LA FRASE

"SON INCREÍBLES LAS COSAS QUE SE PUEDEN LOGRAR PONIÉNDOSE UN MAMELUCO DE YPF" (JAVIER MILEI)

sábado, 28 de marzo de 2026

EXPRÓPIESE

 

En la reaparición pública de Adorni con su stand up cotidiano en el que se defendió de las acusaciones de corrupción en su contra como la almeja (enterrándose con la lengua), pasó casi desapercibido el anuncio que hizo de que el gobierno enviaría una serie de proyectos de ley para "garantizar la propiedad privada".  Pasó desapercibido hasta que anoche lo recordó el presidente en cadena nacional, en un mensaje en el que celebró que la justicia de Estados Unidos le diera la razón a la Argentina en el litigio iniciado por el fondo Burdford Capital, por la expropiación del 51 % de las acciones de YPF.

En realidad, se trata de un conjunto de proyectos que ya habían sido anunciados cuando el Poder Ejecutivo convocó al Congreso a extraordinarias, y entre ellos en esa oportunidad merecieron más atención las modificaciones a la Ley 26737 del dominio de tierras rurales aprobada en el gobierno de Cristina para limitar la tenencia y propiedad de tierras en manos de extranjeros; y a la Ley 26815 de manejo del fuego, en éste caso para eliminar los cambios introducidos en 2020 por la Ley 27604 a instancias de un proyecto presentado por Máximo Kirchner, para limitar el uso de las tierras afectadas por los incendios a los fines productivos o de desarrollos inmobiliarios, por un plazo de 60 años desde su extinción. Casualmente cuando se ha presentado un proyecto de capitales israelíes para construir una ciudad-country en 100.000 hectáreas no determinadas aun de la Patagonia.

Pero también estaba incluido en ese conjunto de proyectos -y es el que interesa analizar aquí- uno para modificar la Ley 21499 de expropiaciones, limitando -según dijo Adorni- las causas por las que un bien puede ser declarado de utilidad pública para ser expropiado, aunque en rigor el jefe de gabinete -demostrando que del tema, como de tantos otros, entiende poco- dijo que no correspondía que el Estado resolviera eso "unilateralmente". Milei agregó que proponen que la expropiación sea "para situaciones excepcionales" (como si no hubiera sido siempre así), y para pagarles m{as indemnizaciones a los expropiados, lo que de mono alguno sorprende.

La pregunta sería en ese caso a quien le tendría que preguntar el Estado (garante del bien común) si algo es o no de utilidad pública para expropiarlo, o con quien lo tendría que discutir; cuando determinarlo es un acto propio del ejercicio de su soberanía exterior y supremacía interna para imponerse al interés particular; y el particular afectado por la privación de un bien lo único que puede discutir (en sede administrativa y judicial), es el precio, o sea el monto de la indemnización que se le debe pagar para desapoderarlo del bien.

Y no se trata de inventos chavistas ni nada por el estilo: la cuestión de la expropiación de bienes por causa de utilidad pública estaba ya en el artículo 17 de la Constitución Nacional original sancionada en 1853, y siguió estando hasta el día de hoy, con el mismo texto. Es decir que aun la muy liberal Constitución ideada por Alberdi -que en el mismo artículo protegía y protege la propiedad privada incluso de las necesidades del país ante una guerra: ("Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exija auxilios de ninguna especie")- admitía la expropiación de un bien por causa de utilidad pública.

Y la Constitución peronista de 1949 ratificaba el concepto (la expropiación procede por causa de utilidad pública declarada por ley, y previamente indemnizada) en su artículo 38, en el que consagraba la función social de la propiedad privada: "La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva. La expropiación por causa de utilidad pública o interés general debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.". En el artículo 40 establecía las pautas para expropiar -si fuera necesario- los bienes afectados a los servicios públicos, y fijaba las pautas para la indemnización en ese caso en particular.

Lo que se trataría de modificar ahora -entre otros- es el artículo 1 de la Ley 21499 (1977) que dice lo siguiente: "La utilidad pública que debe servir de fundamento legal a la expropiación, comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual.". Su antecesora la Ley 13264 (1948) establecía en su artículo 1: "El concepto de utilidad pública comprende todos los casos en que se persiga la satisfacción de una exigencia determinada por el perfeccionamiento social.".

Similares conceptos contiene la Ley 7534 (1975) de Santa Fe en su artículo 1: "El concepto de interés general comprende todo aquello que represente o tienda a lograr una satisfacción material o espiritual para la colectividad.", y la Constitución provincial reformada el año pasado dice en su artículo 21 (que reproduce exactamente el artículo 15 de la Constitución de 1962): "La propiedad privada es inviolable y solamente puede ser limitada con el fin que cumpla una función social. El Estado puede expropiar bienes, previa indemnización, por motivos de interés general calificado por ley."

Hasta los tratados bilaterales de inversión (TBI) firmados en abundancia durante la década del 90' al calor de las reglas del Consenso de Washington dejaron a salvo la facultad expropiatoria del Estado; algo que solo podía ocurrírsele a este gobierno de ocupación colonial que padecemos, y lo dejó plasmado en la Ley 27742 (ley de bases), más específicamente en el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, en el artículo 200 inciso b): "El Estado nacional garantiza a los VPU adheridos al RIGI: b) La plena disponibilidad de sus activos e inversiones, que no serán objeto de actos confiscatorios o expropiatorios de hecho o de derecho por parte de ninguna autoridad argentina. El Estado prestará al VPU toda la colaboración necesaria para repeler actos confiscatorios o expropiatorios de hecho o de derecho provenientes de cualquier autoridad nacional, o de jurisdicciones locales o extranjeras;...".

Es decir que el Estado les asegura a determinados inversores que jamás serán expropiados -ni por él, ni por las provincias ni por los municipios- aunque exista una necesidad pública que así lo justifique; pudiendo llegar incluso (está implícito en el texto) a usar la fuerza para impedirlo, o intervenir una provincia a esos fines, estirando los preceptos constitucionales de los artículos 5 y 6 CN (hasta violarlos) en beneficio exclusivo del capital extranjero.

Expresiones tales como "utilidad pública", "satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual", "perfeccionamiento social", "satisfacción material o espiritual para la colectividad" o "interés general" son los que en doctrina se conoce como conceptos jurídicos indeterminados, que el constituyente y el legislador dejan deliberadamente abiertos para poder captar en forma dinámica todas las situaciones que pueden presentarse a través del tiempo, y que imponen que el Estado actúe expropiando un bien particular, que son múltiples y variadas y van desde evitar que una fábrica abandonada o vaciada por sus dueños cierre y se pierdan puestos de trabajo (de hecho así se ha hecho en el caso de la mayoría de las fábricas recuperadas), o para retomar el control de la petrolera estatal y alinearla con los objetivos del país y el desarrollo nacional en materia energética; como hizo el gobierno de Cristina en 2012 con la Ley 26741; que habilitó la recuperación del control de YPF por el Estado nacional.

Esta última mención no es casual en éste post, pero tampoco -creemos- en éste momento y en relación al litigio que el Estado nacional sostiene en Estados Unidos contra el fondo buitre  Burford Capital, por la expropiación del 51 % del paquete accionario de YPF. Un litigio en el que la Argentina contó hasta con el apoyo de del gobiernos de los EEUU, que no hace más que defender su propia ley de inmunidad soberana de los Estados en su territorio, y su prevalencia sobre cualquier estatuto societario; que es lo que viene sosteniendo la Argentina desde el inicio del litigio, y que el fallo del tribunal de apelaciones yanqui acaba de convalidar, dándole la razón y revocando el fallo de la jueza Preska, que ordenaba pagar una indemnización colosal a los demandantes, y transferirles las acciones de la petrolera.

Si no estuviéramos en manos de un gobierno infiltrado en todas sus líneas por los agentes del capital financiero internacional, si de allí no proviniesen todos los principales funcionarios del Ministerio de Economía (y ahora también de la cancillería), si las políticas de éste gobierno no hubieran alentado el desembarco en el país de fondos especulativos como el propio Burford Capital que litiga contra Argentina por la recuperación de YPF para participar del festival de ganancias fáciles de la bicicleta financiera (y que acaba de recibir un fallo adverso para sus intereses, pero favorable para el país), si funcionarios de éste mismo gobierno (como el ex Procurador del Tesoro Castro Videla o el diputado Fargossi) no hubiesen estado vinculados al fondo litigante como abogados, si ese mismo gobierno no estuviera desesperado por rifar los recursos naturales del país y el patrimonio público para hacerse de dólares para pagar la deuda y si no estuviera tratando de evitar que los latrocinios y saqueos de hoy no puedan ser revertidos mañana por un futuro gobierno, uno podría pensar que cuestionar en éste momento la potestad expropiatoria del Estado o pretender disminuirla en su potencia jurídica sería pura casualidad.

Pero en éste contexto no puede ser sino otra cosa, amén de la demostración palmaria de que el presidente tiene severos trastornos mentales y vive en una dimensión paralela; tanto que dijo que expropiar está mal y es un robo (cuando se paga una indemnización), luego de un fallo de un tribunal del país del cual es siervo incondicional que dijo todo lo contrario. Tuits relacionados: 

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viernes, 27 de marzo de 2026

TWEETS POLÉMICOS

 

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jueves, 26 de marzo de 2026

MEMORIA COMPLETA

 

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miércoles, 25 de marzo de 2026

TWEETS POLÉMICOS

 

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martes, 24 de marzo de 2026

¿NO NOS HAN VENCIDO?


Lo cantábamos (aun hoy lo hacemos) en cada acto del 24, y cada vez que ganamos las calles para reclamar, para ponerle el cuerpo a las ideas: "No nos han vencido". Como afirmación sonora de la voluntad de supervivencia, como afirmación de la identidad y del sentido de la lucha; pero un poco también -aunque sea doloroso admitirlo- romantizando las condiciones objetivas reales que hicieron posible la derrota de la dictadura, y que determinaron los alcances reales de la apertura democrática; más obra de la dignidad de unos pocos y del sacrificio de los héroes de Malvinas, que de una reacción extendida de la sociedad argentina a los años del horror.

Pero si, nos vencieron y nos siguen venciendo, en cada retroceso en la construcción de una democracia digna de ese nombre, y en cada tarea pendiente en la superación de las injusticias. Y vaya si estamos vencidos hoy, a 50 años del golpe. Pero la derrota (ninguna) nunca es definitiva, aunque que así sea no depende solo de nosotros: de aquella sociedad disciplinada por el miedo que elegía ignorar el genocidio diciendo para sus adentros "algo habrán hecho", pasamos a ésta en la que -hay que asumirlo- uno de cada dos o tres argentinos piensa -y muchos lo dicen- que el problema del país es que "Videla se quedó corto".

Y anticipándonos a las objeciones, diremos que no se pueden impugnar los paralelismos entre la dictadura y éste gobierno (y otros de similar calaña, como lo fue el de Macri), simplemente porque fue electo, precisamente porque hubo una dictadura con los alcances macabros que tuvo: porque existieron la ESMA o La Perla, no se puede admitir que un gendarme le vuele la cabeza a un fotógrafo por hacer su trabajo documentando la protesta social, y porque existieron los vuelos de la muerte es inadmisible en democracia el apaleo sistemático a los jubilados o a cualquiera que reclama por sus derechos.

Como es inadmisible que desde el propio presidente de la nación para abajo, el discurso oficial utilice para los adversarios políticos y la parte de la sociedad que resiste los atropellos, la misma fraseología y las mismas etiquetas de la dictadura y sus grupos de tareas: hoy cualquiera que disienta con el rumbo trazado o se oponga a él puede ser tildado de zurdo o terrorista, como antes lo fue de subversivo, esa estudiada ambigüedad con la que la doctrina de la seguridad nacional señalaba a sus blancos. Como si no hubiera pasado en el país lo que empezó a pasar hace hoy 50 años, o como si todas las palabras (aun las más conmocionantes por su significación histórica) pudieran banalizarse y vaciarse de sentido.

Hoy se plantea con naturalidad (y casi ni se discute, salvo honrosas excepciones) que las fuerzas armadas vuelvan a participar en brumosas tareas de seguridad interior, quebrando décadas de consenso democrático al respecto; mientras se reglamenta la represión de la protesta social y se amplían por decreto y sin discusión en el Congreso, los fondos, los objetivos, la estructura y los alcances del espionaje del gobierno sobre la sociedad. En su última sesión antes del golpe, el Senado de la nación trató una declaración de repudio en la que se reafirma el compromiso con la democracia y con la continuidad de los juicios por las causas de lesa humanidad, y más de una veintena de senadores (todos del bloque de LLA) se negaron a refrendarla.

Hace poco más de dos años, más de 14 millones de argentinos eligieron -en comicios libres- como vicepresidenta de la nación a una apologista de la dictadura y confidente del dictador Videla en sus días de la cárcel, y la mitad de ellos lo hicieron tres veces. Mientras quien fuera dos veces presidenta y una vez vicepresidenta electa en primera vuelta con un contundente respaldo en las urnas es condenada en causas cuyo trámite avergonzaría a los consejos de guerra de la dictadura, y privada de sus derechos políticos.

Mientras el discurso oficial sobre el horror de la dictadura es del más ramplón negacionismo, quieren convertir a Cristina en la desaparecida 30.001, pero en democracia; y con ella aleccionar y proscribir a la voluntad de representar, y desnaturalizar vaciando de sentido las condiciones de la competencia electoral y el debate político, en un burdo intento por hacer que su triunfo (y nuestra) derrota sea definitivas.

Que decir del panorama económico y social: por ejemplo que confrontar el discurso de Martínez de Hoz presentando su plan económico en los albores de la dictadura, y releer la carta de Rodolfo Walsh a la junta al cumplirse el primer año del golpe da escalofríos, por la semejanza con lo que podemos comprobar y vivir a diario en estos días. Paralelismo que no casualmente convive con la impunidad absoluta de los gestores y beneficiarios civiles de aquel golpe, y responsables de cuanto saqueo económico sufrimos los argentinos desde entonces.

Recuperada la democracia, buen parte de la dirigencia política (incluyendo parte del peronismo) tuvo miedo de que por querer ir más lejos en la construcción de un país diferente se pusiera en riesgo el andamiaje institucional que provee cargos y canonjías, mientras otros aspectos del problema (como el creciente ausentismo electoral o la cada vez más regresiva distribución de la riqueza) jamás le preocuparon en serio. El retroceso frente a cada chantaje del poder económico (en forma de crisis recurrentes y golpes de mercado) no hizo más que confirmarle a éste su poder, y ratificar la debilidad de la política y las instituciones para ponerle coto.

Así, la democracia reconquistada fue progresivamente vaciada de sentido, y en la insatisfacción social resultante golpeó el discurso anticasta de Milei, como si fuera un revival del "que se vayan todos"  que alumbró la caída de la convertibilidad; pero que a poco de andar el gobierno terminó simplemente en macrismo con malos modales, cuyo único plan político es perseguir a Cristina y terminar con el kirchnerismo.

Es decir erradicar de la memoria social justamente la experiencia política por la cual la sociedad logró salir por arriba del laberinto del 2001, y sostener durante más de una década un intento -con sus marchas y contramarchas, sus errores y sus aciertos- por buscar la resignificación de la democracia para darle un sentido más profundo, y no solo en el rescate de las políticas de memoria, verdad y justicia. Políticas que -dicho sea de paso- se dijo entonces que le proveían al relato kirchnerista de un enemigo sencillo, en una decisión que no le acarrearía costos: otro ejemplo de los errores que se pueden cometer cuando se parte de premisas falsas. 

Estos son datos objetivos de la realidad que no pueden desconocerse descansando en la comodidad tranquilizadora de consensos que no son tales como pensábamos, ni están tan extendidos como creíamos. No se trata -como decía Duhalde en su reversión de la autoamnistía de la dictadura- de construir un país con los que lo quieren a Videla y con los que no; sino de construirlo contra y pese a los que piensan que se quedó corto, y que lo que hizo debería volver a hacerse, si fuera necesario. O dicho de otro modo, hay que construir una democracia real, aunque estemos rodeados de nostálgicos de la dictadura.

Para que no nos hayan vencido hay que encarar a fondo hoy, a 50 años del golpe, la tarea de revalorización de la democracia, en todo sentido: en su profundidad, en sus alcances, en el consenso ciudadano. Pero una democracia en serio, que se pueda contrastar con las dictaduras sin temor a confundirlas: con participación y protagonismo popular, con cuestionamiento del poder real, con inclusión efectiva de las mayorías, con redistribución de la riqueza. Y con el juzgamiento de todos los que gestaron el genocidio y se beneficiaron de él, y aun hoy permanecen impunes, hayan o no vestido uniforme.

Recién entonces podremos decir que sí -en todo el sentido profundo de la expresión-, que no nos han vencido. Es lo menos que se merecen aquellos cuya memoria hoy recordamos, y por los que seguimos reclamando verdad y justicia. Tuits relacionados:

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lunes, 23 de marzo de 2026

EL SENTIDO COMÚN DE LA DICTADURA

 

La ocasión parecía trivial: el programa de almuerzos (ahora cenas) de la diva, el grupo Midachi como invitados, para promocionar su despedida de los escenarios como tal. Nada extraordinario ni fuera de lo común.

Y de pronto la embajadora cultural de Santa Fe, designada en tal carácter por Binner por destacarse "...obrando siempre con verdad y probidad, y promoviendo el consenso y la democracia..." (cita textual del Decreto 1769/09 que así la declaró), le pregunta a boca de jarro al "Daddy" Brieva por qué se dedicó a la política; estando presente en la mesa Miguel Del Sel, que fue dos veces candidato a gobernador de Santa Fe por el PRO (y estuvo a punto de ganar las dos veces), diputado nacional por ese partido y embajador en Panamá en el gobierno de Macri (el chiste se cuenta solo).

Es decir que a la señora le pareció llamativo que Dady "se dedicara a la política", entendiendo por tal no que asumiera una candidatura o función pública (podría haberlo hecho perfectamente, al fin y al cabo es un ciudadano con todos los derechos inherentes a esa condición), sino que expresara abiertamente su opinión sobre los problemas del país, claro que desde un lugar concreto: el peronismo, al que nunca negó ni del que nunca renegó. 

Para peor, defendiendo a Cristina en su inocencia, y reivindicando a sus gobiernos. Y ahí está precisamente el problema: lo que molesta no es el compromiso político del artista o el famoso de ocasión (en la misma mesa, como dijimos, estaba Del Sel), sino el lugar en el que elige pararse para manifestar ese compromiso.

No está demás recordar -cuando estamos en la vigilia del 50° aniversario del golpe genocida- que en esa misma mesa, en plena dictadura, la misma señora se emocionaba con las lágrimas de Videla cuando la selección de fútbol ganó el Mundial 78'; y años después provocó a Cecilia Rosetto (cuyo marido fue secuestrado y desaparecido por la dictadura) hasta hacerla levantarse de la mesa e irse, diciéndole que estaba "muy politizada, muy de izquierda".

Cuando un famoso (como Del Sel o Reutemann) se mete en política del lado "correcto" (el del régimen, en cualquiera de sus encarnaciones) es celebrado como un soplo de aire fresco, viene a "dar una mano", y ni siquiera se lo interpreta como un político (palabra que como ya sabemos, detestan): es un ciudadano comprometido con su país.

En cambio cuando ese famoso (como Dady) expresa opiniones políticas "inconvenientes" (para ese mismo régimen), inmediatamente es señalado, perseguido y puesto bajo sospecha de hacerlo por conveniencia, o por plata.   

Y no se trata simplemente de que Mirtha Legrand mantenga una línea de conducta (gorila, antidemocrática, fascista), sino de que -justo en la antesala del aniversario de aquel día trágico- expresa el sentido común instalado por la dictadura, que tiene a su vez un aire de familia con el Decreto Ley 4161/56 de Aramburu: si vos no "andabas en nada raro, nada te iba a pasar".

Eso -"marcar" a la gente por sus opiniones políticas- también es una herencia (de las peores) de la dictadura abierta un día del que mañana se conmemoran 50 años. 

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sábado, 21 de marzo de 2026

TWEETS POLÉMICOS

 

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