Y así mientras lo pasan de un lado a otro de acuerdo a como se lleven los funcionarios con las orgas ¿estamos por urbanizar algún barrio popular antes del fin del mandato?: es para un amigo que pregunta: https://t.co/tG9PgJ7IPT
— La Corriente K (@lacorrientek) September 28, 2020
En el Boletín Oficial de ayer salió publicado el DNU 777, que modifica la ley de ministerios para sacarle la competencia para intervenir en "... la ejecución de las gestiones y obras relativas a la implementación de los programas de integración socio urbanos de los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) creado por el Decreto Nº 358/17..." al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de María Eugenia Bielsa, y transferírsela al de Desarrollo Social, hoy a cargo de Daniel Arroyo. (completo acá en el Boletín Oficial).
El Registro fue creado por Macri por ese decreto del 2017, que luego dio origen a la Ley 27453 (2018) que declaró "...de interés público el régimen de integración socio urbana de los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP)...", e incluso avanzó declarando genéricamente de utilidad pública y sujetos a expropiación, los bienes inmuebles en que se asienten los barrios populares relevados (artículo 2º), y suspendió por cuatro años los desalojos en los mismos (artículo 15).
Según trascendió, el DNU surge porque los planes de urbanización no avanzaban en la cartera de Bielsa por diferencias entre ella y las organizaciones sociales que en su momento y con Macri gestionaron el decreto que creó el registro, y la ley mencionada; las que se llevarían mejor con Arroyo, en cuya área incluso tienen funcionarios.
Como fuere, éste tema (el de la integración vía urbanización con acceso a todos los servicios) es una de las principales deudas sociales de nuestra democracia, a la que no pudieron saldar tampoco los gobiernos kirchneristas; aunque hayan hecho grandes avances en los planes federales de vivienda a cargo de Julio De Vido, y en favorecer el acceso a la vivienda propia a la clase media a través del Programa Procrear, durante el segundo mandato de Cristina y por gestión de Axel Kicillof.
Que el RENABAP haya sido creado durante el gobierno de Macri, y que en ese mismo gobierno se haya sancionado la ley que propende a su urbanización no habla tanto de la sensibilidad social de la "nueva derecha moderna y democrática", ni del amplio consenso que existe sobre la necesidad de abordar la problemática entre las diferentes fuerzas políticas, como del diálogo fluido que algunas organizaciones sociales mantuvieron con el macrismo; que a cambio de "paz social" les concedió cosas que en realidad no pensaba cumplir, como la Ley 27453.
Porque si la ley se estuviera cumpliendo, Macri no hubiera perdido las elecciones en determinados estratos sociales, ni Alberto Fernández se vería obligado a cambiar el área competente para abordar la problemática, sin que esto signifique dar por buenas las versiones sobre las razones del recambio, o quebrar lanzas en favor de la gestión de Bielsa, que hasta acá no ha producido resultados muy estelares que digamos.
Tampoco y para ser justos, se le puede pedir al actual gobierno en apenas nueve meses de mandato atravesados además por una pandemia, que resuelva este problema estructural de tan larga data, que por ejemplo allá por el año 1994 en pleno menemato se dictó la "ley Pierri" 24374, para permitirles regularizar el dominio a "... los ocupantes que, con causa lícita, acrediten la posesión pública, pacífica y continua durante tres (3) años, respecto de inmuebles edificados urbanos que tengan como destino principal el de casa habitación única y permanente,...", luego renovada en el 2015 durante el gobierno de Cristina por la Ley 27118.
La urbanización de los hoy llamados -desde el lugar de la corrección política- "barrios populares" fue muchas veces un caballito de batalla de la propia derecha política en la Argentina: pensemos en el PRO y los terrenos de la Villa 31 en Retiro por ejemplo. Claro que del dicho al hecho hay un largo trecho, y muchas veces "urbanizar" es sinónimo de "despejar el terreno" de inmuebles codiciados, para el progreso de negocios inmobiliarios privados; donde tallan poderosos jugadores pujando por un bien escaso y valioso, como el suelo urbano.
Precisamente la falta de terrenos aptos para vivienda (al menos disponibles a un precio accesible para los sectores populares) es lo que ha disparado el fenómeno de las tomas, en el que las organizaciones sociales muchas veces aparecen para encauzar y organizar el reclamo, y generar su visibilización por parte del Estado; y en otros para usufructuarlo políticamente: otra vez, siendo justos, debemos reconocer que hay de todo en la viña del Señor.
Tomas, asentamientos precarios, "barrios populares", necesidad de tierra y vivienda, escasez de suelos aptos, demanda de servicios esenciales: un combo de problemas complejos que solo pueden ser abordados de modo integral desde el Estado, con la decisión de darles prioridad, asignarles recursos y desplazar la lógica de los negocios de intereses privados, tanto como la de las disputas internas por "quioscos" de acumulación política.
En la concepción peronista de la sociedad, la importancia que se le asigna a las denominadas "organizaciones libres del pueblo" (y por ende creadas por éste, desde la sociedad y no desde el Estado) no debe llevar al extremo de promover un "autocentrismo endogámico" de las mismas, ni a entender que deben desarrollar toda su actividad sin participar de una colaboración activa con el Estado, para el logro de sus propio fines y para el beneficio del conjunto social.
Muchas veces las organizaciones han suplido el accionar del Estado, sus vacíos y sus omisiones, con eficacia. Pero si, más tarde o más temprano, el Estado no asume estas cuestiones poniéndoles su peso institucional para darles certeza jurídica y forma de consagración de derechos sostenibles en el tiempo, o -peor aun- por el contrario las combate, la obra no perdura, por más loable que sea. Es lo que ocurre, sin ir más lejos, con el trabajo de Milagro Sala y la Tupac en Jujuy.
Y colaboración no es "loteo" de espacios en la estructura del gobierno, o disputa por ellos; menos cuando esa disputa puede retrasar el logro de los objetivos, ya de por sí retrasados por décadas, como en éste caso: mucho más importante que saber a que Ministerio le corresponde encarar la urbanización e integración de los "barrios populares", o quien tiene los funcionarios más eficaces a esos fines, es que las cosas se hagan. "Mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar".
Porque una cosa (a quien "le toca" ocuparse del problema ahora) la sabemos desde que ayer fue publicado el DNU. A la otra estamos por verla, y es urgente.
