"PEOR QUE HASTA HOY, SERÁ DIFÍCIL"

Tal como cuenta el intercambio en Twitter, el martes se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 233 (verlo completo acá) por el cual Macri designa al presidente y vice de la Unidad de Información Financiera (UIF); el organismo encargado de aplicar la Ley 25.246 y todas las normas que refieren al combate contra el lavado de dinero.

Tal como se daba cuenta en ésta entrada, los dos propuestos y finalmente designados fueron objetados en el marco del procedimiento de impugnaciones que estableció en el 2011 la Ley 26.683, sin que en el decreto se haga la más mínima mención a las razones por las que las impugnaciones no fueron tenidas en cuenta.

Sobre todo porque tenían que ver con el de que ambos (Federici y Talerico) han asesorado a importantes bancos y firmas acusadas por lavado de dinero, y en ese trance cuestionaron las atribuciones legales de la UIF para imponer sanciones, y la constitucionalidad de las normas que la regulan; que son las que ahora ellos deben aplicar.

Algo así como poner al zorro a cuidar a las gallinas, tal como se lo hacíamos notar en Twitter al periodista, que prefirió bancar a los designados como si fuera un funcionario de Macri, y pegarle a la anterior gestión de la UIF, haciendo anti kirchnerismo bobo; que es lo que siempre hace el lanatismo santafesino.

Y encima sin informarse debidamente -cosa que suele ser habitual- la descalificación de la gestión de José Sbatella vino por el lado de los lugares comunes del discurso cacerolo: “hacían la vista gorda con los amigos y con los narcos” (nota: un recurso fácil a la mano hoy, tirarle a cualquiera y por cualquier cosa la acusación de colaborar con los narcos. Después si hay que bancarlo a Tognoli, se lo banca y listo), los “fiscales de Justicia Legítima” y otros grandes éxitos.

Lo notable es que el periodista atribuye el fracaso en la lucha contra el lavado de dinero a la UIF, cuando los que deben investigar las denuncias son los fiscales, y los que deben condenar a los lavadores, los jueces. No la UIF, que recibe los ROS (Reportes de Operaciones Sospechosas), los investiga y si cabe, hace la denuncia; y desde el 2008 se puede constituir en parte querellante en las causas, si la justicia la admite (no siempre lo hace).

La conclusión -sorprendente- es que “peor que hasta hoy (o cuando gobernaba el kirchnerismo y la UIF estaba a cargo de Sbatella) “será difícil”; aunque ahora asuman a cargo del organismo los abogados del HSBC y otros bancos que proveyeron las plataformas financieras para el lavado de dinero; en causas donde se los investigaba por -justamente- lavado de dinero..

Una pena que hacer periodismo en serio no pague (acá por lo menos es más fácil practicar el cacerolismo radial, televisivo, gráfico y tuitero), porque nada le hubiera impedido acceder por ejemplo al informe completo de gestión de la UIF hasta diciembre del año pasado (cambio de gobierno), que está disponible en la web completo acá.

Allí podría haberse enterado que las leyes que penan el lavado (y la UIF) existen en el país desde el año 2000, pero hasta diciembre del 2010 no existía una sola condena judicial firme por lavado de activos de origen delictivo. Y desde entonces son 5, sobre 2352 denuncias judiciales presentadas por la UIF, sólo entre 2013 y 2015.

O que los sujetos obligados a reportar las ROS eran 300 hasta el 2010, y ahora son más de 40.000 entre bancos, entidades financieras, compañías de seguros, clubes de fútbol, sociedades de bolsa, mercados de capitales, colegios profesionales y sus afiliados (no sin protestas que encontraron eco en LT 10, ver acá), escribanías, registros de la propiedad automotor, inmobiliario, aeronáutica o de embarcaciones; entre otros.

O que hasta el 2010 la UIF no había sancionado con multa a nadie por no cumplir con su deber de reportar operaciones sospechosas o suministrarle información a su requerimiento, y desde entonces lleva aplicadas 89 sanciones con multas por más de 274 millones de pesos.

También podría haberse enterado que no fue sino hasta el 2011 con la sanción de la Ley 26.683 (que contó con el voto casi exclusivo del FPV y sus aliados, como veíamos acá) que el lavado de dinero empezó a ser un delito autónomo en el Código Penal (lo que exigía antes necesariamente probar el delito previo que era el origen del dinero ilícito), y que la UIF pasó a tener autonomía funcional y autarquía financiera; tal como lo exigen -en ambos casos- las recomendaciones del GAFI; que sacó al país en el 2014 de los países “bajo control permanente”.

Quizás podría haber sabido que hasta 2009 la UIF se había constituido como querellante en sólo una causa judicial, y hoy lo es en 178; o que hasta 2010 intervenía como auxiliar de la justicia en 85 causas, contra las 727 en las que interviene hoy en ese rol. El 40 % de las causas en las que interviene como querellante son por narcotráfico.

Y a veces los fiscales (sean o no de Justicia Legítima, si queremos hablar en serio y sin chicanas) no son los que impiden avanzar en las causas de lavado de dinero, sino los jueces.

Como pasa acá en Santa Fe con la mega estafa de Bolsafé Valores, en la que el procesado Mario Rossini le debe sonar familiar: era habitual columnista de varios programas en LT 10 (donde él trabaja), y los fondos de la obra social de la Universidad -que es la dueña de la radio- están implicados en la maniobra.

En esa causa el fiscal del juzgado federal de Santa Fe y el titular de la PROCELAC (unidad especial de la Procuración para los casos de lavado de dinero) Carlos Gonella (de Justicia Legítima, para más datos) pidieron el procesamiento de 49 personas y que se amplíe la imputación al lavado de dinero (apenas el 7,45 % de los presuntos damnificados se presentó a reclamar, lo que hace presumir que no pueden justificar el origen de los fondos invertidos)

Pero el juez federal solo hizo lugar al procesamiento de 23 involucrados, y dejó afuera -entre otros- al oficial de cumplimiento de las normas de lavado del Banco Galicia, y a todos los empleados o funcionarios de la entidad bancaria.

¿Habrá sido culpa de Sbatella también?