LA FRASE

"ME COMUNIQUÉ CON EL EMBAJADOR LAMELAS PARA TRANSMITIRLE TRANQUILIDAD EN CUANTO A QUE LA LEY DE DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL NO ALUDE A ESTADOS UNIDOS CUANDO HABLA DE "INTERFERENCIA DE POTENCIAS EXTRANJERAS"." (PABLO QUIRNO)

sábado, 4 de abril de 2020

ALLANAN DIARIO EN BUSCA DE PERIODISMO, Y NO LO ENCUENTRAN


"Es el modelo que emplean Edenor y Edesur en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Conurbano de esa provincia. Reducir costos mediante empresas de servicios que hacen una parte de las tareas que -hasta los ’90- estaban en manos de los trabajadores de la propia distribuidora de energía. Todo cambió después que Segba se vendiera, como otras empresas del país." (Recordatorio histórico. Veremos más adelante como juntamos esto con el título catástrofe y la ley de necesidad pública, si es que en algún momento se juntan)

"En Santa Fe, por aquellos años, se vendió el banco estatal, el agua potable y las cloacas, y se concesionó por primera vez la autopista. Con la EPE lo intentaron, pero se interpuso la crisis de 2001 y no pudieron privatizarla." (Ajá. Tan cierto como que desde entonces el socialismo privatizó el banco tres veces -una cuando ya estaba electo Perotti- , Aguas fue reestatizada por Obeid en 2006 creando ASSA, y el socialismo no solo mantuvo la autopista en manos privadas, sino que la volvió a concesionar tres veces más, la última a un fideicomiso manejado por el Banco Municipal de Rosario. Y Perotti esta misma semana la "reestatizó" dándosela a Vialidad, para luego pasarla a una sociedad cuyo capital sea 100 % del Estado e intransferible)

"La aprobación de la Ley de Necesidad Pública, además de crear facultades extraordinarias que tienen finalidades específicas sobre diversas materias, parece capaz de generar -junto a un contexto económico recesivo extremo por la pandemia y la cuarentena- unas condiciones favorables para que en la EPE se inicien las tercerizaciones." (O sea, las facultades son específicas, pero en el caso de la EPE solo "parecen" crear las condiciones para vaya uno a saber que, es decir que taaaan específicas no son. Ponéte de acuerdo. Igual, transcribimos -en desmedro de la brevedad- la parte pertinente del artículo 6 de la Ley 10014 que habla de las facultades de la empresa, como ente autárquico que es: "Para el cumplimiento de sus cometidos, la Empresa tiene las siguientes atribuciones y deberes: t) Aplicar los convenios colectivos y las normas laborales que regulen la actividad de los agentes de la Empresa. v) Contratar temporariamente profesionales de reconocida capacidad fijándoles sus retribuciones o los honorarios correspondientes. Celebrar directamente también contratos de trabajo a plazo fijo, de temporada y eventual de acuerdo con las necesidades de la Empresa, en un todo de acuerdo con los Convenios Colectivos.")

"La distribución del ingreso, además de depender de la productividad, obedece a la relación de fuerzas entre quienes quieren ganar más y quienes lograrán pagarles menos." (Acá estás hablando claramente por experiencia laboral propia, de años en El Litoral. Aprovechá que con tal de pegarle a Perotti, Nahuel admite hasta dosis moderadas de trostskismo en las notas, o ni las lee o no pasa de los titulares. De lo contrario correría riesgo tu empleo) 

"La contratación de terceros, cuando se convierte en una situación constante, es tercerización. No se trata de una relación esporádica, sino sistemática. Lo que antes hacían algunos dentro de una empresa ahora lo resuelven otros, desde afuera, bajo otros convenios-ley que, obviamente, no tienen el mismo sueldo." (Sigue hablando la experiencia personal. ¿Estamos acaso ante un reclamo laboral encubierto a la patronal? Para pensar, argentinos. Si es así, vaya nuestra total solidaridad desde acá) 

 Al sistema lo trajo al país el menemismo y lo admitió todo el posmenemismo: No lo alteró el kirchnerismo y el macrismo buscó llevarlo a todas las relaciones laborales posibles, reforma mediante, finalmente frustrada (a piedrazos) en diciembre de 2017." (Error: los piedrazos -en respuesta a la represión policial- fueron frente a la reforma previsional, la laboral jamás llegó a ser tratada, y eso que éste diario pedía que la aprueben, porque estaba de acuerdo. Pero eran otros tiempos. Igual, el artículo 22 de la Ley 10014 Estatuto Orgánico de la EPE dice lo siguiente: "La vinculación de todo el personal con la Empresa es de empleo público, no obstante ello, el contenido de dicha relación se regulará por los Convenios Colectivos de Trabajo o por las Normas Laborales cuya aplicación disponga el Poder Ejecutivo, o en su defecto por el régimen que establezca la misma Empresa, acordándose con las organizaciones gremiales del sector, cualquiera sea el caso del que se trate.". O sea, así el gobernador quisiera pagar sumas en negro al personal -en cuyo caso ya no sería "tercerización"- necesita que los sindicatos estén de acuerdo)

"Las privatizaciones del reutemanismo no llegaron a la EPE, en parte, por la oposición gremial que aquí despertaba. No fueron pocas sus duras manifestaciones y se recuerda especialmente una frente a la Legislatura en diciembre de 1999, cuando bajo fuego constante de bombas de estruendo y en medio de un apagón se aprobó la ley para su traspaso al sector privado. A diferencia de la conducción nacional de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza de aquellos años, que no sólo convalidó la venta de los activos, sino que de paso- se compró varias usinas térmicas viejas en un proceso licitatorio doblemente memorable, los gremios de Santa Fe no aceptaron esa decisión." (Bien por ellos, y bien también por el gobierno de Obeid que en el 2006 hizo aprobar la Ley 12700, que derogó la ley de privatización de Reutemann. En cambio Lifschitz trató de convertirla en sociedad anónima, con la facultad de asociarse con privados para prestar servicios o ejecutar obras, creando un régimen propio a esos fines. Seguimos esperando la parte en la que todo esto encastra con Perotti, la ley de necesidad pública y los "superpoderes")

"Ahora, con sueldos que están muy por encima de la media del sector público provincial, en medio de una fuerte crisis económica, no van a ser pocos los que señalen esa situación. Quienes conocen la realidad de la Empresa Provincial de la Energía saben que, además de trabajos en cuadrillas de calle que pueden hacer manos inexpertas (siempre que no haya que lidiar con instalaciones eléctricas en funcionamiento), la EPE tiene otros rubros tercerizables." (Sí, como los que asumió el Sindicato de Luz y Fuerza con su cooperativa fundada en 1999, Serviluz. Cooperativa que presta servicios tercerizados a la EPE compitiendo con los costos de la empresa, porque a sus empleados no les paga los sueldos del convenio colectivo de los empleados de la EPE. Ver video relacionado al final del post) 

"En Córdoba, un espejo al que el gobierno santafesino actual suele mirar, el centro del conflicto que mantuvieron en los dos últimos años el gobierno justicialista de Juan Schiaretti y Luz y Fuerza de Córdoba fue por aspectos del convenio laboral que -en principio- aquí fueron flexibilizados hace tiempo." (¡Pará, pará, pará!: ¿vos decís que ya hubo flexibilización laboral en la EPE? ¿Y cuando fue eso, que dijeron los sindicatos, se opusieron o estuvieron de acuerdo, estaba Perotti? ¿No habrá sido con el socialismo, no? Porque nos hubiéramos enterado por el diario. Ah, no, pará...)

"Pero de la realidad mediterránea se observa un diagnóstico, y un plan de cambios, respecto de sus sistemas administrativos y de gestión de recursos humanos que no requieren modificaciones legales de fondo para ser implementados. A esa áreas “blandas” o “de cuello duro” de la empresa podría apuntarse en Santa Fe, con las tercerizaciones. La cobranza es una de las señaladas." (Señaladas, apuntadas y acertadas. Tanto es así, que el presupuesto de la EPE de este año -el que Lifschitz le armó a Perotti antes de que asuma- tiene partidas por $ 417.190.000, para pagar "Servicios comerciales"; y otros $ 162.550.000 en "Servicios técnicos y profesionales varios")   

"Una de las facultades que tiene ahora el Poder Ejecutivo Provincial es la de tomar una deuda por hasta 2.700 millones de pesos para “atender las deudas consolidadas al 31 de diciembre de 2019”. Más allá de que la cifra parece importante, se trata de una proporción muy menor respecto de los gastos de la EPE. En todo ese año el cálculo de sus erogaciones corrientes supera los 26 mil millones. Además, debe decirse que el gobierno actual comenzó su gestión el 11 de ese mes y que al terminar noviembre del año pasado, los informes oficiales de Cammesa dejan a la EPE con cero deuda. De todas formas, está claro que por la pandemia habrá una fuerte caída en la recaudación también en ese servicio." (¿Más del 10 % del presupuesto en deuda no te parece una cifra importante? Entre 2007 y 2019, o sea cuando gobernó el socialismo y aumentó las tarifas dos o tres veces por año, lo invertido en obras, maquinarias y equipo casi nunca llegó a ese porcentaje, ni de cerca. Sobre lo de la "deuda en cero", ver acá)

(Las negritas son nuestras, el original acá). Video relacionado, de periodismo insospechado de perottista o cosa por el estilo:



La inquietud que plantea el periodista (en 2011) sobre que ningún empleado de la EPE puede tener negocios o contratos con la empresa la solucionaron fácil: además de los contratos para la cobranza o la toma de medidores, a Serviluz le empezaron a dar obras públicas en otras áreas del Estado; a bocha.

Actualización: Solo entre 2013 y 2016 por decretos de los gobernadores de entonces (Bonfatti y Lifschitz), es decir sin contar obras otorgadas por entes autárquicos como Vialidad o Vivienda, o las empresas del Estado como la EPE o ASSA, a Serviluz le adjudicaron doce (12) obras, por un total de $ 48.118.764,70; entre ellas la "puesta en valor" de la Casa del Brigadier López.

viernes, 3 de abril de 2020

TWEETS POLÉMICOS

EL REY PAOLO


Por A.C.
No es un tema personal con un anciano rico, dueño de una fortuna inconmensurable. Si bien Forbes la estima en 8.000.000.000 millones de dólares, él y nosotros sabemos que esos 8 mil millones son solo la punta del iceberg. Es lo declarado, lo que se puede detectar impositivamente, pero todos sabemos que hay mucho, mucho más, sobre todo en el caso de éste rico anciano que ha dedicado su vida a generar enormes sumas para fugarlas a paraísos fiscales en los cuales además fija domicilo. Ayer en las Islas Caimán, hoy en Luxemburgo.
Luxemburgo, un país de 600.000 habitantes que posee 4 billones de dólares de Inversión Financiera Directa, una inversión financiera muy superior por ejemplo a un gigante como China, grandes recursos que recibe porque desde hace unos años se ha convertido en el principal paraíso fiscal utilizado por las empresas multinacionales para evadir el pago de impuestos.  Los 4 billones de dólares de inversión divididos por los 600.000 habitantes de Luxemburgo, representan 6.600.000 dólares por habitante, lo que resulta una ficción insostenible, un indisimulable puerto para piratas y delincuentes económicos. Y por eso allí está radicado el grupo económico del viejo Paolo. Pero ésto no se trata de un tema personal, sino de la conducta que exhibe en un momento límite como el que atravesamos, despidiendo empleados en medio de una situación social extrema.
De nada sirve el maquillaje de nombres con firmas reales y fantasmas, a nadie puede engañar.  Que San Faustin S.A. aparezca como sociedad controlante de Techint, y que a su vez San Faustin sea controlada por Roca & Partners, y que ésta última se diluya a través de una fundación privada creada bajo el derecho holandés con el nombre de Roca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faustin, nada cambia. Detrás –y adelante- siempre está el viejo Paolo, como de las millones de toneladas de acero y de los tubos sin costura a través de empresas como Ternium,Tenaris o Siderar, como de los casi 1.500 despidos dispuestos en medio de la pandemia.
Por eso no hablaremos ahora de Agostino Rocca, su abuelo, designado por Mussolini como director de la actividad metalúrgica del Estado italiano durante el fascismo, como tampoco de la llamativa muerte de su socio y hermano mayor, con quien lo unía una eterna enemistad.  Sin que ello implique olvidar, podemos postergar el análisis sobre la compra a precio vil de SOMISA pagando mucho menos de lo que la siderúrgica estatal tenía como stock de producción, o que varios miembros de su familia que le sirven de escudo fiscal, se acogieron por grandes cifras al blanqueo de capitales dispuesto por Macri.
A propósito del gobierno anterior, y esto sí es momento de plantearlo, solo durante el último año de gestión macrista, el holding del viejo Paolo recibió del Estado argentino más de 300 millones de dólares en subsidios.  Fuga de divisas, paraisos fiscales, oscuridad tributaria y beneficiado con enormes subsidios estatales. A cambio de ello, el viejo Paolo asume el papel de punta de lanza, porque se siente impune, para provocar al gobierno despidiendo trabajadores en el marco de una crisis local y mundial sin precedentes.
Basta de cuarentena, hay que normalizar la actividad económica sin importar los costos en vidas por el contagio del coronavirus. Ese es el claro mensaje del viejo Paolo, que actúa como si tuviera la inmunidad de un rey. No hay razonabilidad en la avaricia.
Por eso no es suficiente dictar una conciliación obligatoria. En un marco de emergencia sin precedentes como el actual, el Estado tiene facultades dentro del marco constitucional para disponer otro tipo de medidas, entre ellas, tomar a su cargo actividades económicas estratégicas, y el Estado argentino además, resulta accionista del grupo Techint a través del Fondo de Garantía de Anses.
La respuesta del gobierno se debe canalizar por el camino que en ésta situación de emergencia social y económica se presenta como necesario: la decisión de un Estado que asume los resortes estratégicos de la economía.  Si se utilizan los recursos legales que el Estado dispone, el rey Paolo deberá asumir que su poder económico no lo convierte en intocable, y que las necesidades del Estado tienen prioridad sobre los intereses empresarios. 

jueves, 2 de abril de 2020

TWEETS POLÉMICOS


SUPEROTTI


"1) EMERGENCIA ALIMENTARIA: $ 2.500 millones. El gobernador define el programa y dispone de fondos presupuestados, aportes de Rentas Generales, programas del Estado Nacional, fondos de organismos multilaterales o donaciones." (Claro, como cualquier programa del presupuesto que involucra a un organismo que depende del Poder Ejecutivo, como el Ministerio de Desarrollo Social. "El Gobernador de la Provincia...Hace recaudar y dispone la inversión de los recursos de la Provincia con arreglo a las leyes respectivas;", artículo 72 inciso 10) de la Constitución de la Provincia)

"2) PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS SANITARIAS: $ 2.500 millones. La Casa Gris dispone de fondos presupuestados; integra programas de atención y recuperación; accidentología y emergencias sanitarias. Coordina el ministerio de Salud, que podrá cobrar aranceles y tasas sobre la instalación de equipos médicos." (Vale lo mismo que para el punto anterior. Lo bueno sería que dispusiera de fondos no presupuestados. La ley para el cobro de aranceles es de 1967, lo que se hizo fue reajustar el valor. Si quieren que justo en éste momento los gastos diarios en salud los decida la Legislatura, avisen y pasamos a buscar los cadáveres)

"3) SUPERPODER EN MANOS DEL GOBERNADOR: Omar Perotti puede renegociar contratos que la provincia no paga y, si no hay acuerdo a satisfacción del PE, queda facultado a reprogramar plazos o rescindirlos. Incluye los contratos de organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado y de Unidades Ejecutoras encargadas de la gestión de programas con financiación proveniente de organismos multilaterales de crédito." (Puede renegociar contratos, lo de "no paga" no está en la ley, lo agregaron ustedes. Ley que dice "si no hay acuerdo de partes", no "a satisfacción del PE". Y la última vez que nos fijamos, los organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas y sociedad del Estado dependían del Poder Ejecutivo, no de la Legislatura. Porque son formas jurídicas de administrar, no de legislar)

"4) JUDICIAL Y LEGISLATIVO: las facultades de renegociación y rescisión de contratos son extendidas a los titulares de ambas Cámaras del Poder Legislativo, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia, en cuanto a las contrataciones públicas comprendidas en el ámbito de su competencia." (O sea que con esto Perotti, nada que ver. Son los otros Poderes. ¿O también se los cuentan a él?)

"5) MUNICIPIOS Y COMUNAS: los gobiernos locales que adhieran a las disposiciones de la ley de Necesidad podrán también renegociar y rescindir contratos." (Lo mismo que el punto anterior: nada que ver Perotti. Y si un intendente o presidente comunal no quiere "tener superpoderes", no adhiere y listo)

"6) MANEJO DEL DINERO PÚBLICO DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA. El Poder Ejecutivo puede disponer, durante el ejercicio presupuestario, la incorporación al Tesoro Provincial de los recursos afectados por leyes de orden provincial cuando éstos resultaren excedentes en relación al gasto ejecutado. Puede afectar “sobrantes” de años con excepción de los correspondientes a Cuentas Especiales de la finalidad Seguridad." (Si les parece mal que en épocas de vacas flacas se apele a usar recursos ociosos, que bueno que los que tengan que administrar la provincia no son ustedes. Igual, artículos así hay en casi todos los presupuestos, de todos los años, más o menos desde 1819)

"7) API Y CATASTRO: El gobernador podrán “adecuar” los procedimientos, normativas reglamentarias, estructuras, equipamiento y metodologías de los dos organismos. Queda habilitado a suscribir convenios con universidades y subcontratar, a través de ellas, asistencia técnica y gestión operativa. La norma no excluye prestadores privados." (No los excluye porque no los tiene que excluir: es muy clara en decir que lo habilita a firmar convenios con organismos públicos, como el Estado nacional, las Universidades nacionales, otras provincias o los municipios y comunas. Un curso de comprensión de textos no les vendría mal)

"8) REGULARICACIÓN DE DEUDAS NO TRIBUTARIAS: Se incluyen multas viales, de transporte, de comercio, ambientales y laborales; tasas de Enress o bromatológicas y aranceles fitosanitarios." (¿No será "regularización"? O sea, una moratoria, como las que se dictan casi todos los años. De hecho, actualmente está vigente la aprobada por la Ley 13976, sancionada por unanimidad en diciembre del año pasado) 

"9) RENEGOCIACIÓN DE CONTRATOS Y DEUDA FLOTANTE: $ 6.000 millones en deuda a 36 meses. La operación de crédito queda en manos del gobernador." (Claro, como cualquier operación de crédito, una vez que lo autorizó la Legislatura como lo disponen el artículo 55 inciso 12) de la Constitución Provincial y el artículo 63 de la Ley 12510. ¿Acaso ustedes conocen algún caso en el que la que haya salido a contratar los préstamos haya sido la Legislatura?)

"10) ENDEUDAMIENTO DE LA EPE: $ 2.700 millones. La operación de crédito queda bajo titularidad ejercida por el gobernador. Podrá ofrecer garantías de coparticipación." (En realidad el endeudamiento de la EPE ya es de ese monto, con CAMMESA, y lo dejó el socialismo. Y no, la deuda la toma la EPE, salvo que le exijan que la asuma el PE. La autorización del PE para que una empresa del Estado se endeude la establece el artículo 62 de la Ley 12510. Las garantías de la coparticipación se piden en cualquier endeudamiento, y por eso es necesaria una ley que las autorice: artículo 65 segundo párrafo de la Ley 12510)

"11) ENDEUDAMIENTO PARA RECONSTITUIR EL FUCO (Fondo Unificado de Cuentas Oficiales): $ 16 mil millones. Parte de los fondos pueden usarse para financiar el congelamiento de tarifas de luz y agua. Hasta $ 8 mil millones puede tomar el gobernador; el resto en dos cuotas iguales (junio y setiembre) si lo autoriza una comisión bicameral a crear." (O sea que, si además de la ley que exige la Constitución, la mitad del endeudamiento requiere de la aprobación de una comisión  bicameral de la Legislatura, no podemos hablar de "superpoderes". De todos modos, si el socialismo no hubiera vaciado el FUCO no sería necesario endeudarse para recomponerlo. Que estén en contra de congelar las tarifas, no se entiende, a menos que tengan pauta de las empresas)

"12) ASISTENCIA A MUNICIPIOS Y COMUNAS: $ 3.500 millones. Podrá “anticipar” la Casa Gis, que cobrará una tasa equivalente a la mitad de la tasa regulada activa del agente financiero del Estado. Municipios y Comunas pueden afectar a gastos corrientes el 25 % de lo que deberían usar en el denominado Fondo de Obras Menores. Los “tiempos” de la asistencia no los establece la ley; quedan a discreción de Perotti." (Mezclan peras con tornillos: los "anticipos" no están en ésta ley, sino en la Ley 10047, que es de 1986: los municipios y comunas los piden, y los devuelven con descuentos sobre la coparticipación, dentro del año. Salvo Rosario durante los gobiernos socialistas, que los devolvía cuando se le cantaba la chota, si los devolvía. Nunca ninguna ley estableció en que plazo había que otorgarlos, una vez pedidos, precisamente porque son discrecionales, no un "derecho" de las municipalidades y comunas)

"13) PROGRAMA DE EMERGENCIA EN SEGURIDAD: $ 1.000 millones. De rentas generales más aportes de tasas de revisión técnica vehicular y otros recursos varios. El ministerio de Seguridad queda facultado a convocar personal retirado, poner en disponibilidad personal activo, otorgar asignaciones no remunerativas, hacer compras de maquinarias y equipos." (El Ministerio puede poner en disponibilidad personal policial activo desde 1972 (Ley 6769), la facultad se mantiene con la Ley 12521 (2006). Incluso la Legislatura "podó" los artículos originales del proyecto del Ejecutivo, por los que el plazo de disponibilidad del personal policial antes de ser pasado a retiro se achicaba. De nuevo: ¿quién piensan que compra las maquinarias y equipos de la Policía como los patrulleros o el armamento: la Legislatura?)  

"14) LEY PARA ATENCIÓN DE PANDEMIA (se sancionó por unanimidad en la Cámara de Diputados): $ 15.000 millones. La deuda podrá ser contraída mediante las mecanismos y/o instrumentos financieros que el gobernador Omar Perotti “juzgue más apropiados oportunamente”. Con plazo de 1 a 10 años y tasa sin determinar. Con garantía de la coparticipación federal. $ 3 mil millones podrán ir a “gobiernos locales” para programas ante el Covid-19." (Si fue por unanimidad entonces nadie tuvo problemas con "superpoderes" o cosa por el estilo, además de que Perotti pidió autorización por 10.000 millones, y le dieron más: 15.000, de los cuales 3000 van a municipios y comunas. Sobre la garantía de coparticipación ver punto 10), y sobre la elección de los medios de financiamiento por el PE ver punto 9): ¿se imaginan la Legislatura discutiendo si es mejor un bono, un pagaré, una letra de cambio o un cheque de pago diferido?)

"15) AUTORIZACIÓN A MUNICIPIOS Y COMUNAS. La norma extiende hasta el 50 % del Fondo en obras para financiar gastos corrientes." (Como viene pasando todos los años, desde 2004. Incluso hubo años que la autorización fue del 100 %. Además de que lo pidieron el año pasado los intendentes y presidentes comunales de todos los partidos, y la Legislatura no les dio bola. Eso sin mencionar que nada tiene que ver este punto con Perotti, y los supuestos "superpoderes")

(Las negritas son nuestras, el original acá. Información de contexto para terminar de entender, acá.)

miércoles, 1 de abril de 2020

RESTÁLE UNA PRIVATIZACIÓN A PEROTTI


Ustedes son chicos y no se acuerdan, pero hace unos tres meses atrás, allá por diciembre del año pasado, cuando arrancó la discusión en la Legislatura provincial del primer proyecto de ley de emergencia que mandó Perotti, el socialismo (y los medios que le hacen coro) salieron a decir que quería "superpoderes" para -entre otras cosas- privatizar todo: el Laboratorio de Fármacos de Salud, la API, Catastro (todavía lo siguen diciendo) y hasta la Policía si lo dejaban. Buno, la Policía no porque a eso ya lo habían privatizado ellos, dándosela a los narcos.

Desde acá advertíamos que ese argumento (al igual que a la oposición a que el Poder Ejecutivo pudiera renegociar y rescindir contratos del Estado) era la política del tero: pegaban en un lado el grito, y en el otro escondían los huevos, que eran sus propios negocios con la patria contratista por un lado, y los estrictamente propios como los del Banco Municipal de Rosario, entre otros. Ver al respecto acá y acá también.  

Bueno, mientras tanto la ley iba y venía de una Cámara de la Legislatura a la otra, y pasaron cosas. Como que se venció la prórroga del fideicomiso de la autopista Santa Fe-Rosario que el socialismo le otorgó al Banco Municipal de Rosario a través de BMR Mandatos y Negocios S.A. en los últimos meses del mandato de Lifschitz, y Perotti decidió no renovarlo y que se haga cargo de la autopista Vialidad Provincial; como lo dispone el decreto cuyas imágenes ilustran el post. (Sobre el fideicomiso, ver acá) Decreto del cual vamos a destacar los párrafos más relevantes, a nuestro entender (las comillas son textual del decreto, las negritas nuestras). Así por ejemplo dice:

"Que conviene detenerse en este punto en particular, en tanto si bien pueden admitirse en abstracto las circunstancias de urgencia aducidas en el Decreto a partir del relato cronológico de los hechos que en él se hacen, el acto administrativo aparece incausado, alegando hechos no probados y en consecuencia, pasible de ser atacado por desviación de poder en la particular solución escogida para la tutela de los intereses públicos en juego;...Que, en efecto, del análisis del informe obrante en el Expediente N° 01801-0044494-9 y producido en fecha 21 de junio de 2017 por la Directora Provincial de Asuntos Jurídicos del entonces Ministerio de Infraestructura y Transporte, surgen una serie de consideraciones teóricas sobre las características generales de los diferentes formatos bajo los cuales podría resolverse la operación del corredor vial, pero sin profundizar en ningún caso en las razones por las cuáles uno u otro de ellos, serían inaplicables al caso; Que con el mismo carácter de afirmaciones dogmáticas sin mayor profundidad argumental o referencia puntual a la situación concreta de la Autopista, se termina sustentando en la citada opinión la solución escogida, es decir el fideicomiso, haciendo más hincapié en los antecedentes del fiduciario propuesto - es decir, BMR S.A. -, que en su experticia concreta en el rubro del que se trataba, esto es operación de corredores viales;...". (Adujeron urgencia luego de que se cayó la concesión a un consorcio de empresas privadas, para darle el fideicomiso a BMR, sin explicar por que esa solución era no solo la mejor, sino la única) 

"Que no resulta ser un dato menor a destacar, en el contexto analizado, que el citado parecer - que terminara siendo esencialmente tenido en cuenta a la hora de decidir como lo hizo el Poder Ejecutivo en su integración de entonces mediante el Decreto N° 1870/17 - no haya emanado de un servicio permanente de asesoramiento jurídico comprendido en los alcances de la reglamentación aprobada por Decreto N° 132/94, sino de una funcionaria política, carente por ende del beneficio de la estabilidad en el cargo, como resguardo de la independencia de sus opiniones;...". (El dictamen legal que habilitó el fideicomiso fue de una funcionaria política, que si se negaba a firmarlo, era despedida y listo)

"Que a la luz de esa habilitación legal, presuntamente aplicable al caso, entendió el Poder Ejecutivo, en su anterior integración, que contaba con la facultad razonablemente implícita de concretar el Fideicomiso, el que fue presentado en el contexto, como el único medio posible de “...garantizar la transitabilidad de dicha vía en forma ininterrumpida en atención al carácter de servicio público que ostenta y velar por la seguridad de los usuarios...”; y para el cual -se dijo- la Administración se encontraba autorizada en uso de los “poderes inherentes” a su zona de reserva, afirmación que resulta notoriamente incongruente con lo anteriormente afirmado en el propio Decreto, en cuanto a la necesidad de aval legislativo para habilitar al Estado Provincial a tomar directamente a su cargo la prestación del servicio público en cuestión: parece absurdo sostener que el bloque de legalidad 10 autorizase a conceder a un tercero, a título oneroso, una actividad que no podría ejercer por sí mismo;...". (El fideicomiso se basó en la absurda idea de que el Estado estaba facultado -por una ley dictada durante el gobierno de Reutemann- a privatizar la autopista dándosela en concesión a empresas privadas, pero no podía explotarla por sí mismo, a través de la Dirección de Vialidad)


"Que asimismo la vinculación inescindible que el Decreto N° 1870/17 pretendió establecer entre la figura jurídica escogida para la administración y operación del corredor (el Fideicomiso) y la necesidad de “...garantizar la transitabilidad de dicha vía en forma ininterrumpida en atención al carácter de público que ostenta y velar por la seguridad de los usuarios...”, luce inconsistente con los propios términos del acuerdo, de los que surge que el Fiduciario (a la sazón, el Banco Municipal de Rosario, a través de su controlada BMR Mandatos y Negocios SA.) queda exceptuado de tomar a su cargo aquellas tareas relacionadas con obras mejorativas de repavimentación, obras de arte y toda otra intervención de cualquier índole sobre la calzada, las cuales continuarían siendo ejecutadas por la Dirección Provincial de Vialidad de acuerdo a la normativa vigente en la materia;...". (Dijeron que armar un fideicomiso con el Banco Municipal de Rosario y BMR S.A. era el único modo de garantizar la transitabilidad normal por la autopista, pero en el fideicomiso lo eximen de hacer cualquier obra para garantizar la transitabilidad, las que quedaban por cuenta de Vialidad Provincial. Recordemos que BMR cobraba el peaje, y que el mismo decreto que creó el fideicomiso dijo que Vialidad no tenía facultades para tomar directamente a su cargo la autopista)

"Que con el mismo carácter de afirmaciones dogmáticas exentas de respaldo documental en las actuaciones que le dieron origen, el Decreto en cuestión consideró “...conveniente recurrir a un ente público con sólida experiencia en el rubro y que cuente prácticas exitosas en este tipo de contrataciones que revelen estándares de transparencia, eficiencia y eficacia comprobada...”, sin que afirme ni pruebe que, más allá de su posible experticia en la instrumentación de negocios fiduciarios, el Banco Municipal de Rosario y su controlada BMR Mandatos y Negocios, acrediten experiencia alguna en la operación de corredores viales, bajo el sistema de cobro de peajes, que era y es de lo que se trataba y trata en el caso, en definitiva;...". (O sea, dicen que acuden al Banco Municipal y BMR por su gran experiencia en el tema, pero no hay absolutamente nada en los expedientes que dieron lugar al decreto del fideicomiso, que demuestre que tenían alguna experiencia en administrar obras públicas bajo concesiones con cobro de peajes)

"Que asimismo lo afirmado en el Decreto en cuanto a que “...Ia oferta formulada por el Banco Municipal de Rosario -BMR Mandatos y Negocios- en orden a su gestión y retribución representa condiciones ventajosas de mercado para la Provincia de Santa Fe, máxime en consideración de que se trata de una entidad íntegramente pública, ajena a las especulaciones propias de los intereses privados...”, tampoco tiene apoyo en los antecedentes del acto, en tanto se invocó por un lado la causal exceptiva de urgencia para habilitar una contratación directa sin compulsar otras ofertas (o sin que al menos conste tal diligencia en las actuaciones que dieron origen al Decreto), y por el otro se hizo hincapié en el carácter público del fiduciario y, en consecuencia, su carencia de finalidad de lucro, omitiendo en este punto que se trata en definitiva de una entidad financiera, y un ente controlado por ella que opera bajo una forma societaria del derecho privado;...". (Dijeron que la oferta de BMR para el fideicomiso fue la mejor, pero no hubo otras, porque adujeron urgencia y la contrataron en forma directa; para luego desdecirse en el mismo decreto afirmando en realidad que la contrataron de ese modo por ser un organismo público, aunque esté organizado como sociedad comercial, y su dueño sea un banco)

"Que la afirmación contenida en el Decreto N° 1870/17 en punto a que la solución escogida, esto es la conformación del Fideicomiso, sería excepcional y transitoria en atención a las particulares circunstancias que le dieron origen, y se prolongaría hasta tanto la Provincia definiese el nuevo modelo de gestión del corredor vial, no encuentran sustento en los hechos posteriores, al menos durante la anterior administración de gobierno, pues con posterioridad al fracaso del proceso licitatorio convocado mediante Decreto N° 212/17 y hasta la finalización del mandato de las autoridades que precedieron a este Poder Ejecutivo - es decir, durante más de dos años - no se concretó acto alguno tendente a propiciar un nuevo procedimiento en ese sentido, ni a obtener de la H. Legislatura las autorizaciones que se dijeron necesarias, para que la Provincia tomara directamente a su cargo la operación del corredor, sino que por el contrario y como queda dicho, por el Decreto N° 2595/19 se dispuso prorrogar el contrato por nueve (9) meses, a partir del 1° de julio de dicho año;...". (Dijeron que la solución del fideicomiso era transitoria y duró tres años, porque no tenían facultades legales para que Vialidad se hiciera cargo directamente de la autopista -cosa que es falso-, pero tampoco hicieron nada durante esos tres años para darle esas facultades, promoviendo los proyectos que creían necesarios ante la Legislatura. Y eso es porque las dos cosas que dijeron son falsas: Vialidad sí tiene facultades para administrar la autopista -lo hizo desde su construcción hasta 1994-, y nunca pensaron en terminar con el fideicomiso, hasta que no les quedó más remedio porque perdieron las elecciones)


"Que de todo lo hasta aquí expuesto surge, a criterio de este Poder Ejecutivo, la manifiesta inconveniencia de continuar la administración de la Autopista Santa Fe - Rosario “Brigadier General Estanislao López” bajo el modelo del Fideicomiso establecido por el Decreto N° 1870/17 o alguno similar, correspondiendo instruir a la Dirección Provincial de Vialidad para que tome posesión del corredor...Que en tal sentido y atento a que se han controvertido, por actos expresos de la anterior administración de gobierno, las atribuciones de la Provincia y sus órganos competentes para disponer en ese aspecto, corresponde recordar que, conforme a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley Orgánica de Vialidad Provincial N° 4908, los caminos provinciales así como sus ensanches y obras anexas serán de propiedad exclusiva de la Provincia, y no caben dudas que la Autopista “Brigadier López” lo es, de acuerdo con lo formado en los artículos 4 inciso a) y 5 del mismo cuerpo legal;...". (Perotti, el privatizador, está diciendo que la autopista puede ser administrada por Vialidad Provincial que es la dueña, de acuerdo con su ley de creación, que es de 1958, o sea del primer gobierno de Sylvestre Begnis)

"Que el corredor vial citado constituye un bien del dominio público provincial, en los términos y con los alcances del artículo 235 inciso f) del Código Civil y Comercial de la Nación, y como tal inenajenable, inembargable e imprescriptible (artículo 237 del mismo ordenamiento), razón por la cual resulta a todas luces improcedente que se lo haya puesto como garantía del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Provincia en el marco del contrato de fideicomiso..."  (Pusieron como garantía del fideicomiso un bien del Estado que no se puede ni comprar, ni vender ni embargar. Pero el privatizador serial es Perotti)

"Que vinculado a lo anterior y en relación al Decreto N° 51 94/16 del Convenio para la extinción por mutuo acuerdo del Contrato de vale destacar que ni del acto en sí mismo, ni del expediente que acoge el procedimiento administrativo seguido surgía la información que permitiera concluir que la compensación dineraria que el acuerdo significaba era equilibrada y con ello que debía ser reconocida por el Estado Provincial; tampoco se justificaba por qué la Provincia tenía que hacerse cargo del riesgo empresario asumido por quien fue concesionario adjudicado en base a su oferta, que definía determinadas inversiones a las que se comprometía y acompañaba el Plan Económico Financiero para concretarlas satisfactoriamente;...". (Rescindieron el contrato de concesión con las empresas del consorcio privado "sin penalidades para las partes" y de mutuo acuerdo, sin explicar por qué les perdonaron sus incumplimientos contractuales, las multas millonarias que como consecuencia de eso debieron pagar y por qué le trasladaron al Estado el riesgo empresario de los privados, y su obligación de hacer las obras, para lo cual cobraban el peaje)

"Que por lo demás, la genérica y dogmática referencia a incumplimientos de ambas partes es insuficiente, y si de hecho hubieren existido atribuibles a la Provincia requerían de su detalle, su examen particular uno por uno en relación a su procedencia legal y determinación económica precisa para hacer valer las responsabilidades de todo tipo a que dan lugar;...Que asimismo, la solución consagrada en el Decreto N° 5194/16 se desentendió de justificar por qué si la concesión de la autopista era un contrato de obra pública a financiar mediante el sistema de peaje, no se aplicaban las consecuencias que prevé el artículo 13 de la Ley de Obra Pública N° 5188;....Que por lo demás, la genérica y dogmática referencia a incumplimientos de ambas partes es insuficiente, y si de hecho hubieren existido atribuibles a la Provincia requerían de su detalle, su examen particular uno por uno en relación a su procedencia legal y determinación económica precisa para hacer valer las responsabilidades de todo tipo a que dan lugar;...". (Expresaron -en nombre del Estado- que el Estado también había incumplido por su parte el contrato de concesión, sin decir en que, y cuáles fueron las razones de "fuerza mayor" contempladas en la Ley de Obras Públicas de la provincia que justificaran que se le perdonaran a los concesionarios privados sus incumplimientos)

En ese marco, no sorprende que el decreto de Perotti, además de dar por terminado el fideicomiso y ordenarle a Vialidad Provincial que tome posesión de la autopista y la opere bajo una Unidad Ejecutora, ordene una auditoría de corte de la Sindicatura General de la Provincia, y una investigación de la Fiscalía de Estado para determinar si existieron daños a los intereses de la provincia y a sus derechos como concesionaria, e incluso delitos que deban denunciarse a la justicia.

Detalle no menor: el decreto manda en su artículo 10 a preparar un proyecto de ley a remitir a la Legislatura, para crear una sociedad que administre definitivamente la autopista; sociedad cuyo capital (según ordena) deberá estar íntegramente (o sea en un 100 %) en manos del Estado, con carácter intransferible: no podrá vender las acciones, o sea privatizarla en todo o en parte. Una privatización menos que endilgarle a Perotti. Más información al respecto, en ésta nota de Gustavo Castro en Diario Santa Fe.  

FIN DE LA TREGUA


Para ser francos, acá no nos entusiasmamos demasiado con los altos niveles de popularidad de Alberto Fernández, y el masivo apoyo al modo como viene conduciendo la emergencia por el coronavirus que registran algunos sondeos de opinión; que dan cuenta de que ese apoyo se extiende incluso a quienes no lo votaron: tenemos en claro que la opinión pública tiene vaivenes y suele ser muy voluble, máxime en una situación que nos impone a todos cambios en nuestro modo de vida cotidiano, en modos que pueden inducir al hastío, el cansancio o la desesperación.

De allí que tampoco sacáramos ninguna conclusión apresurada de los aplausos que -dicen- hubo en algunos lugares el domingo, tras la aparición del presidente comunicando la extensión de la cuarentena. Del mismo modo, tampoco magnificamos los cacerolazos -mayoritaria, si no exclusivamente- porteño de anoche, pidiendo "que los políticos se rebajen el sueldo".

Nuestro escepticismo quizás tenga que ver con que no vemos demasiados cambios en torno a las tendencias políticas de la sociedad más instaladas hace tiempo, salvo en un elemento, que sí es mérito del presidente, su estilo y eventualmente su gestión: mientras el polo social y político que lo sustentó para llegar al cargo se mantiene cohesionado, el otro, el opositor, parece estar disgregándose por falta de liderazgo, o por efecto de una realidad dinámica y cambiante que redefine expectativas y prioridades hora tras hora.

Precisamente esto último es lo que percibió el núcleo duro de la oposición al gobierno (ese mismo que posaba gustoso junto al presidente para destacar su actitud colaborativa en medio de la crisis), para atizar el descontento de parte de su base electoral, por la prolongación de las restricciones a la circulación: con la ayuda invalorable de los medios y comunicadores de siempre, promovieron la movida del lunes a la noche, e intentaron usufructuarla con el pedido de que los funcionarios políticos (comenzando por el presidente) se rebajen sus sueldos, para aportar a un fondo destinado a combatir el coronavirus.

La propuesta como tal es de un simplismo apabullante, y apunta a captar la atención del "uomo cualunque" preocupado por su situación económica en la crisis, que quizás supone que la idea le mejora en algo su situación. Sin embargo, no es el recurso de baja estofa política en sí mismo lo condenable (de cierta oposición no se puede esperar algo mejor), sino el contexto en el que se lanza: el día después de que el presidente en su aparición pública anunciando la prórroga de la cuarentena denuncia a los empresarios que despiden trabajadores en medio de la pandemia (como Paolo Rocca y el Grupo Techint), o los que aumentan los precios o especulan desabasteciendo de insumos críticos.

Es decir, el módico cacerolazo de los sectores de clase media urbana indignados porque el peronismo de Alberto Fernández se vuelve "tolerable" para algunos de sus amigos y contactos sociales antiperonistas, no fue contra la clase política, sino -objetivamente- a favor de Techint y los principales grupos económicos del país, lo sepan o no sus participantes: discutiendo "los privilegios de la política" (como cada vez que se ha intentado) se elude discutir la distribución del ingreso, y quienes la levantan con pala en medio del marasmo general. Por supuesto que estos agradecen los invalorables servicios prestados a su causa, en forma gratuita.

En fin, nada nuevo bajo el sol: las líneas de fractura de lo que por pereza intelectual se dio en llamar "grieta" siguen estando tendidas más o menos igual que en todo el período kirchnerista del 2003 al 2015, y las piezas y los jugadores institucionales (oposición política, grupos económicos) se mueven como se movieron entonces, en cada coyuntura intensa, llámese conflicto del campo por las retenciones móviles, disputa por la ley de medios pelea con los fondos buitres, entre otros. Donde puede haber circunstanciales cambios de alineación es en la sociedad civil, y dependiendo de la evolución de la coyuntura, la crisis y las expectativas.

Lo cual nos lleva a recordar lo dicho en su momento acá: "Porque el trasfondo real de todo es que lo que llaman "grieta" en realidad es un conflicto de clase, dirimido políticamente desde hace décadas en el clivaje peronismo-antiperonismo, nuestra versión histórica del conflicto de clases; porque aun cuando nunca el peronismo se haya definido como un movimiento clasista, él y su némesis antiperonista encarnan políticamente desde siempre diferentes universos de representación: los trabajadores y los sectores populares por un lado, las clases privilegiadas y buena parte de las clases medias, por el otro.

Esos son, por supuesto y en trazo grueso, los núcleos duros de cada coalición social, con sectores fluctuantes en su humor electoral, al compás de cada coyuntura; y tomando nota por nuestra parte del hecho real de que las clases sociales en sí ya no son lo que eran en 1945. Por eso cuanto "más peronista" sea el gobierno (como lo fue el kirchnerismo, sin dudas), es decir cuando se haga cargo con más decisión de su universo de representados, más conflictos y resistencias tendrá, más allá de los modos y estilos del que ocupe el despacho principal de la Casa Rosada. 

Lo cual deja una enseñanza para el gobierno, y para el presidente: pueden perseverar todo lo que quieran en los modos y los estilos de gestión y construcción política con los que se sientan más cómodos, pero más importante aun, es que perseveren en el rumbo que atienda los intereses de los sectores sociales que aspiran a representar, que fueron a su vez sus apoyos electorales.".