LA FRASE

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miércoles, 17 de diciembre de 2014

DESPUÉS DICEN QUE EL KIRCHNERISMO ES INCAPAZ DE LOGRAR CONSENSOS


Leemos en  El Cronista que tanto las telefónicas como las empresas de cable (eufemismo por "Cablevisión") amenazan con ir a la justicia para pedir la inconstitucionalidad de la ley de "Argentina Digital", que fue sancionada anoche por Diputados.

Según unas (las telcos) la ley los perjudica porque las obliga a mantener las tarifas de la telefonía básica reguladas y sin aumento, mientras los cables pueden subir los precios cuando se les cante; y porque no habría reciprocidad en la apertura de las redes, porque ellos tendrían que permitirles acceso a los cables a las suyas, pero no al revés.

Cosa que para los cableros no es tan así porque -dicen- que las telefónicas podrán "apropiarse de sus redes" (las de los cables) sin haber invertido en extenderlas; y se generará un nuevo monopolio (lo que supone que ya existiría uno, hay un fallido ahí chicos) , en éste caso a favor de las telefónicas. 

Un cruce de opiniones tan contradictorias ya de por sí denota -como se señaló acá- que el proyecto está bastante bien encaminado, y que lejos está de ser un traje a medida para las telefónicas; como se explicara en detalle acá.

Si a unos y otros (telefónicas y cables) los favorece -tal como se acusan recíprocamente- lo están disimulando muy bien. 

Alguien tendría que avisarle a Pagni de esta disconformidad extendida entre los grandes jugadores del sectores (cableros y telcos) con el proyecto; porque en su inverosímil columna del lunes en La Nación planteaba no sólo que los favorece abiertamente; sino que da por tierra con la ley de medios, y le permitiría a Clarín evitar ser desguazado. Como si para eso ya no se dieran maña sólos, con la complicidad de la justicia.

Lo de Pagni es un absurdo: todas las cláusulas sobre límites de acumulación de licencias y cuotas de mercado de la LSCA siguen vigentes; a punto tal que, si bien Telefónica podrá conservar Telefé, deberá desprenderse de otras licencias para ajustarse a la cuota máxima de participación del 35 % del mercado: ver acá.

Un caso que desmiente la supuesta incapacidad del kirchnerismo para generar consensos: todos los presuntamente favorecidos por la ley, están en contra y la quieren tumbar en la justicia. 

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