Las líneas de crédito bancarias orientadas a la producción y destinadas a las PYMES, que fueran instauradas en el año 2012 por el anterior Gobierno y que establecía que los bancos debían destinar a ellas un porcentaje de su cartera, resultaban créditos que gozaban de una tasa preferencial (18% anual) para fomentar la producción y el crecimiento del sector de micro, pequeña y mediana empresa. Estas líneas han sido en los hechos eliminadas por los bancos desde la asunción del gobierno de Macri.
En el marco de la fuerte devaluación del peso establecida por la actual gestión, seguida de una inflación desbordada, y de la liberación de las tasas de interés dispuesta por el Banco Central, las entidades bancarias han sido uno de los sectores más beneficiados. Ante esa realidad de tasas liberadas, los bancos obtienen una diferencia o spread mayor al 20% entre los intereses que cobran y los que pagan.
No hay economía que pueda soportar un nivel astronómico de tasas de interés como el actual, donde las posiciones anuales como un plazo fijo obtienen un interés de alrededor del 30%, lo que lleva a que quien solicita un crédito hoy debe afrontar un interés superior al 50% , que sumado a otros componentes de la operatoria, lleva el costo financiero total del préstamo por encima del 60%. Esto torna el crédito inaccesible y con relación a los intereses que los bancos pagan en Argentina , éstas fiestas especulativas siempre tienen el mismo final.
La apuesta del Gobierno por la actividad especulativa, explica que mientras las entidades bancarias hoy excluyen de sus préstamos a las pequeñas empresas, el BCRA en apoyo de los bancos, les reduce la exigencia para que presten a las pymes del sector productivo, de manera que para el primer semestre de 2016 se reducirá a la mitad el monto nominal en pesos de esos préstamos, y considerando la fuerte inflación generada por las medidas económicas del Gobierno, si se compara con el año pasado, los bancos solo prestaran a la actividad productiva un tercio del dinero, mientras la tasa de interés –por supuesto- también se incrementa. La opción de la gestión Macri es clara.
Mientras se siguen aguardando las inversiones que lloverían sobre el país desde todo el mundo, mientras se siguen esperando los dólares que inundarían la economía por la venta de la cosecha retenida luego de la liberación del precio del dólar, se juega peligrosamente a la bicicleta financiera y se afecta directamente la actividad productiva a través de imposibilitar a la pequeña empresa el acceso al crédito, lo que imposibilita su producción, su actividad.
Basta recorrer los distintos bancos nacionales y regionales para corroborar la imposibilidad que una micro o pequeña empresa pueda acceder actualmente a un crédito para la producción. Solo se escuchan excusas, justificaciones y promesas de llamados si surgen “novedades”. Y es imposible el desarrollo de un país sin actividad productiva, sin financiamiento, mientras además, se abren las importaciones, atentando contra las Pymes locales que son quienes generan el 70% de los puestos de trabajo.
Como tiene registrado el BCRA, desde el año 2012 al primer semestre de 2015, se otorgaron a través de los créditos para la producción más de 135 mil millones de pesos.
De enero a junio de 2015 se volcaron a la actividad a través de éstos créditos 32 mil millones, destinados en más de un 80% a las micro y pequeñas empresas, y en el segundo semestre de 2015, el piso para que las entidades presten a las mipymes subió al 7,5 % de los depósitos en pesos, a una tasa de hasta el 18 % anual, por lo que el total anual 2015 hasta el 10 de diciembre se estima en los 50 mil millones de pesos.
Y profundizando aún más la quita de financiamiento a las Pymes, el gobierno de Macri convirtió recientemente en optativas las disposiciones que obligaban a las compañías de seguros a invertir en activos productivos, modificando para ello el artículo 38 inciso K del Reglamento General de la Actividad Aseguradora, que estaba vigente desde el año 2012.
Y profundizando aún más la quita de financiamiento a las Pymes, el gobierno de Macri convirtió recientemente en optativas las disposiciones que obligaban a las compañías de seguros a invertir en activos productivos, modificando para ello el artículo 38 inciso K del Reglamento General de la Actividad Aseguradora, que estaba vigente desde el año 2012.
A través de ésta herramienta se financiaban proyectos productivos de economías regionales, de innovación tecnológica e infraestructura, por lo que las aseguradoras habían efectuado inversiones por unos 23 mil millones de pesos en títulos de deuda, fideicomisos financieros, cheques de pago diferido avalados por Sociedades de Garantía Recíproca y fondos comunes de inversión PyME.
Así las aseguradoras llegaron a destinar hasta 15,5% de su cartera a financiamiento de la economía real, cuando hasta 2011 aplicaban a ese destino apenas 0,16%.
Pero ésta inversión para el financiamiento productivo de las Pymes ya es historia, y además, ésta Resolución 39.646 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, también suprime la medida dispuesta en noviembre de 2015, que obligaba a las aseguradoras a vender sus activos en dólares en el plazo de un mes. Ahora esos recursos y esos activos se volcarán a la especulación financiera.
Y las consecuencias en la economía productiva y en el empleo serán inevitablemente negativas.
Sería importante recordar estos datos para comparar dentro de un año con los montos otorgados por créditos a las Pymes durante éste 2016, y la incidencia que esto tenga sobre el empleo, para poder apreciar las consecuencias de las prioridades del gobierno de Macri.
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