El año pasado para éste mismo día, pintábamos un panorama de la situación de los trabajadores en el país en ésta entrada, cuya relectura recomendamos, porque mantiene plena vigencia. Sobre todo porque desde entonces la cosa no hizo más que empeorar, tanto que podemos afirmar -sin temor a equivocarnos- que estamos transitando el peor Día del Trabajador desde el retorno a la democracia.
Empezando por el hecho más relevante producido desde entonces, que fue la aprobación en el Congreso (con un respaldo amplio, como el que lamentablemente hay en muchos sectores de la sociedad) de la ignominiosa reforma laboral; presentada como la panacea para crear empleos, cuando en realidad es la plataforma para destruirlos.
Como era de esperarse (y aun nos dijeron que uno de sus propósito era terminar con lo que llaman la industria del juicio laboral), la reforma se judicializó y hubo diversos fallos en todo el país suspendiendo la aplicación de sus puntos más controversiales, el más conocido el recaído en la causa promovida por la CGT. Que para sorpresa de nadie, fue revertido por el gobierno con un escandaloso canje de favores, a cambio de un nuevo nombramiento como juez de uno de los camaristas que estaba en edad de cesar en el cargo.
También hubo un fallo de la Suprema Corte bonaerense restableciendo algo de racionalidad en el manicomio, declarando que los trabajadores de las aplicaciones de pedidos y repartos a domicilio son lo que son: trabajadores, y deben ser tratados como tales, con los derechos inherentes a esa condición. Y esta misma semana en la cena de la Fundación Libertad (un antro donde lo premiaron entre otras cosas, por estar promoviendo una destrucción planificada del trabajo, el empleo y los derechos laborales), Milei dijo que el único que la está pasando mal en el país en estos dos años es él, porque no se aumentó su sueldo; al mismo tiempo que se jactó de haber virtualmente congelado los salarios de los trabajadores del Estado.
Con lo cual confirmó de un modo perverso lo que todo sabíamos: que la principal ancla contra la inflación son los salarios, que es consciente de que deteriorando su poder adquisitivo la gente la pasa mal pero no le importa y no está dispuesto a hacer nada para cambiarlo, y que el modelo consiste básicamente en propiciar una descomunal transferencia de ingresos en beneficio del capital y en desmedro del trabajo.
Los despidos, la destrucción de puestos de trabajo, el cierre de empresas y aun su quiebra y vaciamiento planificados (para reconvertirse en importadores o simplemente fugar capitales y evadir obligaciones legales) están a la orden del día; y los trabajadores, sus empleos y sus salarios son siempre la principal variable de ajuste, sobre la que termina cayendo el peso de pagar los platos rotos.
Y aun ese contexto, la clase política -en gran parte- se pliega al discurso patronal contra la industria del juicio, o el alto costo laboral; omitiendo que no es cierto que la mayoría de los trabajadores termina demandando a sus empleadores en la justicia (como si ejercer ese derecho constitucional fuera además un delito), y ocultando sobre todo las causas que originan los litigios en trámite: la mitad son por accidentes de trabajo causados por incumplimiento patronal de las normas de higiene y seguridad, y la otra mitad reclamando indemnizaciones por despido no pagadas, o por relaciones laborales informales o fraude laboral.
Todos aspectos que la reforma laboral trata de solucionar precarizando aun más las relaciones (al punto de legitimar el fraude laboral y consagrar la des-laboralización de situaciones objetivas de empleo en relación de dependencia), en violación a la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país; violaciones que no serían posibles si el Estado (en todo sus niveles) no hubiera decidido abandonar por completo sus obligaciones inherentes al poder de policía del trabajo, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes.
Aun en éste contexto, en la reforma de la Constitución de Santa Fe (provincia en la que los empresarios se quejan del alto número de juicios laborales) aprobada el año pasado alguien creyó oportuno y necesario incluir en el texto del nuevo artículo 23 (que habla de los derechos de los trabajadores y su protección) un reconocimiento "...a las personas humanas y jurídicas que generan empleo en el ámbito privado como actores fundamentales del desarrollo productivo y social...".
Frente a esta lacerante realidad, la respuesta del gobierno de Milei (cuya responsabilidad política es extensible a todos los que apoyaron en el Congreso las leyes contra los derechos de los trabajadores es un llamado a la resignación, y a la aceptación de este estado de cosas como un fenómeno físico o natural inevitable (y no la consecuencia de políticas económicas diseñadas con ese fin); porque hay que reconvertirse para poder conseguir empleo en las (pocas) actividades que ganan con el modelo, que además no lo generan en número suficiente con los empleos que el mismo modelo destruye, y hasta con el propio crecimiento demográfico. En síntesis, han instalado la idea de que si un trabajador pierde su empleo es culpa suya por no saber adaptarse, y no de un modelo que lo expulsa.
La salida política y electoral a este estado de cosas requiere inexorablemente que la problemática del mundo del trabajo sea la base central del programa opositor, con el compromiso explícito de derogar la inicua reforma laboral en el primer orden de las prioridades, pero eso es solo una parte del problema: es menester además que haya una profunda recuperación de la conciencia de clase de los trabajadores -mucho de los cuales votan a sus verdugos, y adoptan su discurso-, porque como dijo alguien desde los balcones de la Casa Rosada un 17 de octubre de 1945, "...el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, ...es lo único que puede hacer grande e inmortal a la patria.".
Feliz día -si cabe la expresión- a todos los trabajadores y trabajadoras, y a hacer que vengan tiempos mejores.
