LA FRASE

"ES REALMENTE INDIGNANTE QUE ADORNI SE HAYA APROVECHADO ASÍ DE UNAS POBRES JUBILADAS." (REINALDO WABEKE)

lunes, 13 de abril de 2026

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domingo, 12 de abril de 2026

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sábado, 11 de abril de 2026

CUESTIONES DE CAJA

 

Leíamos ayer al gobernador Pullaro en el diario de Nahuel sobre el acuerdo que firmó con la ANSES para empezar a recibir fondos para el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia: "Como primer dato cabe decir que los 10 mil millones que nos darán por mes en el plazo de un año, son tres veces más en valor reales de lo que nos daban sobre finales de 2023 y principios de 2024. Es el doble de lo que nosotros nos habían ofrecido en segunda instancia. Primero propusieron 2 mil millones para restablecer el flujo y luego 5 mil millones. Y no aceptamos.".

Lo que la nación le haya ofrecido pagar a Santa Fe por el déficit de la Caja para éste año no lo podemos saber, y lo único que tenemos para contrastar la veracidad de los dichos de Pullaro son los dichos del propio Pullaro. Lo que sí podemos saber es que el gobernador presenta como un logro que la nación le financie un déficit de la Caja de Jubilaciones para éste año de 120.000 millones de pesos en 12 cuotas mensuales de 10.000 millones, cuando él mismo (en la ley de presupuesto que envió a la Legislatura y ésta aprobó a libro cerrado) estimó ese déficit en 330.218 millones, o sea casi tres veces más. 

Respecto a la comparación de lo que le empezarían a transferir desde ANSES a la provincia ahora a partir de la firma del convenio con lo que le transfería a fines del 2023 en valores reales, omite Pullaro un dato sustancial: los convenios vigentes entre la nación y la provincia por los cuáles la primera financia el déficit de la Caja de Jubilaciones de la segunda establecen un mecanismo de "armonización"; que supone una conciliación de cuentas entre las partes, hecha la cual (y solo entonces) la nación transfiere las partidas, o por lo menos lo hacía hasta que asumió Milei.

Y esos convenios nada tienen que ver con las gestiones del peronismo en la nación o en la provincia: son consecuencia del voto favorable de los legisladores del ex Frente Progresista (la marca comercial de entonces de la Unión Democrática provincial) a la Ley 27260 de "reparación histórica de los jubilados" impulsada por Macri en su gobierno, y de la firma por Lifschitz de los pactos fiscales durante el macrismo. Un ejemplo es el convenio ratificado por la Ley 13872 en 2018, precisamente en el gobierno de Lifschitz.

Pero volvamos a Pullaro: "Por supuesto que se suspende el juicio mientras veamos cual es el stock de deuda que tiene la Nación con la provincia de Santa Fe, funciona así cualquier acuerdo pero bajo ningún concepto dejamos de reclamarle a la Nación. Por otro lado otro triunfo muy importante que tuvo Santa Fe en este acuerdo tiene que ver con que se quería revisar desde 2016 a 2020 lo que la provincia ya había cobrado y no lo íbamos a permitir.".

Habría que ver si es tan así eso que dice Pullaro que pactar en un convenio (como él lo acaba de hacer) la suspensión de la demanda contra la Nación que tramita ante la Corte Suprema nacional no perjudica el fondo del reclamo, pero lo cierto es que el propio convenio (a cuyo texto no se puede acceder por internet, ver imagen de abajo) establece en sus cláusula que la suspensión de la demanda de Santa Fe opera con su sola firma y si así no se hiciera, la Nación puede reclamarla en el tribunal haciendo valer el convenio; como así también prevé que si éste se cumple, puede pedir el desistimiento y archivo de esa demanda, iniciada durante el gobierno de Perotti.


Respecto a la pretensión de la Nación de volver a discutir los períodos 2016 a 2020 del déficit de la Caja que Pullaro dice haber rechazado (otra vez, solo tenemos su palabra y ninguna documentación para corroborar la veracidad de sus dichos), lo que no dice el gobernador es que eso es improcedente precisamente por como funcionan los convenios firmados en la gestión del FPCyS: la provincia estima el déficit de la Caja, la Nación analiza los números y solo si los valida a la luz de los criterios de "armonización", transfiere las partidas. 

Al menos así era hasta diciembre de 2023, cuando comenzó el gobierno de Milei y directamente suspendió toda transferencia: en 2018 (gobierno de Lifschitz) se acordó el monto del déficit a financiar por el año 2017, en 2020 (gobierno de Perotti) el correspondiente al año 2018, y en 2021 (también gobierno de Perotti), el correspondiente al ejercicio 2019, último valor de déficit acordado entre las partes. De modo que la comparación de Pullaro entre los valores transferidos en 2023 y los que le transferirían ahora (que además no cubrirían más que la tercera parte del déficit de la Caja estimado por su propio gobierno) es como mínimo capciosa: en 2023 se transfirieron por el gobierno de Alberto Fernández los montos correspondientes al déficit del 2019, último acordado entre las partes, y lo mismo había pasado en 2022. Eso sin contar con que dos de los tres últimos años que la provincia logró cobrar fueron en las administraciones del peronismo, en la nación y en la provincia.  

Por eso además mintió la ex vicegobernadora Scaglia al afirmar en los medios que no hubo transferencias nacionales durante los años 2022 y 2023; como también mintió -y miente- Pullaro al decir que la Caja de Jubilaciones redujo su déficit gracias a la reforma a la Ley 6915 que él impulsó apenas asumió: en 2023 (último año del gobierno de Perotti) el déficit fue de 173.451 millones, en 2024 (ya con la reforma de Pullaro aprobada) fue de 321.235 millones, el año pasado (con la reforma impactando todo el año) de 294.461 millones, y sería éste año -recordamos: de acuerdo al cálculo del propio gobierno de Pullaro plasmado en el presupuesto- de 330.218 millones.

No vemos como -en ese contexto y con esos números- se puede presentar como un logro que la Nación acepte financiar para éste año un déficit de 120.000 millones en 12 cuotas, a cambio de suspender por seis meses la demanda de la provincia para cobrar lo que se le debe, sentarse a conversar los déficits desde 2020 a 2025 (algo que ya estaban obligados a hacer por los convenios vigentes), y analizar la posibilidad de cancelar la deuda con la provincia en el marco del régimen del Decreto 969/24 de compensación de deudas y créditos (así lo prevé el convenio firmado por Pullaro ésta semana) mediante la entrega de bienes nacionales; cuando lo que la provincia necesita es flujo financiero de fondos para atender todos los meses el pago de la jubilaciones y pensiones. 

Recordemos además que el propio Pullaro acaba de dar marcha atrás con uno de los aspectos más controversiales de la reforma previsional que él mismo impulsó apenas asumió: el artículo que difería los aumentos a los jubilados a los 60 días de habérseles liquidado a los activos. Tuit relacionado:

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viernes, 10 de abril de 2026

MARCIANOS

 

Cuando apareció como alternativa política el PRO (la nueva derecha moderna y democrática que nos describiera el inolvidable Natanson), su carta de presentación era que venían a ocuparse del "metro cuadrado" de proximidad de los ciudadanos: sus problemas cotidianos como tener un buen transporte público, conseguir banco para los hijos en la escuela pública, garantizar un sistema de salud pública de calidad. 

La promesa venía de la mano con la ilusión de la gestión sin ideología, y planteaba que era ésta la que nos empantanaba en discusiones estériles que no conducían a nada, cuando lo que había que hacer era simplemente arremangarse y ponerse a resolver los problemas concretos que afectaban a la gente común de carne y hueso. Sabemos bien -con el paso del tiempo- que quedó de esa promesa inicial: lo mismo que los 3000 jardines de infantes que se iban a construir con la plata del "Fútbol Para Todos".

Esa idea de la "utopía gestiva" prendió también en algunos de los nuestros (por así decirlo) y perdura hasta hoy, como si la ideología fuera indiferente a la hora de encarar problemas como la pobreza, la distribución del ingreso, el acceso al mercado del trabajo, el modelo de desarrollo productivo o los sistemas de protección social; lo que está harto demostrado es una falsedad: el modo con que esos problemas se encaren no será igual según sea el sesgo ideológico de quien gobierne, ni las herramientas para hacerlo ni la distribución social de los costos que las soluciones pensadas demanden. 

Y la ideología determina también y sobre todo, el orden de prioridades que se fija a la hora de listar los problemas de la sociedad, y cuáles deben ser atendidos antes que otros.  Un ejemplo claro es la teoría neoliberal del derrame, que supone que primero hay que atender los asuntos de la macroeconomía para estabilizarla, y luego preocuparse de los problemas cotidianos del hombre común: una excusa -poco elaborada, a decir verdad- para posponer reclamos y soluciones, priorizando intereses que son muy claros y que nunca -pero nunca- pueden esperar. 

En tiempos más o menos normales, la ajenidad y distancia de los que gobiernan con los gobernados irrita, y según convenga a sus intereses, es explotada por los medios para transmitir un discurso anti-política que socava la credibilidad de los gobernantes que no les son afines, y de las instituciones. En tiempos de crisis profunda como los que atravesamos, esa ajenidad es además inmoral y generadora de violencia social, que puede estallar de formas inimaginables.

Cuando gobernaba Cristina, toda iniciativa que trascendiera las urgencias de la cotidianeidad (como lanzar satélites al espacio o impulsar la investigación científica) era descalificada apelando al cualunquismo de decir que la gente tenía otras preocupaciones, que el gobierno desatendía. Pero en realidad esos gobiernos también se ocupaban (y antes) de lo cotidiano: construir satélites y lanzarlos al espacio no impidió pensar que había que construir cunitas y kits para los primeros meses de los recién nacidos; ni recuperar para el Estado el control de YPF hizo dejar de lado la necesidad de vivienda, y apareció el Procrear, y así podríamos citar miles de ejemplos. 

Estos tipos que hoy nos gobiernan están completamente alienados de la sociedad que deben dirigir desde el Estado, tanto que pretenden que todos vivimos como ellos, con sus urgencias y sus prioridades. No hablemos ya de Milei que vive en Narnia con su agenda funambulesca de viajes al completo pedo para recibir premios bizarros: veamos a Sturzenegger celebrando la importación de autos de alta gama mientras la gente no puede subirse a un colectivo a tiempo y viajar en condiciones dignas, o a Caputo recomendando sacar créditos hipotecarios en un país donde la gente se endeuda con mutuales, financieras y usureros para comer, pagar el alquiler o la deuda con la tarjeta de crédito que reventaron en el supermercado.

Tan lejanos de la gente común y sus dilemas como si fueran no ya de otra clase social o país, sino de otro planeta. Marcianos aterrizados entre nosotros, pero votados por terrestres, con un montón de problemas sin resolver, y de los que ellos jamás se ocuparán. Sin esa circunstancia, este experimento con seres vivos que nos está asolando nunca hubiera sido posible.

Hay ahí, en la constatación de ese hecho, en esa brutal alienación de quienes gobiernan respecto a los gobernados y en su contraste (la cercanía al universo de la gente común), todo un campo para explotar en el discurso político y en las propuestas para salir de éste desastre. Y el corazón de un programa de gobierno, que venga a poner en cuestión como se distribuyen los costos y los beneficios en nuestra sociedad, sin lo cual la misma participación política carece de sentido, y la oposición a éste caos será simplemente discursiva.

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jueves, 9 de abril de 2026

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miércoles, 8 de abril de 2026

BATALLAS Y BATALLITAS

 

Quizás algunos son chicos y no se acuerdan, pero en tiempos del kirchnerismo muchas de las críticas que se le hacían al gobierno y a la propia Cristina era que por tener una mirada excesivamente ideologizada planteaba batallas culturales que demandaban energías, que eran más necesarias para encarar las soluciones concretas de los problemas del país. En la versión gorila, introducía un permanente clima de crispación en la sociedad que impedía lograr los consensos básicos para que el país despegara definitivamente: una reversión de la crítica al primer peronismo por "haber dividido a las familias introduciendo la política en la mesa familiar", o "haber desperdiciado oportunidades para conseguir el desarrollo por aplicar políticas populistas".

Las criticas de ese estilo llegaban incluso desde algunos de los "propios", que apenas tuvieron la oportunidad de poner en práctica sus ideas presuntamente superadoras (como pasó cuando le hicieron "oposición constructiva" a Macri, o cuando ocuparon posiciones relevantes en el gobierno de Alberto) dejaron en claro que las propuestas alternativas que supuestamente el kirchnerismo postergaba por sus batallas culturales, eran en realidad un retroceso y una concesión en toda la línea a los reclamos de quienes habían sido sus contendores: el campo privilegiado, los medios hegemónicos, el empresariado, los fondos buitres y el FMI, entre otros.

Sin embargo, ni siquiera entonces se decía (no al menos como argumento predominante) que el kirchnerismo vivía planteando batallas (reales o discursivas) con el ánimo de distraer sobre lo que verdaderamente estaba pasando en el país; salvo desde el lanatismo bobo (mediático y social) y en relación a los presuntos hechos de corrupción, que en su opinión deberían merecer toda la atención social, porque eran el principal problema argentino.

En estos tiempos libertarios ya es casi obvio hablar de la doble vara que rige para muchos sectores de la sociedad, los medios y la política según el gobierno sea o no peronista: cuando no lo es, la corrupción ya no es tan relevante (hasta que el experimento se agota por no producir los resultados esperados) y la "grieta", el clima de crispación o la vehemencia del discurso oficial son tolerados, hasta que uno se convierte en blanco de su ira.

Con Milei las batallas culturales (también contra enemigos simbólicos o reales) se convirtieron en el discurso oficial del gobierno en torno al cual se despliega su plan político y económico, y se habilita el despliegue de todas las formas de violencia de las que la derecha es capaz cuando detenta la conducción del Estado; desde la material (que va desde la que es inmanente a sus políticas económicas hasta el despliegue represivo y la coerción física, en constante ida y vuelta) hasta la simbólica y discursiva.

Es el libertario un gobierno que se define y quiere ser comprendido desde sus enemigos, aquellos a los que ha elegido como blancos de la diatriba encabezada por el propio presidente, más que desde sus apoyos. Aunque conceptos como "casta" y "argentinos de bien" son deliberadamente iguales de gaseosos en la definición de sus contornos, es evidente que a Milei y su recua les interesa más marcar los objetivos que quieren eliminar o sobre los que quieren dirigir la mira, sean artistas populares, discapacitados, universitarios o científicos, o el amplio género de identidades ideológicas percibidas como una amenaza (progresismo, socialismo, comunismo, kirchnerismo, lo mismo da). Y ahí aparece  otra diferencia muy marcada con los años kirchneristas: dime con quien te peleas, y te diré que tipo de gobierno eres.

Incluso cuando algún adversario circunstancial de la gestión libertaria coincide con los que afrontó en sus tiempos el kirchnerismo coincide (lo que les sirva a estos para homologarlos bajo la cómoda etiqueta de decir que en el fondo son iguales), las diferencias son nítidas: Milei la emprende contra el periodismo, pero no habla de los dueños de los medios, que son los que fijan la línea editorial, y con cuyos negocios no se mete o los facilita (acaba de entregarles la derogación del Estatuto del Periodista en la reforma laboral), y limita todo el asunto a una cuestión de sobres. Cristina planteó la ley de medios (que afectaba los intereses de los dueños de los medios) no tanto porque le molestaran sus opiniones (demostró ampliamente que podía sobreponerse a ellas en términos de gobernabilidad), sino porque entendió claramente el rol político que jugaban, y como distorsionaban las condiciones del debate y la competencia democrática y el sistema de toma de decisiones, que es propio de la sociedad representada por los partidos políticos y el sistema institucional.

Milei la emprendió contra algunos empresarios (como hace poco con Paolo Rocca o Madanes Quintanilla) desde su credo liberal del capitalismo salvaje en el que los que no son capaces de adaptarse deben reconvertirse o desaparecer, y desde el que no cree que pueda existir algo como una burguesía nacional o un desarrollo capitalista autónomo, simplemente porque no cree que exista la posibilidad (y si la hay no le interesa) de construir un país soberano, en todos los sentidos, incluyendo su propio desarrollo productivo. Cuando Cristina criticaba a los empresarios, les reprochaba que (como le pasó en sus tiempos a Perón) pese a que se les creaban desde las políticas públicas oportunidades para prosperar, se negaban a hacer su contribución al desarrollo integral del país, con inclusión social y redistribución de la riqueza. Eso sin contar que Milei los cuestiona en público, mientras les rebaja o elimina impuestos vinculados a la capacidad contributiva o el crecimiento patrimonial (como Ganancias o Bienes Personales), y les concede reformas largamente demandadas por ellos, como la laboral.

Si el gobierno libertario debe ser tomado en serio por las consecuencias sociales y económicas de las batallas reales que viene emprendiendo (contra el salario, el empleo, las condiciones laborales, el desarrollo industrial, la protección social de los más débiles, la investigación científica o el desarrollo tecnológico autónomo), no merece que perdamos ni un minuto de tiempo en prendernos en sus batallitas culturales sean reales o imaginarias. Y no solo porque -esta vez sí- distraigan energías que son necesarias para dar otras peleas más relevantes, sino porque todas las banderas que levantan son ridículas o no fueron capaces de sostenerlas y las abandonaron sistemáticamente: desde YPF en el trayecto que va de querer privatizarla al mameluco de Milei o el festejo por el fallo judicial que convalidó su expropiación, hasta el Banco Nación que siguen queriendo privatizar pero al que están desfondando con créditos privilegiados para funcionarios y legisladores, pasando por los vuelos, viajes y propiedades de Adorni, sobran los ejemplos al respecto.   

Lo que si queda muy claro -al menos para nosotros- que estas batallas a las que Milei y su gobierno nos quieren arrastrar (incluyendo penosamente el abandono de la tradición de neutralidad de la Argentina en conflictos internacionales en los que no hay en juego ningún interés nacional concreto) tienen por único y exclusivo fin distraer la atención, facilitando así el proceso de saqueo y entrega del país y en su desarrollo, posibilitar el esquema de corruptelas variadas de un conjunto de lúmpenes (empezando por el presidente, su hermana y su jefe de gabinete) que se han visto de golpe frente a la oportunidad de sus vidas de pararse para toda la cosecha, como nunca lo habían imaginado.

Si algún sentido hay que encontrarle a todos esto, es aprender de la experiencia y dejar de lado la utopía de una sociedad sin conflictos (reales, no imaginarios ni plantados para distraer), lo que sería imposible cuando es al mismo tiempo cada día más injusta y desequilibrada. No se trata de no pelear, sino de elegir con quien y por qué. Y abandonar las ideas y estrategias (y candidaturas) consensualistas, que no son más que el disfraz teórico de una nueva claudicación.

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martes, 7 de abril de 2026

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