LA FRASE

"HOY TENEMOS UN DESAFÍO MUY GRANDE PORQUE EL PAPA DEJA EL PAÍS A LAS 14 HORAS Y TENEMOS QUE LLEGAR A ORGANIZAR EN POCO TIEMPO LA REPRESIÓN A LOS JUBILADOS Y DISCAPACITADOS EN EL CONGRESO." (ALEJANDRA MONTEOLIVA)
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lunes, 21 de septiembre de 2026

LÍNEA DE TIEMPO

 

 

* Desde diciembre del año pasado y hasta fines de junio de éste año, el gobierno de Pullaro no publicó en Internet (ni en el portal oficial del gobierno ni en ningún otro lugar accesible) la evolución de las cuentas públicas de la provincia. Cuando finalmente lo hizo (a fines de junio pasado) reveló los números hasta el pasado 31 de mayo, que arrojaban un déficit financiero de 594.989 millones de pesos, a ese momento.

* En el mes de abril (durante el apagón estadístico), Pullaro anunció la firma de un acuerdo con la Nación para reanudar las transferencias de ANSES destinadas a financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones, hasta un total de 120.000 millones de pesos en el transcurso del 2026 y en cuotas de 10.000 millones mensuales. Explicamos entonces en ésta entrada que el propio Pullaro y su ministro Olivares estimaron en el presupuesto oficial que mandaron a la Legislatura (y esta aprobó) que el déficit de la Caja para éste año iba a ser de 330.218 millones, pese a la reforma previsional ajustadora aprobada en 2024; o sea que aunque el convenio se cumpliera no iba a resolver el problema, ni remotamente.

* El 18 de junio (cuando aun continuaba el apagón estadístico de las cuentas públicas santafesinas) se publicó en el Boletín Oficial de la Nación el Decreto 474 firmado por Milei, por el cual el gobierno nacional le otorgaba a Santa Fe un anticipo financiero de los fondos de la coparticipación federal a devengarse en el futuro por 400.000 millones de pesos, y a devolver con intereses mediante descuentos en los sucesivos envíos de coparticipación. Una semana después se terminó el apagón estadístico y el gobierno de Pullaro volvió a publicar los números oficiales que arrojaron el déficit señalado en el primer párrafo del post.   

* Conocido el anticipo financiero otorgado por Milei a su gobierno, Pullaro y sus funcionarios primero negaron haberlo pedido, luego dijeron que no lo iban a utilizar, después que lo tenían en cuenta por si les hiciera falta y finalmente el 26 de junio (8 días después de publicado el decreto de Milei que lo acordaba y 3 días después de publicar las cuentas de la provincia al 31 de mayo), Pullaro y Olivares firmaron el Decreto 1284, por el cual instrumentaban (sin intervención de la Legislatura como hubiera correspondido) la garantía de los recursos de coparticipación futura, para poder recibir esos 400.000 millones de pesos en concepto de anticipo financiero. Recién entonces supimos (porque publicaron los datos después de un semestre de oscuridad) que no solo lo necesitaban sino que lo iban a usar, porque el déficit financiero acumulado de la provincia era incluso mayor que el anticipo acordado.

* Desde junio para acá el gobierno de Pullaro no publicó más lo números de la provincia, por lo cual los santafesinos no podíamos saber como evolucionaron desde la última publicación, es decir en los meses de junio, julio y agosto. Hasta que la semana pasada se conocieron los números de junio, y supimos que solo en ese mes el déficit financiero acumulado por la gestión provincial éste año había subido a 717.739 millones de pesos. Es decir que mientras Pullaro y Olivares negaban que hubieran pedido ayuda a la nación, o pensaran utilizarla después de que Milei dictó el Decreto 474, estaban instrumentando las garantías que les pedían para poder cobrarla (mediante el Decreto 1284 del 26 de junio), y sabían que en esos mismos días (junio) el déficit provincial había crecido en 122.750 millones, en solo un mes. 

* Aun seguimos en apagón estadístico sobre la evolución de las cuentas públicas provinciales entre junio y septiembre, pero el Decreto 1742 firmado por Pullaro y Olivares el 27 de agosto pasado nos puede dar una pista: en sus considerandos se señala que "..conforme a los Artículos 27 y 28 de la Ley de Administración, Eficiencia y Control del Estado N° 12510, el Poder Ejecutivo puede disponer la incorporación al presupuesto de autorizaciones para gastos no previstos o para los cuales los créditos aprobados hubieren resultado insuficientes para atender hechos de fuerza mayor o excepcionales que requieran la inmediata atención del Estado, comunicando las decisiones al Poder Legislativo antes de ser puestas en ejecución y de la habilitación de los créditos presupuestarios;...", y como consecuencia de ello "...se proyecta la ampliación de las fuentes financieras en la Jurisdicción 96 - Tesoro Provincial por la suma de $ 570.343.430.000...".

* O sea: después de que el déficit provincial ya alcanzara los 717.739 millones al 30 de junio (dato conocido públicamente en septiembre, pero que Pullaro y sus funcionarios ya tenían), el gobierno amplía el presupuesto de gastos aprobado por la Legislatura en más de 570.343 millones de pesos, sin la contrapartida del ingreso de mayores recursos (propios o nacionales transferidos) por encima de los previstos en el propio presupuesto. Y todos esos recursos adicionales se destinan a financiar gastos corrientes, previsibles, tanto que los enumera el mismo decreto: "...incrementos salariales para el personal de la Administración Pública Provincial aprobados en el marco de las Convenciones Colectivas de Trabajo;...", jubilaciones y cobertura de obra social a los bomberos voluntarios según la Ley 12969 y sus modificatorias, el Boleto Educativo Gratuito creado por el Decreto 1175/20 y ratificado como política de Estado por la Ley 14394, la actualización de las raciones de los comedores escolares y copa de leche establecida por la Ley 10.319 (de 1989) y sus modificatorias y la compensación a la EPE por las tarifas diferenciales establecidas para asociaciones civiles sin fines de lucro, prevista en la Ley 10014 de 1987.    

* El decreto 1742 no precisa cuáles son las "fuentes financieras" que se amplían por más de 570.343 millones de pesos, pero no pueden ser el anticipo otorgado por la Nación mediante el Decreto 474 (al que ni siquiera se menciona en el texto), ni la disminución de disponibilidades (plazos fijos en los bancos); y tampoco se menciona al artículo 40 de la Ley 14424 de Presupuesto para éste año, que dice lo siguiente: "Autorizase al Poder Ejecutivo a hacer uso del instrumento dispuesto en el punto 3.2.5 del Texto Ordenado al 26/06/2025 de "Financiamiento al Sector Público No Financiero" del Banco Central de la República Argentina, sujeto a la observancia de las limitaciones establecidas en la Comunicación "AT' 8264, sus complementarias y modificatorias, con los alcances allí dispuestos, como asimismo todo otro instrumento que establezca el Banco Central de la República Argentina aplicable al Sector Público Provincial, sin perjuicio de lo dispuesto mediante el artículo 38 de la presente ley. A tales fines, autorizase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, a dictar aquellas normas complementarias necesarias para determinar las formas o condiciones, como así también a celebrar acuerdos necesarios y/o contratos con el Agente Financiero de la Provincia, para implementar los instrumentos referidos en el presente artículo como asimismo las operaciones vinculadas a los mismos." (las negritas son nuestras, el artículo 48 citado refiere a pagarés, letras de cambio y otros medios de pago a cancelarse durante el ejercicio) 

¿Volvió la cuenta tomadora en el banco, y el gobierno provincial se financia con descubierto bancario en el agente financiero o incluso en otros bancos de plaza, pagando las exhorbitantes tasas de interés que rigen en esos casos? Al no publicarse las cuentas con regularidad, no podemos saberlo.

* El 11 de septiembre pasado (un día antes de que arrancaran los Juegos Suramericanos y Pullaro y sus funcionarios se subieran a la ola triunfalista, y mientras las cuentas oficiales según sin conocerse más allá del 31 de mayo pasado) el ministro Olivares reconoció que la Nación solo había enviado la primera de las 12 cuotas del acuerdo por el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones anunciado con bombos y platillos en abril, pero que en realidad las otras 11 que faltaban llegar las iban a compensar con los fondos percibidos por el anticipo financiero de junio; que negaron en su momento haber pedido, como también negaron entonces que fueran a utilizar, porque no lo necesitaban; aunque ya sabían (ellos entonces, nosotros ahora, tres meses después) que el déficit había escalado a 717.739 millones de pesos al final del primer semestre, y se estaban endeudando con el banco para financiarlo.

* El mismo ministro Olivares que (conocidos públicamente los números provinciales al 30 de junio) se jactó de tener superávit económico (diferencia entre recursos corrientes y gastos corrientes) en junio pasado por 48.037 millones de pesos, sin explicarnos por qué si era tan buena noticia no la conocimos entonces, sino tres meses después. Y sin decir ni pío de la "ampliación de fuentes financieras" (endeudamiento bancario) firmado por él y Pullaro en agosto por el Decreto 1742 por una cantidad equivalente a 11,87 veces ese monto, para financiar precisamente gastos corrientes, como explicamos más arriba. 

* Esta misma semana se conocieron otros dos decretos firmados por Pullaro y Olivares: el 1878 (del lunes 14) y el 1893 (del martes 15), por el cual se modifican los presupuestos del IAPOS y la EPE, respectivamente. En un caso (IAPOS) para manotear 57.000 millones de pesos de ingresos que pagan algunos afiliados por el Servicio Complementario (vulgarmente llamado "IAPOS Solidario") para tener mayores prestaciones que la cobertura general; y en el caso de la EPE para incorporar mayores recursos por los aumentos de tarifas por 308.230 millones de pesos, y distribuir esos ingresos en los diferentes gastos de la empresa.

* Los números provinciales que se conocen (con demora) corresponden a la Administración Provincial, es decir el conjunto de Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social (IAPOS y Caja  de Jubilaciones), por lo que no comprenden a las empresas del Estado, como la EPE. Pero si esas empresas pagan impuestos provinciales (como Ingresos Brutos) como la hace la distribuidora de energía, esos fondos si inciden en la ecuación de los ingresos de la Administración Provincial, y acaso en el futuro lo ayuden a Olivares a jactarse del superávit económico o corriente: de hecho, el Decreto 1893 conocido ésta semana destina casi 60.401 millones del producido de los tarifazos, a ése fin. Y en el caso del IAPOS (cuyos números sí integran las cuentas provinciales que se publican periódicamente), esos 57.000 millones restados a la cobertura adicional y destinados a los gastos generales de la obra social, ayudan a que los números de ésta (y de las Instituciones de Seguridad Social, y del conjunto de la Administración Provincial) mejoren, en desmedro de los afiliados que pagan ese aporte adicional.

Sirvan los puntos anteriores para destacar que los indicadores por sí mismo no dicen nada, si no se los contextualiza: el gobierno de Pullaro oculta hasta cuando puede las cifras oficiales no tanto para ocultar gastos, sino para disimular la brutal caída de los ingresos (propios y coparticipables) como consecuencia del plan económico de ajuste de Milei que el gobernador apoya, discursivamente (aunque a veces quiera marcar diferencias para la tribuna) y en el Congreso: caen los ingresos propios (sobre todo los ligados a la actividad económica, como Ingresos Brutos), caen los recursos coparticipables federales (mismo concepto para IVA y Ganancias) y caen también las transferencias nacionales, sean para gastos corrientes (como los subsidios al transporte, o el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones), o para gastos de capital como la obra pública; que se sostiene sobre la base de endeudamiento (con organismos multilaterales o con el mercado privado de capitales), o de los bonos nacionales obtenidos por la provincia durante el gobierno de Perotti por el acuerdo en la Corte nacional por el fallo sobre el porcentaje de la coparticipación que se destinaba a la ANSES, y que Pullaro despreció en campaña por ser "papelitos de colores". Tanto oculta la caída de recursos, que desde diciembre de 2023 se dejaron de publicar las comparaciones interanuales en su evolución. 

En definitivas, lo que Pullaro trata de ocultar (cada vez con más dificultad, por el tamaño del problema) es el fracaso de su apuesta política fallida al éxito del modelo libertario; aun al precio de una brutal devaluación de la palabra pública y una mentida transparencia y austeridad en el manejo de los recursos del Estado; lo que de no mediar un formidable blindaje mediático (que se lleva también buena parte de los gastos corrientes, más de los que debiera ante otras prioridades desatendidas) le traería más consecuencias políticas que las que ya viene sufriendo, en términos de pérdida de votos, elección tras elección desde que fue consagrado gobernador. Apuesta política fallida que seguramente renovará en breve, votando un presupuesto nacional que solo promete más ajuste. Tuits relacionados:

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viernes, 19 de junio de 2026

¿EN QUÉ ANDARÁN?...

 

* ...el programa de devolución del gasto en medicamentos a los jubilados provinciales que gastan en eso más del 5 % de sus haberes, para el cual se asignaron el presupuesto del IAPOS 1800 millones de pesos, es decir apenas el 0,23 % del presupuesto total original de la obra social provincial para éste año. 

Dicho esto porque el 16 de junio (ésta misma semana) y por el Decreto 1228, Pullaro amplió el presupuesto del IAPOS en más de 121.451 millones de pesos (de los cuales más de 114.110, o sea el 93,95 %, provinieron de los bolsillos de los afiliados por aportes personales, coseguros y Servicio Complementario) y destinó de ese total cero (0) pesos a reintegrar a los jubilados el costo de los medicamentos que excedieran el 5 % de sus haberes mensuales. 

* ...el acuerdo con la Nación por el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia, déficit que según el presupuesto de éste año y pese a la reforma previsional ajustadora de Pullaro y Olivares, iba a ser de 330.218 millones, de los cuáles 240.000 millones iban a ser aportados por la nación (cálculo efectuado cuando no se había firmado el convenio y la nación no aportaba un peso hace más de dos años). 

Casi con la mitad del año transcurrido no podemos saber como anda la cosa y si el déficit de la Caja (y los aportes del Tesoro provincial a esos fines) disminuyó o no como consecuencia del acuerdo; ni en que quedó el juicio de la provincia contra la nación iniciado en la gestión de Perotti, por el incumplimiento de los convenios anteriores.

* ...el "Plan de Protección de los Ingresos" que anunció hace poco el gobierno provincial para los agentes estatales de todos los sectores que están endeudados, e incluso para los trabajadores del sector privado que atraviesan la misma situación. Poco sabemos sobre cuantos trabajadores estatales provinciales adhirieron, cuantos del sector privado, cuantos de ellos a través del agente financiero de la provincia (el Nuevo Banco de Santa Fe S.A.), cuantos a través de otros bancos y cuales son estos, además del Banco Municipal de Rosario, y cuantos beneficiarios hicieron uso de la alternativa de percibir adelantos de haberes para cancelar deudas, que luego les serán descontados de sus sueldos futuros.  

* ..el programa "Llave" anunciado a fines de 2024, por el cual se iban a otorgar subsidios a los inquilinos para gastos derivados de la renovación de los alquileres y garantías para la firma de los contratos, al que el presupuesto de éste año destina la friolera de $ 61.885.000 (sí, no faltan ceros: casi 62 millones, o sea menos de 170.000 pesos por día, para todos los inquilinos de la provincia).

* ...la financiación por la provincia de los intereses de los préstamos bancarios contraídos por las empresa contratistas de obra pública y garantizados con certificados de obra vencidos y por cobrar,  cuanto dinero lleva gastado la provincia en ese fin y si es menos o más que lo que hubiera debido pagar por los intereses por mora en los certificados pagados fuera de término.

* ...la evolución de la deuda contraída por el gobierno de Pullaro con las cerealeras por más de 50.000 millones de pesos por los bonos emitidos en el mercado interno (deuda a la que hay que sumar la emisión de deuda externa por 1500 millones de dólares con el mismo fin) para hacerles las obras de acceso a los puertos del sur de la provincia (que solo el mes pasado se llevó 46.000 millones de pesos en intereses), y por la que esas mismas exportadoras no quieren poner un solo peso. De paso sería interesante saber como van las obras por las que Pullaro nos endeudó, en pesos y en dólares.

* ...la investigación del Fiscal de Estado de Pullaro que arrancó en diciembre del 2023 para detectar funcionarios políticos del gobierno de Perotti que habrían entrado subrepticiamente a la planta permanente ("colgados de la liana", en sus palabras), sin haber sido nunca antes empleados públicos. Dos años y medio después, no sabemos cuantos casos detectaron, o sí: cero (0). Y si no es así, que publiquen los resultados. 

*...las cuentas públicas de la provincia, que como dijimos no se publican en internet desde diciembre del año pasado, sobre todo ahora que nos enteramos que por el Decreto 474 aparecido ayer en el Boletín Oficial de la Nación, Milei le otorgó a Santa Fe un anticipo financiero de los recursos de la coparticipación federal (a devolver en el transcurso del año con intereses) por hasta 400.000 millones de pesos, porque (según los considerandos de la norma presidencial) Santa Fe es uno de los Estado provinciales que se ven  "...impedidos, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de sus respectivos presupuestos de gastos y amortización de deudas.", por lo que "...resulta necesario procurar soluciones inmediatas a las dificultades financieras transitorias por las que atraviesan las citadas provincias.".

*...la evolución de la planta de personal ocupado, que tampoco se publica desde diciembre de 2023, con la sola excepción del mes de marzo del 2025. Lo que sí podemos saber como anda -y no precisamente por la información que aporta el gobierno provincial- es la planta política del gobierno de Pullaro: como siempre, creciendo, desde la última vez que la relevamos acá. 

Pasó de un total de 2503 cargos ocupados al 4 de mayo, a 2547 hoy: 44 funcionarios o asesores más designados en 46 días corridos, a casi uno más por día (más si los contáramos solo por días hábiles); fruto de sumar 562 Autoridades Superiores (funcionarios) y 1985 Asistentes Técnicos (AT, Personal de Gabinete o asesores), o lo que es lo mismo, 4,77 cargos políticos cubiertos por Pullaro por cada uno cubierto por el gobierno anterior de Perotti, relación que trepa a 17,26 a 1 si solo se consideran los Asistentes Técnicos (AT). Tuit relacionado: 

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lunes, 25 de agosto de 2025

EL TERO PULLARO

 

A propósito de las declaraciones de la semana pasada del ministro de Economía Olivares y funcionarios del IAPOS acusando al kirchnerismo (así, de una) de querer meter mano en la "caja" del IAPOS, decíamos nosotros en ésta entrada  respecto a la postura de AMSAFE y otros gremios estatales que quieren participar en el manejo de la obra social provincial, que se debe a "...las quejas que están recibiendo de sus afiliados por el funcionamiento y los incrementos de los aportes y los costos de los coseguros que los afiliados deben abonar (órdenes de consulta e internación y bonos por prestaciones médicas y odontológicas), que ascienden al 913 % desde que gobierna Pullaro. Otro día y con tiempo les contamos lo que está haciendo el IAPOS con esos mayores recursos, con datos de un decreto que Pullaro acaba de firmar, ésta misma semana.".

Y como lo prometido es deuda, hay que cumplir: hablamos del Decreto 1816 del pasado viernes, por el cual Pullaro modifica el presupuesto del IAPOS para ampliar el cálculo de sus recursos, según dice el decreto, como consecuencia de las políticas salariales: se aumentan los sueldos y las jubilaciones, y en consecuencia aumentan los aportes personales de los trabajadores y los jubilados a la obra social (se calculan en un porcentaje sobre el salario), y aumenta también la contribución patronal del Estado empleador.

Pero lo que no dice el decreto (al menos no en sus considerandos, aunque se puede descubrir leyendo sus anexos) es que de los 88.747 millones de pesos en que es incrementado el presupuesto del IAPOS, casi 29.120 millones (exactamente $ 29.119.576.000) provienen de lo que pagan algunos afiliados de su bolsillo en concepto de "Servicio Complementario", vulgarmente conocido como "IAPOS solidario", para acceder de ese modo a algunas prestaciones diferenciales que no están cubiertas con el aporte obligatorio. Tampoco destacan que más de 7590 millones de pesos de mayores recursos de la obra social provienen de los brutales aumentos a los coseguros que pagan sus afiliados, decididas por el gobierno provincial.

O sea que casi un tercio de la mayor recaudación del IAPOS de la que habla el decreto de Pullaro proviene de ahí, y representa más del doble de la mayor recaudación en concepto de aportes personales, por los incrementos de salarios: estos últimos representan $ 14.625.480.000, según el mismo decreto. Y los aportes al Servicio Complementario son también más que los $ 20.372.294.000 de mayores ingresos por la contribución patronal del Estado empleador.

Sin embargo, el aumento en ese rubro (aportes al Servicio Complementario, o "IAPOS solidario") no se está destinando según el decreto de Pullaro, a cubrir esos servicios diferenciales o adicionales para los que están legalmente previstos esos recursos, sino para financiar gastos generales de la obra social (prestacionales y de funcionamiento): conforme surge de las planillas anexas a la norma, el gobierno provincial redujo partidas destinadas a pagar con ese rubro de ingresos reintegros de elementos médicos adquiridos por los afiliados, subsidios y reintegros de gastos de sepelios, provisión de elementos médicos y convenios por servicios fúnebres.

La poda fue por un total de 17.000 millones de pesos (más de la mitad de los ingresos adicionales por aportes de los afiliados al Servicio Complementario), y el abultamiento de esa fuente de ingresos tiene que ver con que el gobierno de Pullaro (que aumentó como dijimos un 913 % los coseguros desde que asumió) aumentó sideralmente el monto de lo que los afiliados que adhirieron al sistema deben pagar para acceder a él.

Para que se entienda: modificaron la base de cálculo de los aportes al Servicio Complementario, con lo cual le ingresa a la obra social una masa creciente de recursos por esa vía, que salen del bolsillo de los afiliados, pero que no se destinan a los fines para los que el sistema fue creado; y el 57,83 % de la mayor recaudación de recursos propios que tuvo el IAPOS según el Decreto 1816 de Pullaro, provinieron de los bolsillos de los trabajadores y jubilados afiliados a la obra social. Y nada tiene que ver en eso el kirchnerismo, que nunca gobernó en la provincia de Santa Fe, ni tuvo jamás injerencia en el manejo del IAPOS.

Todo indica que en esto -como en tantas cosas- Pullaro hizo la del tero: en un lado pegaba el grito (agitando el fantasma de la corrupción kirchnerista y sindical), y en el otro ponía los huevos, manoteando recursos salidos del bolsillo de los trabajadores y jubilados y previstos para un fin, para destinarlos a otro. Acaso por éstas cuestiones les preocupa que los gremios estatales puedan acceder a participar del manejo de la obra social provincial , y en consecuencia tengan acceso a la información y a las decisiones, antes de que ya estén tomadas.




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sábado, 23 de agosto de 2025

ES EXACTAMENTE LO QUE VOTARON

 

Primero fue el ministro de Economía de la provincia, Olivares: "...respecto a Iapos desde los gremios “se está montando una campaña con el fin último de manejar los fondos de la obra social. Y no vamos a dejar que el kirchnerismo los administre. Los recursos del Iapos son para la salud de los afiliados y no para que los gestione una burocracia sindical”, afirmó el funcionario.".

Y amplió: "Para Olivares, la avanzada gremial responde a un interés financiero y de poder. “Ya no les alcanza con los cientos de millones que recaudan por la cuota sindical y la mutual; ahora buscan más recursos. Pero los fondos del Iapos son para la salud, no para financiar la burocracia sindical”, lanzó. El funcionario advirtió sobre los riesgos de ceder poder de decisión sobre la obra social a sectores con intereses políticos. “Hemos visto en qué terminan esas intermediaciones forzadas. No vamos a permitir que eso ocurra en Santa Fe”, aseguró.".

Una vez hecha la huella marcada por Seita, se mandó por la misma uno de los subdirectores del IAPOS: "Al respecto, el subdirector de la obra social, Luis Asas, recordó que Iapos cuenta con casi 590.000 afiliados en toda la provincia y subrayó que los recursos de la obra social “son de los afiliados”. En ese sentido, fue enfático: “De ninguna manera vamos a permitir que ningún sindicato quiera apoderarse de la caja. Ya sabemos lo que ha pasado cuando el kirchnerismo intentó manejar fondos de este tipo y cómo terminó”.".

Todo vino a cuento del reclamo de AMSAFE (el gremio de los docentes provinciales) para participar del manejo del IAPOS (la obra social provincial), ante las quejas que están recibiendo de sus afiliados por el funcionamiento y los incrementos de los aportes y los costos de los coseguros que los afiliados deben abonar (órdenes de consulta e internación y bonos por prestaciones médicas y odontológicas), que ascienden al 913 % desde que gobierna Pullaro. Otro día y con tiempo les contamos lo que está haciendo el IAPOS con esos mayores recursos, con datos de un decreto que Pullaro acaba de firmar, ésta misma semana.

El funcionario del IAPOS (además de apelar al fantasma del kirchnerismo -que nunca gobernó en la provincia- como Olivares, dijo que lo que en realidad quieren los dirigentes del gremio docentes (que de kirchneristas poco, tirando a nada, y sus afiliados menos que nada) es meterse en el directorio de la obra social, para "manejar la caja". Pues bien, hete aquí que el IAPOS (según la Ley 8288 que lo creó hace 47 años) no tiene ni tuvo nunca un "directorio" (o sea, un órgano colegiado), sino solo un Director Provincial, funcionario político designado por el Poder Ejecutivo. 

Lo que sí sucede es que los gobiernos del Frente Progresista primero y de "Unidos" después (o sea, los sellos sucesivos que tuvo la Unión Democrática antiperonista santafesina) por sendos decretos de Bonfatti (5335/14), Lifschitz (4375/17) y Pullaro (1200/25) aprobaron una estructura orgánica de la obra social provincial, y la hicieron depender (éste gobierno) del Ministerio de Economía, cuando siempre dependió de Salud, o del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; y no solo eso: como hicieron en todo el Estado (otro día refrescamos los números, actualizados), inflaron la planta política de resultas de lo cual al día de hoy donde la ley de creación del IAPOS contempla un (1) Director Provincial, han creado por distintos decretos un (1) Secretario, un (1) subsecretario, un (1) Director Provincial, tres (3) Sub Directores y tres (3) Asistentes Técnicos (o sea, asesores); es decir un total de nueve (9) cargos políticos para manejarlo.

Por otro lado, que los trabajadores reclamen participar del manejo de la obra social (a la cual aportan y de la que son afiliados obligatorios) no se entiende que tendría de extraño: de hecho en los años 90' (gobierno de Reviglio) lo hicieron, a través de un Consejo Gremial Asesor, y tienen directores obreros (en representación del personal) la Empresa Provincial de la Energía (EPE) según la Ley 10014 (aprobada durante el gobierno de Vernet), y la empresa Aguas y Saneamientos Santafesinos (ASSA) por el Estatuto aprobado por Decreto 193/96 (gobierno de Obeid). 

Siguiendo la lógica de Olivares y el Sub Director del IAPOS, lo único que faltaría es que le echen la culpa al kirchnerismo de los tarifazos de luz y agua del gobierno de Pullaro. Aunque pensándolo bien, ya lo hicieron en el gobierno de Bonfatti. Lo que sucede es que frente a la imposibilidad de explicar lo que está pasando en el IAPOS, el gobierno apela al espantajo kirchnerista, para entretener a su electorado gorila, hoy en disputa con LLA, máxime desde que Pullaro forma parte de la Manaos antiperonista lanzado por el establishment como recambio del fracasado experimento libertario.

También en la semana algunos gremios estatales provinciales (como UPCN) y muchos de los afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia (empleados públicos, docentes, judiciales, actuales jubilados de todos los sectores) empezaron a preocuparse porque el despacho del oficialismo de "Unidos" en la Convención reformadora de la Constitución santafesina deja abierta la puerta para transferirla a la nación.

La Ley 14384 (2024) de declaración de la necesidad de la reforma decía respecto al actual artículo 21 de la Constitución vigente: "Establecer que las jubilaciones y pensiones de los empleados públicos provinciales sean atendidas por medio de un régimen público de reparto, basado en la solidaridad, a cargo de una institución del Estado provincial de carácter intransferible a otras jurisdicciones.". Lo que desapareció en el camino entre la ley que habilitó la discusión de la reforma y el despacho del oficialismo imponiendo su mayoría en la Convención fue, justamente, el carácter de "intransferible" a otra jurisdicción de la Caja provincial, y de allí la preocupación de algunos.

Muchos de los cuáles seguramente votaron a Pullaro (en algunos sectores nos animaríamos a decir que en proporción aun mayor a la que obtuvo en el conjunto del padrón), y jamás de los jamases votarían al peronismo. Y muchos (conocemos casos) que se la pasaron años alertando por mensajes de texto o whatsapp y antes de eso por cadenas de mails, en cada elección de autoridades provinciales, alertando respecto a que, si ganaba el peronismo, lo primero que hacía era transferir la Caja de Jubilaciones a la nación.

Acá entre nosotros: no creemos que lo haga ni éste gobierno provincial actual ni ningún otro, más que nada porque la nación no está interesada en recibir ninguna Caja provincial para administrarla, y hasta se niega a financiar su déficit; como lo saben bien los santafesinos y el gobierno de Pullaro, que tuvo que continuar el juicio contra la nación iniciado por Perotti, ante la falta de cumplimiento de los convenios firmados a esos efectos: más información, acá.

Lo que sí es seguro es que -para muchos- lo que está pasando en el IAPOS y lo que puede llegar a pasar con la Caja de Jubilaciones (sin olvidar la reforma previsional ajustadora que Pullaro aprobado ni bien llegó al gobierno) es exactamente lo que votaron, lo sepan, lo acepten o no. Tuits relacionados:

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lunes, 9 de junio de 2025

HAY MORATORIAS Y MORATORIAS

 

En la última sesión de la Cámara de Diputados de la nación obtuvo media sanción un proyecto presentado por el bloque de Unión por la Patria para prorrogar la moratoria previsional, y permitir que a las personas que sus empleadores no les hicieron los aportes se puedan jubilar, como sucedió con regímenes similares aprobados durante los gobiernos de Néstor y Cristina.

La iniciativa tuvo 111 votos a favor, 100 en contra y 15 abstenciones, con 30 diputados ausentes y uno que no registró el sentido de su voto. Como pueden ver siguiendo este enlace en la página de la Cámara, la totalidad de los legisladores que corresponden a los partidos que forman en Santa Fe "Unidos" (La Unión Democrática que gobierna la provincia) con la excepción de los socialistas Fein y Paulón le restaron su apoyo a la iniciativa: Barletta, Figueroa Casas y Laspina votaron en contra, al igual que Chumpitaz, hoy borocoteado a LLA. Giorgi se abstuvo y Núñez y Razzini estuvieron ausentes. 

Apenas un par de días después (el viernes 6) Pullaro dictó el Decreto 1165, cuyas imágenes ilustran el post, que está disponiendo una contribución del Tesoro provincial al IAPOS por casi 564 millones de pesos mensuales desde enero de éste año, o lo que es lo mismo, de 7300 millones anuales.


Como lo señala el decreto, esa contribución tiene dos fines: compensarle a la obra social de la provincia los menores aportes personales respecto al conjunto de sus afiliados que hacen ciertos grupos especiales de beneficiarios (personas con discapacidad, ex combatientes de Malvinas y bomberos voluntarios), y la contribución patronal que les correspondería como empleadores y que directamente no hacen un grupo de Municipios que tienen sus propias Cajas jubilatorias y son adherentes al IAPOS.

El decreto no discrimina cuantos de esos 7300 millones de pesos que aportará el Tesoro corresponden a cada una de las categorías, lo cual es muy importante: mientras en el primer caso (beneficiarios con aportes diferenciales) la asistencia financiera tiene lógica porque acceden al mismo nivel de prestaciones que el resto de los afiliados, en el segundo es como mínimo cuestionable: mientras la provincia -con el argumento de que a la obra social no le cierran las cuentas- les aumenta exponencialmente a sus trabajadores los aportes al Servicio Complementario (vulgarmente conocido como "IAPOS" solidario) y el valor de los coseguros (bonos asistenciales y órdenes de consulta), financia con su bolsillo (o sea, con el nuestro) el incumplimiento legal de ciertos municipios negreros, para con sus propios empleados.  

La medida de Pullaro responde a lo dispuesto en su momento por el artículo 63 de la ley de presupuesto, votada a fines del año pasado:


En el Decreto 1165 no hay la más mínima mención a como se cumplirá con la parte de la ley que dispone que el Poder Ejecutivo debe convenir con los municipios beneficiados con el "ayudín" de la provincia, el recupero de los fondos.

Lo que sí menciona el decreto (como pueden ver en una de las imágenes de arriba) es cuáles son esos municipios: Rosario, Venado Tuerto, Rufino, Cañada de Gómez, Esperanza y Santa Fe, todos ellos gobernados -vea señora que casualidad- por intendentes de "Unidos para Cambiar Santa Fe". A menos que no sea una casualidad, y justamente agregaron ese artículo en la ley de presupuesto para éste año, para tirarles una soga a los negreros que ya no estaban pagando entonces la contribución patronal, lo que explicaría en parte porque el gobierno de Pullaro hablaba de déficit del IAPOS, y trató de enjugarlo metiéndoles la mano en los bolsillos a los afiliados, como hizo con la Caja de Jubilaciones.

Indultar a los negreros dijimos: exactamente lo mismo que hicieron en la Cámara de Diputados de la nación los que se negaron a prorrogar la moratoria previsional, como si fuera culpa de los trabajadores que sus patrones no les hayan hechos los aportes que correspondían por ley.

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miércoles, 2 de abril de 2025

VEREMOS

 

Tal como da cuenta la imagen de apertura, el viernes pasado Pullaro y sus funcionarios anunciaron que el gobierno provincial les reintegrará a los jubilados provinciales -vía el IAPOS- el gasto en medicamentos en que incurran en cuanto supere el 5 % de sus ingresos, por acreditación directa en sus cuentas bancarias en las que perciben los haberes.

Dejemos de lado que una de las razones para las que el IAPOS fue creado es -precisamente- para darle cobertura en medicamentos a sus afiliados y deja bastante que desear al respecto, lo cierto es que al menos hasta ahora -al subir este post- no existe decreto o norma legal alguna que el gobierno de la provincia haya sacado, que instrumente la decisión y precise sus alcances.

Recién ayer por la tarde aparecieron declaraciones del ministro de Economía precisando algunos aspectos (completas acá), a saber: será para los jubilados o pensionados que perciben hasta 2,5 millones de haber (suponemos que de bolsillo), y la provincia invertirá a esos fines entre 120 y 130 millones mensuales, o lo que es lo mismo, entre 144 y 156 millones de pesos al año.

El detalle de que aun no exista norma legal alguna que reglamente el anuncio y el posible beneficio no es menor: de ello se deriva que en el abultado presupuesto del IAPOS para éste año que aprobó la Legislatura (que asciende a $ 457.589.480.000) no existe la más mínima partida o programa con fondos asignados a esos fines.

Lo que sí hay presupuestado es el gasto en que incurre la obra social para pagarles a las farmacias y droguerías la parte del costo de los medicamentos que cubre, y que no están a cargo de los afiliados, sean estos activos o pasivos. Pero como el gobierno está diciendo que los reintegros serían acreditados directamente a estos por transferencias a sus cuentas sueldo (en las que cobran los haberes de jubilación o pensión), el gasto -de existir- debería imputarse a la partida "Transferencias", de acuerdo al clasificador de gastos.

Una partida que tiene asignados fondos en el presupuesto (que no necesariamente están previstos para ese fin: reintegrar a los afiliados el costo de medicamentos) por $ 35.250.000,00; o lo que es lo mismo, el 0,0077 % del presupuesto de la obra social de la provincia.

Si consideramos que -según los anuncios del gobierno- los beneficiarios serían unos 105.000 jubilados y pensionados provinciales y que tratándose de adultos mayores el gasto en medicamentos es permanente, eso sería un equivalente a $ 335,71 de reintegros por cada uno por todo el año, o sea $ 27,97 por mes; siendo a su vez que la distancia entre el 5 % puesto como tope "aceptable" a gastar en remedios y lo que cada jubilado o pensionado realmente gasta puede variar en cada caso, y nada dice al respecto el anuncio oficial.

Si se toman en cuenta las cifras que dio el ministro Olivares (120 a 130 millones de pesos mensuales) estamos hablando de que piensan invertir en los reintegros entre el 0,026 % y el 0,028 % del presupuesto de la obra social provincial, o traducido en el bolsillo de los jubilados y pensionados que se beneficien, entre $ 1.142,85 y $ 1.238,09 por beneficiario, por mes, en promedio: un boleto de colectivo urbano de Santa Fe, digamos.

Parece bastante menos de lo que les sacaron a los jubilados y pensionados provinciales en éste mismo gobierno de Pullaro por la reforma previsional al pedalearle a 60 días el traslado de los aumentos otorgados a los activos, y al recortarle el 20 % del haber base inicial con el que se jubilan.

Reiteramos: la falta de normas que oficialicen y aclaren lo que hasta acá es solo un anuncio, hace imposible saber si estas conjeturas son o no acertadas, pero los antecedentes no avalan creerle al gobierno provincial sin más elementos que su palabra: veíamos el año pasado en ésta entrada lo que pasó con el anuncio del reintegro a todos los afiliados del IAPOS (activos y pasivos) de lo que pagaran por plus médico. 

Una verdadera chantada, al que destinaron la irrisoria suma de 100 millones de pesos el año pasado, monto que mantuvieron exactamente igual en el presupuesto de éste, pese a la inflación habida, y que representa $ 173,91 por afiliado, por reintegro de plus, por todo el año. Veremos que pasa en éste caso. Tuit relacionado:

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jueves, 2 de enero de 2025

MIRÁ LO QUE DESCUBRIMOS

 

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viernes, 11 de octubre de 2024

UN CHISTE

 

Con el despliegue publicitario habitual, la semana pasada el gobierno de Pullaro anunció un sistema de reintegro a los afiliados del IAPOS de las sumas que los prestadores de salud les cobren en concepto de plus médico, sistema reglamentado por el Decreto 1845 cuyas imágenes ilustran el post.

Dice el decreto del gobernador "Que es primordial que los afiliados accedan a las prestaciones que brinda la obra social con la confianza de contar con una cobertura de calidad que incluya la atención oportuna, el trato adecuado y la inexistencia de requerimientos extras por parte de los prestadores que generan discriminación en la atención, cobros indebidos o la existencia de condicionantes no autorizados por los convenios que los vincula con la obra social;..."; y "Que en ese contexto y con el objeto de que los beneficiarios puedan reclamar situaciones en las que los prestadores no respeten los compromisos asumidos ni los requerimientos establecidos por el IAPOS poniéndolos en situaciones que condicionan y afectan la relación médico/paciente y la calidad de la cobertura, el organismo pone a disposición de sus afiliados un Servicio de Recepción y Gestión de Reclamos por Prácticas Abusivas;...". (las negritas son nuestras)

Tampoco es que les van a devolver plata a los afiliados todas y cada una de las veces que les cobren plus: así lo aclara el decreto en su artículo 4 al disponer "...que las compensaciones por prácticas abusivas por cobros indebidos no podrán exceder el equivalente a dos aranceles de consulta por afiliado ante denuncias presentadas en relación con un mismo profesional, independientemente de la cantidad total de denuncias realizadas. Asimismo, y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, para el otorgamiento de las compensaciones regirán los límites que a continuación se detallan: a) En caso de que un afiliado interponga varias denuncias en relación con un mismo profesional, la compensación sólo podrá ser otorgada ante las dos primeras denuncias, no procediendo en ningún caso ante la presentación de una posterior, independientemente del monto de las mismas y debiendo respetarse las demás limitaciones establecidas en el presente artículo. b) En caso de denuncias realizadas a distintos profesionales, la compensación a otorgar tendrá los mismos alcances y las mismas limitaciones establecidas en el presente acto administrativo para cada uno de ellos. c) En ningún caso podrá otorgarse mensualmente a un afiliado en concepto de compensaciones por cobro de plus un monto que exceda el de dos aranceles de consulta. Lo expuesto en el presente artículo no obstará ni limitará en ningún caso el derecho de los afiliados a realizar las denuncias que correspondan por prácticas abusivas de los profesionales intervinientes.". (Otra vez las negritas son nuestras)

O sea, después del anuncio viene la realidad: a no entusiasmarse porque son dos devoluciones por prestador y por afiliado, de montos que no son los que pagó el afiliado en concepto de plus, sino los que fija el IAPOS en concepto de aranceles. O sea, una compensación que no compensa, digamos.

Pero lo más curioso es que el Decreto 1845 no mencione ni una sola vez el hecho fundamental: hay no una sino dos leyes provinciales que prohíben expresamente el cobro de plus a los prestadores de salud: la Ley 10288 de 1988, y la Ley 13731 de 2018  

La primera de ellas establece en su artículo 1º que "Los prestadores de Obras Sociales, en las ramas de la medicina, odontología, psicología, bioquímica y demás actividades médico – asistenciales relativas a la salud, sean personas físicas o jurídica, no podrán: a) cobrar, exigir o recibir adicional alguno a los aranceles aprobados por el Instituto Nacional de Obras Sociales o acordados con los entes de Obras Sociales que actúen en la Provincia, ni ningún otro importe que bajo cualquier forma o denominación conduzca a la percepción de honorarios que superen dichos aranceles; b) exigir o recibir la entrega de un número de órdenes mayor al que corresponda para las prestaciones efectivamente realizadas a sus pacientes.". 

Y la segunda (también en su artículo 1º) establece: "Prohíbese, en todo el territorio de la provincia de Santa Fe, el cobro de 'plus", adicionales o complementos monetarios por los servicios que los profesionales del arte de curar y ramas anexas, brinden a afiliados que estén amparados bajo la cobertura de entidades regidas por las leyes nacionales 23660 (de Obras Sociales), 23661 (Sistema Nacional del Seguro de Salud) y de la ley 8288 (Instituto Autárquico Provincial de Obra Social - lAPOS), siempre que los mismos no formaren parte de los aranceles fijados en convenios suscriptos entre la entidad y los profesionales citados y/o las organizaciones gremiales que los agrupen, como retribución de la prestación. La presente prohibición comprende a todas las prestaciones clínicas, sanatoriales, de diagnóstico, y cualquier otra que se encuentre cubierta por las mencionadas leyes o convenios y/o que se vayan a crear en el futuro.".

Incluso ésta última ley en su artículo 6 estableció que "Dentro del plazo de noventa (90) días corridos contados a partir de la promulgación de la presente ley, el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe deberá proveer cartelería en cantidad adecuada con la siguiente inscripción: "El cobro del plus médico es ilegal. Denúncielo", la que deberá ser exhibida obligatoriamente por los prestadores en los lugares de atención al público. La constatación de la ausencia de esta cartelería informativa obligatoria hará pasible al prestador o al centro de atención, de las sanciones previstas en la presente siempre que exista certificación de la recepción de la cartelería por parte del prestador o centro de atención.".

Ambas leyes -ignoradas olímpicamente por el decreto de Pullaro- establecen sanciones que van desde multas, hasta la suspensión o eliminación del padrón de prestadores de la obra social, de los médicos y establecimientos de atención de la salud que violen sus disposiciones, cobrando plus. 


Ahora bien, si como vimos, se ponen límites y requisitos para el pago de la compensación, lo que obviamente incide en el monto de los recursos que el gobierno provincial para financiarla, lo que según vemos en el decreto son exactamente 100 millones de pesos.

Para poner esa cifra en perspectiva, tengamos en cuenta que el presupuesto original del IAPOS para éste año era de $ 200.070.296.000 (doscientos mil millones), ampliado luego por el Decreto 1646 del 17 de septiembre en $ 29.266.142.00 (otros 29.000 millones de pesos), es decir que al día de hoy la obra social de la provincia tiene un presupuesto de -por lo menos- $ 229.366.438.000.

Es decir que la compensación a los afiliados que tengan que pagar un plus para ser atendidos equivale al 0,04 % del presupuesto del IAPOS. O lo que es lo mismo, a devolverle por año $ 173,91 a cada uno de sus 575.000 afiliados. Menos de lo que le van a pagar al estudio de Cassagne por hacer un juicio que ya estaba empezado en el gobierno anterior, o la fundación del ex UIF de Macri para vaya uno a saber que.

Lo que se dice un chiste. Tuit relacionado:
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lunes, 9 de septiembre de 2019

LOS NIÑOS "YO NO FUI" DE SANTA FE


Que el país está viviendo una crisis profunda, con graves implicancias sociales, consecuencia directa de las políticas del gobierno de Macri, es una verdad de Perogrullo; y nadie necesita que venga el gobernador a contárselo. Como tampoco que en el marco de esa crisis, la recesión golpea fuerte las finanzas provinciales porque caen los recursos propios y coparticipables en términos reales (medidos contra la inflación), mientras crecen las demandas.

Tampoco está en discusión que Macri y su gobierno se desentienden de las consecuencias de lo que generaron, y dejan a las provincias libradas a su propia suerte. Sin embargo, de ahí a sacarse el chivo del lazo con tanta soltura como intentó hacer hoy Lifschitz, media un océano de distancia. Una actitud que, por otro lado, es perfectamente consistente con los antecedentes del socialismo santafesino, que compite cabeza a cabeza con el PRO por el premio a los "niños yo no fui" de la política argentina: jamás se hacen cargo de nada, y la culpa siempre es de los demás.

Cuando gobernaba el kirchnerismo, la cantinela era que eran discriminados por la nación "porque representaban otro modelo de como hacer política y gestionar el Estado", y a la menor crítica que recibían, salían corriendo a hablar de oscuros intentos de desestabilización. Con ese cuento por ejemplo no se hicieron nunca cargo de Tognoli, ni de la policía atendida por sus propios dueños, ni de los desaguisados de Vorobiof en el puerto; que siguieron corregidos y aumentados después de su partida..

Tampoco nunca se hicieron cargo de que aumentaron de modo brutal las tarifas de los servicios públicos provinciales (luz, agua) y el transporte (aun teniendo subsidios nacionales), más los peajes de las rutas provinciales (destacando que no tenían subsidios nacionales): o sea, iban y venían según les conviniera con los argumentos, pero la culpa siempre estaba afuera. Y los aumentos se disparaban, por las dudas y como única respuesta.

Es tan cierto lo que dice Lifschitz que la crisis en el país no comenzó con las PASO sino por lo menos dos años antes, como que en ese momento (o sea, a fines del 2017) él y su gobierno aceptaban firmar el pacto fiscal propuesto por Macri; en el cual las provincias resignaban recursos, y estaban planteadas ya la eliminación del fondo sojero, y de los subsidios al transporte. Dicho sea de paso: al día de hoy Santa Fe sigue sin estar entre las provincias que fueron a la Corte a demandar a la nación por la eliminación del fondo sojero; y tardó dos años en promover la demanda de ejecución de sentencia por los fondos de ANSES.

Y desde esa misma época (hace dos años atrás) data el reclamo de las organizaciones sociales de la provincia para que el gobierno socialista declarara la emergencia alimentaria, que hasta hoy ha sido desoído; por eso sorprende que el gobernador diga ahora que están destinando más recursos a atender las necesidades sociales más apremiantes, cuando las propias cifras oficiales dicen exactamente lo contrario:  la Cuenta de Inversión del año pasado demuestra que Desarrollo Social sigue retrocediendo en su participación relativa en el conjunto de los gastos provinciales, como pasa prácticamente sin solución de continuidad desde que en 2007 el socialismo llegó al gobierno. 

Eso, sin mencionar que hay factores específicamente santafesinos (y socialistas) que determinan la precariedad de las finanzas del Estado provincial, que se vuelven una "pesada herencia" para el gobierno de Omar Perotti: la situación de la Caja de Jubilaciones (porque que la nación no financie el abultado déficit, no explica por qué este se produce), el IAPOS (en situación de quebranto por un modelo prestacional oscuro que el socialismo nunca admitió discutir) o el aumento exponencial de la planta política para sostener un ñocaje hoy en migración a la justicia o a la planta permanente.

Ni hablar de una deuda en dólares irresponsablemente contraída al amparo del arreglo del gobierno de Macri con los fondos buitres; que se traslada como pesada hipoteca en sus vencimientos al futuro gobierno. (Más información al respecto, acá) Sospechamos que este súbito brote de indignación contra Macri tiene más que ver con que el peronismo les está empezando a marcar los puntos sobre las ies por las condiciones en las que le están entregando el gobierno de la provincia, que con la crisis social.

Pero los "niños yo no fui" de nada de eso se hacen cargo, como tampoco se hacen cargo de haber intentado licitar obras sin contar con el financiamiento garantizado como estrategia de campaña, o de haber gastado en una absurda consulta popular por la reforma constitucional, que nunca se realizó. Pero más que nada no se hacen cargo de que perdieron la elección, y están de salida. Lo único que se les pide es que no sigan rompiendo cosas.
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sábado, 10 de agosto de 2019

SALUD CARTELIZADA


Tal como da cuenta esta nota de Rosario 12, la situación financiera de la provincia con la que se encontrará Omar Perotti al asumir el gobierno es motivo de creciente preocupación; con un déficit de 10.580 millones de pesos (antes de contribuciones financieras) acumulado en los primeros seis meses del año; y con un gobierno de Lifschitz que viene apelando a los adelantos en descubierto en el agente financiero, para pagar la mitad de la planilla de haberes mensuales de los agentes públicos provinciales.

Dentro de los renglones que aportan al abultado déficit, sobresalen la Caja de Jubilaciones y Pensiones con un déficit mensual del orden de los 1000 millones de pesos, y el IAPOS, que por primera vez en muchos años ha pasado a tener déficit.

Además de las circunstancias de orden económico general (como la prolongada recesión que impacta en la caída de la recaudación), en el caso de la obra social de la provincia impactan también en los números los costos crecientes de la salud, por los insumos y servicios que están atados a la evolución del dólar; en el marco de un proceso inflacionario que no merma.

Sin embargo, en el caso particular del IAPOS hay otro costado del problema que parece no ser tomado en cuenta, y que es la política prestacional que definieron los gobiernos del Frente Progresista: es un misterio insondable acceder a los términos de los convenios del IAPOS con sus prestadores, mayoritariamente cartelizados en asociaciones o gremiales que nuclean a clínicas y sanatorios; lo que les permite imponer condiciones que al parecer, la obra social provincial no puede (o no quiere) cuestionar ni discutir, ni siquiera aportando una cartera de afiliados/clientes del orden de las 600.000 personas, entre los empleados públicos y sus familias.

Un ejemplo típico de lo expuesto es el caso de los tratamientos de diálisis, que se canalizan a través de la asociación de prestadores del rubro, mecanismo al cual se sumó luego el Ministerio de Salud de la provincia, para los pacientes que se atienden en los hospitales públicos; como lo muestra el decreto que encabeza el post.

Un decreto que aprueba un convenio con la asociación que nuclea a los prestadores de servicios de diálisis, modificando otro del 2016 por el cual el IAPOS les pagaba a ellos los servicios de los pacientes derivados desde los hospitales provinciales para ese tipo de tratamientos, y luego el Ministerio de Salud les reintegraba los importes: evidentemente la situación financiera de la obra social (que tuvo que ser asistida por el Tesoro con adelantos de la contribución patronal delEstado empleador) ya no permitía sostener ese mecanismo.

Lo que no cambia, sin embargo, es el hecho de que la provincia sigue sin hacer valer la enorme “cartera” de pacientes que deriva a efectores privados de salud, sea a través del IAPOS o desde los hospitales provinciales del Ministerio de Salud, parta obtener mejores condiciones financieras a cambio de las prestaciones: por el contrario, ahora el Ministerio está adoptando para los hospitales el nomenclador de tarifas que ya viene aplicando la obra social, que no son otras que las impuestas por los prestadores.

Y en el caso particular del Ministerio de Salud, hay que añadir otra cuestión: no se entiende por que razón una gestión que ha invertido en infraestructura para construir nuevos hospitales en distintos puntos de la provincia, no los haya invertido en generar en ellos o en otros efectores de salud sus propios servicios de diálisis, sin necesidad de tener que derivar a los pacientes a efectores privados.

No se trata de una inversión menor: como lo muestra el decreto, se gastan casi 98 millones de pesos en este rubro, solo para los meses de octubre y noviembre de éste año; lo que supone unos 600 millones de pesos al año en un servicio que la provincia podría brindar a través de los efectores públicos de salud.
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