Hay que reconocer que el tipo proyecta una imagen y tiene un discurso, que le juegan a favor para que caiga bien en determinados sectores: discípulo de Stiglitz, confronta -cuando lo chucean, porque no lo busca- con los economistas de la ortodoxia que lo trataron despectivamente de "pasante", desenmascara sus payasadas conceptuales, y deja pagando a más de una vaca sagrada de los medios con su discurso consenso, preciso y claro. Se mueve bien en esos terrenos.
Sin embargo, no solo de imagen y discurso vive el hombre, y las dudas (al menos para nosotros) con Martín Guzmán, el ministro de Economía y por ende el responsable de definir el plan económico del gobierno del "Frente de Todos", vienen por el lado de la gestión y sus resultados. Que a su vez hay que medirlos desde las prioridades que cada gobierno se fije en su política económica, rubro en el cual éste gobierno debe -necesariamente- diferir de su antecesor; como que expresan proyectos económicos distintos.
Desde que asumió y aun antes de la pandemia, Guzmán le asignó máxima prioridad al problema de la deuda, mochila pesada heredada del macrismo si las hay: rápido cierre con los acreedores privados (con escasa quita del capital pero reprogramación de los vencimientos), y búsqueda permanente de un acuerdo con el FMI, para reprogramar los pagos del mega préstamo que le dieron a Macri, que son una espada de Damocles en el futuro de la economía argentina.
En ambos casos exhibió incluso más urgencia que sus respectivas contrapartes, en cerrar el acuerdo, en el entendimiento -suponemos- que eso creaba las condiciones para estabilizar la economía, y poder pensar en volver a crecer. La mirada se reveló, con el paso del tiempo, algo voluntarista: los mismos fondos de inversión que obstruyeron el acuerdo hasta que no se mejoró la propuesta de un modo acorde a sus intereses fogonearon durante todo el segundo semestre del año pasado una corrida cambiaria que forzara al gobierno a devaluar, y cuestionaron en público cada vez que pudieron, algunas de las medidas más importantes de la política económica como los controles cambiarios, o el congelamiento de tarifas.
Y aun así, con esos mismos fondos se reunió en Nueva York el ministro, no se sabe muy bien a qué fines, porque no puede pensarse que se sientan tentados a invertir en el país en la economía real, para mejorar su capacidad de repago de la deuda. Algo parecido sucede con el FMI "bueno" de Kristalina: el diálogo es fluido, hay premura en cerrar el acuerdo, pero nada indica que el Fondo vaya a abandonar su política de exigir "condicionalidades" (vulgarmente llamadas "reformas estructurales"), para posibilitar un acuerdo que reprograme los vencimientos.
Guzmán, sin que esas condicionalidades hayan sido explícitamente puestas por el FMI sobre la mesa, parece atenderlas, en tanto compromete un sendero de reducción del déficit fiscal hacia el futuro, que solo puede cumplirse omitiendo que estamos en una pandemia, y frenando el gasto público, lo que tiene efectos sobre el nivel de actividad; y -dolor monetarista- sobre la inflación, en éste caso por ejemplo cuando anuncia aumentos de tarifas, para reducir subsidios.
Por contraste, no se advierte el mismo celo de parte suya para cuidar o mejorar los ingresos del fisco, que sería otro modo de arribar al resultado buscado del equilibrio fiscal, si es eso lo que se desea. Por el contrario, las únicas medidas del equipo económico en los últimos tiempos han sido "ofertistas", resignando ingresos del fisco para seducir al capital: el "blanqueo" destinado a generar un fideicomiso para financiar inversiones en la construcción privada e infraestructura, o la virtual eliminación de aportes a la seguridad social a los empresarios del "Norte grande"; medida que por carácter transitivo tira a la baja la fórmula de ajuste de los haberes previsionales, uno de cuyos componentes de movilidad son, precisamente, los recursos propios de la ANSES como las contribuciones patronales.
No fueron Guzmán ni el Poder Ejecutivo quienes promovieron el "impuesto a las grandes fortunas": de hecho el presidente mismo dijo originalmente que era una cuestión del Congreso. Sí fueron ellos quienes, una vez sancionado, otorgaron plazos y planes de cuotas para el pago a los obligados, retaceando así el ingreso de recursos al fisco, que no parecieran ser necesarios para financiarlo, y contribuir al equilibrio que se proclama, sin pisar el gasto.
Idea ésta -la de pisar el gasto para sostener el orden en las cuentas públicas- que además de ser de otro cuño ideológico del que suele expresar Guzmán en su discurso, está detrás de decisiones como no replicar el IFE ni estirar el ATP para los sectores sociales y productivos más afectados por la pandemia. Al mismo tiempo, tampoco existe la intención de aumentar las retenciones a las exportaciones agropecuarias, lo cual aportaría ingresos adicionales al fisco por un lado, y ayudaría a contener la inflación en alimentos, por el otro.
Otra inconsecuencia son los cambios en Ganancias (donde el ministro se allanó a los deseos de Sergio Massa), sin preocuparse porque esos ingresos que deja de percibir el Estado se destinan, más que al consumo, al ahorro en dólares, al menos para los salarios más altos de la escala. A la inversa, cuando de frenar un nuevo IFE se trata, se lo justifica por el lado del supuesto peligro de aumentar el déficit generando una demanda adicional de emisión, que puede trasladarse al billete verde: en ambos casos detrás de las opciones económicas, hay consecuencias políticas y sociales, bien definidas.
En Ganancias a las empresas y Monotributo, el ministro tuvo que ceder -a pedido de sectores internos del propio FGDT- a una mayor presión impositiva sobre las Pymes y las categorías más bajas, pero está por verse si se compensará eso con un aumento de las escalas a las empresas de la cúpula empresarial, que son las que más facturan, y acumulan más ganancias.
El gobierno tuvo éxito hasta acá en frenar la corrida cambiaria especulativa, y tuvo que volver sobre sus propios pasos en la estrategia de las "mini-devualaciones" del peso acompañando apenas por debajo la inflación, para no apreciar el tipo de cambio. Sin embargo, los instrumentos financieros que empleó para ello han generado un problema adicional, al que no pareciera que se le esté prestando demasiada atención.
Pero dejamos para el final lo más importante: cuando se le pregunta a Guzmán cual es el plan, suele decir que está expresado en el Presupuesto nacional: aumento de la inversión en obra pública, recomposición salarial por encima de la pauta inflacionaria, aumentos de tarifas por debajo de ésta, reducción progresiva del déficit fiscal y "pesificación" del financiamiento, apelando al mercado local de capitales.
Del paquete, lo que menos claro está es cual es la estrategia y cuáles son las medidas para recomponer los ingresos de los sectores populares frente a la inflación, y que se piensa hacer, en concreto, para contener ésta dentro de las pautas presupuestarias: en solo los tres primeros meses del año, los precios subieron más de un 13 % (los alimentos, mucho más), cuando la pauta establecida para todo el año es del 29 %.
Y en todo ese tiempo, se conoció que la pobreza supera el 42 %, y la inflación de marzo rozó el 5 %; mientras abril comenzó con aumentos de las prepagas, de los combustibles (ya un clásico) y descongelamiento del proceso para aumentar las tarifas de luz y gas, exponencialmene aumentadas durante el macrismo.
Del otro lado (es decir, vía políticas de ingresos) el Consejo del Salario recién está convocado para fin de mes sin que se sepa en cuanto se retocará un SMVM que hoy está por debajo de la línea de pobreza, pocos gremios han cerrado sus paritarias y solo algunos por encima del 29 % de inflación establecido en el presupuesto, nada se dice -que no sean los aumentos trimestrales según la fórmula aprobada- de los haberes de jubilados y pensionados, y para los perceptores de la AUH y monotributistas de las categorías más bajas solo se ha anunciado (sin concretarse aún) un bono de 15.000 pesos para aquellos que residen en el AMBA, y en las provincias donde sus gobiernos adhieran a las últimas restricciones sanitarias y a la circulación que se dispusieron allí: una segmentación inadmisible, que les hace pagar el costo de la pelea del presidente con los gobernadores, a los que más sufren en la crisis.
La cuestión entonces no es -como repite Guzmán como un mantra- lo que dicen las pautas del presupuesto, sino las medidas que el gobierno piensa tomar para hacerlas cumplir. Claro que eso supone conflictos (chocolate por la noticia, Zaiat), ganadores y perdedores; como los hubo con todas las medidas precedentemente reseñadas, las que se tomaron y las que no. El asunto es en esa coyuntura de que lado se ponen el ministro, el presidente (que es definitivas el responsable final del plan económico) y el gobierno que votamos.
