LA PEOR MENTIRA ES UNA VERDAD A MEDIAS

Contar una parte de las cosas, es la mejor forma de mentir. Como no aclarar que la Argentina logró aprobar los principios de reestructuración de deudas soberanas en la ONU, y Macri se los pasó a nado arreglando con los fondos buitres en el 2016: https://t.co/YOSAkOOIe0

— La Corriente K (@lacorrientek) June 18, 2020

El cierre de la negociación con los acreedores externos se viene prolongando una y otra vez, porque el gobierno no logra el acuerdo de la cantidad de ellos (o el porcentaje de sus acreencias) que necesita para que la propuesta no pueda ser saboteada por los fondos buitres que están a la pesca de títulos que pueden perder valor ante un posible default y que tienen espaldas para litigar en los tribunales del exterior, como pasó en anteriores oportunidades. Uno de los más notorios de ellos es BlackRock, vinculado además a innumerables negocios en el país y en el extranjero: a sus vínculos conocidos con SOCMA y las empresas del clan Macri, hay que sumarle su posible aterrizaje en Vicentín, por ejemplo, que fue otro de los factores que impulsó la expropiación.

Ahora, cuando todo indicaba que el gobierno había acercado posiciones con los acreedores y se cerraba el acuerdo, la cosa se empantanó: cuentan acá en La Política Online que "...para los nuevos bonos 2020, BlackRock quiere la letra chica de los bonos K y Guzmán quiere la letra chica de los bonos M. Repetir la indenture 2005 de los bonos K como exige el Grupo de acreedores Ad Hoc -bajo el liderazgo de BlackRock- equivale a garantizarse la permanente amenaza de los fondos buitre, pero además implica poner a la Argentina en una categoría estanca de país "de segunda" porque todos los demás países, desde el año 2014, emiten deuda con mecanismos más benevolentes para sortear crisis de deuda."

"Cuando en los años 2005 y 2010 el gobierno llevó a cabo el Canje anterior, les dio a los bonistas dos series de bonos, los Par y los Discount, con una letra chica estándar para la época y extremadamente dañina para el deudor. La forma del gobierno de mostrar un compromiso con los acreedores -a cambio de que ellos aceptaran una quita del 70%- era mediante estas cláusulas que volvían prácticamente imposible hacer una nueva reestructuración. Bajo esta normativa, el gobierno debe reunir la aprobación del 85% de las acreencias del total de los bonos elegibles con esta letra chica y además el 66,67% de cada una de las series. Si reúne esta exigente mayoría calificada, puede forzar al resto de los acreedores a canjear sus títulos compulsivamente y esta minoría pierde el derecho a litigar."

"Detrás de la idea de estas cláusulas se presupone que los Estados soberanos llegan a las crisis de deuda por irresponsabilidad fiscal propia y con estas cláusulas se les dan incentivos a los Estados a no defaultear, porque las probabilidades de conseguir el 85% de aprobación son bajas. En cambio, las probabilidades de ir a juicio y perder y terminar pagando todo -más punitorios- son altas. Más si estas se conjugan con cláusulas RUFO que dilatan en el tiempo la posibilidad de llegar a un acuerdo con los litigantes que no sea el mismo de los que entraron en el canje y con ventanas de tiempo amplias para litigar por el impago de capital o de intereses de 10 y 5 años respectivamente. Todo esto también forma parte de la "indenture 2005". En otras palabras, basta con que algún bonista reúna el 15% de los bonos elegibles con el "indenture 2005" y decida rechazar la oferta de Guzmán para que la reestructuración sobre estos bonos no llegue a buen puerto. Y tanto el grupo Ad Hoc de fondos acreedores que encabeza BlackRock como el grupo de los Bonistas del Canje superan cada uno ese 15% actualmente.". 

Es decir, lo que está pidiendo BlackRock -y esto no lo dice la nota- es para torpedear cualquier acuerdo, y seguir litigando en caso de default en los tribunales yanquis, en los que este tipo de fondos cuentan con todas las de ganar. Algo que por acá sospechábamos desde el principio, como diría el Chapulín Colorado. 

Lo otro que no dice la nota es que el kirchnerismo puso esas cláusulas en los canjes del 2005 y 2010 pero cumplió a rajatabla con el pago de los vencimientos de la deuda, mientras gobernó. Si es cierto que sin esas cláusulas nadie hubiera aceptado una quita que promediaba el 65 % del capital adeudado, en los canjes concluidos durante los gobiernos de Néstor y Cristina.

Cuando el macrismo se rindió incondicionalmente a los fondos buitres en el 2016, pagándoles sin quitas ni plazos de gracia, incluso más de lo que reclamaban, lo que no tenía fallo firme y hasta los honorarios de sus abogados, pudo "darse el lujo" de rebajar el porcentaje de aceptación para que funcionen las cláusulas de acción colectiva que obligan al conjunto de los bonistas a aceptar condiciones de reestructuración que cuentan con un aval de una mayoría de los acreedores, que por otro lado tampoco redujo tanto: en los prospectos de deuda emitidos en ese año para pagarles a los fondos buitres, las cláusulas de acción colectiva se disparan cuando una propuesta es aceptada por el 66 % de los bonistas, o del capital.

Plantear las condiciones establecidas en los canjes del 2005 y 2010 (con una quita del capital del 65 % promedio) para una propuesta en la que la quita del capital oscila entre el 5 % y nada, la poda está en los intereses y está en discusión cual es el VPN (valor presente neto) de cada título es, como dijo el ministro Guzmán, insostenible. O no tener ganas de arreglar, y buscar que se pudra todo para litigar.

Pero la nota tampoco cuenta que en el medio (es decir, entre los canjes del kirchnerismo y el arreglo de Macri con los fondos buitres) "pasaron cosas": como por ejemplo que en septiembre del 2015 la Asamblea General de la ONU aprobó lo que acá dimos en llamar "la doctrina Kirchner"; es decir los principios para reestructuración de deudas soberanas, destinados a limitar el margen de maniobra de los fondos especulativos, en caso de defaults o reestructuraciones soberanas de sus deuda por parte de los Estados.

Esos principios generales fueron luego incorporados por el Congreso nacional (a instancias de un proyecto enviado por Cristina) a nuestro orden jurídico con carácter de orden público, a través de la Ley 27207, en cuya votación los que luego serían oficialistas con "Cambiemos" (la UCR, el PRO  y la Coalición Cívica) se ausentaron; porque como decíamos acá, ya sabían que si llegaban al gobierno iban a pactar con los buitres en las condiciones que lo hicieron, y no querían comprometerse con un precedente que se les podía volver en contra.

Sin perjuicio de lo cual en octubre del 2018 (con el crédito externo ya cortado, un endeudamiento insostenible y gigantesco préstamo del FMI que lo hacía más insostenible aun), presentaron en el Congreso "...un proyecto para que los Estados elaboren en la ONU un marco internacional para la reestructuración de deudas soberanas, contra las maniobras especulativas de los fondos buitres y priorizando la atención de sus funciones esenciales, antes que el pago de las deudas con sus acreedores externos.".