CONTROLES

Aguna vez tenía que pasar: arín de hoy trae dos noticias interesantes, que en apariencia no están conectadas entre sí.

Por un lado en primera plana esta nota, en la que se cuenta que la Auditoría General de la Nación (AGN) auditará los planes de viviendas construidas por la organización Tupac Amaru que comanda Milagros Salas en Jujuy, por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos.

La nota tiene una curiosidad: dice el GDA que la AGN no puede dar a conocer los resultados de sus investigaciones mientras están en curso, pero que ellos accedieron a la información por intermedio del senador Gerardo Morales (UCR), y legisladores opositores jujeños.

Lo primero es mentira: la AGN -y en especial su presidente, el radical Leandro Despouy, al que vemos en la foto- es muy afecta a mediatizar sus intervenciones, en especial cuando pueden afectar políticamente al gobierno nacional, y le permiten visibilidad al organismo, a partir de alinearse con los temas planteados por los grandes medios.

Y si no vean esta información de esta misma semana, en la que -apenas tomada intervención en el caso Schoklender a pedido del juzgado de Oyarbide- Despouy proporciona declaraciones destinadas a las tapas de los diarios, cuando la investigación del organismo a su cargo está en pañales. Algo muy poco serio desde cualquier metodología de investigación.

La segunda noticia de Clarín de hoy es ésta, en la que se pone el foco en la AFIP y su presuntas utilización política para perseguir opositores y "periodistas independientes"; en este último caso el perseguido fantasama es, obviamente, Luisito Majul.

Que ha empezado de este modo el operativo publicitario para vender su nuevo libro, como se puede ver hoy mismo en este reportaje de La Nación. 

Vemos entonces otro ejemplo de como Clarín y muchos medios segmentan la realidad: cuando el investigado es el gobierno, los organismos de control funcionan correctamente, en un marco de independencia y probidad.

Cuando son los opositores o el periodismo, es el maléfico kirchnerismo poniendo el aparato estatal a su servicio para convertirlo en una maquinaria de espionaje. Algo de eso hubo hace poco acá, cuando la AFIP investigaba a Miguel Del Sel, y a una empresa supuestamente propiedad de su ex mujer.

La discusión de la reforma de la ley de lavado de dinero estuvo detenida un año y medio en el Congreso, porque los legisladores del Grupo A se negaban a otorgarle a la Unidad de Información Financiera (UIF), que conduce José Sbatella, la facultad de actuar como querallante en las causas; con el argumento de que esas atribuciones se utilizarían para amedrentar opositores.

Una de las consecuencias de la demora en sancionar la reforma (que tipifica al lavado de dinero como un delito autónomo) es que Sergio Schoklender no podrá ser investigado por lavado de dinero, hasta que no se comprueben los otros delitos que habría cometido administrando los fondos de Sueños Compartidos. 

Dicho esto, un poco de historia sobre la Auditoría General de la Nación, el organismo responsable del control externo del sector público nacional (el control interno es responsabilidad de la Sindicatura General).

En la Argentina el modelo de la Auditoría fue introducido por el menemismo en tiempos de Cavallo, a partir de la Ley de Administración Financiera 24.156 (1992), para reemplazar al Tribunal de Cuentas de la Nación. 

Cuando en 1993 el propio Menem y Alfonsín firmaron el Pacto de Olivos, en la Ley 24.309 que aprobó el llamado Núcleo de Coincidencias Básicas, se estableció que "El control externo del sector público nacional, en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, es una atribución propia del Poder Legislativo", ejercida con el apoyo técnico de los informes y auditorías de la AGN.

Esto se plasmó luego en el artículo 85 de la Constitución Nacional, difiriendo a una ley especial determinar como quedaría conformado el organismo, pero dejando sentado que su presidencia correspondería al partido político opositor con mayor número de legisladores en el Congreso. 

Es en esa condición que el amigo Despouy está hoy al frente de la AGN, otra bolsa de trabajo para dirigentes radicales diseñada por Alfonsín en el Pacto de Olivos, como lo fueron el tercer senador por la minoría y el Consejo de la Magistratura.

La Auditoría carece de las atribuciones que tenía el desaparecido Tribunal de Cuentas de la Nación para efectuar el control concomitante (preventivo) del manejo de la hacienda pública, a través del análisis de legalidad de los actos administrativos (con la posibilidad de observarlos y suspender su ejecución), y de la revisión de las cuentas y movimientos de fondos que podían dar lugar a los denominados juicios de cuentas y de responsabilidad; procedimientos ambos para hacer efectiva la responsabilidad contable y patrimonial de los funcionarios públicos.

El control para ser eficaz debe ser oportuno, y en el caso de la AGN el modelo de control que la Ley 24.156 y la reforma constitucional llaman "global" es muy difícil que pueda serlo por su diseño.

Que Cavallo y Menem hayan ideado un órgano de control tan amputado en sus facultades no extraña, pero que el radicalismo -con Raúl Alfonsín a la cabeza- lo haya mantenido y jerarquizado con rango constitucional, solo se puede entender desde la óptica de un partido que soñaba con un sistema parlamentario, en el que le tocaría exclusivamente el rol de controlar al gobierno, y en todo caso reemplazarlo mediante gobiernos de coalición y cohabitación; un sueño recurrente del ex presidente.

Que el sistema así diseñado sirve poco para controlar, lo dice aquí el propio Despouy en uno de los muchos reportajes que concede con frecuencia a los medios hegemónicos, en este caso a La Nación. 

Sin embargo, un organismo que tiene una dudosísima eficacia para cumplir con sus funciones (fruto del diseño con que se lo concibió) está siempre presto a subirse a la agenda que esos medios fijan, con una dosis de oportunismo muy superior a sus logros en un control efectivo.

El programa anual de actividades de la AGN debe, en teoría, ser establecido por el Congreso; y si bien hasta el 2009 alguien pudo decir que no se fijaban metas relevantes porque el kirchnerismo tenía allí control de la situación (lo cual lleva a su vez al punto inicial: el modelo de control elegido sirve para muy poco), desde entonces no hay más excusas, porque la oposición pudo perfectamente controlar lo que le parecía.

Aquí pueden acceder -en el propio sitio de la AGN- al programa de control y las auditorías en curso.

La publicidad oficial, las compensaciones de la ex ONCCA, Aerolíneas Argentinas, los fondos fiduciarios, los subsidios al transporte, la electricidad y el gas, la gestión y los estados contables del Banco Central, los ingresos de la Aduana por derechos de exportación, la administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad por la Anses, y otros temas menores.

Si nos tomáramos el trabajo de cruzar ese listados con las portadas de Clarín, La Nación y Perfil de los últimos años, veríamos que el programa de control de la AGN está diseñado por ellos, y que en todo caso los partidos opositores en el Congreso corren a la zaga de la agenda impuesta por los socios mayoritarios de Papel Prensa, y su hermanito menor. 

Pero eso sí: el organismo de control presidido por un político (opositor) no se usa para amedrentar opositores políticos, por eso es presentado como el modelo por excelencia de control.

Porque además los republicanos no se llevan bien con los controles, y si no que lo diga aquí Binner, que lleva acumuladas mucho más de 100 observaciones legales efectuadas por el Tribunal de Cuentas (que en Santa Fe tiene rango constitucional y por eso no se puede reemplazar por la Auditoría, sin reformar la Constitución) contra actos administrativos suyos, y de los funcionarios de su gobierno; que dieron lugar a otros tantos decretos de insistencia.

Sí, en ningún caso el reparo del órgano de control externo provocó que el gobierno del Frente Progresista diera marcha atrás con la decisión objetada; y la decisión de Binner de insistir en esos más de 100 casos, tampoco pudo ser analizada en la Legislatura: el socialismo y sus socioes en el Frente impiden sistemáticamente desde hacer cuatro años, la conformación de la Comisión Bicameral de Control, que debe examinar las observaciones del Tribunal de Cuentas, y las insistencias del Ejecutivo.

Y lo hacen por una sencilla razón: se oponen a darle a la oposición mayoría en la conformación de la Comisión, como ellos reclaman en la AGN. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago.

Por esa circunstancia no se pudieron discutir en la Legislatura provincial el convenio por el cual la provincia pasó a costear el funcionamiento de los hospitales rosarinos, la adjudicación directa de la autopista Santa Fe-Rosario a un consorcio inexistente hasta entonces, la extrañísima adjudicación del nuevo Hospital Iturraspe a la misma empresa que no pudo ejecutar la Ruta Provincial 1, o la entrega al Banco Municipal de Rosario de la emisión y distribución de las Tarjetas Unicas de Ciudadanía de los planes sociales; todas decisiones objetadas por el Tribunal de Cuentas, e insistidas por Binner.      

Esta discusión de los "controles" viene de los 90' fuertemente influida por un parte aguas ideológico: el malo es el Estado, los corruptos son los políticos (nunca hay un empresario que ofrece la coima que un funcionario cobra, por ejemplo) y deben ser vigilados todo el tiempo; partiendo de la presunción de que son todos chorros.

Cuando de lo que se trata es de controlar al poder económico, incluso cuando están involucrados dineros públicos (por ejemplo evitar que las empresas contrabandeen, tengan empleados en negro o evadan impuestos), entonces surgen los defensores de las libertades contra la arbitrariedad del Estado Leviatán.

Y se prenden en esa divisoria las famosas "ong's pro transparencia" como el CIPPEC, Poder Ciudadano, Conciencia y tantas otras.

Y si no fíjense en los casos en los que ahora tiene puesta la lupa la AGN (porque ganaron las tapas de los medios): ¿alguien en su sano juicio puede plantear sinceramente que en los planes de Milagros Sala o en Sueños Compartidos -tomando en este caso la versión más grande que prefieran del desfalco de Schoklender- hay para el Estado un perjuicio mayor que en las maniobras de Nidera, Cargill o Monsanto para evadir impuestos, por decir un ejemplo?