Leíamos días pasados en el diario de Nahuel que Weretilneck, el gobernador de Río Negro, acordó con el gobierno de Milei que le transfieran a su provincia la responsabilidad de reparar las rutas nacionales 22 y 151 que son cruciales para logística de la explotación petrolera con epicentro en Vaca Muerta, y están literalmente destrozadas. Nos informa el diario que el esquema replica el que en su momento acordó el gobierno nacional con Pullaro para la transferencia a Santa Fe del mantenimiento y la reparación de la ruta A012, que circunvala Rosario y los puertos del sur provincial.
En su momento analizábamos nosotros en esta entrada el acuerdo al que llegó Pullaro, que generaba más dudas que certezas. Tanto que hubo un pedido de informes del bloque de diputados del PJ en la Legislatura para conocer los detalles del convenio, las obligaciones concretas que asumía la provincia, quien financiaría los arreglos que hay que hacer en la ruta y si la cuestión se discutiría en la esfera legislativa (como reclama la oposición) o no.
Del análisis del convenio surge que por su cláusula primera los trabajos cuya realización asume la provincia a través
de Vialidad Provincial exceden los de mera conservación, porque pueden incluir
la reconstrucción parcial y total de las calzadas principales y laterales incluidos
los accesos a las mismas; siendo a su vez que la provincia aportará el financiamiento para las obras en la ruta, sin
reembolso alguno por parte de Vialidad Nacional o el Estado nacional; y queda
expresamente establecido que, si durante la vigencia del acuerdo la provincia dispusiera implementar un esquema de concesión de obra
pública por peaje sobre los tramos de la ruta transferidos, dicha medida
quedará sujeta obligatoriamente a la previa adhesión de Santa Fe al Decreto
N* 253/26 de Milei; analizado en su momento acá como lo que es: la legalización del bolsiqueo que viene haciendo Caputo de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos que debería destinarse a mantener y reparar las rutas.
Por la cláusula quinta del convenio Vialidad Nacional delega en su par de la provincia las facultades de declaración
de utilidad pública de los bienes sujetos a los fines de obtener las liberaciones de superficie
necesarias para la obras, pero con la condición de que las expropiaciones se hagan por la ley
nacional; que en estos momentos está en trance de modificación en el Congreso en el marco de la
“ley de inviolabilidad de la propiedad privada” (limitando las facultades del Estado para expropiar), y no por la ley de
expropiaciones de la provincia como lo exige el artículo 28 de la Ley 4908
(Ley de Vialidad de la Provincia) para las expropiaciones que lleve a cabo
Vialidad Provincial.
De acuerdo con la Cláusula
sexta, Vialidad Nacional se reserva las facultades de aprobar o rechazar los trabajos que haga la provincia sobre la ruta (aunque no los pague), y si bien por la Cláusula
séptima delega formalmente en Vialidad Provincial el
ejercicio del poder de policía y control sobre la traza de la ruta, queda
expresamente estipulado que la totalidad de las sumas recaudadas no ingresará a las arcas
provinciales; sino que deberá ser transferida y pasar a formar parte del Tesoro
Nacional. O sea: la provincia se va a comer las puteadas por las multas, pero no va a ver un peso de lo que se recaude por ellas.
Por la Cláusula décima, si Vialidad Nacional resultare obligada a responder
por cualquier clase de reclamo originado en la gestión de Vialidad Provincial sobre la ruta, esta la resarcirá íntegramente
en un plazo de noventa (90) días corridos; y ante eventuales incumplimientos
por parte de la provincia en relación a las tareas acordadas, la Nación se reserva el derecho a
rescindir el convenio sin derecho a reembolso alguno ni reintegro de lo
invertido; lo mismo en todo supuesto de rescisión anticipada (no hay previsto
ninguno por culpa de la Nación).
Según la Cláusula
décimo quinta, Vialidad Provincial manifiesta que en la jurisdicción provincial
el perfeccionamiento del convenio se encuentra sujeto al dictado del Decreto
que lo ratifique, o sea que no debería según eso ir nunca a la Legislatura, como por otra parte ha sucedido. De hecho al momento de subir estas líneas, ni siquiera existe un decreto de Pullaro ratificándolo, como cumplir con lo que el gobierno provincial se comprometió con la Nación al firmarlo .
Se supone que tal proceder estaría
basado en lo que dice el artículo 11 de la Ley 4908 (Ley de Vialidad
Provincial) en su inciso f); “Los convenios especiales a que se refiere el Artículo 37 y
los 2 primeros párrafos del Artículo 38 del Decreto-Ley Nacional de Vialidad
505/58, podrán efectuarse por intermedio del Poder Ejecutivo.” Pero de ser ése el caso, conviene recordar que lo que dicen esas
normas nacionales citadas (que son de la Ley de Vialidad Nacional), en la parte que interesa
por tener relación con el convenio firmado por el gobierno de Pullaro, es que si las provincias convienen con la Nación hacer obras en rutas nacionales que atraviesan su
territorio, los fondos que empleen a esos fines los debe aportar la Nación, o si
los aporta la provincia le deben ser reintegrados.
El convenio firmado por el gobierno provincial no cumple con
ninguna de las dos condiciones, y quizás por eso ni siquiera está ratificado por decreto, y mucho menos ha sido enviado a la Legislatura para su aprobación. Lástima que Weretilneck aprendió de Pullaro, pero como hacer todo mal.
