Sobre la reciente operación de canje de títulos de deuda nominados en pesos, leemos en Ambito: "...el pasado lunes 20 de enero el Ministerio de Economía llevó adelante un canje voluntario de títulos por aproximadamente $100.000 millones, en el que los inversores aceptaron entregar LECAPs reperfiladas a cambio de LEBADS con vencimientos a 240 y 335 días, respectivamente. Esta operatoria significó una disminución del stock de deuda de casi $2.000 millones, una baja en el rendimiento anual implícito de casi 20 puntos y una extensión de plazos en términos de vida promedio calculado a la fecha de liquidación."
"En general, los diversos actores que forman parte del mercado consideraron como exitosa esta operación, teniendo en cuenta particularmente el punto de partida: un mercado de deuda en pesos dinamitado por la impericia de la gestión anterior. Sin embargo, la calificadora de riesgo Standard & Poor's (S&P) decidió tras este canje bajar la nota de las obligaciones en moneda doméstica de Argentina y ubicarlas en la categoría default selectivo (SD)."
"La agencia argumenta que se trató de un canje en condiciones desfavorables (distressed exchange) ya que, si bien fue voluntario, los tenedores podrían haberse visto obligados a aceptar menos del monto original prometido ante el riesgo de que el emisor no cumpla con sus obligaciones contractuales. Una fundamentación que parece entrar más en el terreno de la psicología (¿se sintieron presionados los inversores?) y de la ontología (la intencionalidad del gobierno) que estar basada en hechos.".
El articulista repasa, por contraste, las opiniones de la misma calificadora durante el gobierno de Macri, y así por ejemplo descubre que "...en su comunicado del 4 de junio de 2018, cuando las inconsistencias de las políticas macroeconómicas de la gestión anterior ya se habían revelado evidentes y la crisis estaba en marcha, S&P mantuvo la calificación de B+ para la deuda de largo plazo y de B para la de corto afirmando que: “Consideramos que el gobierno actual logrará implementar con éxito las medidas de ajuste económico a un ritmo más rápido en medio de una mayor volatilidad del mercado global”. También pronosticaban para el mismo 2018, habiendo ya transcurrido prácticamente un semestre, una inflación del 28% y un crecimiento del 1.5%. El INDEC terminaría registrando posteriormente una suba del 47% del nivel de precios y una caída del producto del 2.5%."
Y señala con acierto: "Es aún más paradójico que una operación de administración de pasivos aceptada voluntariamente por los inversores que mejora indiscutiblemente la sostenibilidad de la deuda atente contra la evaluación del riesgo de repago que hace la calificadora. Por el contrario, un canje que hubiese ofrecido tasas de interés insostenibles, hubiese sido probablemente merecedor de una mejora en la percepción de cumplimiento según el criterio de S&P."
"A muchos les sorprenderá este desaguisado. Aunque, para quienes han seguido de cerca los debates en el campo de las finanzas internacionales que se suscitaron tras la crisis financiera global, esta conducta no es una novedad. Numerosos trabajos académicos han documentado el rol clave que tuvieron las agencias calificadoras de riesgo en la gestación de la crisis de las hipotecas subprime."
"Entre las lecciones aprendidas, emergió la necesidad de cambiar el marco regulatorio de las mismas, volviéndolo más estricto. A instancias del G20, el Finacial Stability Board (FSB) elaboró en 2010 una lista de principios orientados a reducir el grado en el que leyes, regulaciones y normas descansan en las calificaciones de las agencias de riesgo crediticio y a alentar que los diversos participantes lleven a cabo sus propias evaluaciones. Muchas de estas recomendaciones se tradujeron en cambios concretos en jurisdicciones como la Unión Europea y Estados Unidos. En nuestro país, estos principios fueron recogidos por la Ley de Mercado de Capitales Nº 26.831 sancionada en el año 2012." (las negritas son nuestras)
Se está refiriendo a la ley del mercado de capitales sancionada durante el segundo mandato de Cristina y a instancias de un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, cuyo artículo 57 dispone que " La Comisión Nacional de Valores establecerá las formalidades y requisitos que deberán cumplir las entidades que soliciten su registro como agentes de calificación de riesgo, incluyendo la reglamentación de lo dispuesto en la presente ley y determinando la clase de organizaciones que podrán llevar a cabo esta actividad.", agregando en su segundo párrafo lo siguiente: "La Comisión Nacional de Valores podrá incluir dentro de este registro a las universidades públicas autorizadas a funcionar como tales, a los efectos de su actuación, fijando los requisitos que deberán acreditar considerando su naturaleza.".
Incorporaba así la ley a las universidades nacionales (que expresan otra visión de la economía) a lo que hasta entonces era un coto de caza reservado a estas extensiones de los bancos y los fondos de inversión que son las calificadoras "estrella". De hecho, varias universidades obtuvieron su registro como calificadoras entre el 2012 (fecha de sanción de la ley) y el 2015, final del mandato de Cristina; que para variar, dio en el blanco una vez más, desnudando lo que representan estos chantas, y como operan.
Cosa que, por contrario imperio, no vio o no quiso el ex ministro Lacunza, cuando en octubre del año pasado dictó la Resolución 764, prorrogando por cuatro años (o sea, en la práctica, durante todo el mandato de Alberto Fernández) el contrato que vincula al Ministerio de Economía con S&P, en su filial argentina. Si nosotros fuéramos el ministro Guzmán (que recibió este contrato llovido del cielo), en éste caso ajusticiaríamos al mensajero, para que no nos siga mordiendo el monedero para -además- patearnos en contra.
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