esa misma ley que Clarín resiste con uñas y dientes, con total desprecio por esos sectores sociales que la impulsaron. Ni hablar de la trata de personas, que fue regulada como delito justamente en el primer gobierno de Cristina.

Otro tanto se puede decir de la boleta única: lejos de ser un reclamo social, es un planteo de ciertos sectores de la política (algunos ya arrepentidos del experimento, como le pasa al socialismo acá en Santa Fe) y de las mismas ONG que miran con lupa al Congreso, generosamente esponsoreadas por empresas y grupos económicos privados.

El kirchnerismo no la impulsará porque la propia Cristina dijo claramente que está en contra, y tiene todo su derecho a hacerlo, porque además no es cierto que evite el fraude electoral (ese fantasma que siempre agitan los que pierden elecciones, sin aportar jamás una prueba) y sí que destruye a los partidos políticos, privilegiando a los candidatos por encima de las fuerzas estructuradas; como pasó acá en Santa Fe con Miguel Del Sel; y termina afectando la gobernabilidad.

Siendo además que fue este mismo proceso político el que (sin contar con el apoyo de la mayoría de los opositores) sancionó en el 2009 una reforma política que estableció las PASO, modificó las reglas para el financiamiento de los partidos y sus campañas electorales, estableció la asignación igualitaria y gratuita de los espacios publicitarios y fijó requisitos más rigurosos para obtener y conservar la personería electoral; todas reformas mucho más importantes desde el punto de vista de la transparencia, la democratización y la equidad de los procesos electorales, que la boleta única.

Y hablando de derechos y temas puestos en el interés de la agenda social: ¿quién define los temas de interés social, el diario Clarín, Greenpeace, Poder Ciudadano?

Porque en éste mismo período legislativo (y según fue detallado acá) se aprobaron el nuevo régimen nacional del trabajo agrario, la ley de tierras, la muerte digna, la identidad de género, la ley de la música, el mecanismo institucional de prevención de la tortura y tuvo media sanción el régimen laboral del personal de casas de familia.

Hay en todos estos análisis sobre la labor del Congreso (además de muestras explícitas del estrambotismo mediático del que hablaba Cristina) una idea bastante pavota de como funciona la representación política en las sociedades modernas, muy propia de los 90'; y que consistiría en que la agenda pública es fijada desde fuera de la política y los partidos, por grupos o entidades presuntamente asépticos o incontaminados por las visiones ideológicas, pero que además no tienen que hacerse cargo de los problemas cotidianos de gestionar el Estado; como si eso no fuese también una responsabilidad primordial de la política.