LA FRASE

"NO VEO QUE TIENE DE MALO PERMITIR QUE SE CONSUMAN BEBIDAS ALCOHÓLICAS LOS DÍAS DE ELECCIONES, INCLUSO EN LOS MISMOS LUGARES DE VOTACIÓN." (PATRICIA BULLRICH)
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domingo, 12 de mayo de 2019

EL PODER REAL


En medio del ataque a tiros en cercanías del Congreso que resultó en la muerte de un funcionario y un diputado herido, y la presentación del libro de Cristina en la Rural, pasó casi desapercibido el fallo que dictó el mismo jueves la Corte Suprema de Justicia de la Nación, haciendo lugar a un planteo de Techint para que se declarara prescripto un reclamo de indemnización laboral por la desaparición de un trabajador en una de sus plantas en 1977.

El fallo completo lo pueden leer acá, y la mayoría compuesta por Rosenkrantz, Highton de Nolasco y Lorenzetti hizo lugar al planteo del holding de Paolo Rocca, considerando que la acción interpuesta en 2008 por la Ley 9688 (de accidentes de trabajo, vigente al producirse los hechos) estaba prescripta; aunque tenía su causa en un delito de lesa humanidad (la desaparición forzada del trabajador), y el nuevo Código Civil y Comercial sancionado en 2014 durante el gobierno de Cristina dispone en su artículo 2561 que en esos casos las acciones civiles derivadas de ese tipo de delitos, son imprescriptibles.

El argumento de la mayoría en cuanto a que el mismo Código dispone en su artículo 2537 que los plazos de prescripción en curso al momento de sancionarse una nueva ley se rigen por la ley anterior parece muy endeble, porque cabía preguntarse entonces cuando jugaría la imprescriptibilidad del artículo 2561, cuando los delitos de lesa humanidad fueron cometidos en su casi totalidad en el país antes de 1983, pero no es ése el punto central a analizar, sino lo que el fallo implica respecto de la exculpación de las responsabilidades de la pata civil de la última dictadura; representada por grupos económicos como Techint, que fueron además directamente beneficiarios del aparato represivo desplegado para -entre otras cuestiones- liquidar lo que se denominaba “guerrilla fabril”, y disciplinar por el terror a la fuerza de trabajo, para que desista de reclamar por sus derechos.

Más cuando en el transcurso de la causa que se tramitó en el fuero laboral, el grupo Techint hizo bastante más que discutir si la acción de la hija del trabajador desaparecido estaba prescripta o no: comenzó negando los hechos materiales (es decir, que el trabajador hubiera sido secuestrado dentro de la empresa, y con la participación directa de directivos de ésta), para luego intentar evadir su responsabilidad.

Al respecto, es muy interesante la reseña que hacen los jueces Maqueda y Rosatti en sus votos en disidencia (se expresaron en contra del pedido de Techint de aplicar la prescripción), de los fundamentos del fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, cuando los camaristas señalan: “En síntesis, en el sub examine, se tuvo por demostrado que los dependientes jerárquicos o directivos de Techint: eran conscientes, en tanto funcionarios calificados, de la actividad que desarrollaban en el ámbito geográfico y laboral de la empresa personas ajenas a la misma destinadas a cumplir tareas de espionaje y delación; desplegaron una conducta no solo omisiva sino comisiva y complaciente, destinada a facilitar que terceros prepararan el hecho descripto en el sub lite; el episodio fue consecuencia de un. conjunto de actos de "inteligencia interna" caracterizado no por su excepcionalidad -y por tanto tal vez imposible de prever-sino por su carácter reiterado y concertado.

De tal modo, la conducta generadora de responsabilidad que se le endilgó puede ser entendida como una "participación necesaria" en la concreción del secuestro y desaparición del señor Enrique Roberto Ingenieros, identificable como una de las prácticas habituales (modus operandi) del terrorismo de Estado vigente en nuestro país por aquellos años.”.

Es decir, en las plantas industriales de la empresa (y de muchas otras) funcionaba un aparato de infiltración destinado a detectar posibles agitadores y activistas sindicales o políticos, que eran secuestrados para desaparecer, incluso a veces a pedido de las propias empresas, porque “molestaban”. Tal y como sucedió en el caso del ingenio Ledesma, y la causa del apagón.

El fallo de la Corte (que tal como señalaron los dos jueces que votaron en disidencia, va en contra de lo fallado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2018) se inscribe así en una larga lista de pronunciamientos de la justicia argentina que le permiten zafar a los responsables y beneficiarios civiles del golpe del 76’, de sus responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos para obtener beneficios económicos; tal y como pasó por ejemplo con los directivos de Clarín y La Nación en el caso Papel Prensa.

Es desde éste ángulo que la resolución judicial interesa, porque demuestra la perduración de los “poderes reales” más allá de la transición de la dictadura a la democracia, e incluso cuando los gobiernos democráticos (no todos) decidieron ajustar las cuentas con ese pasado oscuro, y llevar adelante las causas por los delitos de lesa humanidad, pero en su mayoría encapsuladas en establecer la responsabilidad de los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad.

El Poder Judicial (poder no democrático si los hay, dentro de la estructura institucional formal) a través de su cabeza (la Corte Suprema) y aun en votación dividida da una señal clara al poder económico: hay ciertos límites que no serán traspasados, y pueden quedarse tranquilos. Y eso para grupos como Techint es mucho más importante que los pocos pesos que pueden ahorrarse al no tener que pagar una indemnización.

lunes, 11 de febrero de 2019

UN PUERTO FLOJITO DE PAPELES


Hemos dicho varias veces acá que el puerto de Santa Fe es el reino de la más completa ilegalidad, una especie de zona liberada donde no pareen regir las normas que rigen para el resto de la ciudad y la provincia. Como es sabido, es administrado desde 1993 por un “ente público no estatal” creado por la Ley 11.011, sancionada en el primer gobierno de Reutemann, cuando el puerto fue transferido por la nación a la provincia, junto con el de Rosario.

Esa ley establece en su artículo 9 inciso a) que “El patrimonio de los Entes estará formado por: a) Todos los bienes muebles, valores, créditos o derechos de cualquier otra naturaleza que conforme con el inventario de transferencia reciba la Provincia de la Administración de Puertos - Sociedad del Estado (en liquidación) y/o del Estado Nacional; se excluyen expresamente el dominio de derechos y acciones sobre los inmuebles, los que quedan reservados para el Estado Provincial.” (las negritas son nuestras)

En sentido concordante, el artículo 14 de la ley dispone que “Una vez producida en favor de la Provincia la transmisión de los bienes que integran el patrimonio de los puertos de Santa Fe y Rosario, serán cedidos a título gratuito a los entes: a) El uso y goce de los inmuebles de los respectivos puertos. Las mejoras que los entes incorporen a los mismos quedarán en propiedad de la Provincia sin obligación de reembolso, compensación o indemnización alguna por las mismas.” Y que quedan excluidos de la transferencia a los entes “...los derechos y acciones atinentes al dominio de los inmuebles de los respectivos Puertos que serán de exclusiva titularidad de la Provincia.”. (otra vez las negritas son nuestras)

Por eso señalamos varias veces acá (la última de ellas acá, a propósito de la construcción de un nuevo shópping) que no se entendía como el Ente con sus diferentes conducciones y los distintos gobiernos, hacía negociados inmobiliarios sobre bienes que no son suyos, porque pertenecen al Estado provincial: torres de departamentos de lujo, complejos residenciales, oficinas y ahora, un nuevo shópping. Todos flojitos de papeles, porque no puede vender ni escriturar un solo metro cuadrado de inmuebles de su jurisdicción, ni transferir derechos que no tienen.

Pero en materia de desaguisados en el puerto santafesino, parece que la realidad siempre supera a la imaginación, como lo demuestra el decreto cuya imagen abre el post; por el cual resulta ser que nos enteramos que “se olvidaron” allá por el 2014 (gobierno de Bonfatti, con Vorobiof al frente del Ente portuario) de pedirle a la provincia que les prorrogara el usufructo de los bienes inmuebles del puerto, a favor del EAPSF.

Cuando el puerto se transfirió de la nación, regía el viejo Código Civil cuyo artículo 2828 establecía que no se podía establecer el usufructo de bienes inmuebles a favor de una persona jurídica (el Ente lo es, conforme al artículo 1 de su ley de creación) por más de 20 años. Pero el tema es que -según se desprende del decreto- no hubo un acta formal de traspaso de los bienes y del usufructo de los inmuebles durante el gobierno de Reutemann, ni nadie se preocupó después por hacerla.

Dejando de lado que en el caso de los bienes muebles eso deja la duda respecto a si se labró inventario para saber lo que la provincia le traspasaba al Ente y si luego no faltaba nada, en el caso de los muebles las diferentes gestiones (en especial la de Vorobiof) jamás se preocuparon de cumplir con lo que dice el Decreto 1982/93 (reglamentario de la ley de creación del Ente), en cuanto a que “...seis (6) meses antes del vencimiento del plazo fijado en el Artículo 2828 del Código Civil, cada Ente deberá gestionar su renovación, acompañando una memoria amplia y precisa, donde deberá detallarse, el estado de los inmuebles a ese momento y precisando las accesiones y disminuciones que hubieren tenido lugar.”.

Y eso es por una razón muy sencilla: siendo la provincia la propietaria de los inmuebles sobre los que se asienta el puerto, todas las mejoras que se les introduzcan a los mismos quedan de su propiedad, y la benefician. De allí el disparate de -por ejemplo- haber permitido que se construyan edificios o complejos de departamentos privados, sobre esos inmuebles.

El nuevo Código Civil y Comercial de la nación (aprobado en el 2014, para entrar a regir desde el 1º de agosto del 2015) extiende el plazo posible de constitución del usufructo de bienes inmuebles a favor de una persona jurídica, a 50 años como máximo; disponiendo además que al constituirlo debe fijarse su plazo de duración, dentro de ese máximo (artículo 2152, inciso b.).

Como pueden ver, el decreto nada dice al respecto, y pretende “retrotraer” todo al 2014, cuando se venció el anterior usufructo y no se tramitó en tiempo y forma su renovación, por las autoridades del Ente de entonces (Vorobiof), como tampoco lo hicieron los que las sucedieron, hasta hoy.

Pero omite dos circunstancias relevantes: 1) En el medio se sancionó un nuevo Código Civil y Comercial, con los cambios señalados, y más importante, 2) no se cumplió con el decreto reglamentario de la ley en cuanto a presentar por parte del Ente “...una memoria amplia y precisa, donde deberá detallarse, el estado de los inmuebles a ese momento y precisando las accesiones y disminuciones que hubieren tenido lugar...”

Esto último coincide (sugestivamente) con el período de mayor desarrollo de los negociados inmobiliarios en el puerto, al amparo del denominado “Master Plan”. Debe ser casualidad.

jueves, 3 de septiembre de 2015

HOLA PAGNI, TE QUERÍAMOS DECIR QUE SOS TERRIBLE FRUTERO. ESO, NADA MÁS


Leemos en El Cronista: "Casi un año después de haber recibido el aval del Gobierno para funcionar como cuarto operador de del sistema celular 4G, el grupo Vila-Manzano no podrá desembarcar en el negocio de la telefonía móvil. La decisión la tomó ayer la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic).
Se trata del organismo que preside el secretario de Comunicaciones Norberto Berner , que fue creado por la Ley 27.078 ‘Argentina Digital’ y que absorbe las facultades de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) y la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). Además integra a las empresas nacionales ARSAT y el Correo Oficial e incluye a los Programas Argentina Conectada y Servicio Universal. Según pudo saber El Cronista, el grupo agotaría las instancias administrativas y hasta judiciales para mantener la licencia.
La determinación fue tomada por unanimidad con lo cual se dio de baja la licencia de Arlink por "incumplimientos reiterados a los parámetros impuestos por la letra de la reglamentación de ese proceso adjudicatorio" de mediados de septiembre del año pasado.
Según las resoluciones de la Secom, una vez informadas de las adjudicaciones, las empresas tenían 10 días para constituir la garantía de cumplimiento establecida en el artículo 54 del pliego de licitación y pagar el monto ofertado.
A fines de octubre del año pasado, cuando se abrieron los sobres, las ofertas globales de las cuatro empresas que quedaron seleccionadas ascendieron a los u$s 2233 millones. Tanto Movistar como Personal y Claro abonaron a término y en dólares sus obligaciones, mientras que Arlink no lo hizo. Debía abonar u$s 506 millones en efectivo.
Tras un año de demora, el representante por la UCR en la AFtic, Miguel Giubergia, pidió al organismo una pronta resolución sobre el tema. Lo hizo con una investigación en la cual fundamenta su pedido, paper que fue tomado también como propio por los directores oficiales del ente para redactar la resolución de anulación de la adjudicación de Arlink para que ingresara al mercado de la telefonía celular como cuarto operador del servicio de 4G." (las negritas son nuestras)
Sin embargo, hace un mes atrás Pagni en sus "miniaturas" de los sábados de la tribuna de doctrina nos contaba esta primicia:
Hoy, un mes después, en el mismo diario donde escribe Pagni leemos: "El Gobierno dejó afuera del mercado de la telefonía celular al grupo Manzano-Vila. A través de la Resolución 155, que se publicó hoy en el Boletín Oficial, la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic) dejó sin efecto la adjudicación de frecuencias de 3G y 4G a la empresa Airlink, del Grupo UNO, por incumplimiento de pago de los US$ 506 millones que había ofertado para explotar esas bandas de espectro.". (las negritas son nuestras).
Por otra parte el nuevo Código Civil y Comercial no "eliminó las sanciones por responsabilidad civil de los agentes estatales", como  dijo Pagni. sino dice en su artículo 1764 que no se aplica a esa responsabilidad: "Las disposiciones del Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria."; porque de acuerdo al artículo siguiente (1765) "La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.".
Para más abundamiento, el artículo 1766 dispone que "Los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas se rigen por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local, según corresponda.".
Y no podía decir otra cosa porque exactamente un año antes (en agosto del 2014, el Congreso había sancionado la ley 29.944, cuyo artículo 1º dispone "Esta ley rige la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas.La responsabilidad del Estado es objetiva y directa.Las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria.".
Ley cuyo artículo 9 dice además claramente: "La actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que les están impuestas, los hace responsables de los daños que causen.". (las negritas son nuestras)

lunes, 3 de agosto de 2015

LA LECTURA DE LA BORRA DE LAS LEYES, NUEVO DEPORTE NACIONAL


Y va camino a convertirse en más popular que el fútbol, mirá lo que te digo.

Arrancaron con esto ya con el mismo Código Civil y Comercial cuando se lo discutió en el congreso los troscos, con el tema de que derogaba toda la legislación laboral, y consagraba la precarización de los trabajadores.

Raro que los sindicalistas no se hayan enterado para salir con los tapones de punta, o que la UIA, la AEA y la Mesa de Enlace no hayan expresado su más rotundo apoyo a la nueva normativa.   

Tan raro como que el Código Civil y Comercial legisle sobre el derecho del trabajo digamos, pero a lo mejor -y contra lo que se sostiene frecuentemente- lo esencial sólo sea visible para los troscos.

Después vinieron los que militan contra el aborto, con el tema de que una resolución del Ministerio de Salud de la nación había "despenalizado el aborto": se refieren a la que reglamenta el protocolo a seguirse en los hospitales públicos en los casos de abortos no punibles, que no hace sino transcribir lo que dice un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la nación.

Raro también en éste caso, que nadie se haya enterado: ni el Papa para recriminárselo a Cristina cada vez que se encontraron en todo este tiempo; ni los que militan por la despenalización del aborto, para dejar de juntar firmas para que se trate en el Congreso, y salir a festejar que lo lograron.

Raro también que esta medida -que tiene la frontal oposición de la iglesia- se haya consagrado al mismo que "el Código Civil clerical", que reconoce las uniones convivenciales, la fertilización asistida, el matrimonio igualitario y los divorcios con trámite simplificado. 

Código que además los pro aborto dicen que clausura para siempre la discusión sobre la despenalización, aunque sea una cuestión a discutirse -como su nombre lo indica- en el Código Penal, no en el Civil y Comercial.

Y hace poco, aparecieron el diputado Garrido y Miguel Bonasso (o Bolasso) con el tema de que el Digesto Jurídico aprobado por el Congreso deroga la Ley 1420 de los tiempos de Roca, y con ella su artículo 8; de lo que se seguría que se reimplantó la enseñanza religiosa en las escuelas públicas.

Porque guarda, ojo: del 2003 para acá, fuera de discutirse la nueva ley de educación nacional, la ley de financiamiento educativo (que permitió llevar la inversión en educación a más del 6 % del PBI) y la ley de educación técnica profesional, casi que de educación no se habló, ni se discutió nada relevante al respecto en el Congreso. Todo habría arrancado de cero ahora, con el Digesto Jurídico.

Y la CTERA y los gremios docentes, en la palmera, como si nada. Y los curas también, sin mandarles a los legisladores el agradecimiento que se merecen por reimplantar la enseñanza religiosa.

Tremendo: cuantas cosas terribles estarían pasando frente a nuestras narices sin que nos demos cuenta.

Por suerte hay gente que aprendió a leer la borra de las leyes, y nos mantiene alertas. 

sábado, 1 de agosto de 2015

SOMOS GENTE CON CÓDIGO


Los que han pasado por las aulas de las facultades de derecho, desde la década del cuarenta en adelante, siempre han escuchado hablar de la unificación de los códigos Civil y de Comercio partiendo, fundamentalmente, de la experiencia italiana en ese aspecto. O sea, hablamos de más de setenta años.

Y después de muchísimos dimes y diretes, se logró el parto esperado y nació la criatura por la firme decisión política de Cristina Fernández, quien a principios de 2011 creó la comisión para la elaboración del proyecto, integrada por los ministros de la CSJ Lorenzetti y Highton de Nolasco y la jurista Kemelmajer de Carlucci. Así, se trabajó durante un par de años con muchos jueces y doctrinarios convocados al efecto y se logró que el proyecto se sancionara el año pasado, luego de algún retoque que hubo que darle.

El Código Civil y Comercial es una ley (N° 26994) pero que por su extensión, temática y para facilitar su estudio y aplicación, se la codifica.

Esto es otra muestra más de la importancia que ha dado este Gobierno a la legislación y al funcionamiento de la justicia. Cristina Fernández no sólo ha puesto énfasis en este Código, sino en todo el derecho, pensando en la modernización e inclusión. Por eso no sólo envió el proyecto de Código Civil y Comercial, sino también hizo elaborar el proyecto de Código Penal, y el de la reforma procesal penal (que finalmente se aprobó), así como diversas leyes que hagan funcional y pongan justicia en el Poder Judicial. 

Y para ello convocó a los distintos bloques a participar en la elaboración de las normas, valiéndose de los más importantes juristas de cada una de las materias. Claro, todos sabemos las piedras que se han puesto en el camino para lograrlo. A veces se consiguió (como en este caso), otras no.


Y así como el antiguo Código Civil que rigió hasta ayer se lo llamó de Vélez, desde aquí señalamos que este trabajo colectivo no tiene un padre pero sí una madre y no porque ordenó algunas pequeñas reformas al proyecto original, sino porque lo impulsó y decidió que se haga. Es el Código de Cristina.

Si ves el Código Civil y Comercial en este enlace, vas a advertir que es de muchísima más fácil lectura y comprensión que los anteriores. Esta ley regula casi todos los aspectos de tu vida cotidiana y te recomendamos aunque sea una leidita en los temas que más te interesan.

A modo de simple ejemplo, te contamos que en materia de familia las reformas introducidas son sustanciales y se les ha dado a los jueces muchas facultades para que te resuelvan tus problemas, de la forma más justa y precisa posible, contemplando realidades que este gobierno puso en agenda (igualdad de género, diversidad sexual, reproducción asistida, adopción, convivencia, divorcio no traumático, responsabilidad parental -que antes tenía el horrible nombre de patria potestad- etc., etc.), con la más avanzada contemplación de las distintas problemáticas. 


En materia de propiedad se tratan, por ejemplo, los llamados barrios cerrados, se coloca a la propiedad horizontal como derecho real, se regula la de los pueblos originarios. En cancelación de obligaciones en moneda extranjera, autoriza a hacerlo en la de curso legal argentino. Se tratan los contratos de adhesión y los de consumo, amén de los de paridad (o sea cuando contratás con un igual a vos, no con alguien en posición dominante). 


En materia sucesoria se extiende la legítima, es decir la posibilidad que decidas testar con una porción mayor a la que rige actualmente (si hay hijos podés testar por un tercio y si los herederos son ascendientes o cónyuge podés hacerlo hasta el cincuenta por ciento) e, incluso, si tenés un heredero con discapacidad lo podés favorecer con un tercio de la legítima, El plazo general de prescripción (es decir el tiempo en que pueden perseguirte el cobro de una deuda), se reduce de 10 a 5 años. Y así podemos darte ejemplos de muchas reformas que hace décadas se vienen reclamando.

Obviamente que va a ver opiniones encontradas, porque no existe la ley perfecta ni la misma mirada sobre ella. Pero te podemos asegurar que el avance es importantísimo y un gran punto de partida para que el derecho esté más cerca de la realidad social.

Nuevamente afirmamos que estamos dentro de la década ganada y hay que ir por más.