LA FRASE

"HOY TENEMOS UN DESAFÍO MUY GRANDE PORQUE EL PAPA DEJA EL PAÍS A LAS 14 HORAS Y TENEMOS QUE LLEGAR A ORGANIZAR EN POCO TIEMPO LA REPRESIÓN A LOS JUBILADOS Y DISCAPACITADOS EN EL CONGRESO." (ALEJANDRA MONTEOLIVA)
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martes, 17 de enero de 2017

CADENA DE FAVORES


13 meses lleva Macri en el gobierno, y 13 meses lleva el Grupo Clarín obteniendo beneficios, en retribución por su apoyo durante la campaña electoral, y el blindaje mediático ya en el gobierno.

Leíamos ayer acá en La Nación que el año pasado el Grupo obtuvo publicidad oficial del gobierno nacional por más de 519 millones de pesos, casi un 82 % más que en el 2015, durante el último año del gobierno de Cristina. Como reza el informe, sus medios se llevan más del 21 % de la torta publicitaria del Estado nacional.

Pero eso no es todo, y los "beneficios" empezaron bastante antes, desde la asunción misma de Macri; con el DNU 267 que desguazó la ley de medios mutilando con precisión quirúrgica aquéllos artículos que le molestaban al hólding comandado por Magnetto: los que ponían tope a las licencias y limitaban su transferibilidad, y los que fijaban una cuota máxima del mercado de la televisión por cable. 

También logró Clarín la aprobación de la compra de Nextel y de otras operadoras menores para poner un pie en el mercado de la telefonía celular para poder brindar servicios 4 G, mientras conseguía sobre el inicio de éste año y con Macri de vacaciones, el decreto que la protegía al menos por un año más de la competencia de las telefónicas en el cable. 

Recordemos además que el mismo DNU que se cargó la ley de medios también toqueteó los artículos de la Ley 27.078 (Argentina Digital) que obstaculizaban la ampliación de los negocios del Grupo en el campo de la telefonía y la provisión de servicios de Internet.

Por todos esos motivos, no es de extrañar que las acciones del hólding siguieran un rally ascendente durante todo el 2016, llegando en la última rueda de cotizaciones del año pasado a $ 189 cada una. cuando estaban en $ 87 antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2015. 

Recordemos que hace menos de una semana Ralph Booth se desprendió de sus acciones en el hólding, como consecuencia de lo cual los accionistas principales (Magnetto, Ernestina de Noble, José Aranda y Lucio Pagliaro) controlan ahora más del 80 % del paquete de las dos sociedades en las que se dividió, una para gestionar los medios propiamente dichos y la otra para manejar Cablevisión, Nextel y Fibertel; o sea televisión por cable, telefonía e internet: los fierros mediáticos para presionar, las empresas "rentables" para levantarla con pala.

Y ahora tal como han hecho otros sectores económico favorecidos por las políticas de Macri (como el campo, las petroleras o las mineras) lejos de apostar a generar empleo, despide a 380 operarios de una de las plantas de AGR (Artes Gráficas Rioplatenses), donde antes se imprimía "el gran diario argentino".

Ante la previsible reacción de los trabajadores que pierden sus empleos, el Grupo liderado por Magnetto decidió pedirle al gobierno otra gauchada (en éste caso es difícil aseverar que se cumpla aquéllo de "una más, y no jodemos más): el despliegue de un enorme operativo de Gendarmería para amedrentar a los trabajadores, y reprimirlos, llegado el caso.

Quizás Macri no entienda aquéllo de que si uno se encierra con un león en una jaula y tiene carne para calmarlo, no es bueno agotar rápidamente las existencias. mientras todavía tenga, podrá evitar ser comido.

O dicho de otro modo: cuando ya no tenga favores que hacerle se volverá prescindible, y ser presidente volverá a ser un "puesto menor". 

PD: El sobreseimiento de Magnetto y Ernestina en la causa Papel Prensa no se lo deben al gobierno sino a sus propios méritos; gracias a la red de complicidades que llevan construyendo en el Poder Judicial desde los tiempos en que Macri ni pensaba dedicarse algún día a la política.

sábado, 17 de diciembre de 2016

"TENER PODER ES TENER IMPUNIDAD"


Para el que tenga estómago, el fallo completo acá. 

Por si algunos le quedaba alguna duda respecto a quien tiene el poder en la Argentina, y como lo ejerce.

Cinco años Ercolini sentado arriba del expediente, esperando el cambio de gobierno para hacer lo que tenía pensado hacer desde el primer momento.

Hasta los milicos (tarde, no todos y con esfuerzo de mucha gente, venciendo todo tipode contratiempos y obstáculos) pagaron o están pagando sus culpas.

Videla murió preso y condenado, estos sátrapas (como todos sus socios y mandantes civiles) morirán libres, disfrutando de sus privilegios y de sus fortunas mal habidas; desde el primero al último centavo.

Un recordatorio de como fue realmente la verdadera estructura de poder de la dictadura.

Y del cáncer que está enquistado en el corazón de nuestra democracia.

Después que la cuenten como quieran.

O como se les canta, porque tienen poder. Mejor dicho: son el poder.


sábado, 26 de diciembre de 2015

CLARÍN NO QUIERE DEJAR NINGÚN CABO SUELTO


El caso de la presunta aparición (luego desmentida) de la nieta de "Chicha" Mariani nos dejó a todos con un sabor amargo, como si sintiéramos que pasaba algo raro detrás del anuncio y posterior desmentida.

Sumado al hecho de que Abuelas nunca confirmó la noticia, y luego se supo que la presunta nieta había obtenido ya en el mes de junio de éste año un examen negativo del Banco Nacional de Datos Genéricos (BNDG), cotejando con muestras de la familia de "Chicha".

En el transcurso de la tarde expresábamos algunas dudas en Twitter, tratando de desenredar la madeja de algo que aparece a toda luces no solo confuso, sino sugestivamente metido en medio de la blitzkrieg descargada por el Grupo Clarín con toda su artillería en defensa de sus intereses:



Pasando en limpio: como la causa por la supresión de identidad de los hermanos Noble Herrera no se puede cerrar (tal el planteo de los abogados de Ernestina) por las razones señaladas en los tuits  será siempre una espada de Damocles pendiente sobre el interés de Clarín por clausurar cualquier investigación o avance sobre los esqueletos (muchos) que guardan en su placard.

En el caso de Papel Prensa (que es el que más le preocupa) están a punto de lograrlo con la inestimable colaboración de la justicia; y la comisión investigadora creada por ley del Congreso sobre la complicidad de los empresarios y grupos económicos con los crímenes de la dictadura dependerá del impulso que quiera darle Macri, o sea...

Si la causa no se puede cerrar y mientras eso no ocurra, siempre estará latente el peligro de un nuevo cotejo con nuevas muestras incorporadas al BNDG que pueda arrojar resultado positivo, determinando que los hermanos Noble Herrero son hijos de desaparecidos, y por ende apropiados por Ernestina. Si es que -como decíamos en Twitter- tal cosa ya no ocurre y no lo conocemos, pero ellos sí.

En esa circunstancia, todo hecho que contribuya a minar la credibilidad de los análisis del Banco sirve objetivamente al propósito de Clarín y sus dueños: para el caso que tal análisis apareciera, podrían decir que los análisis del BNDG no son serios, desde que se lo trasladó a la órbita del Poder Ejecutivo nacional; más concreatmente del Ministerio de Cuiencia y Tecnología.    

O al revés: serían "serios" antes, cuando dependían del hospital Durand, y del gobierno de la CABA. Par colmo, Lino Barañao es el único ministro del gabinete de Cristina que permanece en las mismas funciones en el de Macri; lo cual les da otro elemento para alimentar las suspicacias.

En esas cavilaciones estábamos cuando apareció el tuit de Wiñasky que muestra la imagen de apertura, que demuestra que muy errados no estábamos.

Y acá la unidad fiscal especial que entiende en los casos de apropiación de niños y niñas durante la dictadura debió haber pensado parecido, porque salió a aclarar que la presunta nieta de Mariani se hizo un primer análisis con la anterior directora del BNDG y otro con la actual;  y en ambos casos dio negativo.  

domingo, 15 de marzo de 2015

EL MURO DE IMPUNIDAD DEL VERDADERO PODER


Como para que no quede lugar a ningún tipo de dudas de que el lado en el que están, y con la precisión de un mecanismo de relojería, en apenas cuestión de días la justicia argentina produjo una serie de decisiones (a cual más controversial) para exculpar de responsabilidades en causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, a importantes protagonistas del poder económico y mediático del país; entonces y ahora.

Magnetto, Mitre, Ernestina Herrera, Blaquier y Vicente Massot pudieron zafar de las causas que los involucran, aunque los procesos en su contra continúen; pero sin demasiadas expectativas de que progresen, tras años de chicanas y dilaciones; por los meandros de una justicia cómplice, también entonces y ahora.

No bastan las graves evidencias acumuladas en su contra, incluyendo las propias actas secretas de la junta militar que documentaron en el sigilo y el secreto, el pacto de sangre por negocios.

Los jueces confirman así -una vez más, por si hiciera falta- que se detienen ante el muro invisible pero no menos impenetrable de la impunidad del verdadero poder en la Argentina; y más aun: que el poder judicial es el resguardo último de los intereses de los dueños del país.  

Ese poder que instrumentó los golpes de Estado cada vez que perdía transitoriamente su control efectivo y directo del país, y cada vez que le fue necesario para sostener e incrementar sus negocios.

Si los juicios por la verdad, la memoria y la justicia fueron avanzando en el país para condenar a los responsables materiales de las graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura por obra de la lucha y el esfuerzo de los organismos -y a partir del 2003 porque los gobiernos de Néstor y Cristina los convirtieron en una política de Estado-; y no precisamente por la decisión de la inmensa mayoría de los jueces y fiscales del país.

Y también -para ser justos- porque las fuerzas armadas perdieron gravitación como factor de poder político, aunque éste último aspecto no disuadió por ejemplo a Menem de firmar los indultos, o a De La Rúa de negar la extradición de los represores para que fueran juzgados fuera del país.

Pero cuando el proceso de verdad, memoria y justicia alcanza a los actores civiles del golpe (y sus máximos beneficiarios, en definitiva), la cosa cambia; porque siguen conservando aun hoy, a más de 30 años de recuperada la democracia, inmensas cuotas de poder efectivo, concreto y real.

Un aspecto que suele ser deliberadamente omitido en los análisis mediáticos (porque los medios hegemónicos son parte del pacto de impunidad), y en el discurso político de una oposición que para atacar al gobierno, defiende también a esta misma justicia.

Que carece en absoluto de autoridad moral para pretender convertirse en la guardiana de la república y las instituciones; y hasta ayer organizaba marchas movilizando a la ciudadanía para reclamar lo que ellos mismos deben garantizar.

Si en el marco de la iniciativa política sostenida por el kirchnerismo desde el 2003 en materia de derechos humanos y juzgamiento del pasado dictatorial algún sector de la justicia se sintió en condiciones (o quizás compelido) a continuar con los juicios, hoy el "partido judicial" le está diciendo a quien oírlo (empezando por caso por el mismísimo Lorenzetti, que hasta acá llegó la cosa; y debe quedar estrictamente circunscripta a los culpables de uniforme.

Lo que supone un desafío político abierto e intolerable a las instituciones de la democracia.

lunes, 19 de mayo de 2014

POR UN LADO LOS NEGOCIOS, POR EL OTRO LOS FIERROS MEDIÁTICOS


Sigue corriendo la cuenta regresiva para que el Grupo Clarín cumpla -de una buena vez por todas- con la ley de medios; y desguace su estructura de licencias.

Tras muchas versiones cruzadas al respecto (que incluyeron el tanteo de transferir las licencias a los herederos de los principales accionsitas del Grupo), leemos en El Cronista que avanza la propuesta de vender cuatro de las seis "unidades de negocios" en las que el multimedios le propuso hace tiempo al AFSCA dividirse, y repartir las otras dos (las más importantes) entre los cuatro principales accionistas: Ernestina Herrera de Noble, Magnetto, Aranda y Lucio Pagliario (todos en la foto de apertura).

La propuesta de adecuación del Grupo a la LSCA fue analizada en éste blog en varias oportunidades, y para no extendernos recomendamos leer éste post; y éste otro, con sus correspondientes referencias a la normativa de aplicación. 

Si corresponde aquí transcribir lo que dice la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 para los casos de escisión en su artículo 88: "Hay escisión cuando: 

I. - Una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para fusionarse con sociedades existentes o para participar con ellas en la creación de una nueva sociedad;

II. - Una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para constituir una o varias sociedades nuevas;

III. - Una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad de su patrimonio nuevas sociedades. ". 

Por lo que ha trascendido hasta acá, la propuesta tomaría la tercera alternativas de las que contempla la ley, y el Grupo Clarín como tal (que es un hólding o sociedad controlante que nuclea a varias sociedades controladas) dejaría de existir; reemplazado por las nuevas sociedades titulares de las dos "unidades de negocios" más importantes de su actual emporio de medios.

Una (que estaría encabezada por Magnetto y Ernestina) se quedaría con la participación mayoritaria en Cablevisión, y el manejo de Fibertel como proveedor de Internet (es decir fuera de la regulación de la ley de medios); debiendo resolver en el caso de la prestadora del servicio de cable la situación con David Martínez, que se desprendería de su parte para poder participar de la compra de Telecom Argentina; pues la LSCA le prohíbe ser licenciatarios de medios audiovisuales y de servicios públicos, al mismo tiempo.

La otra "unidad de negocios" (a cargo de Aranda y Pagliaro) conservaría la titularidad -mientras duren- de las principales licencias de medios del grupo, a saber: Canal 13, TN y Radio Mitre; y la del mismísimo diario Clarín (fuera del ámbito de la ley de medios también).

En un análisis primario, Magnetto y Ernestina se quedarían con la crema del negocio en términos económicos y financieros (la facturación conjunta de Cablevisión y Fibertel es el grueso -por lejos- de los ingresos del Grupo); y Aranda y Pagliaro con los principales "fierros" mediáticos, lo cual no es para nada un dato menor.

Por un lado expone con crudeza la verdadera naturaleza del multimedios (de éste y de cualquiera): son empresas de negocios, para ganar guita; y mucha. Lo de la "libertad de expresión" es secundario, o en todo caso un cazabobos.

Que la heredera del fundador del diario y su mano derecha desde hace décadas hayan optado en el desguace por quedarse con la parte del armado que les garantiza cash es algo muy sintomático sobre cuáles son sus prioridades, y no debería ser menospreciado sobre todo ahora, cuando está de moda bajarle el precio a las batallas que emprendió el kirchnerismo en todos estos años; como la de la ley de medios.  

Y menos cuando personajes tales renuncian al manejo del capital simbólico de medios instalados en la opinión pública hace tiempo, desde los que pueden influir a diario en el formateo de la opinión pública; tratando de hacer coincidir su línea editorial (que es la expresión de su estrategia de negocios) con el pensar y el sentir del hombre común de la calle. O de hacer que lo segundo replique lo primero, para ser más precisos. 

Por otro lado si la propuesta se concreta, se plantea el interrogante de como harán Aranda y Pagliaro para sustentar financieramente los fierros mediáticos con los que se quedan, sin el auxilio de la mosca que entra por el abono del cable, o el servicio de Internet; que van además indisolublemente unidos en la estrategia empresarial del grupo, desde hace años.

No es ninguna novedad que Clarín (como cualquier medio gráfico en la era digital) viene cayendo en sus ventas en forma sostenida, y los canales y radios del Grupo dependerían económicamente en ese caso (si se concreta la propuesta) exclusivamente de lo que facturen por publicidad; por lo que la propuesta de adecuación a la ley de medios supone una nueva ingeniería financiera para este segmento en especial de lo que hasta hoy es un sólo grupo empresarial.

¿Podrán seguir sosteniendo por ejemplo los abultadísimos honorarios de algunas de sus estrellas periodísticas en radio, televisión, cable y gráfica cuando ya no ingrese plata del cable o internet?

La propuesta deberá ser analizada no sólo por el AFSCA para ver si se adecúa a la ley de medios, sino también por la Comisión Nacional de Valores (porque se trata de una empresa que cotiza en bolsa, en la que hasta la ANSES tiene participación a través del FGS) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia; sobre todo para verificar que no se vulneren las pautas restrictivas de la LSCA a través de participaciones cruzadas entre las diferentes unidades de negocios, que pasarán a tener independencia jurídica y económica.

Tampoco está muy claro si las otras cuatro unidades de negocios serán vendidas por el propio Grupo (buscando compradores) o devolverá las licencias que las conforman al Estado para que el AFSCA las adjudique en concurso público.

Pero -reiterando lo dicho- los trazos gruesos de la propuesta que se conocen hasta acá, arrojan datos no menores para el análisis, como por ejemplo hacerse la siguiente pregunta: ¿quién hubiera dicho hace cinco años atrás que Ernestina y Magnetto dejarían de tener ingerencia en Clarín y en los principales medios del Grupo, como resultado de decisiones del Estado?

domingo, 29 de septiembre de 2013

LANATA TIENE EL ADN DEL TURRO


La verdad que el derrape semanal de Lanata últimamente no da ni para desmentidas, pero lo que sí es cierto es que domingo a domingo se supera en el grado de hijoputez con el que elige los temas en que se mete, o las personas a las que roza con la mierda que revolea.

Y el domingo pasado no fue la excepción, al punto de que así como no vacila en pegarle a la madre de Marita Verón, con el informe sobre el traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos intentó sembrar una sombre de duda sobre el trabajo que se hace allí, y por que no, sobre la inmensa lucha de las Abuelas para recuperar a sus nietos.

Se ha dicho en muchos lugares, pero vale la pena reiterarlo: el Banco venía funcionando en el hospital Durand (que depende del gobierno de la CABA), hasta que en el año 2009 se sancionó la Ley 26.548 (ver acá el texto), reglamentada en enero de este año por éste decreto de Cristina. El Banco incluso existe desde antes, ya que fue creado en 1987 por la Ley 23.511,

La ley del 2009 dispuso el traspaso del Banco a la esfera del Ministerio de Ciencia, Teconología e Innovación Productiva, como organismo autárquico y autonomo, al estilo por ejemplo del CONICET, o las universidades nacionales; lo que implica que el área de Lino Barañao no tiene ingerencia sobre el trabajo específico que realiza el BNDG, que actúa además como auxiliar de la justicia, donde sus profesionales son peritos oficiales exclusivos.    

Es tan cierto que la ley fue gestada en el contexto del enfrentamiento del gobierno con Clarín y la causa en la que se investiga la verdadera identidad  de los hijos de Ernestina; como que con esa misma ley Marcela y Felipe Noble Herrera accedieron finalmente (luego de años de cerradas negativas, y mil y una peripecias judiciales) a hacerse los exámenes de ADN para cotejarlos con las muestras existentes en el BNDG, aportadas por familiares de desaparecidos; con resultados negativos hasta acá. 

Lo que no implica que no deban repetirlos en el futuro, con nuevas muestras que se incorporen al banco a partir del aporte de otras familias de desaparecidos, o de los hallazgos de restos que se producen, por ejemplo a partir del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense: la ley dice en su artículo 2 que el Banco tiene por objeto "garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad cuya ejecución se haya iniciado en el ámbito del Estado nacional hasta el 10 de diciembre de 1983, y que permita: a) La búsqueda e identificación de hijos y/o hijas de personas desaparecidas, que hubiesen sido secuestrados junto a sus padres o hubiesen nacido durante el cautiverio de sus madres; b) Auxiliar a la justicia y/o a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales especializadas en la materia objeto de esta ley en la identificación genética de los restos de personas víctimas de desaparición forzada.".

Para ese fin debe (artículo 3 inciso b) de la ley) "Organizar, administrar y actualizar de manera continua el archivo nacional de datos genéticos", razón por la cual el artículo 2 del decreto reglamentario dice: "A los efectos de la búsqueda e identificación de hijos e hijas de personas desaparecidas como consecuencia del accionar represivo ilegal de la entonces dictadura militar, el BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS (BNDG) trabajará junto a la justicia y a la COMISION NACIONAL POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD (CONADI) en el análisis de los perfiles genéticos obtenidos a partir de las muestras ingresadas en el banco y en la búsqueda de compatibilidades genéticas entre los distintos grupos familiares y los posibles hijos e hijas de personas desaparecidas.

A los efectos de poder auxiliar a la justicia y demás organizaciones, el BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS deberá ampliar su archivo informático incluyendo los datos obtenidos de los perfiles genéticos de todas las muestras cadavéricas que hayan sido halladas en fosas comunes u otros sitios que los juzgados competentes presuman puedan corresponder a lugares donde se cometieron los delitos de lesa humanidad referidos en esta ley. Los perfiles genéticos que se incluyan serán los obtenidos a partir de estudios realizados en el BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS o de aquellos obtenidos por otras organizaciones especializadas en estudios genéticos realizados en el marco de convenios suscriptos entre el Estado Nacional y otros países, los que tendrán intervención del BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS previa a su celebración. También se incluirán en este archivo los perfiles genéticos de los familiares de desaparecidos, ya sea que hayan sido obtenidos por el BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS como por instituciones públicas o privadas de nuestro país y del exterior.".

La ley entonces existe desde el 2009, pero entonces a Lanata no le preocupaba porque no trabajaba en el Grupo Clarín, entrevistaba a Estela de Carlotto, apoyaba la lucha de las Abuelas y denunciaba que los hijos de Ernestina podían ser apropiados de padres desaparecidos.

Ahora, usufructuando del lugar que el mismo Grupo le ha otorgado como su comunicador estrella, la cosa ha cambiado y le preocupa tanto el traslado de los archivos del BNDG del hospital Durand al Ministerio de Barañao, como la posibilidad de que esos archivos se amplíen con la incorporación de más material genético proveniente de personas desaparecidas. 

No le preocupa en cambio que la ex directora del Banco, Ana María Di Lonardo (que ahora se opone rotundamente al traslado del Banco, parado por una cautelar, para variar) haya dejado su cargo por jubilación llevándose una computadora con información clasificada de los archivos, y haya pasado luego a compartir el mismo abogado que Ernestina: Gabriel Cavallo; a quien Lanata conoce por haber sido su socio en el fallido (para los trabajadores que se quedaron en la calle) diario Crítica.

No son pocos quienes asocian la pérdida de la computadora que se llevó Di Lonardo del BNDG, con el súbito cambio de postura de los hermanos Herrera Noble para prestar su consentimiento a hacerse los análisis de ADN.

Del mismo modo que la preocupación (verbalizada por Lanata, pero ya editorializada por Clarín hace dos años) por cerrar definitivamente la causa, algo que legalmente no es posible.

Por una razón muy sencilla: lo que está investigando la jueza Arroyo Salgado es el delito de supresión o sustitución de estado civil (artículo 138 del Código Penal) , que subsiste en su ejecución mientras no le sea restituida a la persona afectada (en éste caso los hermanos Noble Herrera) su verdadera identidad.

Y tratándose de un delito continuo (que no deja de cometerse, digamos) la acción penal prescribe sólo cuando cese, de acuerdo al mismo Código Penal, en su artículo 63: la misma razón por la que las apropiaciones de nietos que investigaban las Abuelas no fueron alcanzadas por el punto final.

Si bien es difícil aventurar un resultado, la lucha de las Abuelas y la encomiable labor del Banco están por encima y más allá de la causa que involucra a la dueña de Clarín, por lo que está súbita preocupación del multimedios (expresada por su hoy periodista estrella) por lo que pase al respecto, parece más vinculada al temor de que una ampliación de los materiales genéticos con que cuenta el BNDG hacer sus estudios pueda provocar un vuelco en la causa.

jueves, 2 de junio de 2011

LOS HIJOS DE ERNESTINA Y LAS DISTINTAS FORMAS DE OCULTAR LA VERDAD


Hoy se conoció el fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal sobre la extracción compulsiva de ADN a Marcela y Felipe Noble Herrera, para determinar si son o no hijos apropiados de desaparecidos.

Aquí la noticia en Página 12, donde se comentan las partes principales del fallo: queda ratificada la obligatoriedad de aportar material genético para Marcela y Felipe, y en consecuencia que se les puede extraer compulsivamente si no prestan su consentimiento, y que deberán cotejarse con las muestras obrantes en el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Como pedían los querellantes: Abuelas de Plaza de Mayo y los familiares de víctimas de la represión que sospechan que pueden ser hijos de sus hijos; y nada más ni nada menos que lo que dice taxativamente el Código Procesal Penal de la Nación desde su reforma por la Ley 26.549 de 2009, y como se ha procedido en todos los demás casos similares, en que no hay detrás un multimedios que pugna porque no se sepa la verdad, con un ejército de abogados y jueces a su servicio.

Pero en cambio a la hora de disponer como se cotejarán las muestras extraídas, el fallo se aparta del criterio seguido en todos los restantes casos, al disponer que sólo podrán compararse con las muestras de ADN que obraren en el BNDG de familiares de detenidos o desaparecidos con anterioridad a la fecha de nacimiento de cada uno de ellos (Marcela y Felipe), registradas en sus respectivos expedientes de adopción.

Expedientes que han sido adulterados -como lo demostró claramente en su momento el ex juex Marquevich-de la primera a la última foja. Fruto del árbol envenenado llaman los procesalistas a algo como lo decidido por Casación: valerse de un elemento obtenido de forma fraudulenta o sospechosa.

Pero no sólo los abogados de Ernestina, ella misma, Marcela y Felipe han ensayado en éste caso mil y unas formas de ocultar la verdad, tantas, que ya todos la intuimos con tanta certeza como si la supiéramos.

Con este fallo "salomónico" que dilatará aun más las cosas (es presumible que ambas partes de la causa apelen ante la Corte) también los jueces de Casación hacen lo suyo para continuar con el ocultamiento.

Y los medios no se quedan atrás: esta es la captura de pantalla de Clarín un rato largo después de conocerse la noticia:

     

Tardaron más de dos horas en colgarla, y cuando lo hicieron, la encabezan mandándole un mensaje a la Corte.

En La Nación, la noticia estuvo una hora antes, como pueden ver acá:


Rápidamente quedó desplazada a un lugar secundario por otras noticias mucho menos importantes, pero de todos modos se puede apreciar algo: ambos socios de Expoagro y Papel Prensa actúan casi al unísono, coordinando cuando y como mostrar la noticia; sobre todo cuando es particularmente sensible a los intereses de uno de ellos, o de ambos: el golpe mortal para la poca credibilidad que les queda, que signicaría que se demuestre fehacientemente que los hijos de Ernestina son apropiados de padres desaparecidos, no es algo para tomar a la ligera.

Por eso todo vale para ocultar la verdad, o disfrazarla: abogados, jueces, periodistas, medios, lo que venga.

La descripción que hace Clarín de los avatares de la causa acá es, sencillamente, canallesca: ahora la culpa de la demora de más de diez años en resolver la causa es...de los querellantes y del gobierno.

El arsenal del grupo despliega otra arma, la mentira (y no una, muchas); cuando el ocultamiento simple ya no alcanza para evitar que se sepa la verdad.

La Nación -que fue la pionera en condicionar a la Corte invocando sus precedentes- no se priva nunca de dar lecciones sobre independencia del Poder Judicial, acudiendo incluso a editorialistas fantasmas.

Precedentes que, dicho sea de paso, no son tales en tanto son anteriores a la Ley 26.549, que además establece otros métodos distintos a la extracción de sangre para determinar la cadena de ADN.

Pero nada de eso importa cuando de lo que se trata es de ocultar la verdad.

Y los jueces de la Cámara de Casación (al igual que los de la Corte con la ley de medios) actuaron con un claro sentido político: pateando la pelota para adelante, a la espera de mejores tiempos y oteando el panorama político y electoral.

Esas son otras razones para votar a Cristina en octubre, para que el triunfo sea rotundo y para que el mensaje de las urnas se escuche fuerte y claro, y llegue a todas partes.

También a Tribunales.