EL GAS VIENE LLENO DE HUMO

La obra del gasoducto de la costa para abastecer de gas a San José del Rincón y otras localidades o barrios de Santa Fe como Colastiné, quedó atrapada en el conventillo cabaretero de radicales y sociales, cuando dejaron de ser socios y pasaron a ser enemigos, en apariencia mortales: unos y otros se reprocharon la responsabilidad en la falta de autorización del ENARGAS para que la ejecutase ENERFE, la empresa creada por el gobierno provincial para realizar obras de gas.

Hasta que finalmente hace unos días apareció la autorización (que ahora por supuesto todos se atribuyen), respecto a lo cual leemos en el portal de la provincia: "Una vez que la red urbana de gas natural se concrete, el gasoducto beneficiará en una primera etapa a 3900 usuarios residenciales y 164 comerciales e industriales de La Guardia y Colastiné. En San José del Rincón, beneficiará a 7800 residenciales y a 200 comerciales e industriales.

Esta primera etapa fue modificada por Enerfe, con el objetivo de llegar con el servicio de gas natural hasta la localidad de Santa Rosa de Calchines. En una segunda etapa, el gasoducto se extenderá por 35 kilómetros, en paralelo a la traza de la Ruta Provincial Nº 1, para abastecer a 4900 usuarios residenciales de Arroyo Leyes y a 2700 de Santa Rosa de Calchines. En esta última localidad, el servicio de gas natural beneficiará a 20 usuarios comerciales e industriales y permitirá instalar una Estación de GNC." (las negritas son nuestras)

Como ven, los objetivos son ambiciosos, sin embargo no tienen nada que ver con la obra que efectivamente autorizó el ENARGAS conforme a su Resolución 172, publicada el viernes pasado en el Boletín Oficial (completa acá), de la que destacamos algunos párrafos, como éste: "...ENERFE detalló las obras a construir y explicó que la cantidad de usuarios a abastecer sería de 19 residenciales (previstos en el primer proyecto presentado) con un consumo promedio anual previsto para los mismos de 900 m3. No fueron considerados consumos no residenciales.". (las negritas son nuestras) 

Son bastante menos que los que dice el parte oficial ¿no? Y sigue la Resolución: "...luego de sustanciada la tramitación respectiva –la que generó, inclusive, la realización de la Audiencia Pública en los términos del artículo 16° b de la Ley 24.076- se emitió la Resolución ENARGAS RESFC-2018-253-APN-DIRECTORIO#ENARGAS que determinó que el proyecto (Colastiné, San José´ del Rincón, Arroyo Leyes y Santa Rosa de Calchines) en los términos presentados ante este Organismo (primera etapa), había resultado técnicamente inviable por no otorgar confiabilidad al sistema de distribución, sin que ello obstare la eventual presentación de una modificación y/o un nuevo proyecto que cumpla los requisitos técnicos para su aprobación."

Agrega además: "Que, por otra parte, ENERFE explicó que el costo de las nuevas obras había sido incluido dentro del Presupuesto 2018 de la Provincia de Santa Fe, por lo que los usuarios beneficiados no afrontarían ningún costo por el repago de las obras a realizarse dado el carácter no reembolsable de los aportes.". En efecto, el presupuesto provincial aprobado para este año contempla que la Secretaría de Energía invierta 300 millones de pesos en la obra, y otros 210 el año que viene, para terminarla con un costo total de 510 millones.

Sin embargo, pasaron cosas y el tiempo y la inflación hicieron lo suyo, porque la resolución del ENARGAS termina valorizando la obra en 635 millones de pesos,  IVA incluido; todo a poner por la provincia, ya que no se contempla que los usuarios paguen parte del costo de la obra, por ejemplo a través de contribución por mejoras.Taxativamente dicen los considerandos de la resolución: "Que, en ese sentido ENERFE acompañó una nota suscripta por su Presidente, solicitando la excepción de la publicación y registro de oposición (en lo respectivo a la primera etapa de la obra), conforme los términos del Anexo II de la Resolución ENARGAS N° I/910/09, ello así en atención al carácter no reembolsable de los fondos aportados y que no se prevé su recupero por parte de los futuros usuarios."  (las negritas son nuestras)

O sea, no está previsto cobrarles a los usuarios todo o parte de los costos de la obra vía contribución por mejoras, ni antes ni después de su construcción y habilitación. Y después dicen que la provincia no subsidia los servicios públicos. ¿Tendrán igual trato todos los santafesinos que carecen de acceso al gas en redes, en toda la provincia?

Porque que es un subsidio, no hay dudas: la misma Resolución del ENARGAS dice claramente que "...a tenor de todo lo expresado, este Organismo considera que la Provincia de Santa Fe debiera –en tanto solvente- asumir el riesgo que la inviabilidad económica del negocio ocasiona en la prestación del servicio. ...la autorización que pueda otorgarse a ENERFE para la concreción del emprendimiento y su operación y mantenimiento, debiera ser condicionada a la existencia de un compromiso expreso de parte de las autoridades provinciales que asegure el respaldo económico necesario, traducido en la asignación y/o desembolsos de los fondos que resulten necesarios para afrontar el déficit operativo de ENERFE durante el desarrollo del proyecto, en el entendimiento de que los ingresos tarifarios del Subdistribuidor no podrán diferenciarse de los que percibe la licenciataria zonal. ...al respecto, vale aclarar que este Organismo entiende que el desarrollo del proyecto en términos de asignación de fondos para cubrir eventuales déficits, implica no solo su etapa constructiva, sino también aquella relacionada con su operación y mantenimiento." (siempre las negritas son nuestras)

Y si de subsidios hablamos, comparemos los 635 millones de pesos que cuesta esta obra, con los 69 millones de pesos que invirtió el año pasado la provincia en subsidiarles las tarifas de electricidad al comercio, la hotelería, la gastronomía, las actividades culturales y las Pymes; o  con los 1300 millones que deberá poner de su parte para subsidiar el transporte urbano e interurbano, en toda la bota santafesina. 

Como dato de color (no menor): la empresa seleccionada para hacer la obra es la misma que ejecuta este tipo de trabajos para Litoral Gas S.A., es decir Brumont S.A.. Así lo aclara expresamente la propia Resolución 172, en su artículo 10: "La autorización para la operación y mantenimiento establecida en el ARTÍCULO 2° es otorgada bajo condición resolutoria de que en el plazo de 30 (treinta) días hábiles de notificada la presente, sea remitido el instrumento contractual debidamente suscripto entre SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES S.A.P.E.M. y BRUMONT S.A., conforme el punto 9 del Anexo I de la Resolución ENARGAS N° 35/93.". 

¿Alguien explicará en la provincia como un organismo público (porque el Estado santafesino es el accionista mayoritario -en realidad único-) como ENERFE contrata sin licitación una obra de 635 millones de pesos?

EL SOCIALISMO Y ESA VIEJA COSTUMBRE DE HABLAR AL GAS

Tal como da cuenta esta nota publicada en el portal del gobierno provincial, se realizó en la semana la audiencia pública convocada por el ENARGAS por la obra del gasoducto de la costa (la red domiciliaria de distribución, en realidad); que debería haber hecho la distribuidora Litoral Gas pero no tiene en sus planes de inversión, y el gobierno de Lifschitz ofrece hacerse cargo de ella, a condición de poder explotar luego la distribución del gas a los hogares comercios e industrias conectados. Seguidamente transcribimos las partes más importantes de la intervención del gobernador y su Secretaria de Energía (las negritas son nuestras):

“Si esta audiencia se está realizando, es porque hay una iniciativa del gobierno de Santa Fe, a través de su empresa de energía Enerfe (Santa Fe Gas y Energías Renovables), para ejecutar esta obra. Si no fuera por esta decisión política, no habría audiencia pública ni debate sobre el tema, ni habría perspectiva de que esta obra se realice por lo menos en los próximos cinco años, porque no está incluida dentro de las prioridades establecidas en la revisión tarifaria de la empresa. No hay posibilidades de hacer la obra si no es con una fuerte inversión del gobierno provincial, a través de su empresa de energía”.

“El gobernador solicitó “con insistencia que se aplique el régimen, que también establece el marco regulatorio, de otorgarle a Enerfe el carácter de subdistribuidor para poder explotar y garantizar el servicio a los actuales y futuros usuarios, porque esto está inscripto dentro de la política de desarrollo energético que planteó la provincia con un amplio consenso de los sectores políticos". "Esta ley, en su momento, fue aprobada por unanimidad en las dos cámaras y expresa la voluntad del gobierno y de la Legislatura de intervenir de manera activa en el mercado de distribución de gas y energías renovables para un sector muy importante de la provincia que no cuenta con el servicio, a pesar de estar dentro del ámbito de jurisdicción de la empresa concesionaria (Litoral Gas)”.

“El gobernador argumentó que la provincia "no va a utilizar para esta obra recursos provenientes de los propios beneficiarios, sino que utilizaremos recursos del tesoro provincial. Por eso creemos que es fundamental que el patrimonio quede en manos de la provincia y Enerfe para su posterior explotación". Para el gobierno provincial "los servicios públicos esenciales deben ser prestados por el Estado. Por eso la energía eléctrica, el agua potable y el saneamiento se hace a través de empresas públicas. No es el caso de la prestación del servicio de gas porque ha sido siempre de jurisdicción nacional y porque está dentro del régimen de privatizaciones que se llevaron adelante en los años 90”.

“Reivindicamos también la potestad del Estado provincial de convertirse en subdistribuidor, sin competir, y de manera complementaria con la empresa Litoral Gas, para prestar el servicio a sectores sociales y territorios que probablemente no van a poder contar con este servicio durante muchos años si no es a través de la iniciativa pública. Ese es el objetivo de la propuesta". En sintonía, la secretaria de Estado de la Energía, Verónica Geese, reafirmó "la decisión de la provincia de Santa Fe de llevar adelante este proyecto. Los recursos están, la empresa está y tenemos todo el derecho a querer desarrollar, en temas de energía, nuestra propia estrategia y para eso la provincia creó Enerfe.”.

Dicho esto, pasemos ahora a los datos duros (oficiales) para ver en que medida hay una real intención de la provincia de invertir en el tema, o estamos en presencia de otras de las habituales ventas de humo (en éste caso de gas) a las que nos tiene acostumbrados el socialismo.

Santa Fe Gas y Energía Renovables (ENERFE) fue creada en el año 2016 por la Ley 13.527, como sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (SAPEM), con un capital social que está en un 55 % en manos del Estado provincial, y el restante 45 % dividido en tres categorías de acciones del 15 % cada una, a ser suscriptas por las municipalidades y comunas, las cooperativas del sector público y el sector privado con fines de lucro, respectivamente. Primera acotación: Lifschitz reivindica el rol del Estado en materia de prestación de servicios públicos esenciales, pero la ley que creó la empresa contempla la participación del capital privado.

No en la ley de creación sino en los decretos reglamentarios, el capital social de ENERFE fue fijado en 30 millones de pesos (cifra que se entendió adecuada a su objeto social y plan de acción), a ser integrado en efectivo en un 25 %, con lo cual el capital líquido y disponible de la sociedad son 7,5 millones de pesos.

Meses después de aprobada la ley de creación, por el Decreto 2294/16 la provincia integró en efectivo su parte de ese 25 % ($ 4.125.000), y por el Decreto 4142/16 otro 43 % más por $ 3.225.000, por una razón muy sencilla que cuenta ésta última norma: ni las municipalidades y comunas (que tienen un 15 % del capital social de la empresa), ni las cooperativas de servicios públicos (a excepción de una que prometió integrar el 2 % de el monto a integrar en efectivo, pero no lo hizo), ni el capital privado suscribieron e integraron el capital de la sociedad; que en términos efectivos (no de libros quedó resumido a esos $ 7.350.000 aportados por la provincia en dos tramos). 

Por si no se entendió: pese a que la ley de creación contempla que puedan suscribir acciones las entidades empresariales (como la Unión Industrial, la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural o ADE, que integran la "Mesa Productiva" que le pide al gobierno provincial hacer la obra), ninguna de ellas puso un centavo en el capital de la empresa de gas provincial. Vocación por la inversión de riesgo, que le dicen.

Fuera de eso, la SAPEM fue incluida en el presupuesto provincial con un presupuesto total de 30 millones de pesos, la mitad de los cuáles son para gastos corrientes (sueldos y gastos de funcionamiento) y la otra mitad (15 millones) para gastos de capital; de los cuáles ni un solo centavo está destinado a obras de gasoductos secundarios, o redes de distribución domiciliaria de gas. Segunda acotación: la “voluntad política” que manifestaron en la audiencia Lifschitz y su Secretaria de Energía no se traduce en la asignación concreta de recursos para hacer la obra.

Pero hay otros aspectos oscuros en el caso: si el ENARGAS autorizase al gobierno (o a a su empresa de gas) a hacer la obra, contrararían en forma directa (es decir, sin hacer licitación pública) a Brumont S.A., una empresa rosarina que es -hace años- la principal y casi exclusiva contratista de las obras que lleva adelante Litoral Gas S.A., la distribuidora de gas de la región a la que la provincia pretende sustituir en éste caso en particular, en la distribución para los distritos de la costa.

La pregunta es bajo que régimen legal (que no sería el que rige obligatoriamente los contratos del Estado provincial) se contrata en forma directa a una empresa (cuyo titular además está procesado por evasión impositiva) para realizar una obra que tardaría cinco años para ejecutarse y ser habilitada, de cuyo costo no se informa; pero algunos estiman hoy en 500 millones de pesos a valores de hoy, con insumos dolarizados, como los caños de la red por ejemplo; que provee en el país el grupo Techint, que a través de su empresa Tecpetrol Internacional es propietario del 30 % de las acciones de Tibsa Inversora S.A., la sociedad controlante de Litoral Gas S.A.

También cabe preguntarse con qué recursos pagaría ENERFE un contrato que (de ser ese el monto) multiplica por 17 su capital social (de libros, no el efectivamente integrado)y el presupuesto que tiene asignado, y por 34 el específicamente previsto para gastos de capital. Tercera acotación: si como dijo el gobernador sería con fondos del Tesoro, razón de más para preguntarse por qué no se haría licitación pública para contratar los trabajos.

Otro dato: el listado de obras de tendido de redes de gas anexo a la Ley 13.543 que autorizó el endeudamiento de la provincia en 500 millones de dólares, suma 20 millones de la misma moneda (unos 476 millones de pesos, al tipo de cambio de ayer). Cuarta acotación: eso supone que están diciendo que una sola de las obras de gas previstas, cuesta más que todo lo asignado por la Legislatura para obras de gas en toda la provincia, al autorizar el endeudamiento.

Pero además que una cosa es tomar deuda para que la obra se haga (lo que Santa Fe ya hizo, y está pagando la deuda), y otra muy distinta es hacerla: el gobierno ni siquiera puso la obra en el presupuesto, porque necesita autorización del ENARGAS para hacerla, y para eso pidió la audiencia pública. Quinta y última acotación: si finalmente la obra fuera autorizada y se concretara, la pregunta es con que recursos solventaría la sociedad creada por la provincia (hasta acá, mayoritariamente en el papel) la prestación de los servicios de distribución final a los usuarios.