UN DISPARATE MAYÚSCULO

 

La petrolera controlada por el Estado presenta proyectos para no pagar impuestos acá, llevarse las divisas cuando quiera, resolver los litigios en el exterior y no estar obligada a contratar empleados ni proveedores locales. Solo a este gobierno delincuencial se le pudo ocurrir. https://t.co/Eh659fzzmZ

— La Corriente K (@lacorrientek) August 13, 2026

Y si es así por qué lo hacen por el RIGI, que ni siquiera contempla que se comprometan a emplear gente del país? https://t.co/yNJnuNcQ2P

— La Corriente K (@lacorrientek) August 14, 2026

Que el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) contenido en la ley de bases es una completa porquería que no traerá ningún beneficio para el país ya se ha dicho hasta el cansancio: en su momento decíamos al respecto nosotros en ésta entrada: "Sin embargo el RIGI se sale por completo de la escala, estableciendo una serie de privilegios y prebendas a los inversores extranjeros que merecen sin duda el calificativo -que también le asignó Cristina- de nuevo estatuto legal del coloniaje. Un conjunto de beneficios estructurales que permitirían regalar nuestros recursos naturales estratégicos a cambio de casi nada, por al menos 30 años, y condicionando por al menos ese tiempo todas las acciones de política pública que pudieran adoptar al respecto los gobiernos futuros.".

"Es una rendición incondicional del Estado argentino a las exigencias del capital extranjero, sin ningún beneficio para el país. Para empezar, se resigna soberanía jurídica al aceptar que contratos firmados en el país para ser íntegramente ejecutados en él -en caso de controversias entre las partes- sean dirimidos en tribunales extranjeros, en especial el tristemente célebre del CIADI, y evaluados a la luz de los ignominiosos TBI (Tratados Bilaterales de Inversión) firmados por el menemato, que debimos haber denunciado hace tiempo. Pero hay más: el proyecto otorga a los capitales extranjeros que vengan a invertir en el país al menos 200 millones de dólares (un 15 % de los cuáles pueden destinarse a la compra de empresas y otros activos locales) estabilidad cambiaria (de las normas aplicables al mercado de divisas), tributaria y aduanera por 30 años, no rigiendo para ellos ninguna modificación que se apruebe durante todo ese tiempo, a menos que les resulte más favorable; y declara nulas todas las nuevas normas que pudieran dictar las provincias o municipios para gravar las actividades de los inversores, como si no estuviéramos en un país federal: casi una Constitución a su medida.".

"Les reduce la alícuota de Ganancias del 35 al 25 %, y en el caso de la distribución de dividendos para ser girados al exterior, es del 7 % los primeros dos años y solo del 3,5 % a partir de tercero. Las actividades están exentas de los derechos de importación y exportación (las retenciones), la tasa de estadísticas, pueden computar los pagos del impuesto al cheque a cuenta de Ganancias, pagar el IVA con certificados de crédito fiscal y amortizar aceleradamente los bienes de capital, lo mismo que ajustar los balances por inflación. Tienen libre disponibilidad de las divisas que obtengan por exportar desde el país (desde el 20 % con solo adherir al régimen, hasta el 40 % el segundo año y el 100 % de las obtenidas, desde el tercero), no se les pueden imponer restricciones para acceder a las divisas para importar, ni medidas para arancelarias (como las que protegen contra el dumping), ni restricción alguna a la exportación, ni la obligación de cumplir con el abastecimiento interno, ni al momento de adherir al régimen ni durante los 30 años de su vigencia. Lo dicho: la legalización del saqueo de nuestros recursos naturales, sin contrapartida.".

En síntesis, la consagración de vastas zonas de nuestro territorio nacional sometidas a un régimen legal de excepción, exentos de las leyes argentinas y de nuestros tribunales, con ventajas a pedido y a medida de capitales que -aun sin ellas, y antes de que se las concedan- son competitivos y obtendrían igualmente ganancias exhorbitantes por la ventana de oportunidad que se les abre, en especial en materia de hidrocarburos y la minería orientada a las llamadas tierras raras y metales de alto valor estratégico.

Pero como si todo esto fuera poco, el gobierno presenta como un logro que YPF (la petrolera cuya conducción para el Estado recuperó Cristina en 2012, con visión estratégica) presente proyectos en el marco de ese régimen de excepción y lo propagandice, siendo tomada como ejemplo de las bondades del experimento.

Cuando se expropió el 51 % del paquete accionario de la empresa por la Ley 26741, por su artículo 1 se declaraba "...de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones.". No casualmente ese artículo fue extirpado del texto de la ley en éste gobierno, por la Ley 27742 (ley de bases): no se podía dejar explícito el compromiso de la petrolera con el desarrollo nacional, y el crecimiento del país con inclusión social.

La misma Ley 26741 de 2012 en su artículo 16 (que rige hasta hoy) señala que la administración de la empresa debe hacerse "...conforme a las mejores prácticas de la industria y del gobierno corporativo, preservando los intereses de sus accionistas y generando valor para ellos;... a través de una gestión profesionalizada.", Es decir no se trata -y nunca se trató- de que YPF tenga déficit o pierda plata, sino de que no piense exclusivamente como maximizar sus ganancias para distribuirla entre sus accionistas; porque precisamente esa era la lógica (nefasta para los intereses del país) con que la manejaban lo privados, y condujo al cuadro de situación en el cual la expropiación era la única solución racional, para detener el saqueo y posible vaciamiento.

YPF ingresando al RIGI (y vanagloriándose públicamente de ello) queda exenta de todo compromiso de emplear mano de obra local para sus inversiones, o desarrollar en torno a ellas cadenas de valor integradas de proveedores locales de insumos y servicios; integrando con desarrollo zonas del territorio nacional y aportando a que el país superara su histórica restricción de divisas o disminuyera su dependencia en ese sentido del complejo agroexportador. 

De tal modo y aun cuando siga en manos del Estado que controla el 51 % de su capital  en un pacto de sindicación de acciones con las provincias petroleras, en lugar de convertirse -como había pensado Cristina cuando decidió expropiar a los accionistas privados- en la nave insignia del desarrollo nacional, se comporta como una promotora de la economía de enclave sin asumir compromiso alguno con el destino del país; como cuando estaba en manos del grupo Repsol. Un disparate mayúsculo que solo pudo tener cabida en éste gobierno de ocupación que padecemos los argentinos.

LECTURA RECOMENDADA

 

"En esta Argentina de pasado y presente tan turbulentos, estamos discutiendo política alrededor de la honestidad o de la popularidad de quienes tienen visibilidad en el ámbito, sin revisar las controversias conceptuales que definen nuestra capacidad de avanzar hacia el bien común. Esto nos hace mucho mal, desde hace tiempo. Traslada la elección de nuestros representantes a encuestas de imagen personal, como si todo fuera cuestión de personas aisladas y además como si las encuestas surgieran del conocimiento personal, siendo que son fruto de la presencia mediática del candidato. He querido hoy hacer una breve reseña de grandes temas que deberíamos discutir, sea porque ignoramos su importancia o porque la presión cultural de la derecha ha conseguido que se adopten creencias equivocadas al respecto. Vamos de lo general a lo sectorial.".

"Por qué es importante no ser una colonia. Hace más de 500 años que la expansión colonial de los países más poderosos busca extraer recursos de otro lugar para fortalecer a la metrópoli. El concepto base no ha cambiado, desde el oro y la plata de Potosí para España, pasando por las carnes argentinas para las carnicerías inglesas o el petróleo de Vaca Muerta para Estados Unidos. Si toda la estrategia productiva se diseña en función de los intereses de uno solo de los países involucrados, el otro es una colonia. Los siglos han confirmado lo obvio. El que produce y exporta masivamente, dentro de un escenario hegemonizado por el que importa, pierde sus recursos naturales, no agrega más que un mínimo valor local, no retiene ganancias ni capital para invertir de forma independiente. No hay forma de disfrazar tal subordinación, ni con toda la tecnología informática del mundo.".

"Por qué es nociva la inversión extranjera indiscriminada. La inversión extranjera nunca ha superado el 20% del total durante el último medio siglo. Sin embargo, parte de nuestra derrota cultural es que nos han martillado que es imprescindible y hasta que es la única manera de crecer. Sin embargo, su capacidad positiva es centralmente el aporte de tecnología que permite la colocación internacional de bienes, que por otra parte debe ser articulada detrás del interés general, evitando que se deje de agregar posible valor local. Eso se contrapone con el giro de utilidades que resta inversión local,o la aplicación a comprar empresas nacionales que funcionaban bien, o los servicios comerciales, en que desde supermercados hasta bancos son innecesariamente de propiedad extranjera. Todo esto debe ser reglamentado.".

"El sistema financiero. Hace 50 años se dictó una ley de inversiones financieras siniestra que nunca fue modificada ni intentó serlo. Formando parte de una ola de avance hegemónico de las finanzas en el mundo se dio una libertad al capital de cualquier origen que hace que hoy los bancos nacionales, que eran fuertes, están acosados por una lógica que los va reduciendo a su mínima expresión, salvo el Banco Provincia de Buenos Aires. Todo el sistema debe ser repensado y transformado con urgencia, si es que queremos librarnos de una dependencia que es simplemente usura.".

"El control de la inflación. En este punto la victoria cultural de la derecha ha sido casi completa. Han sido capaces de convencer a muchos, hasta a los más pobres, que la causa de la inflación es el exceso de moneda en manos de los consumidores, que presionaría sobre una oferta insuficiente de bienes. Ese catecismo lo aplican aún cuando exista más de un 30% de pobreza y un ingreso per cápita con fuerte caída. Es muy perverso. La única inflación monetaria posible se da cuando existe pleno empleo y los salarios reales tienden a subir más que la productividad. En ese caso, puede aparecer presión de demanda sobre oferta estancada y en lugar de aumentar la producción, aumentan los precios. Nada que ver con la realidad argentina de hoy ni de ayer. Necesitamos que los buenos economistas – que los hay – se dejen de joder con sus temores a sacar los pies del plato y expliquen que son los sectores concentrados los que motorizan la inflación y cómo se los debería controlar.".

"El trabajo para todos. El mundo central viene debatiendo hace décadas la diferencia entre ingreso universal y el trabajo para todos, como salidas para reducir con fuerza la pobreza. Nadie ha tomado el guante en Argentina. Cada tanto se reivindica el ingreso universal, sin advertir que en un país con inercia inflacionaria, esa “solución” sería rápidamente cooptada por quienes se benefician con la inflación y la fogonean. Nunca se ha formulado al menos un borrador sensato de trabajo para todos, monitoreado por el Estado.".

"La innovación tecnológica. La aplicación de la ciencia y la tecnología en todos los órdenes de la vida es claramente un factor clave para el bien común. Sin embargo, en la producción de bienes y servicios eso no es un hecho que se dé automáticamente. Allí, la innovación apunta a aumentar la productividad y si los frutos de esa mejora no se reparten con equidad, puede contribuir a aumentar la concentración en favor de los que más tienen. Tal encrucijada se ha dado en varios momentos históricos y se da hoy con fuerza en relación a la inteligencia artificial, que puede perjudicar a grandes sectores de la ciudadanía. No discutimos ni encauzamos esto adecuadamente.".

"La economía popular. La organización de los excluidos de la producción por el neoliberalismo se plasmó en los últimos 25 años, pero quedó a cargo de los propios excluidos, que buscaron fortalecerse definiendo una identidad propia – “la economía popular” – que incluso es materia frecuente de estudio en universidades y ámbitos científicos, que creen así ayudar a los que sufren. Sin embargo, casi sin excepciones – la única podría ser en parte la economía del cuidado – se han pensado como apéndices proveedores de bienes y servicios a segmentos del neoliberalismo, en condiciones de clara subordinación y baja retribución. Es necesario repensar todo el tratamiento porque efectivamente es posible y necesario proponer un plan distintivo para los excluidos, pero este plan debe apuntar a soluciones eficientes para atender necesidades básicas, con participación de los que tienen las necesidades. La economía del bien común entra en colisión con la lógica de estos años de los que han propugnado la economía popular y debemos entender por qué.".

"La asistencia social como factor de desarrollo. La debilidad de análisis del escenario anterior lleva a omitir el potencial de desarrollo que implica generar bases productivas locales para atender la alimentación escolar; el déficit de vivienda; la indumentaria; el cuidado de niños, enfermos o ancianos; la recreación comunitaria. En todos estos casos y más debemos dejar de pensar en cómo entregar los bienes finales para pasar a conseguir que sea el propio tejido social el que implemente soluciones, lo cual llevará no solo a cambiar la naturaleza de la inversión pública sino también a generar patrimonio en lugares donde solo había demandas de subsistencia. Otro debate pendiente."

"Podría seguir con temas productivos, educativos, de organización de la salud, de toma de decisiones en el sector público. El punto a asumir es que no solo se requiere programa operativos serios y meditados, sino junto con eso un pueblo que a través de la reflexión colectiva vaya desembarazándose de los dogmas neoliberales y construya ideas comunes que sustentan el bien común. Hasta pronto."

(Sacado de acá) 

EL NUEVO ESTATUTO LEGAL DEL COLONIAJE

 

Cristina Kirchner criticó el régimen de inversiones de la Ley Bases: "El estatuto legal del coloniaje versión siglo XXI"🗣️https://t.co/6sRwPPdjGy

— El Destape (@eldestapeweb) May 7, 2024

Cuando se abortó en Diputados la primera versión de la ley bases (entonces "ley ómnibus") nos sorprendió que, entre la madrioshka de barbaridades que contenía, hubiera pasado prácticamente desaprecibido el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones), que llegó sin cambio a la nueva versión que hace unos días aprobó -por amplio margen- la Cámara de Diputados.

Hasta cierto punto era comprensible: un paquetazo que contiene una reforma laboral flexibilizadora y un ajuste brutal en el Estado incluyendo autorizaciones para privatizar empresas y despedir empleados públicos, más una delegación de facultades extraordinarias incompatible con la Constitución Nacional era ya de por sí un motivo más que suficiente para preocuparse.

Y si de concesiones al capital se trata, la misma ley mutila por completo la ley de hidrocarburos a pedido de las petroleras, modifica la ley de concesiones de obra pública en línea con lo que en su momento fueron los PPP (contratos de Participación Pública Privada) del gobierno de Macri y faculta al Ejecutivo a reestructurar todos los contratos públicos, con excepción de los vinculados al sector energéticos, con tarifas y precios dolarizados, acordados en el gobierno de Macri; como advirtió en su momento Cristina en Quilmes.

Sin embargo el RIGI se sale por completo de la escala, estableciendo una serie de privilegios y prebendas a los inversores extranjeros que merecen sin duda el calificativo -que también le asignó Cristina- de nuevo estatuto legal del coloniaje. Un conjunto de beneficios estructurales que permitirían regalar nuestros recursos naturales estratégicos a cambio de casi nada, por al menos 30 años, y condicionando por al menos ese tiempo todas las acciones de política pública que pudieran adoptar al respecto los gobiernos futuros.

Siguiendo éste enlace pueden acceder en La Nación al texto aprobado en Diputados y que hoy discute el Senado, que es una rendición incondicional del Estado argentino a las exigencias del capital extranjero, sin ningún beneficio para el país. Para empezar, se resigna soberanía jurídica al aceptar que contratos firmados en el país para ser íntegramente ejecutados en él -en caso de controversias entre las partes- sean dirimidos en tribunales extranjeros, en especial el tristemente célebre del CIADI, y evaluados a la luz de los ignominiosos TBI (Tratados Bilaterales de Inversión) firmados por el menemato, que debimos haber denunciado hace tiempo.

Pero hay más: el proyecto otorga a los capitales extranjeros que vengan a invertir en el país al menos 200 millones de dólares (un 15 % de los cuáles pueden destinarse a la compra de empresas y otros activos locales) estabilidad cambiaria (de las normas aplicables al mercado de divisas), tributaria y aduanera por 30 años, no rigiendo para ellos ninguna modificación que se apruebe durante todo ese tiempo, a menos que les resulte más favorable; y declara nulas todas las nuevas normas que pudieran dictar las provincias o municipios para gravar las actividades de los inversores, como si no estuviéramos en un país federal: casi una Constitución a su medida.

Les reduce la alícuota de Ganancias del 35 al 25 %, y en el caso de la distribución de dividendos para ser girados al exterior, es del 7 % los primeros dos años y solo del 3,5 % a partir de tercero. Las actividades están exentas de los derechos de importación y exportación (las retenciones), la tasa de estadísticas, pueden computar los pagos del impuesto al cheque a cuenta de Ganancias, pagar el IVA con certificados de crédito fiscal y amortizar aceleradamente los bienes de capital, lo mismo que ajustar los balances por inflación.

Tienen libre disponibilidad de las divisas que obtengan por exportar desde el país (desde el 20 % con solo adherir al régimen, hasta el 40 % el segundo año y el 100 % de las obtenidas, desde el tercero), no se les pueden imponer restricciones para acceder a las divisas para importar, ni medidas para arancelarias (como las que protegen contra el dumping), ni restricción alguna a la exportación, ni la obligación de cumplir con el abastecimiento interno, ni al momento de adherir al régimen ni durante los 30 años de su vigencia. Lo dicho: la legalización del saqueo de nuestros recursos naturales, sin contrapartida.

Por si hiciera falta demostrarlo, allí estuvo el triste paso del Secretario de Energía de la nación por las comisiones del Senado para demostrar que el proyecto no lo escribieron en el Ejecutivo sino las propias empresas, ocupándose concienzudamente de asegurarse todos los beneficios, y ninguna de las obligaciones: huelgan por su ausencia en el régimen al menos un esbozo de definición sobre cuáles serían las inversiones prioritarias o estratégicas para el desarrollo del país, no hay el más mínimo compromiso concreto en cuanto a generación de empleos, formación de cadenas de valor con proveedores locales, ampliación de la capacidad productiva o exportadora o transferencia de tecnología: más colonia y economía de enclave, imposible de conseguir.

En síntesis, la reedición en otros tiempos de la Coordinación de Transportes el Banco Central de Niemeyer, las Juntas Reguladoras y demás prebendas al capital extranjero surgidas en la Década Infame al amparo del pacto Roca-Runciman; convalidadas con nada menos que con 142 votos favorables en la Cámara de Diputados. Incluso por algunos que -como el gobernador Pullaro- ahora se hacen los sorprendidos, o los preocupados por el impacto que el régimen podría tener para las empresas locales. 

Un régimen que -atento a sus términos- no se puede justificar ni por la necesidad de divisas (los dólares que obtengan por exportar se los podrán llevar cuando quieran), ni por los mayores ingresos fiscales (se les otorgan a los inversores beneficios que ninguna empresa radicada tiene), ni por la generación de empleos (no hay el más mínimo compromiso al respecto, como se dijo) ni por la contribución al desarrollo integral e integrado del país: parece una simple piñata para apropiarse de nuestras riquezas naturales a la rebatiña, sin agregarles valor. 

Y cuyos verdaderos autores (que no están en el gobierno) no son difíciles de detectar. Tuits relacionados:

Ahora se despertaron todos con lo que significa el RIGI, cuando tenemos la aprobación en Diputados adentro, por amplia mayoría. Más vale tarde que nunca.

— La Corriente K (@lacorrientek) May 8, 2024

Dirigir sus quejas a los señores Pullaro, Barletta y todos los diputados por Santa Fe del PRO y la UCR que lo votaron. https://t.co/nV3CopAFcb

— La Corriente K (@lacorrientek) May 3, 2024

...contribución de las inversiones al desarrollo nacional (no hay prioridades definidas, ni esquema alguno para establecerlas). En síntesis, es simplemente la legalización del saqueo de nuestro recursos naturales, sin ninguna contrapartida beneficiosa para el país.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 30, 2024

Con la restricción externa de la Argentina darles la libre disponibilidad de las divisas a los inversores extranjeros es criminal. Es decir que el RIGI ni siquiera se puede convalidar con la excusa de conseguir divisas, cuando el saldo de implementarlo será negativo en dólares.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 30, 2024

La Ley 21382 de inversiones extranjeras de Martinez de Hoz sigue aún vigente, con las reformas (para peor) que le hizo el gobierno de Menem por la Ley 23697 de emergencia económica. Es tan libérrima que no pone límites a la repatriación de capitales y la remisión de dividendos.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 30, 2024

El periodo de mayor IED (Inversión Extranjera Directa) en los últimos años post privatizaciones de los 90' (cuando se regalaron baratas las joyas de la corona) fue el kirchnerismo, que en teoría era anti empresa y no generaba "un buen clima de negocios". Pero el país crecía.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 30, 2024

... creciendo con sus propios recursos, no para hacerlo crecer cuando su economía cae. Por más incentivos que les quieran dar.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 30, 2024

LA LEY ES COMO EL CUCHILLO,...

 

Ahí tienen, y ustedes como unos bobos pensando que la soberanía jurídica estaba debilitada por los tratados bilaterales de inversión, los acuerdos con el FMI, aceptar ir al CIADI, la prórroga de jurisdicción o la ley de inversiones extranjeras:https://t.co/jmtsBvGCji

— La Corriente K (@lacorrientek) December 23, 2022

...no ofende al que la maneja, decía Martín Fierro. Y tenía razón, miren si será viejo el tema del derecho como producto de las relaciones de poder. Fierro lo aplicaba a los jueces de paz que perseguían gauchos para mandarlos a la frontera contra el indio con cualquier excusa, pero vale para muchas otras cosas.

Como por ejemplo para comprender para quiénes están en realidad pensados los jueces y los tribunales (básicamente, para defender los privilegios de los poderosos), y para quiénes son o no las leyes. Y cuando algo se sale de esos cánones, enseguida se dice que se está "afectando la soberanía jurídica", como dicen acá "los mercados" a propósito del fallo de la Corte a favor de la CABA, y la postura del gobierno nacional.

Hace unos cuantos años atrás, decíamos acá: "Para los europeos la "seguridad jurídica" tiene un significado claro: una vez establecidas las reglas de juego que los favorecen, no deben cambiarse y muy por el contrario, los demás Estados (en especial los subdesarrollados o periféricos) deben garantizar su vigencia, más allá de los cambios políticos que puedan producirse.".

"Apertura a la radicación de inversiones extranjeras, libertad absoluta para la remisión de dividendos y utilidades, reconocimiento pleno de marcas y patentes, seguridades sobre que no existirán planes de expropiación o nacionalización de empresas o sectores de la economía, eliminación de barreras arancelarias o para-arancelarias, libre acceso a las empresas extranjeras (en éste caso europeas) a las compras y contrataciones públicas, libre disponibilidad de divisas y remisión de utilidades: eso es la seguridad jurídica para ellos, que están en el polo desarrollado del mundo; aun con todos los problemas que atraviesan.".

"Usufructuando al máximo las estructuras gestadas a partir de los Acuerdos de Bretton Woods de 1944 (el FMI. la OMC, el GATT), y los instrumentos y herramientas que se fueron perfeccionando después, incluso con el despliegue mundial de las políticas neoliberales: el tribunal arbitral del CIADI, los tratados bilaterales de inversión con prórroga de jurisdicción y los acuerdos bilaterales (entre países o bloques de países) de libre comercio; entre los más relevantes.".

"Para los países latinoamericanos en cambio, la idea de "seguridad jurídica" tiene un significado y alcance bien distintos: implica virtualmente un límite a la posibilidad del diseño autónomo de políticas económicas acordes con sus propios objetivos y necesidades nacionales; que no implican cerrarse al mundo (algo imposible de lograr, por otra parte, aun cuando se planteara como meta), sino integrarse a él; pero bajo sus propios términos.".

"Cuando los países desarrollados les exigen a los nuestros "seguridad jurídica" -aunque no lo digan-, les están pidiendo cercenar las posibilidades del Estado de introducir regulaciones económicas que puedan afectar a sus capitales invertidos aquí; algo que, considerando el alto grado de extranjerización de nuestras economías, sería suicida aceptar, en términos de posibilidades de desarrollo.".

Lo dicho para las relaciones entre los Estados, aplica para la política y la economía internas: la simple posibilidad de una rebeldía o desconocimiento del fallo de la Corte por el gobierno nacional es visto por "los mercados" como la perspectiva de un cambio de rumbo en la política titubeante de Alberto Fernández, y agitan fantasmas. O en todo caso, los agitan para que no llegue siquiera a pensar ese cambio de rumbo, mucho menos a existir.

Nadie en su sano juicio puede creer en serio que alguien va a invertir en la Argentina o dejar de hacerlo, por como se distribuya la coparticipación entre la nación, las provincias y la CABA; como tampoco nadie puede suponer que ésta Corte dicte algún fallo que lesione intereses o privilegios del poder económico (en cuyo caso ellos mismos pedirían desconocerlo, como cuando hablan de la "industria del juicio laboral"), o que si fuera a favor, AF lo desconocería.

Y si tienen dudas, que le pregunten a Clarín, que viene logrando hace años multitud de fallos a su favor, o zafar de los que circunstancialmente fueron en contra como pasó la ley de medios que la justicia -la Corte, para ser más precisos- declaró constitucional: nadie en "los mercados" reclamó que el DNU de Macri que la mutiló "afectara la seguridad jurídica", ni está pidiendo reponerla en su vigencia. 

Por el contrario, agitando estos fantasmas le están diciendo a Alberto que ni se le ocurra. De modo que esta preocupación por la "soberanía jurídica" de "los mercados" es tan genuina como la preocupación por "la democracia, la república y las instituciones" de la Constitución.

¿CÓMO ES AL FINAL?

 

El país necesita dólares, por eso les permitimos a los que exportan hacer lo que quieran con un porcentaje cada vez mayor de los que obtienen. Acá no entiende el que no quiere: https://t.co/JrwZhlfWYM

— La Corriente K (@lacorrientek) December 9, 2021

Uno de los problemas más serios y persistentes de la economía argentina es la restricción externa, o sea la falta de dólares para sustentar el crecimiento y atender el pago de las deudas, eso nadie -o casi nadie- lo duda. A consecuencia de eso, el país necesita exportar más, para tener divisas genuinas provenientes del intercambio comercial, y atraer inversiones extranjeras, que son otra fuente genuina de divisas. Sobre eso también hay consensos extendidos.

Y éste gobierno en particular ha sido enfático al respecto, otorgando todo tipo de beneficios a los sectores exportadores, desde la reducción o eliminación de retenciones, hasta promesas y medidas de "estabilidad fiscal" a largo plazo. En ese contexto dictó en abril pasado el DNU 234, por el cual se estableció un régimen de beneficios para las inversiones extranjeras directas en actividades foresto-industriales, mineras, hidrocarburíferas, de industrias manufactureras y agroindustriales.

Entre esos beneficios, los titulares de las inversiones gozarían de la libre aplicación de hasta el veinte por ciento (20%) de las divisas obtenidas en las exportaciones vinculadas al proyecto, para poder ser destinadas al pago de capital e intereses de pasivos comerciales o financieros con el exterior y/o utilidades y dividendos que correspondan a balances cerrados y auditados y/o a la repatriación de inversiones directas de no residentes; monto que no podría superar un máximo anual equivalente al veinticinco por ciento (25 %) del monto bruto de divisas ingresadas por el beneficiario o la beneficiaria en el Mercado Libre de Cambios (MLC). O sea, ese 20 % de las divisas obtenidas por exportar desde acá no tendrían la obligación de liquidarlo en el país.

El mismo DNU en su artículo 11 les garantiza estabilidad normativa en materia cambiaria por el término de quince (15) años, o sea que aunque en ese plazo el país tenga mayor necesidad de divisas y por esa razón adopte restricciones sobre el uso de las mismas, a quienes accedan al régimen del decreto esas restricciones no se les aplicarían: "...los beneficios otorgados en el artículo 8° no podrán ser afectados por la normativa cambiaria que se dicte estableciendo condiciones más gravosas que las que se encuentran contempladas en el mismo." dice textualmente el decreto.

Así las cosas, ayer se conoció el DNU 836 (completo acá en el Boletín Oficial) que modifica al DNU 234 y comienza diciendo en sus considerandos lo siguiente: "Que la falta de divisas se ha convertido en una limitación estructural para el crecimiento de nuestra economía.", para acto seguido precisar "Que en razón de lo expuesto, y tomando en consideración las particulares características de las grandes inversiones en cuanto a la necesidad de contar con un período de maduración y financiamiento que posibilite su efectiva puesta en marcha, resulta necesaria la incorporación de un tratamiento diferenciado al diseñado originalmente en el Decreto N° 234/21, que otorgue mayores incentivos a las inversiones en moneda extranjera superiores a la suma de dólares estadounidenses quinientos millones (USD 500.000.000), e incrementar respecto de aquellas inversiones superiores a un monto de dólares estadounidenses mil millones.".

Lo primero que se puede decir es que éste nuevo decreto tienen nombres y apellidos, y evidentemente obedece a beneficiarios concretos, que anunciaron inversiones superiores a los 100 millones de dólares (el tope que estableció el DNU 234) de abril para acá. y lo segundo es ver en que consisten los nuevos beneficios comprometidos, con la finalidad de -reiteramos y esto es central- allegar divisas a la economía.

El nuevo DNU publicado ayer incorpora al texto del 234 el artículo 8 Bis, que amplía la libre disponibilidad de divisas provenientes de las exportaciones para los inversores, hasta el 40 % en el caso de las inversiones que van en el rango de los 500 a los 1000 millones de dólares; y hasta el 60 % en el caso de las que superen ésta última cantidad. Las del "hidrógeno verde", por ejemplo.

Ahora bien, acá hay algo que no se entiende, o alguien debería explicar mejor: si la escasez de divisas es un condicionante estructural de nuestra economía, y el fomento de las exportaciones es una herramienta para obtenerlas de modo genuino, ¿cómo se conseguirá eso si a los inversores que exportan desde el país se les permite disponer libremente de esas divisas sin liquidarlas acá en el mercado oficial de cambios, en un porcentaje significativo y cada vez mayor, y se le garantizan esos beneficios por lo menos por 15 años?

La sucesión de ambos decretos es, además, una buena muestra de como funcionan en la práctica las famosas "reglas de juego claras y estables" de las que tanto se habla: en apenas 8 meses que pasaron entre el dictado de uno y otro, se mantuvo el "cepo" normativo a la potestad del Estado de dictar normas sobre acceso y uso de las divisas para algunos por 15 años, pero se flexibilizaron los límites que esas mismas normas establecieron, en beneficio de inversores bien concretos. 

TODO EN SU MEDIDA Y ARMONIOSAMENTE

 

Que horrible suena eso de oportunidad grande y riesgos mínimos". Parece un brooker de negocios más que un presidente. https://t.co/jGSyyMZUCW

— La Corriente K (@lacorrientek) January 28, 2021

Ni siquiera vamos a plantear la discusión sobre la oportunidad y conveniencia de participar del Forro de Davos, o recordar que Néstor y Cristina no fueron nunca, ni enviaron representantes. Dejémoslo en el estante de la cosas pendientes de discutir bajo el rótulo "Qué significa volver mejores".

Vamos al propósito que en teoría se persigue participando de esos lugares: generar confianza para atraer inversiones extranjeras al país. Lo cual en sí mismo no sería malo, si no fuera porque subyace en cierta sobreactuación "ofertista" y lisonjera para el capital, una concepción errónea sobre el peso real que tiene la inversión extranjera en la reconstrucción de un país como el nuestro, y en su crecimiento y desarrollo con inclusión social.

Aclarado que hablamos de la inversión extranjera directa (IED) y no por ejemplo de la afluencia de capitales golondrina en forma de deuda y fuga, no se trata de levantar posturas "autárquicas" o simplemente afirmar que "podemos vivir con lo nuestro", o es mejor hacerlo. Aunque tengamos postura tomada al respecto.

Vamos a la experiencia histórica concreta -cercana y más o menos mediata- habida en el país al respecto, y veremos que los ciclos económicos en los que crecimos con mayor distribución del ingreso y mejoría de los indicadores sociales, ese crecimiento estuvo sostenido por el consumo y el mercado internos; claro que el cierre de un ciclo de desarrollo productivo integrado requiere del concurso de las exportaciones -preferentemente con valor agregado- y la inversión, donde la extranjera puede jugar su rol.

A la inversa, cuando predominaron las ideas "ofertistas" y se sedujo al capital con múltiples concesiones, las cosas terminaron mal: crisis sociales y políticas, deterioro del nivel de vida de los sectores populares. Eso sin contar con que tanta generosidad solo terminó profundizando el ya alto grado de extranjerización de la estructura productiva nacional, de modo tal que dificulta el diseño e implementación de un modelo de desarrollo, porque el Estado debe lograr que sus políticas se impongan a lógicas del capital foráneo, dictadas desde otros lugares

Definir el rol de la inversión extranjera dentro de un modelo explícito de desarrollo que hoy no se avizora, y donde la regulación de esas inversiones esté en relación a las premisas y objetivos de ése modelo, es algo que en el marco legal actual (la Ley 21382 de Martínez de Hoz y Videla, "empeorada" por la Ley 23697 de emergencia económica de Menem), resulta imposible.

En ese marco, cuya modificación constituye una de las deudas pendientes del kirchnerismo conforme lo señalábamos hace poco acá, no hay planificación alguna de las prioridades sectoriales de la inversión, no hay sectores o actividades donde -por su carácter estratégico- la misma es excluida, no hay ninguna restricción al giro de las utilidades a las casas matrices, ni tampoco compromisos explícitos de inversión exigibles, o mecanismos para garantizar su cumplimiento.

Los resultados son conocidos por todos, bastando al efecto con repasar los casos de las privatizadas concesionarias de servicios públicos, o las mineras; debiendo hacese notar que esas inversiones vienen además en combo con los TBI (Tratados Bilaterales de Inversión) del menemismo, y la aceptación de la jurisdicción del CIADI; instrumentos todos a través de los cuales el Estado argentino fue resignando soberanía jurídica, y poder de decisión económica.

No es de extrañar que en esas condiciones la inversión extranjera en el país haya agravado problemas como la restricción externa o el desequilibrio del modelo productivo, en lugar de resolverlos; sin que a su vez sus aportes en materia de empleos y salarios compensen esos costos. Eso sin contar que en muchos casos lo que se contabilizó como IED fueron simplemente adquisiciones por capitales extranjeros de empresas argentinas, que no contribuyeron a incrementar la capacidad de producción de bienes y servicios, o mejorar el perfil exportador.

Con eso en mente y por ser suaves, fue poco feliz la alusión presión a los "riesgos mínimos". ¿Estamos avisándoles a los capitales que puedan venir que, aunque incurran en prácticas predatorias como Repsol no serán expropiados, o que si prestan servicios públicos regulados por el Estado, tienen garantizadas tarifas razonables sin exigirles correlativas inversiones? ¿Le sirven al país los capitales -de acá o de afuera- que buscan los "riesgos mínimos", o la inversión extranjera debe darse -como diría alguien- "todo en su medida y armoniosamente"? 

Tuits relacionados:  

La sobrevaloración del rol de la inversión extranjera para sustentar el crecimiento y la creencia de que las inversiones vendrán con discursos lisonjeros y otorgando prebendas al capital, y no porque haya un mercado que demande. Dos de las idioteces más perdurables en economía.

— La Corriente K (@lacorrientek) January 28, 2021

Salí de ahí, maravilla! https://t.co/3ZFna4NWk2

— La Corriente K (@lacorrientek) January 28, 2021

¿FELIPE SUEÑA CON LA REVOLUCIÓN?

 

Excelente. Hay que denunciarlos y abandonar el CIADI ya. https://t.co/aNB0UxDHsz

— La Corriente K (@lacorrientek) January 16, 2021

Ojalá el anuncio del canciller Solá se concrete en alguna decisión trascendente, y no quede nomás en eso, un anuncio más, y van. Porque si para algo sirvieron los tratados bilaterales de inversión que florecieron como hongos en los 90', es para que el país perdiera soberanía jurídica, y a cambio de presuntas inversiones extranjeras, aceptara cualquier cosa.

Con el necesario e imprescindible complemento de la aceptación del tribunal arbitral del CIADI, con sede en Washington y dependencia del Banco Mundial, la cual la Argentina materializó a través de la Ley 24353 de 1994; algo que muchos países del continente -como Brasil- no hicieron, aun bajo gobiernos que instrumentaron políticas neoliberales.

Cada vez que se quiere tomar medidas contra empresas extranjeras radicadas en el país porque no cumplen con contratos o concesiones otorgadas por el Estado (la nación, las provincias), o se niegan a acatar las leyes argentinas, pende como una amenaza la espada de Damocles de apelar a los TBI (tratados bilaterales de inversión), o acudir a litigar al CIADI.

Hace mucho tiempo atrás, cuando Cristina había obtenido su segundo mandato con el 54,11 % de los votos y a propósito de las principales materias pendientes que le quedaban al kirchnerismo,  decíamos en ésta entrada: "El artículo 71 del mismo convenio constitutivo del CIADI contempla que los países firmantes lo pueden denunciar, y en un plazo de seis meses, la denuncia provoca que ya no se les aplique la jurisdicción del cuestionado tribunal. Si bien el artículo 72 deja a salvo la subsistencia de la jurisdicción del CIADI para los casos de empresas e inversores ingresados al país antes de la denuncia, nos permitiría evitar que en el futuro tengamos otros laudos similares, máxime considerando el altísimo grado de extranjerización de vastos sectores de nuestra economía.".

El "despegue" del "cepo" a la soberanía jurídica que representan los TBI y la jurisdicción del CIADI solo fue concretado -en tiempos kirchneristas- con la Ley 26737, que fijaba límites a la adquisición de tierras en el país por parte de extranjeros. Su artículo 11 estableció (aun rige) que "A los fines de esta ley y atendiendo a los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) suscriptos por la República Argentina y que se encuentren vigentes a la fecha de entrada en vigor de esta ley, no se entenderá como inversión la adquisición de tierras rurales, por tratarse de un recurso natural no renovable que aporta el país receptor.".

De paso y hablando de la ley de tierras: al igual que ocurrió con el blanqueo de capitales o la ley de medios, Macri la modificó -desnaturalizándola- por el Decreto 820/16, que aun está vigente y no ha sido derogado.

Revisar y en su caso denunciar los TBI, salir de la jurisdicción del CIADI, son parte de un amplio abanico de temas pendientes para introducir en el país cambios estructurales, cortando lazos de dependencia jurídica y económica, que no requieren de una reforma constitucional; algo políticamente inalcanzable en las circunstancias actuales.Y se podría hacer si existiera la decisión política, sin tanto "posibilismo" paralizante que se detiene ante la más mínima constatación de una correlación de fuerzas desfavorable. 

Otro ejemplo -conocido por todos- es el de la Ley 21526 de entidades financieras, aprobada por Videla y Martínez de Hoz en 1977, y que aun hoy rige en el país con pocos cambios, la mayoría durante el menemato, y para empeorarla. El propio kirchnerismo, que en 2012 avanzó sobre la Carta Orgánica del Banco Central para terminar con el absurdo de la "autonomía" e imponerle el mandato múltiple (y no sólo el de "cuidar el valor de la moneda"), amagó un par de veces con el tema, sin llegar a concretarlo.

Otro tanto ocurre con el régimen de las inversiones extranjeras: como decíamos en la entrada que citamos, además de los TBI, rige aun en el país la Ley 21382 de Videla y Martínez de Hoz, "empeorada" también por el menemismo en los 90' con la Ley 23697. 

Dijimos entonces: "...la Ley 21.382 reservaba algunos sectores de la economía en los que la llegada de inversiones extranjeras estaba sujeta a autorización del gobierno (cito tres: empresas de servicios públicos, energía y medios de radiodifusión), y permitía en ciertos supuestos restringir o suspender la remisión de dividendos al exterior, por ejemplo por problemas en la balanza de pagos; y la Ley 20.575 (del último gobierno de Perón) a la que reemplazó) fijaba un plazo mínimo de permanencia en el país de las inversiones para que se pudieran remitir utilidades al exterior, y un tope a éstas, obligando a reinvertir parte de las ganancias en el país . La reforma introducida en 1989 (Ley 23.697) hizo tabla rasa con todos esos límites, incluso con la trampa de introducir la absoluta libre disponibilidad de las utilidades para que las empresas extranjeras las remitieran a sus casas matrices...".

Como se ve, nadie está pidiendo (como sería necesario) que vuelva el IAPI, o regresar a la Constitución de 1949. Se trata de reformas que pueden instrumentarse ya, mañana, juntando los votos en el Congreso, por leyes comunes, no de emergencia, ni de delegación legislativa en los términos del artículo 76 de la Constitución. Es cuestión de elegir una -aunque sea para empezar, vieron- y animarse; a ver si es cierto que volvimos mejores, y no simplemente para hacer la plancha, y administrar la crisis.

A menos que a éstas cuestiones se refiera el presidente cuando dice que hay sectores del FDT que soñamos con una revolución.

NI ESO ANDUVO

Desde los tiempos del primer peronismo, una de las críticas recurrentes a su política económica es que, como todo populismo, apuesta todo al consumo para mejorar la situación presente de los sectores que constituyen su base electoral, sacrificando la inversión y las bases sólidas para crecer por mucho tiempo, en forma consistente.  

No importa que el propio Perón haya cambiado la orientación de la política económica en el Segundo Plan Quinquenal en un giro “desarrollista” antes de que el desarrollismo existiera como tendencia política en el país, y apostara a la inversión y el desarrollo de la industria pesada de base. Tampoco importa que los principales emprendimientos y proyectos en esa dirección hayan sido planeados y puestos en ejecución en gobiernos peronistas (incluyendo a los de Néstor y Cristina), porque el gorila, se sabe, es inmune a los libros de historia, o los reescribe a su gusto.

Lo cierto es que el gobierno de Macri llegó bajo esa lectura histórica, y bajo las premisas ideológicas del neoliberalismo “ofertista”, que plantea siempre sacrificar consumo y bienestar presente (de los sectores populares, claro está), para supuestamente sentar las bases de un crecimiento futuro más firme y duradero. Todos conocemos o recordamos ese esquivo fantasma como “teoría del derrame”, y en estos años tuvo otros alias: “bases firmes y duraderas”, “segundo semestre”, “brotes verdes”, y un largo etcétera.

Con ese fin, o al menos con esa justificación, como siempre que gobierna el neoliberalismo, se le conceden al capital nacional y extranjero todo tipo de beneficios, franquicias, exenciones, privilegios o tratamientos preferenciales: otra vez, podemos listar el levantamiento del "cepo", el blanqueo más generoso de la historia argentina, los contratos PPP (“participación pública privada”), el régimen especial para las energéticas y las energías renovables, los tarifazos (“sendero de precios a la industria”), las rebajas de aportes patronales o contribuciones sociales, los acuerdos sectoriales de flexibilización laboral tendientes a forzar salarios a la baja, y precarización de las condiciones de trabajo, las normas contra “la industria del juicio laboral”. En fin, nada nuevo bajo el sol, o que no se haya ensayado antes, con los resultados por todos conocidos, ahora y siempre.

Al cabo de sus cuatro años de mandato, Macri deja el poder con una serie de indicadores económicos y sociales desastrosos, por donde se lo mire, incluso haciendo retroceder al país en aquellas cuestiones que para el neoliberalismo son fetiches, como la inflación o el incremento de la inversión productivo: vemos en ésta nota de Diario Bae a la cual corresponde la imagen de apertura (enlace) que las cifras en ese renglón de su gobierno son también calamitosas: la inversión registró una caída de 4,5% interanual para octubre según Ferreres, y arrastra otra de 11,4% en los primeros 10 meses de 2019.

En septiembre, el Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala (ITE-FGA) midió otro desplome de 10,8% interanual, y señaló que de mantenerse en ese nivel los últimos tres meses del año, la inversión caería en torno al 14% en 2019, dejando un nivel 10% menor al de diciembre de 2015. La semana pasada el Indec informó que las inversiones productivas extranjeras cayeron 37,1% durante el primer semestre del 2019, en comparación con el mismo período del año pasado: US$3.573 contra US$5.680 millones, respectivamente.

El gasto en bienes de capital se encuentra en los niveles más bajos desde la crisis subprime en 2009, la inversión en equipo durable de producción nacional acumula 23 meses de caídas consecutivas, lideradas por la siderurgia y los químicos y plásticos, mientras que el equipo durable de producción importado lleva 17 meses consecutivos de recesión. Las importaciones de bienes de capital están alcanzando niveles mínimos históricos y la actividad de la construcción presenta 13 meses consecutivos de caída, registrando en septiembre un descenso de 8,5% anual. Si la construcción se mantuviese constante en los niveles observados hoy, el gobierno dejaría un nivel 7,5% menor al de 2015”.La inversión representa una porción cada vez menor dentro del PBI. Pasó de 19,6% en 2015 a 16,5% en 2019, según los datos del Indec.

Mayor demostración empírica del absoluto fracaso conceptual y práctico de las ideas neoliberales (dicho esto porque los "libertarios" cuestionan su ejecución, para salvar al modelo), imposible de conseguir, incluso bajo sus propios términos. Y mayor destrucción del entramado productivo provocada por los que venían a "reconvertir las industrias no competitivas" para replicar el modelo australiano, tampoco.

Ni hablar si al asunto se lo analiza desde la perspectiva  de un proyecto de desarrollo integrado con alta densidad del entramado industrial, capaz de diversificar exportaciones y generar divisas: cuatro años de macrismo nos han dejado la mitad de la capacidad instalada ociosa, y un mercado interno (que con el consumo apuntala la inversión, y no al revés, como sostiene el neoliberalismo) destrozado, que urge recomponer. No se entiende donde Macri y su gobierno ven las "bases firmes para el crecimiento" de las que tanto hablan.

SEGUROS DE RETIRO

El Gobierno celebra un fallo judicial por la estatización de la exAFJP Orígenes https://t.co/RTN5DotGpy pic.twitter.com/vd5qdgIRlV

— LA NACION (@LANACION) September 6, 2019

Leíamos ayer en La Nación que en el gobierno "celebran" un fallo de la justicia federal en lo contencioso administrativo, rechazando un planteo de los controlantes actuales de la ex AFJP "Orígenes", pretendiendo ser indemnizados por la liquidación del sistema de jubilación privada con la sanción de la Ley 26.425, en el primer gobierno de Cristina y a instancias de Amado Boudou, entonces a cargo de la ANSES.

El fallo dice que el agua moja, en términos sencillos: recuerda que nadie tiene derecho al mantenimiento indefinido de un determinado régimen jurídico, porque de lo contrario el Estado renuncia a su potestad de legislar como mejor le parezca, con tal de que respete la Constitución. 

Decimos que el fallo es todo menos novedoso, porque no hace sino recoger la tradicional jurisprudencia de la Corte Suprema al respecto, que la propia Corte reiteró en el caso de la disolución del sistema de jubilación privada en un fallo dictado ya en 2013: ver más detalles acá. De modo que en los tribunales del país, la suerte de este tipo de presentaciones no era dudosa. 

Sin embargo la nota da cuenta de que los mismos inversores que iniciaron el juicio acá, entablaron una demanda ante el tribunal del CIADI que depende del Banco Mundial, invocando los tratados bilaterales de inversión firmados en la década del 90'; y ahí la cosa puede cambiar.

En efecto, allí se trata de un antro que de jurídico tiene poco, y en la cual la tendencia uniforme es a favorecer los reclamos de los capitales privados, frente a la defensa de los Estados de sus legítimas atribuciones soberanas: hace poco contábamos en ésta entrada el caso del litigio en puerta ante el mismo tribunal arbitral por parte de la yanqui Met Life; en un caso que compromete gravemente al gobierno de Macri (que ahora "festeja" el fallo de la justicia federal) en un doble sentido.

Por un lado porque puso nada menos que al frente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)de ANSES a el ex encargado de las operaciones de Met Life en el país cuando la empresa yanqui vino a operar bajo el régimen de las AFJP; y por el otro porque cuando fueron a pedir asistencia financiera al FMI, Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger pusieron por escrito en un documento oficial del Estado argentino que cuando se disolvió el sistema por la citada Ley 26.425, lo que se produjo fue una "incautación de activos", que además no eran de las administradoras, sino de los aportantes.

Todo indica que el caso de la ex Orígenes repite el modus operandi de AUSOL, la concesionaria de los peajes del Acceso Norte a la Capital Federal; que por intermedio de su controlante la española Abertis introdujo una demanda en el CIADI contra el país en los últimos días del gobierno de Cristina, para generar las condiciones para que el gobierno de Macri renegociara las concesiones, con el otorgamiento de privilegios leoninos para los demandantes, que se trasladan como hipoteca para el futuro gobierno nacional.

Acá no puede pensarse que se esté intentando volver al régimen de las AFJP, aunque la idea estuvo planteada, de un modo u otro, en todos los documentos del acuerdo del gobierno de Macri con el FMI. La idea es pedir cualquier cosa, para conseguir algo; como también hizo el fondo Burford Capital al comprarle a Eskenasy el juicio por la estatización de YPF en 2012, en una causa en trámite en la que aun se discute no solo el monto de la eventual indemnización litigio (artificialmente inflado por el Burford), sino en que tribunales debe ventilarse la causa: los del país o el del CIADI.

Y allí está el verdadero problema: no son las decisiones soberanas de política económica que pueda tomar el Estado argentino las que causan estos problemas; porque además sin dudas deberá tomar otras en el futuro, para desatar los nudos que deja el macrismo; sino que el problema radica en seguir aceptando la jurisdicción del CIADI, a la que el país se sometiera en 1994, mediante la Ley 24.353. 

Denunciarla fue una materia pendiente que dejó el kirchnerismo, y seguir en ese ámbito supone dejar una puerta abierta para este tipo de truchadas, porque ya que de AFJP hablamos, ese tribunal amañado funciona como una especie de "seguro de retiro" para los capitales que vienen a rapiñar al país, si se los permiten.

Bonus track: ¿La "alegría" del gobierno será por el fallo de primera instancia, o por el aporte de 4,5 millones de pesos que Orígenes hizo a la campaña electoral del oficialismo el 28 de agosto, o sea después de las PASO y antes del fallo, según consta en los registros de la Cámara Nacional Electoral?:

DE LA LLUVIA A LAS GOTERAS

¿ES NEGOCIO EL G20?

"Importancia del foro y presidencia para la Argentina

La Argentina ejercerá la presidencia para el próximo periodo anual ¿Qué importancia tiene esto para nuestro país? En primer lugar, el G20 le permitió en otros momentos instalar la discusión sobre la necesidad de un marco para las reestructuraciones de deuda de los países. De hecho, en el G20 de 2014, se mencionó en el comunicado final de la cumbre “el progreso realizado en el reforzamiento de la disciplina y la previsibilidad de los procesos de reestructuración de la deuda soberana”, junto con un punto referido a “Asuntos para mayores acciones”, donde se indican “los retos que plantean los litigios y con el fin de reforzar el orden y la previsibilidad de los procesos de reestructuración de las deudas soberanas”."

"Como contracara, esta cumbre encuentra a nuestro país estrechamente ligado a los lineamientos del FMI, lo que se refleja en un limitado margen de maniobra que hace poco esperable planteos innovadores o discordantes de la hegemonía mundial. En este mismo sentido, la reciente frase del Ministro Dujovne (“esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el Gobierno”) parece mostrar el verdadero objetivo del Ejecutivo Nacional: cumplimos con el ajuste del FMI y seguimos gobernando."

"En segundo lugar, y en el mismo sentido que lo mencionado anteriormente, las posiciones pre acordadas de varios países emergentes permitieron, en otras cumbres, la discusión sobre los paraísos fiscales, la necesidad de regulaciones e incluso las críticas a la economía financiera actual y el impacto sobre estos países. En 2009, por caso, en el marco de la crisis financiera internacional, lograron que el G-20 reemplazara al G-8 como el principal escenario de discusión en materia económica, y China, India y Brasil serían miembros permanentes y obtendrían una mayor representación en la estructura del FMI. Es difícil imaginar estos debates en la reunión actual. "

"Como tercer punto, la guerra comercial entre EEUU y China le da marco general al actual encuentro. La Argentina, como presidente del G20, solo atina a ser un espectador de tales discusiones. Vale mencionar que recientemente se llevó a cabo la cumbre de APEC (Foro de Cooperación Asia-Pacifico) que cerró sin acuerdo final justamente por la disputa entre estos dos gigantes. Mike Pence, el vicepresidente estadounidense, amenazó a China con más aranceles si no modifica su política comercial a lo que el presidente chino, Xi Jinping, contestó acusando a EEUU de ser “contrario a las leyes económicas y al sentido de la historia. En el orden regional, la relación comercial con Brasil parece no mostrar un devenir atractivo. Jair Bolsonaro, recientemente electo presidente, no vendrá a la cumbre y ha manifestado poco interés en la relación comercial con nuestro país."

"Argentina ha planteado tres ejes estratégicos para el ejercicio de su presidencia: el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo y un futuro alimentario sostenible. En estos aspectos, y a nivel local, Argentina no recorre el camino de la inclusión, sino todo lo contrario: se visualiza una considerable pérdida de puestos de trabajo y junto con ello se instalaron debates para “modernizar” convenios colectivos con el único objetivo de flexibilizar derechos laborales, el ajuste en la obra pública difícilmente logre cumplir con el objetivo de “infraestructura para el desarrollo” y la desregulación de los precios de los alimentos –junto con el desarme de organismos de control como el SENASA- hacen dudar de la existencia de planificación local para un futuro alimentario sostenible. "

"El “futuro” del trabajo en nuestro país parece sombrío teniendo en cuenta que los últimos datos de empleo registrado en el segundo trimestre del 2018 muestran un aumento de la tasa de actividad, pasando del 45,4 al 46,4% entre 2017 y 2018, así como también un incremento de la desocupación del 8,7 al 9,6%2 para el mismo período, con pocas expectativas de un cambio positivo en el mediano plazo. En este mismo sentido, las estimaciones sobre desocupación del propio FMI para el 2019 llegan al 10,9%."

"Con relación al desarrollo de infraestructura, durante 2018 la obra pública sufrió un recorte de $14.225 millones, que significa un ajuste nominal del 8% en relación al 20173 y real de más del 50%. Asimismo, recientemente se ha votado un presupuesto para el año 2019 donde el mayor recorte se lo lleva la inversión pública con un ajuste nominal de más de $17.000 millones, que implica un retroceso de casi 9 puntos porcentuales respecto del 2018 y en términos reales un ajuste del 32%4. Por último, la desregulación de los principales precios de los alimentos en la Argentina han tenido impacto: mientras que la inflación alcanza 39,5% a octubre de 2018, el precio de los alimentos alcanza casi 46%, afectando principalmente a los sectores de menores ingresos. Este efecto es el resultado de la desregulación de productos como trigo, aceite y combustibles."

"Inversión Extranjera Directa en la Argentina 

En Gobierno Nacional prometió en los primeros meses de su mandato la llegada de inversiones. En el G20 de 2016, el propio Presidente de la Nación pidió “financiamiento a largo plazo” para potenciar “el impacto positivo de las inversiones”, además de mencionar que “me sentí gratamente sorprendido por los elogios del presidente de China, como por el presidente de Estados Unidos. Es el entusiasmo que despierta al mundo que Argentina este de vuelta”6. Luego de las reuniones bilaterales del G20 en 2017, Macri indico “Este es el momento perfecto para invertir en Argentina”7. Los datos que se presentan a continuación ilustran el escaso éxito de las intervenciones mencionadas."

"Política comercial exterior de la Argentina con los países del G20

Asimismo, Cambiemos apostaba a mejorar el rendimiento de las exportaciones a partir de estrechar vínculos del presidente con los principales presidentes del mundo. Adicionalmente, se implementó la quita de retenciones al agro, la industria y la minería y se implementó una progresiva apertura importadora."

"Es posible analizar una serie de conclusiones del resultado de comercial exterior de la Argentina, comparando los primeros diez meses de importaciones. En primer lugar, en términos globales, las mismas crecieron 15% en la relación comercial del segmento de países mencionado. El mayor aumento se percibe en vehículos (68%), particularmente influenciado por la relación comercial con Brasil. En este sentido, y tal como menciona el informe “Situación del Complejo Automotriz” elaborado por CEPA9, este aumento de importaciones se produce en un escenario de retracción de la producción nacional, por lo que la participación de los importados en las ventas de vehículos en la Argentina alcanzó el 71% de las ventas."

"Adicionalmente, se percibe un sensible aumento en las importaciones de Bienes de Consumo (33%). Este es un eje central que explica la caída de la producción industrial, que llego a -11,5% en octubre último en la comparación interanual. Entre Bienes de Capital y Piezas para Bienes de Capital de capital, el crecimiento es nulo. Los Bienes Intermedios tuvieron un crecimiento relativo, del orden del 14%. Pero, al igual que en el caso del sector automotriz, este crecimiento va acompañado de la caída de la producción industrial, por lo que se percibe una creciente utilización de insumos importados en la producción industrial."

"Es posible concluir que, en términos globales, las exportaciones cayeron 10% en la relación comercial del segmento de países mencionado. Este resultado se encuentra influenciado particularmente por la caída de Productos Primarios y MOA, cuyas retracciones alcanzan -33% y -17%. Esto se debe a la sequía principalmente."

"Las exportaciones de productos industriales (MOI) solo crecieron 3%, distinguiéndose también aquí la reducción de la producción industrial. Finalmente, se percibe que en un escenario de disputa de precios de combustibles, aumentaron las exportaciones de Combustibles 122%, fundamentalmente se explica por aceites crudos de petróleo cuyas ventas al exterior se incrementaron en 1.332 millones de dólares." 

"En definitiva, Argentina tiene centralidad en este encuentro del G20 sólo por su carácter de anfitrión, ya que incluso las decisiones que se adopten en el marco del mismo no tendrán incidencia sobre el desarrollo de las políticas económicas locales, que han sido diseñadas y controladas por el FMI y su único fin es la estabilización macroeconómica mediante un severo ajuste fiscal, tal como reconocen los mismos funcionarios del organismo."