LA FRASE

"LOS KUKAS SON ASÍ, PUSIERON UNA UNIVERSIDAD EN RAFAELA DESPUÉS DE QUE YO ME TUVE QUE VENIR DE SAN VICENTE A ESTUDIAR A BUENOS AIRES." (ALEJANDRO FANTINO)

jueves, 14 de mayo de 2026

¿UN CASO DE KIRCHNERISMO TARDÍO?

 

Después de mucho anunciar por los medios que su gobierno tomaría medidas para frenar el creciente endeudamiento de los agentes estatales de la provincia, Pullaro firmó el pasado martes 12 el Decreto 1014, que no es -como hubiera sido esperable- un aumento de salarios de emergencia para que los trabajadores públicos no tuvieran que pedir préstamos para llegar a fin de mes, sino otra cosa: se trata de "...un Plan de Protección de los Ingresos para agentes (activos y pasivos) de la Administración Centralizada y Descentralizada del Poder Ejecutivo..." (?), pensado "...con el objetivo central de contribuir a mejorar el ingreso disponible de cada trabajador y trabajadora, aliviando la carga de descuentos en la remuneración a partir de la intervención sobre el flujo de la deuda y la generación de instrumentos financieros para abordar el stock;...". (las comillas son del texto y las negritas nuestras)

El decreto establece en su artículo 4° que los descuentos que se tramitan a través de los recibos de suelde no pueden superar en su conjunto  el veinticinco por ciento (25%) de los haberes mensuales sujetos a descuento; que es (según el artículo 3°) el haber bruto mensual una vez practicadas las deducciones en concepto de retenciones obligatoriamente impuestas por las leyes (aporte jubilatorio, obra social), cuota sindical Ley 23551, servicio complementario de IAPOS, medidas dispuestas en sede judicial y créditos a favor de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo. 

En caso que alguna de  las entidades con códigos de descuentos sean  acreedoras de agentes que tengan una afectación en sus haberes superior al veinticinco por ciento (25%), deben adherir al régimen y refinanciar el pago de las diferencias a la tasa pactada en la operación original con el límite fijado por el decreto; pero si no refinancian el pago de las diferencias para cumplir con el tope de descuentos, la provincia lo hace tomando lo gastado a cuenta de anticipo de haberes a los agentes o jubilados, a descontar de sus sueldos o jubilaciones posteriores. Es decir, un cambio del acreedor: del que otorgó originariamente el préstamo, al Estado provincial.

Por el artículo 9º del decreto se autoriza al ministro de Economía Olivares a suscribir convenios con el Agente Financiero de la Provincia (el Nuevo Banco de Santa Fe SA) y otras entidades (no precisa si solo bancos, o pueden ser mutuales, financieras o hasta billeteras virtuales) para implementar líneas de créditos con mejores condiciones financieras a las de mercado, incluyendo bonificación y/o subsidio de tasa, destinadas a precancelar deudas por parte de agentes del Estado Provincial, Jubilados Provinciales, Empleados Municipales, Trabajadores del Sector Privado y Trabajadores Independientes que se excedan del tope establecido.

Vemos entonces que esta parte del decreto actuaría sobre el stock de deuda remanente, pero además -como en realidad está generando un negocio para el sector financiero- incorpora a esos efectos al programa a trabajadores municipales, del sector privado e "independientes", categoría ésta creada por la reciente reforma laboral aprobada por el Congreso a instancias del gobierno nacional, y con el voto -entre otros- de los legisladores que le responden a Pullaro.

Nada precisa el decreto sobre quien se hará cargo de bonificar o subsidiar la tasa de esos préstamos y en que medida; y si fuera la provincia, cuantos recursos propios invertirá a esos fines: la única precisión de números que contiene el decreto de Pullaro es la afectación de 500 millones de pesos (poco y nada) destinados a garantizar el pago de créditos tomados por los empleados o jubilados provinciales en concepto de anticipo de haberes a descontarse de estos en futuras liquidaciones, a cobrarse con posterioridad. Hay en éste caso otro posible cambio de acreedor: del que originalmente otorgó el préstamo que generó la deuda, al banco, la financiera, la mutual o la billetera virtual que otorga otro préstamo, para cancelar el anterior. 

El artículo 6° del decreto es el más importa, porque fija el límite máximo para el costo de los créditos otorgados a través de código de descuento, estableciendo que no pueden exceder el tope dispuesto en el Artículo 12 del Decreto Nacional Nº 14/2012 con Cuenta Haberes. Aun cuando Pullaro no lo dice por razones obvias, el decreto nacional al cual se remite fue dictado por Cristina al inicio de su segundo mandato, y dice en sus considerandos: "Que resulta necesario sustituir el régimen creado en el año 2000 por otro que se adecue al marco de las políticas económicas y sociales llevadas adelante por el Gobierno Nacional de desarrollo y protección de los trabajadores y de inclusión e igualdad social, que facilite el acceso al crédito y evite abusos en el costo financiero de los créditos que ocasionan un marcado deterioro en los haberes." (y) "Que resulta imprescindible establecer un límite máximo razonable de afectación de los haberes a los fines de evitar que las deducciones se tornen confiscatorias, como asimismo establecer un límite al costo financiero de los créditos que se otorguen a los trabajadores, determinar su composición y evitar erogaciones adicionales que ocasionan los abusos señalados en el considerando precedente.". (las comillas son del texto y las negritas son nuestras)

El artículo 12 del Decreto 14/12 de Cristina (al que se remite expresamente la norma dictada esta semana por Pullaro) fija un límite máximo para el costo de los créditos otorgados a través de la operación de código de descuento, en la forma de Costo Financiero Total (C.F.T.) expresado como Tasa Efectiva Anual (T.E.A.) que permita determinar la cuota mensual final a pagar por los beneficiarios de los mismos; la cual incluirá el importe abonado en concepto de cuota social, los cargos, impuestos y erogaciones por todo concepto. Precisa además que este costo financiero total (C.F.T.) o podrá exceder en un cinco por ciento (5%) adicional la tasa informada mensualmente por el Banco de la Nación Argentina para préstamos personales, reembolsados a través del sistema de código de descuento. Esa es la tasa que ahora replica Pullaro. 

El artículo 3° del decreto de Cristina del 2012 fijó un tope de descuentos del treinta por ciento (30%) del monto de la retribución resultante del previo descuento de las retenciones impuestas por las leyes, pero con la aclaración de que los haberes resultantes de la deducción no podrán ser inferiores al monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil. Y el artículo 13 del mismo decreto de Cristina establece que quienes tengan a cargo la liquidación de haberes son responsables del cumplimiento de la norma. e incurrirá en falta grave quien efectivice la deducción del salario por un porcentaje superior al tope establecido, o por cuotas de préstamos que excedan el costo total final fijado. El decreto de Pullaro no contiene ninguna advertencia en alguno de los dos sentidos. 

Es decir que, en lo verdaderamente importante (el costo de los préstamos) la solución aparentemente genial que estuvieron pergeñando Pullaro y sus funcionarios ya se le había ocurrido antes (en 2012, hace catorce años) a Cristina, y era más completa. ¿Le pagarán derechos de autor? Tuits relacionados:

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miércoles, 13 de mayo de 2026

REFLEXIONES SOBRE LA MARCHA

Tal como se esperaba, la masividad y contundencia del reclamo por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario se hizo sentir en todo el país, como expresión del rechazo a la política de ajuste del gobierno y del valor simbólico que tienen para muchos argentinos la educación y la universidad públicas. Milei y su gobierno hicieron su aporte para llenar las plazas, haciendo público el día previo otro tijeretazo a las partidas del presupuesto nacional, incluyendo las del sector.

Sin embargo, es necesario decir que así como estuvieron en las plazas muchos que jamás cursaron una carrera universitaria pero reconocen el valor que la universidad pública tiene en la vida del país, también faltaron muchos que hoy son parte de la vida en los claustros, pero que por alguna razón creen que el reclamo nada tiene que ver con ellos, que solo quieren poder dar clases o cursar y rendir sus materias y recibirse, sin problemas. 

O peor aun, creen que el reclamo está "politizado" y por ende no se suman a él, o concuerdan con el rumbo del gobierno. Cuestión distinta es el efecto que esas plazas llenas de gente movilizando reclamando puede tener o no en un gobierno que tanto le teme al pueblo en la calle, como no le suele hacer caso nunca, porque entiende la política de otro modo; como pasó con las marchas contra la ley de glaciares, o la reforma laboral.

Y éste último ejemplo viene bien para analizar las consecuencias políticas del reclamo, y sus posibilidades de ser atendido, en las actuales circunstancias: en el caso de las universidades -como pasó en su momento con las políticas de protección para la discapacidad- se está pidiendo que se cumpla con una ley porque el Congreso estuvo a la altura y la sancionó cuatro veces; mientras que en el caso de la reforma laboral el interesado en que la ley se cumpla -y accione en los tribunales a ese fin- es el gobierno; porque allí buena parte de la dirigencia política con representación en el parlamento dio su apoyo, porque participa del consenso de que era necesaria: esa disociación es la misma que priva de mayor sustento social y fuerza política a ambos reclamos, el universitario y el de los trabajadores.

Recordemos que antes de llegar a éste punto, los rectores universitarios con terminales en la UCR negociaban con el gobierno una aplicación "lavada" de la ley, y amenazaban a sus docentes (algunos lo concretaron) con descontarles los días de huelga cuando reclamaban por aumento de salarios, o con pedir la conciliación obligatoria. ¿No es acaso eso consistente con lo que dice la reforma laboral sobre el derecho de huelga?

La insularidad de los distintos reclamos sociales, sin nexos de conexión entre sí, contribuye a darle fortaleza al gobierno para resistirlos. Faltan vasos comunicantes entre las dirigencias de los distintos sectores, y más importante aun, entre los afectados por las políticas de ajuste libertarias: en la universidad el fenómeno se puede explicar por la pervivencia de aquella idea de la "isla democrática" que pudo -por ejemplo- convivir con la proscripción de la fuerza política mayoritaria del país y el consecuente falseamiento de la democracia, en tanto las sucesivas dictaduras le preservaran (hasta la noche de los bastones largos) el patio de juegos académicos.

Para el resto de la sociedad, cabe adaptar aquel poema de Martin Niemoller: primero vinieron por la universidad y no me preocupé, porque yo nunca fui a la universidad. Vemos a diario en los medios y las redes los testimonios de los "sorprendidos" porque los alcanzó la motosierra de la que se creían exentos, y pensaban que los ajustados serían los otros; porque ninguno termina de comprender del todo que para tener un país mejor y más justo es tan necesario que las universidades tengan financiamiento adecuado, como que los trabajadores tengan derechos y buenos salarios, se protejan la industria nacional y sus puestos de trabajo y se paguen jubilaciones dignas.

Lo que está faltando entonces es la pedagogía política necesaria para explicar que no es un problema de un sector u otro según sea el momento puntual en el que lo tronchan los dientes de la motosierra, sino de un modelo económico, político y social, que debe ser comprendido, abordado y resistido en conjunto. Es decir que los reclamos sectoriales - los de las universidades y los de todos- lejos de ser despolitizados, deben ser profundamente politizados, y encarados desde esa perspectiva.

Las concesiones de los propios afectados por las políticas de Milei-como los rectores universitarios- al discurso denigratorio de la política que baja desde el gobierno juegan también a favor de éste, tanto como la política está para algo más que para acompañar los reclamos: debe darles sentido, perspectiva de conjunto y músculo institucional, para poder concretarse. Como hizo Néstor para salir por arriba del laberinto de la crisis del 2001.

La expresión en términos de representación política y electoral de esa amalgama vendrá después, o mientras se hace docencia al respecto, y como su lógica consecuencia y derivación. No antes, apurada por la lógica de las candidaturas, las alianza y las encuestas. 

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martes, 12 de mayo de 2026

GOBIERNO SE BUSCA

 

En momentos en los que el círculo rojo está en la búsqueda del ejecutor prolijo, con buenos modales y sin desbordes psiquiátricos que pueda garantizar la supervivencia del modelo más allá de Milei, es bueno reflexionar sobre lo que el modelo significa; que es en esencia una dualización del desarrollo productivo del país (con sectores ganadores y perdedores) con sus secuelas sociales y laborales, en un marco de retiro del Estado incluso hasta de roles que en otros tiempos se reputaron esenciales, y su desguace en beneficio de un puñado de grupos económicos del país y el extranjero.

Y aun algunos que están perdiendo con éste modelo porque no pertenecen a los nichos y enclaves que obtienen de él ventajas comparativas (como sucede con buena parte de la industria manufacturera) aspiran a sostenerlo porque les obsequió una reforma laboral flexibilizadora que apunta a consolidar niveles de precarización, baja de salarios y reestructuración de las relaciones de poder al interior de las empresas, que soñaron por años obtener.

La filosofía (por llamarla de algún modo) que sustenta teóricamente el experimento no se reduce a la motosierra o el topo que destruye el Estado desde adentro, sino que va más allá: supone además que todo el proceso de asignación de costo y beneficios a la sociedad resultantes de su implementación queda librado a las fuerzas del mercado, y el gobierno se desentiende de la realidad, incluso de los aspectos de ésta que crean sus propias políticas y decisiones.

Un caso bastante ilustrativo al respecto es el incremento de los precio de los combustibles y la energía como consecuencia de la situación internacional, que termina repercutiendo por ejemplo en la crisis terminal del transporte público; fenómeno frente al cual el gobierno de Milei nada hace porque cree que nada tiene que hacer; lo que lleva al contrasentido de que se ufane de un superávit energético (que más que mérito propio es de Cristina, por haber recuperado YPF poniendo así en valor Vaca Muerta y el potencial de recursos con que contaba el país), mientras en un país que tiene petróleo y gas en abundancia los precios de los combustibles y las tarifas de los servicios públicos no paren de subir, por un combo explosivo de omisiones y decisiones deliberadas del gobierno, como reducir los subsidios o dolarizar las tarifas. 

La política energética libertaria -si es que tal cosa existe- se reduce a un extractivismo desenfrenado en busca de dólares para pagar la deuda, dólares que además tampoco llegan en la medida que se requiere precisamente porque se les ha garantizado a sus dueños que podrán hacer con ellos lo que quieran; como se puede comprobar con la extensión de los beneficios del RIGI a las petroleras que no los necesitaban para ganar fortunas, y el anuncio de un "súper RIGI" que les otorga más ventajas impositivas, y más libertades para disponer de las divisas.

Cuando el gobierno de Milei consiguió que el Congreso aprobara la ley bases eliminó con ella con precisión quirúrgica -aportada por lo estudios jurídicos que asesoran, entre otros, a las petroleras- toda referencia contenida en la Ley 26741 de recuperación de YPF a la necesidad de alcanzar el autoabastecimiento petrolero y garantizar el suministro al mercado interno a precios razonables, liberando así a las petroleras de todo compromiso al respecto. 

Consistente con eso, éste gobierno ni siquiera frente a un contexto de crisis internacionales que dispara los precios del petróleo y con ellos los de los combustibles piensa en medidas para atemperar sus efectos en la economía nacional, las empresas y los hogares; como poner retenciones a las exportaciones de petróleo o fijar precios diferentes para el barril según se destine a la exportación o el abastecimiento interno   

Lejos de disminuir la carga tributaria que lleva el precio de los combustibles líquidos o utilizar la recaudación del impuesto para aumentar los subsidios a las tarifas, lo embolsa para dibujar un superávit fiscal trucho y ni siquiera repara las rutas que están destrozadas, y contribuyen así a encarecer los costos de producción y distribución de bienes y servicios; lo que repercute -junto con el precio de los combustibles- en los niveles de inflación que degradan los salarios. Mientras tanto, pide reflejar en los precios la incidencia de los impuestos, o le echa la culpa a las tasas municipales. 

Tiene (y se jacta de ello, tanto que el presidente no se saca el mameluco, aunque la quiso privatizar) la petrolera líder del mercado y la única que tiene todo el ciclo integrado de exploración, producción, destilación y refinación; y no hace valer esa posición estratégica para atemperar el impacto de la crisis internacional en la economía doméstica: solo la usa para repartir pauta publicitaria en los medios y sobres para los periodistas adeptos  y poder decir que no lo hace desde el gobierno, o para pagarles sueldos generosos a los funcionarios reciclados de la gestión.

Milei desentendido por completo de los problemas cotidianos de la gente (como poder tomar un colectivo sin esperar horas, o un tren sin bajar como ganado) parece olvidar una verdad de Perogrullo: todo país necesita un gobierno que atienda precisamente esas cuestiones y que demuestre que le preocupan, y la Argentina no es la excepción. Y actualmente y desde hace dos años y medio no lo tiene, y esa es una anomalía que no puede perdurar mucho tiempo. 

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lunes, 11 de mayo de 2026

LECTURA RECOMENDADA

 

"En los últimos días, a raíz del encuentro del Peronismo Federal, reapareció en el debate interno del peronismo una definición económica que genera una tensión evidente con la tradición doctrinaria del justicialismo. Sostener que el progreso social depende primordialmente del orden macroeconómico, que el equilibrio fiscal constituye la condición previa del crecimiento estable y que la distribución sólo puede venir después de la generación de riqueza implica establecer una jerarquía de prioridades en la que la estabilidad ocupa el lugar de principio ordenador.".

"Para nosotros, la estabilidad macroeconómica no es un asunto secundario ni un objetivo prescindible. En una economía como la de Argentina, atravesada recurrentemente por inflación, tensiones cambiarias, restricción externa y fragilidad fiscal, ningún proyecto de desarrollo puede sostenerse en el tiempo sin cierto orden monetario, fiscal y externo. El problema, por lo tanto, no pasa por discutir si la macroeconomía importa o no importa. La cuestión decisiva es otra y remite al modo en que se construyen las condiciones de esa estabilidad. Allí aparece una diferencia sustantiva. La mirada del peronismo federal sostiene que primero debe alcanzarse el equilibrio, luego consolidarse el crecimiento y recién después mejorar la distribución. La tradición justicialista plantea una secuencia distinta. No niega la necesidad de una macroeconomía ordenada, pero entiende que el orden durable no surge simplemente del ajuste de variables contables, sino de una economía que amplía su capacidad de distribuir, producir, invertir, exportar, recaudar y generar empleo. En esa concepción, es el desarrollo el que crea las condiciones materiales de una macroeconomía consistente.".

"Ese punto es central porque también supone una determinada concepción del crecimiento. El desarrollo no aparece como un proceso espontáneo ni como el resultado automático de los incentivos del mercado. Requiere orientación política, planificación estratégica y un Estado capaz de ordenar prioridades, identificar sectores dinámicos, coordinar inversión e infraestructura y articular las capacidades productivas nacionales. Desde esa perspectiva, reducir al Estado a la mera administración contable del equilibrio fiscal o a la búsqueda de un balance cero implica vaciarlo de su función histórica como agente de transformación económica.  En la experiencia histórica del justicialismo, el Estado nunca ocupó el lugar de simple administrador del equilibrio. Su función fue impulsar la transformación de la estructura económica para ampliar las bases materiales de la acumulación y del bienestar social. Desde esta perspectiva, el crecimiento no constituye un fin en sí mismo, ni tampoco un fenómeno que pueda reducirse a la mera recuperación de indicadores agregados. Debe formar parte de un modelo nacional de desarrollo que vincule la distribución del ingreso, la expansión productiva, la transformación estructural, la ampliación del empleo y el fortalecimiento de la soberanía económica.".

"Además, la idea de que primero hay que crecer y luego distribuir remite a una lógica ajena a la tradición justicialista. Es, en esencia, la vieja teoría del derrame. La pregunta de fondo es otra: ¿de verdad la sociedad argentina no genera riqueza suficiente para sostener niveles salariales dignos? Un país con capacidad agroindustrial, energética, minera, tecnológica e industrial no enfrenta un problema primario de generación de riqueza, sino de apropiación y distribución de esa riqueza. También conviene recordar que el salario no es una consecuencia pasiva del crecimiento; es una de sus condiciones. El poder adquisitivo de los trabajadores dinamiza el mercado interno, estimula la producción, amplía la inversión y fortalece la recaudación. La inversión social, lejos de ser un mero gasto, tiene efectos multiplicadores concretos sobre la actividad económica. Por lo tanto, no es crecer para distribuir, sino distribuir para crecer.".

"La experiencia histórica del justicialismo es contundente en este punto. Ninguno de sus grandes planes de desarrollo tuvo como objetivo principal alcanzar primero el equilibrio fiscal para después, eventualmente, mejorar los salarios. Ocurrió exactamente lo contrario: la expansión del empleo, la recomposición salarial, el fortalecimiento del mercado interno, la diversificación y expansión de las exportaciones y la ampliación de derechos fueron los motores del crecimiento. El peronismo no nació para administrar prolijamente las cuentas de una economía desigual; nació para transformar la estructura productiva y social de la Argentina. Por eso, si hoy el debate consiste en elegir qué va primero, la respuesta doctrinaria sigue siendo la misma: primero la justicia social.".

"La discusión entre “crecer para distribuir” y “distribuir para crecer” remite a dos tradiciones distintas dentro de la teoría económica acerca de la relación entre acumulación y distribución del ingreso. La primera, asociada a la economía clásica y retomada luego por buena parte de la teoría neoclásica, parte de la premisa de que la condición inicial del crecimiento es la ampliación del excedente económico y la formación de capital. En La Riqueza de las Naciones, Adam Smith vinculaba la expansión de la riqueza con la acumulación y la profundización de la división del trabajo, mientras que David Ricardo colocó el problema distributivo en el centro de la dinámica económica al advertir que una mayor presión salarial podía reducir la masa de beneficios y, con ello, afectar el ritmo de acumulación. En el siglo XX, esta lógica reapareció en los modelos de crecimiento de Roy Harrod y Evsey Domar, donde la expansión sostenida depende de una tasa suficiente de ahorro e inversión. Bajo esta perspectiva, primero debe crecer el producto, elevarse la productividad y consolidarse la formación de capital; sólo después la economía genera las condiciones materiales que permiten mejorar la distribución.".

"La tesis de “distribuir para crecer”, en cambio, se inscribe en la tradición de la demanda efectiva desarrollada por Michal Kalecki y sistematizada por John Maynard Keynes. En este enfoque, la distribución del ingreso no constituye simplemente un resultado del proceso económico, sino una variable que incide directamente sobre su propia dinámica. Kalecki mostró que la participación de salarios y beneficios condiciona el nivel de producción y empleo, mientras que Nicholas Kaldor profundizó el análisis de los efectos distributivos sobre el consumo, el ahorro y la inversión. La literatura poskeynesiana contemporánea reformuló este debate en términos de regímenes de crecimiento wage-led y profit-led a partir de los aportes de Amit Bhaduri y Stephen Marglin.".

"En términos generales, la economía argentina presenta rasgos más próximos a un régimen wage-led que a uno estrictamente profit-led, dado el peso decisivo del mercado interno y del consumo privado en la determinación del nivel de actividad. La experiencia histórica muestra que, aun en etapas de elevada apropiación del excedente por parte del capital, una porción significativa de ese excedente no se tradujo en inversión productiva doméstica sino en formación de activos externos. Por eso, afirmar que “no se puede distribuir la riqueza que no se genera” sólo constituye una verdad parcial: en economías como la argentina, una mejora en la participación salarial puede ser, ella misma, uno de los motores del crecimiento. Lo que no puede sostenerse mecánicamente es que el simple aumento del producto garantice por sí solo una recomposición distributiva posterior.".

"La discusión sobre el gasto público suele quedar atrapada en una simplificación contable que lo reduce a un problema de déficit o superávit, empobreciendo el debate económico. Desde la perspectiva justicialista, su significado depende de la función que cumple dentro de una estrategia de país: el gasto no es un fin en sí mismo, sino la herramienta para transformar la estructura productiva. No todo gasto produce los mismos efectos ni todo recorte tiene iguales consecuencias. La cuestión de fondo no es cuánto gasta el Estado, sino hacia dónde orienta ese gasto, sobre qué sectores interviene y qué capacidades colectivas fortalece o debilita.".

"En este sentido, es vital distinguir crecimiento (aumento cuantitativo de la actividad) de desarrollo (transformación cualitativa, autonomía tecnológica, justicia distributiva, composición del empleo, más asociado a la calidad de vida) porque no son conceptos equivalentes. El crecimiento puede ser coyuntural, por ejemplo por el impulso de un ciclo externo favorable o por el descubrimiento de nuevos recursos naturales (Ejemplo Vaca Muerta). Pero el desarrollo requiere de un Estado que planifique y coordine el proceso de acumulación. La inversión pública en infraestructura, energía, transporte, educación, salud, ciencia y tecnología no sólo dinamiza la actividad presente; también modifica las condiciones estructurales de la economía, reduce costos sistémicos, eleva la productividad y amplía el horizonte de decisiones de la inversión privada. Estos “gastos” obviamente pondrán en tensión de alguna forma el orden fiscal. El desafío es gestionar esas tensiones de forma de lograr establecer un camino hacia el desarrollo con el mayor orden macro posible. De nada sirve invertir la secuencia.".

"Históricamente, el peronismo no construyó orden macroeconómico mediante la retracción estatal, sino a través de una inversión pública estratégica. Durante el primer peronismo (1946-1955), la inversión alcanzó picos cercanos al 30% del gasto total (Gráfico 4) y, entre 2003 y 2015 se triplicó su peso respecto al PIB, orientándose en infraestructura, energía y ciencia (Gráfico 5). Esta inversión no es “gasto improductivo”; es la creación de las capacidades materiales que reducen costos y amplían el horizonte de la inversión privada.".

"Entonces, el peronismo enfrenta hoy una encrucijada que no se resuelve con pericia contable, sino con la recuperación de su audacia histórica para transformar la realidad. Pretender que el equilibrio fiscal y el orden macroeconómico se conviertan en los nuevos dogmas que ordenen nuestra doctrina implica aceptar el lenguaje de la ortodoxia, ese mismo que siempre quiso reducirnos a administradores prolijos del ajuste. Si asumimos que la justicia social es un objetivo postergable, algo que sólo podrá alcanzarse cuando primero cierren los balances, estaremos renunciando a la razón de ser de un movimiento que nació para demostrar exactamente lo contrario. La dignidad del pueblo no es el premio final del crecimiento, es su condición de posibilidad.".

"En esta misma línea, pretender que la macroeconomía sea una ciencia de laboratorio es negar que en realidad es un terreno de disputa por la apropiación y el destino del excedente. Si el justicialismo deja de utilizarla para ampliar derechos, fortalecer el salario real y robustecer el mercado interno, corre el riesgo de verse desdibujado, de dejar de representar sus ideales y valores doctrinarios, y de transformarse en un administrador de las desigualdades. El desafío del presente no pasa por administrar mejor la escasez, sino por reconstruir una estrategia nacional capaz de orientar la riqueza social hacia el crecimiento con justicia distributiva. Y eso no es otra cosa que el desarrollo económico.".

Completo acá.

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domingo, 10 de mayo de 2026

TWEETS POLÉMICOS

 

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sábado, 9 de mayo de 2026

TWEETS POLÉMICOS

 

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viernes, 8 de mayo de 2026

AMOR NO CORRESPONDIDO

 

Hace un tiempo ya decíamos nosotros en ésta entrada: "Baja de costos, eliminación de retenciones, licitación de la hidrovía, obras en las rutas que van a lo puertos: la similitud de los planteos del gobernador con las demandas de las cerealeras exportadoras con base en Santa Fe es tal, que son lo mismo. Y las empresas consiguieron un lobbista calificado de sus intereses, al que le pagamos el sueldo nosotros. Lo raro es que mientras pide baja de costos (al menos para las exportadoras) Pullaro los aumenta: aumentó la luz y el agua, el transporte interurbano y los peajes de las rutas provinciales.". Y lo que pone como una virtud (que la provincia invierta en arreglar rutas), es un vicio: veíamos acá que compró llave en mano un esquema armado por las propias exportadoras y la Bolsa de Comercio de Rosario para arreglar las rutas de acceso a los puertos del sur de la provincia, por el cuál ellas le prestan la plata a la provincia (que se endeuda) para hacerles las obras, y además le cobran los intereses, mientras las obras aun no arrancaron.". 

En éste otro posteo explicábamos el sistema diseñado por la Bolsa de Comercio de Rosario (y comprado como un buzón por Pullaro) por el cual la provincia se endeudó en más de 50.000 millones de pesos de hace más de un año con las cerealeras para hacerles los accesos a los puertos...a las cerealeras. No conforme con eso, tomó un préstamo por la CAF por 150 millones de dólares con el mismo fin; y el 4 de mayo de éste año (o sea el lunes pasado) dictó el Decreto 921 por el cual transfiere de ese financiamiento 111.492 millones de pesos a Vialidad provincial para "...la ejecución del “Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario”...".

También en ésta misma semana su ex vicegobernadora y actual diputada nacional que ingresó al Congreso en diciembre por "Provincias Unidas", Gisela Scaglia, presentó en el Congreso de la Nación un proyecto para eliminar progresivamente las retenciones hasta su desaparición, y sacarle al Poder Ejecutivo la facultad de reponerlas o modificar las alícuotas; en un contexto en el que los conflictos internacionales hacen subir el precio del petróleo, el gas y los commodities.

Sin embargo, parece que tantos gestos de amor del oficialismo provincial al sector exportador (el verdadero beneficiario de todas éstas medidas) no fueron correspondidos. Leemos en Rosario 12: "El anuncio del secretario de Coordinación del Gobierno de Santa Fe, Cristian Cunha, acerca de la creación por ley de un aporte del sector privado vinculado a la agroexportación para constituir un fideicomiso mixto (con participación estatal y privada) con el objetivo de mantener el circuito vial de acceso a puertos, generó la reacción de exportadores y acopiadores que pusieron el grito en el suelo y hasta prometieron llevar el asunto a instancias judiciales. La Casa Gris piensa en un aporte de los puertos de U$D 1,5 por tonelada enviada al exterior para reparar rutas, cuyo mantenimiento hoy financia el conjunto de los contribuyentes santafesinos.". 

"A esa queja histórica del sector, que no paga Ingresos Brutos en Santa Fe, el dirigente le agregó que “es imprescindible ir a sistemas diferentes para gestionar obras públicas específicas y sin costos para la carga”. El presidente de la Federación de Entidades Acopiadoras, Fernando Rivara, fue un paso más allá para que no le toquen “la suya”, al afirmar que “no hay manera de justificar tanta plata” y adelantó que en caso se ponerse en funcionamiento el esquema que elabora la gestión de Maximiliano Pullaro van a “ir a la Justicia”.".

"Durante el evento en la Bolsa, Idígoras destacó que “el año pasado tuvimos 98 millones de toneladas de granos comercializadas de manera fluvial y marítima” mientras que “este año serán de 120 a 125 millones”. Y arremetió: “Las tasas municipales no pueden ser punitivas sin prestación alguna, hay que eliminarlas de por sí”, y agregó que “también deben eliminarse los derechos de exportación”. En ese punto hizo hincapié Cunha. “Si volvieran cuatro puntos de retenciones no tendríamos que pensar en un fideicomiso para hacer las obras”, dijo el funcionario a Rosario/12." (las comillas son del texto y las negritas nuestras, en todos los casos) 

Un sistema posible para financiar obras públicas (en especial en la red vial) aunque no sin costos para la carga, sería cobrar un impuesto sobre los combustibles líquidos -porque son los vehículos que lo cargan los que destrozan las rutas, en especial el tránsito pesado- y destinar su producido a financiar su mantenimiento. Algo como lo que ya existe desde la Ley 23966 de 1991; y que el gobierno de Milei (al que apoyan las cerealeras, la Cámara de la Industria Aceitera y la Bolsa de Comercio de Rosario) viene embolsando para disfrazar un superávit fiscal trucho, mientras deja que se destruya la infraestructura vial del país sin poner un solo peso en repararla o mantenerla.

También se podría probar con las concesiones viales con cobro de peaje, como las que está licitando el gobierno nacional en estos momentos, o la que busca imponer en las rutas nacionales que les quiere transferir a las provincias por el Decreto 253 de Milei, analizado acá. Claro que en esos casos no sería "sin costos para la carga" como pide el sector, al que no se lo oyó protestar por esas medidas del gobierno nacional.

Otro sistema posible (y éste sin costo para la carga, como piden las cerealeras y exportadores en general) sería -como parece sugerir el funcionario provincial- que un porcentaje de lo recaudado por el Estado nacional en concepto de derechos de exportación (retenciones) se coparticipe a las provincias, con la expresa afectación a obras de infraestructura (gastos de capital, inversión pública), incluyendo en ellas el mantenimiento y reparación de las rutas. 

Algo así como el Fondo Federal Solidario (vulgarmente denominado fondo sojero) creado por Cristina en 2009 mediante el DNU 206, coparticipando a las provincias el 30 % del producido de las retenciones a las exportaciones de soja y sus derivados (como recordaba hace poco Máximo Kirchner en su discurso en Cañuelas). El tema es que el Fondo fue suprimido por Macri mediante el DNU 756/18, y nunca repuesto después, tampoco por Milei. Macri y Milei, los dos presidentes que la UCR y Pullaro apoyaron, y de cuyos gobiernos -directa o indirectamente- fueron parte. 

Tuits y video relacionados: 

 

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