Por Raúl Degrossi
La eliminación de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos amenaza con convertirse en "el tema" de las próximas semanas, desplazando progresivamente a la cuestión del dólar; y como todo lo que gana las primeras planas de los diarios, habilita guitarreos varios, y todos quieren llevar agua para su molino.
Recorriendo los principales medios y su cobertura (tanto en diarios como en televisión, o radio) reaparece un clásico nacional: el gataflorismo en su máxima expresión; en tanto los que hasta ayer nomás pedían a coro la eliminación de los subsidios (fuere con el argumento de "frenar la escalada del gasto público" o el de "garantizar reglas de juego claras a las empresas", traducimos: aumentar las tarifas), hoy comienzan a titular en modo catástrofe que todos los servicios se irán a las nubes, "golpe al bolsillo" y cosas por el estilo.
Hasta acá, nada nuevo bajo el sol; del mismo modo que no aciertan a explicar como se puede hacer para -al mismo tiempo- contener el proceso inflacionario, mientras se aumentan las tarifas que hasta hoy están subsidiadas; y por ende aumentaron mucho menos que el promedio general de los precios de la economía, aspecto generalmente soslayado cuando -por caso- se discute la consistencia de las mediciones del INDEC.
Pero si hay algo que en la Argentina queda habilitado cuando de abordar temas instalados en la agenda pública se trata, es el guitarreo: se abre la temporada de festivales folklóricos y aparecen un montón de intérpretes dispuestos a cazar la viola y arremeter, aunque del asunto entiendan tanto como de cirugía a corazón abierto.
O al revés: entienden perfectamente de que va la cosa, pero aprovechan para llevar agua para su molino traficando ideología de contrabando; desde Cavallo hablando por él o por su ex mecenas de la Fundación Mediterránea, hasta economistas de pelajes surtidos y fracasos en serie, pasando por periodistas lobbistas de las empresas concesionarias de servicios públicos.
En esa línea de guitarreo oportunista (probablemente para vender algún quiosco seudo académico) hay que leer el documento del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) que se menciona en la nota de La Nación a la que corresponde la captura de pantalla; y al que pueden acceder para descargarlo acá.
Playita la cosa, y con un par de errores metodológicos importantes, que lo invalidan como un elemento consistente para encarar el análisis del asunto, que no es fácil por cierto, ni mucho menos.
El primero es arrancar el análisis tomando como base la división del gasto público por incisos (las grandes aperturas del Presupuesto, de acuerdo al objeto de los gastos), y allí irse de cabeza a descomponer la partida "Transferencias". Para explicar porque, va una imagen del cuadro pertinente del proyecto de Presupuesto 2012 que está en el Congreso:
Como pueden ver, sobre un total de gasto proyectado para el año que viene de algo más de 505.000 millones de pesos, 361.000 millones (el 71,57 % de todo el gasto público) corresponde a "Transferencias", pero más de 182.000 de esos millones (o sea poco más de la mitad de "Transferencias") corresponden solamente a la ANSES, comprendiendo el pago de las jubilaciones y pensiones, y las asignaciones familiares incluida la AUH.
En el mismo inciso del Presupuesto ("Transferencias") se computan los casi 19.000 millones de pesos que el Estado nacional gira a todas las Universidades nacionales del país para sostener su funcionamiento, por todo concepto; desde sueldos hasta gastos de infraestructura, y la razón es muy sencilla: la partida "Transferencias" refiere a los gastos que hace el Estado sin recibir contraprestación en bienes o servicios, y en el caso de las Universidades se trata de entes autárquicos (la autonomía es académica), que no pueden percibir ingresos propios por la enseñanza que imparten (sí por otros rubros), por disposición constitucional.
Algo parecido sucede con los gastos del rubro "Transferencias" dirigidos a empresas públicas como ENARSA, Aerolíneas Argentinas o el Ente Binacional Yaciretá, o los medios administrados por el Estado como Canal 7 y Radio Nacional (nucleados en Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado), o el canal Encuentro: se trata en todos los casos de organismos financiados por el Estado en todo o en parte (como que son públicos); y que por su naturaleza u organización jurídica no forman parte estricta de la Administración Pública tradicional, pero reciben por vía de esa partida los recursos presupuestarios para funcionar, o para complementar los propios.
De modo que mezclarlo en una discusión sobre los subsidios a las tarifas de los servicios públicos es un error metodológico o algo peor: lo que en rigor se está cuestionando es que algunos de ellos permanezcan (como Aerolíneas) en la órbita del Estado.
Con una salvedad: en el caso de las empresas públicas de los sectores energía y transporte (los mencionados de Enarsa, Yaciretá y Aerolíneas, y los de las dos Sociedades del Estado que tienen a su cargo la administración y gestión de las concesiones ferroviarias, fundamentalmente) sí hay "Transferencias" para gastos corrientes vinculadas al tema de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos; como por ejemplo el pago por el Estado nacional de las importaciones de combustible que hace Enarsa para abastecer la demanda, o los subsidios que se transfieren a los operadores de los ramales ferroviarios de cargas o de pasajeros.
A esta altura del análisis conviene decir además que cuando se analiza desde esa óptica el gasto en "Transferencias", se entiende que debe hablarse de las que son para gasto corriente, no para gastos de capital; por ejemplo para la construcción de obras públicas o para adquirir maquinarias o equipos: los aviones de Aerolíneas, las obras de Atucha II o los más de 9000 millones de pesos que la Nación transferirá a las provincia en el 2012 en concepto de Fondo Soja, son gastos imputables a "Transferencias", y nada tienen que ver con los subsidios, y su eventual eliminación.
El otro problema es meterse (como lo hace el informe del IARAF) con la clasificación geográfica del gasto, que es la apertura del Presupuesto que permitiría (recalcamos el potencial) saber cuanto gasta el Estado nacional en cada provincia; y de allí se disparan cuestiones como el famoso "un porteño recibe 53 veces más subsidios que un santafesino" del que habla el informe, y destaca como título de la nota La Nación; que a su vez da pie a discursos de federalismo berreta como los de Binner, Lifschiz o Barletta, cuando reclaman por los subsidios al boleto de colectivo.
En primer lugar, muchos gastos del Estado, por su naturaleza, son de difícil clasificación geográfica porque se distribuyen en su impacto en todo el territorio nacional; y en segundo lugar porque no todos los subsidios se liquidan y transfieren operativamente de la misma manera.
Veamos este otro cuadro para entender como funciona la cosa:
El cuadro corresponde a los gastos del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (De Vido) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y como pueden ver, en él figuran todas las transferencias del Estado nacional a Aerolíneas Argentinas y Austral ("Apoyo al transporte aerocomercial"), al Sistema Integrado de Subsidios del Transporte Automotor (SISTAU) -el fideicomiso que administra los subsidios al boleto de colectivo en todo el país- ("Apoyo al transporte público de pasajeros"), los subsidios a Metrovías y las concesionarias ferroviarias de pasajeros ("Apoyo al transporte ferroviario y subterráneo de pasajeros") y las compensaciones que se pagan a las generadoras, transportadoras y distribuidoras de electricidad ("Acciones de sustentabilidad del suministro de energía eléctrica").
No hace falta aclarar que Aerolíneas no vuela solo en la CABA sino en todo el país, del mismo modo que la electricidad se consume en toda la Argentina, o hay colectivos en las principales ciudades de todas las provincias y no sólo en Buenos Aires; pero queda clara la endeblez del informe del IARAF, que con estos datos hasta llega a confeccionar un cuadro (en su página 14) según el cual el 76,95 % de los subsidios nacionales se los lleva la ciudad ¿gobernada? por Macri; un absurdo.
El SISTAU por ejemplo (subsidios al precio del boleto de colectivo) no figura en las restantes 23 provincias en el Presupuesto nacional, pero Santa Fe recibirá del fideicomiso el año que viene 352 millones de pesos, según lo registró el gobierno de Binner en su propio proyecto de Presupuesto; y la totalidad de los gastos para importar combustible (que son para abastecer una demanda creciente, y por ende es discutible que sean "subsidios") o para compensar los costos de generar, transportar o distribuir energía figuran geográficamente en el Presupuesto nacional en la CABA sencillamente porque allí residen ENARSA S.A. (que recibe las transferencias para importar combustibles) o CAMMESA S.A. (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), que administra el Despacho Nacional de Cargas del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), que hace llegar la energía eléctrica a todo el país.
Lo que no implica que no se deba transferirle el subte al PRO y que se haga cargo de hasta el último centavo de su funcionamiento (mínima medida en este contexto, pero necesaria), o no se deba plantear la discusión del subsidio a los trenes metropolitanos por el conjunto de los argentinos.
En todo caso lo que sí hay que hacer es ser serios, comparar situaciones comparables (en el resto del país por ejemplo hay muy pocos lugares con servicios ferroviarios de pasajeros, o los trayectos de colectivos son menos extensos), o ingresar en la discusión un conjunto de variables, (por caso los diez puntos porcentuales de coparticipación que cedió la provincia de Buenos Aires en 1988 por la Ley 23.548), o la posibilidad cierta de segmentar tarifas por sectores sociales o capacidades adquisitvas de cada uno, cruzando otros datos como los niveles de ingresos de las personas y familias; y la estructura de la tarifa de cada servicio (costos o cargos fijos, rubros variables por niveles de consumo, etc).
Además de transparentar de que se habla en concreto cuando se habla de subsidios, y de su progresiva eliminación; porque es necesario aclarar debidamente un punto: no se trata en absoluto de negar la importancia del tema y la urgente necesidad de encararlo por parte del gobierno nacional.
Todo lo contrario: es una de las cuestiones más importantes de lo que se podría llamar "sintonía fina" del modelo, y que hacen a su profundización; no sólo desde el punto de vista fiscal (aunque probablemente sean razones de ese tipo las que hayan disparado la decisión de ponerlo en el tapete), sino fundamentalmente desde una distribución más equitativa del ingreso.
Sería necio desconocer las distorsiones que existen en el sistema de subsidios y compensaciones tal como hoy está diseñado, tanto en el plano social (sectores de ingresos medios y altos con consumos suntuarios subsidiados por el conjunto de la población), como regional (por caso, el subte porteño subsidiado aun en una pequeña parte por todos los argentinos, aunque Macri pretenda que esa distorsión siga vigente).
Pero justamente son la seriedad y envergadura del problema las que obligan a ser serios en su análisis para buscar soluciones justas y practicables, porque muchas veces en estos casos es más fácil decir "lo que" hay que hacer, que "como" hacerlo.
Y como pequeño botón final de muestra de lo que se guitarrea en esta materia, dos noticias publicadas con un día de diferencia (ayer y anteayer), en el mismo diario (La Nación), sobre un mismo tema (la incidencia del subsidio en el precio del boleto de colectivo, y el nivel de gasto del Estado nacional en ese rubro) y basadas en la misma fuente (los empresarios del transporte automotor):
Acá tenemos entonces que nos dicen que habría que pasar de $ 1,20 a $ 2,40, y el Estado gastaría en subsidiar los colectivos 10 millones por día, en números redondos 300 millones al mes, 3600 millones al año.
Acá ya el boleto se fue a las nubes: 4 pesitos, y los subsidios pasaron a ser 800 millones al mes, o sea casi unos 27 millones por día, y 9600 millones al año, más de dos veces y media las cifras de la noticia anterior (en realidad posterior, pero con un día de diferencia como pueden ver).
Y como no podía ser menos, Clarín no se queda atrás y redobla la apuesta:
O sea: el gobierno ya "desmanteló" el sistema de subsidios, y lo que embolsan los empresarios del transporte trepa a unos 37 millones diarios, o lo que es lo mismo, 13.200 millones anuales.
¿Quién da mas?, aunque en el Presupuesto 2012 figuran algo más de 8724 millones en todo el año, para todo el país.
Y los que tiran los dueños de Papel Prensa al voleo no son números del INDEC, eh.
