El domingo pasado Diego Rubinzal (un amigo de este blog) publicó en el suplemento Cash de Página 12 esta excelente nota sobre la política de subsidios implementada por los gobiernos de Néstor y Cristina a partir del 2003, tanto para atemperar las subas de artículos de primera necesidad de la canasta familiar, como a las tarifas de los servicios públicos, de modo que los costos estrictos de prestación de los mismos no fueran trasladados en su totalidad a la población; en especial los sectores de ingresos fijos de menores recursos.
Un caso paradigmático de esa política de subsidios es del transporte público de pasajeros, tanto el de media y larga distancia, como el urbano.
En este último caso tanto el gobierno provincial de Hermes Binner, como los municipales del socialista Miguel Lifschitz en Rosario y del radical Mario Barletta en Santa Fe, se han quejado en cuanta oportunidad han tenido por la presunta discriminación que recibirían por parte del gobierno nacional; en cuanto a los criterios con que se reparten hacia los diferentes puntos del país esos subsidios.
Subsidios que conforman -en el caso del transporte automotor- el denominado SISTAU (Sistema Integrado de Subsidios al Transporte Automotor), un fideicomiso creado a partir del 2002 para administrar los recursos destinados a solventar en parte los costos de prestación del servicio (fundamentalmente el precio del combustible). Los fondos son transferidos por el gobierno nacional a las provincias, para que éstas a su vez los entreguen a las empresas prestatarias del servicio.
Por estos días, fuimos bombardeados con las quejas de la Municipalidad de Santa Fe por un aspecto colateral vinculado al caso, como lo eran las restricciones en la entrega de gas oil subsidiado destinado al transporte público. Como vemos, Barletta aprovechó un tema para volver con el otro.
En el Presupuesto provincial 2010 los fondos transferidos a Santa Fe por el SISTAU fueron 130 millones de pesos, y para este año se contemplan en el presupuesto provincial 200 millones en este rubro, lo que implica un aumento del 53,84 % de un año al otro, incremento que pone en entredicho las quejas de los referentes del Frente Progresista por una presunta discriminación.
Pero lo que no tiene una explicación clara -en ese contexto- es este decreto de Binner, dictado el 3 de este mes, es decir hace apenas cinco días.
¿Qué dispone el decreto?: transferir a este ejercicio partidas del SISTAU no invertidas el año pasado por algo más de 84 millones de pesos, es decir no distribuidas por el gobierno de la provincia entre las empresas prestatarias de los servicios de transporte.
Lo no utilizado equivale al 64,88 % de los fondos asignados al SISTAU en el presupuesto provincial, o sea: casi 65 pesos de 100, no fueron usados por el gobierno de Binner, a través del ministro Ciancio, para el fin para el que fueron creados, ni para ningún otro.
Algunos -como el candidato a gobernador del Frente Progresista Antonio Bonfatti- creen que es necesario revisar el sistema de subsidios; otros -como los economistas ortodoxos que cuestiona Rubinzal en su nota- dicen que los subsidios son inútiles.
Nosotros pensamos que el decreto de Binner dejaría en claro otra cosa: los que manejan los subsidios, son inútiles.
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