Hace un par de semanas atrás y a propósito de los amagues de reforma previsional ensayados por el gobierno de Pullaro,
decíamos en esta entrada: "
En la misma semana y hablando del déficit de la Caja de Jubilaciones, el gobernador dijo que había que modificar el régimen previsional de los empleados públicos provinciales, para terminar con algunos privilegios, y porque no puede ser que al déficit lo paguen los quiosqueros. No precisó -ni le preguntaron- a que privilegios se refería, o porqué no lo pagan los exportadores, o el campo privilegiado.".
"Dijo el gobernador que de lo contrario -si no se reforma el régimen jubilatorio- se vería forzado a transferir la Caja, pero no dijo (y nadie se lo preguntó) a quién se la transferiría en tal caso, dado que no puede pensarse que sea a la Nación, que ni siquiera está transfiriendo desde ANSES las partidas para financiar el déficit, según el convenio firmado en su momento entre las partes. ¿Acaso el gobernador está pensando en un esquema de jubilación privada o capitalización al estilo de lo que fueron las AFJP?".
Después de una discusión demasiado larga -para un gobierno que controla por amplia mayoría ambas Cámaras de la Legislatura- y para un proyecto tan anodino como crear una comisión que estudiara el régimen jubilatorio de los agentes públicos santafesinos y proponga reformas, se le vieron las patas a la sota: recurriendo al mecanismo habitual de soltarle la primicia al periodismo amigazo para que sondee las reacciones antes de oficializar los proyectos, acá en La Politica Online nos cuentan en que consistiría la reforma del régimen que enviaría Pullaro en agosto a tratamiento legislativo.
A tono con lo que hasta acá ha venido siendo la gestión Pullaro (el falseamiento serial de los términos del debate de lo que se está discutiendo, para traficar lo que quieren imponer sin mayores costos), la nota habla de algunos datos ciertos (como la distancia entre la jubilación mínima y la máxima del sistema) para falsear otros, o dar a entender cosas que no son ciertas, como si fueran verdades indiscutibles.
Como por ejemplo que en Santa Fe existan regímenes jubilatorios de privilegio, si se entiende por tales -como debe ser- aquellos que permitan jubilarse con menor edad o años de servicios que los exigidos para el conjunto general del sistema; al estilo de lo que era la Ley 9214 para los funcionarios políticos, aprobada durante la dictadura y derogada durante el primer gobierno democrático de José María Vernet.
Otra cosa -muy distinta- son ciertos sectores de trabajadores públicos que -por la naturaleza de sus tareas- tienen un cómputo privilegiado de sus servicios, que le permite acceder antes a la jubilación porque sus tareas son penosas, insalubres, riesgosas o sometidas a un estrés mayor que las del común. Esos casos están listados en el artículo 34 de la Ley 6915, y la última modificación al respecto se hizo en el 2005 (segundo gobierno de Jorge Obeid) mediante la Ley 12464; para incorporar a la nómina al personal hospitalario afectado a la atención efectiva y directa de pacientes, hospitalizados en establecimientos oficiales de salud, el personal asistencial afectado a la atención efectiva y directa de menores, adolescentes y ancianos, de Centros y Hogares oficiales asistenciales y el personal docente que preste servicios en establecimientos de reeducación y especiales.
Nota al pie de página: es notable como hablando de "regímenes especiales" o "privilegiados" que contribuyen al déficit de la Caja, ni la nota (escrita con información del gobierno) ni el gobierno hablen del personal policial o penitenciario, que por razón de sus tareas se jubila (o retira) mucho antes que los agentes del régimen general; y como contribuyen a que la Caja tenga déficit.
Según nos cuenta la nota, las reformas que propondría Pullaro incluyen aumentar la edad jubilatoria de las mujeres (en línea con lo que está proponiendo Milei al modificar la Ley de Contrato de Trabajo) con excepción de ciertos cargos de la docencia, aumentar los aportes personales de los trabajadores del 14,5 % de sus salarios que son actualmente al 18 % o un porcentaje mayor en los sueldos más altos, y eliminar el "2 x 1" que en la actualidad permite a los agentes compensar el exceso de edad con el faltante de años de servicios para jubilarse, o viceversa.
Segunda nota marginal: el "2 x 1" fue introducido en la Ley 6915 mediante la ya citada reforma introducida en 2005 (segundo gobierno de Obeid) por la Ley 12464, y el "viceversa" lo introdujo la oposición de entonces, formada por los mismos que hoy son oficialismo provincial; porque no estaba en el proyecto original del Poder Ejecutivo. Luego fue introducido el beneficio jubilatorio para los docentes con 30 años de servicios y menos edad (57 para las mujeres y 60 para los hombres) mediante la Ley 12829 de noviembre de 2007 (transición entre Obeid y Binner), y se eliminó el "viceversa" -porque eso significó en la práctica- para los docentes en noviembre de 2011 (transición entre Binner y Bonfatti) por la Ley 13201.
Si la reforma prosperase y según como se resuelva la transición con el régimen actual, el primer efecto práctico sería que durante lo que resta del mandato de Pullaro disminuiría drásticamente la cantidad de agentes que podrían acceder a la jubilación. Para un gobierno que al mismo tiempo está buscando reformar la Constitución para posibilitar la reelección del gobernador, se diría que se está allanando hoy el camino (basado en un supuesto "clima de época" favorable a los ajustes y recortes de derechos) para tener en un segundo mandato un déficit menor en la Caja de Jubilaciones.
De todos modos, esa reforma es totalmente contradictoria con la política de personal de éste mismo gobierno, que es otro vector que no puede desconsiderarse cuando se analiza la sustentabilidad de cualquier sistema previsional: si preocupa que los jubilados sean muchos en relación con los activos (hoy la relación sería un jubilado cada dos activos aportantes, según los datos del gobierno), la solución no puede ser -al menos no solamente- tratar de bajar drásticamente el número de gente que se jubila aumentando la edad para que lo haga.
También hay que evaluar como se recomponen los planteles del Estado en todas sus áreas no solo de acuerdo con las necesidades que surgen de las políticas públicas -por ejemplo la mayor demanda de seguridad que reclama más policías-, sino con un hecho que el gobierno no puede manejar, que es que llegado el momento la gente decide jubilarse, y pasa todo el tiempo. Más cuando ese mismo gobierno anuncia cambios en el sistema, que le resultarán perjudiciales: desde que Pullaro comenzó a agitar los cambios, se duplicó interanualmente el ingreso de solicitudes para obtener el beneficio a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia.
Este mismo gobierno cesanteó a unos 700 trabajadores contratados pasados a planta en el gobierno de Perotti en el marco de los acuerdos paritarios con los gremios estatales, con lo cual lo que consiguió es que todas esas personas que habían empezado a hacer aportes personales a la Caja de Jubilaciones y no estaban en condiciones de jubilarse por muchos años, dejaran de hacer esos aportes. Y en mayo de éste año por el Decreto 690 le transfirió al Ministerio de Economía el manejo de todas las vacantes del presupuesto, lo que supone que se hará con el criterio de que cierren los números, y no de que se designe gente donde se haga falta, sea por el incremento de las tareas, o porque se resienten los planteles -y las funciones del Estado- justamente porque mucha gente se jubila.
Pero en nuestro entender lo más repudiable de la propuesta de Pullaro, es la extorsión, amenaza o como se lo quiera llamar, de que si no se respaldan los cambios que propone, no le quedará más remedio a su gobierno que traspasar al conjunto de los jubilados provinciales -actuales y futuros- a la nación para que ganen como un jubilado de la ANSES, y sus jubilaciones se las pague ese organismo. No hay una sola cláusula en ninguno de los convenios que desde 1999 firmó la provincia con la Nación para el financiamiento -bajo ciertas condiciones- del déficit de la Caja provincial, que disponga algo parecido, o de lo que se pueda inferir que ese escenario sea posible.
Tampoco existe el menor indicio de que los pudiera recibir un gobierno nacional que aplica el plan motosierra, y ni siquiera remite las partidas para financiar el déficit, tanto que la provincia hubo de iniciar un juicio para reclamar el pago. Habría que preguntarle a Pullaro de donde saca eso, y al mismo tiempo como es posible que el déficit de la Caja de Jubilaciones haya sido de algo más de 129.000 millones de pesos el año pasado, y en solo los primeros cuatro meses de éste año (últimos datos disponibles) ya alcance los 122.000 millones para el conjunto de los organismos de seguridad social, con el IAPOS que ahora también tiene déficit), sin que haya habido cambios en el régimen previsional en ese lapso.
¿Será acaso que el gobierno no está haciendo en tiempo forma los aportes patronales, o un efecto propio de haber "pedaleado" el pago de las deudas salariales por los aumentos pactados en paritarias en el último tramo de la gestión anterior, y la demora en cerrar los de éste año?
El fantasma del traspaso de la Caja fue agitado por los actuales oficialistas, con todas las denominaciones electorales que han tenido, en todas las campañas desde el 2007 a la fecha: todos podrán recordar las cadenas de mails y de whatsapp alertando a los trabajadores públicos que eso sucedería si el peronismo ganaba las elecciones de turno, y muchos compraron el buzón. Hoy vuelven a apelar a él, después de haberlo vendido con éxito, y conseguir que muchos estatales, policías y docentes santafesinos los votasen, para que pudieran ir por sus derechos.
