LA FRASE

"SI NO SE NORMALIZA LA SITUACIÓN DE LAS PLANTAS DE NEUMÁTICOS, VAMOS A PEDIR QUE METAN PRESOS A LOS PADRES DE LOS DIRIGENTES DEL PO." (JAVIER MADANES QUINTANILLA)

jueves, 29 de septiembre de 2022

ACÁ CUALQUIERA OPINA

 

miércoles, 28 de septiembre de 2022

VANDORISMOS

 

martes, 27 de septiembre de 2022

TWEETS POLÉMICOS

 

lunes, 26 de septiembre de 2022

AL FINAL LA VIDA SIGUE IGUAL

 

Todos podemos tener nuestra propia composición de lugar de cuáles hubieran sido las consecuencias si el atentado contra Cristina hubiera tenido éxito, pero algo es seguro: el país hubiera entrado en una espiral de conmoción política e institucional de imprevisibles alcances. Sin embargo, que Sabag Montiel no haya conseguido su propósito no significa -o no debería significar- que todo siga igual como si nada hubiera pasado, menos cuando de los avances de la investigación se van conociendo detalles que dan por tierra con las teorías del "lobo solitario", o los "loquitos sueltos".

Sin embargo, si nos atenemos a los titulares de los medios e incluso a la actividad política en los lugares institucionales donde ésta se desarrolla (la Casa Rosada, los ministerios, el Congreso) pareciera que el 1° de septiembre hubiera sido un día más, sin consecuencias en los posteriores.

Empezando por la situación de la propia Cristina, que sigue padeciendo en carne propia la persecución judicial como si gobernara Macri, materializada en un juicio bochornoso que muestra el grado de podredumbre al que llegó la justicia en nuestro país. Podredumbre frente a la cual el gobierno no hizo nada, y ya ni siquiera amaga: el proyecto para ampliar el número de miembros de la Corte tuvo su origen en los gobernadores peronistas, y tampoco es seguro su destino final; pero de la limitadísima reforma judicial que el gobierno planteó en su momento y duerme en los cajones de la Cámara de Diputados, ya ni el presidente ni su ministro de Justicia comentarista -como casi todos- en las redes sociales, hablan ya.

Siguiendo con la oposición, que pasó de minimizar el atentado a ponerlo bajo sospecha como algo armado, para acto seguido echarle la culpa a Cristina por generar violencia, palabras, palabras menos. Eso, y rechazar de plano cualquier intento de diálogo político del gobierno -que ni siquiera llegó a formalizarlo-, tanto como rechazan hacerse cargo de los evidentes vínculos de la "banda de los copitos" con legisladores y dirigentes de JxC, o de su responsabilidad en la generación de un clima de intolerancia que es caldo de cultivo para la violencia política: si alguien pensó que el intento de magnicidio abriría allí un espacio para la reflexión, se equivocó de cabo a rabo.

Y continuando con el gobierno, que sigue como si nada en la misma nube de pedos en que estaba antes del atentado, como si la posibilidad cierta de que mataran a la principal electora, referente política y arquitecta de la coalición oficialista no lo afectar, o fuera algo con lo que no tenga nada que ver, ni siquiera en las responsabilidades más obvias y elementales, como garantizarle su seguridad. Quizás muchos no repararon en esa parte del alegato de Cristina ante los jueces, pero dijo sentirse desprotegida, como viviendo bajo estado de sitio, y eso es responsabilidad del presidente y sus funcionarios.

Ni hablemos del rumbo de la economía, en lo que el envió inicial de la llegada de Massa se fue diluyendo entre concesiones a las distintas fracciones del capital con gestos "ofertistas" (desde el dólar soja hasta la promesa presidencial a la petrolera de "reglas de juego estables" en Houston), gestos de alineamiento con los Estados Unidos e indicadores macroeconómicos que pueden ser positivos (como la baja en el desempleo), que conviven con otros catastróficos; como una cada vez más desigual distribución del ingreso, y una inflación que no baja del 6 % mensual, e incluso es alimentada por medidas oficiales como los aumentos de tarifas, telefonía fija y móvil o servicios de internet que se oficializaron el viernes.

Al "dólar soja" le siguieron la reculada en la suba de tasas de interés a los productores que retenían cosecha, y en la restricción para la compra de dólares al tipo de cambio oficial, al mismo sujeto político y económico: pruebas de un gobierno que no parece registrar que sus apoyos electorales fueron otros, a los que se debe en primer lugar. En éste contexto, hasta el mismo movimiento gestado por un grupo de gobernadores para suspender las PASO nacionales del año que viene parece más la aceptación resignada de una derrota electoral que se entiende irreversible, que una estrategia ganadora, o para reducir daños.

O también se puede leer que ninguno de ellos tiene aspiraciones presidenciales ni de impulsar o un candidato propio, porque saben -o entienden - que no hay chances de que el peronismo vuelva a ganar para seguir siendo gobierno, y serían un desgaste inútil. En cualquier caso, si al peronismo de la derrota (conceptual, por la apelación sistemática al posibilismo y la "correlación de fuerzas", actitudinal, por la predisposición a hacer concesiones a quienes jamás nos votarían) que nos gobierna le suma un peronismo "institucional" que no juega a ganar y ni siquiera leyó el mensaje que arrojaba la movilización popular en defensa de Cristina, el panorama es difícil, por no decir sombrío.

Porque la oposición seguirá en lo suyo, donde tiene sus propios quilombos para definir liderazgos, alianzas y candidaturas; pero si de éste lado no se percibe un rumbo claro, acorde a los deseos de la mayoría de los votantes del FDT y de los que podrían volver a votarlo, y la decisión de transitarlo pase lo que pase y cueste lo que cueste (rumbo que nunca podrá ser hacerle el trabajo sucio a la derecha, no al menos si se quiere ganar una elección), es más o menos como si los disparos de Sabag Montiel hubieran salido.

domingo, 25 de septiembre de 2022

TWEETS POLÉMICOS

 

sábado, 24 de septiembre de 2022

UNA JUSTICIA RE COPADA

     

¿Vieron que ahora está de moda hacer la del tero con la justicia y sus relaciones con el poder político, pegando el grito por un lado y poniendo los huevos por el otro?

Algo así sucede en la nación, con la discusión en el Senado de un proyecto de ley para ampliar a 15 el número de miembros: "es para garantizarle la impunidad a Cristina, no lo vamos a permitir", salen a gritar a coro los tipos que metieron dos de los actuales cuatro miembros del tribunal por decreto, uno de los cuáles se votó a sí mismo como presidente de la Corte, y del Consejo de la Magistratura. Si hasta se queja del tema Gerardo Morales, que lo primero que hizo en Jujuy cuando asumió fue armar una Corte a su medida con diputados radicales, parientes y amigos.

Pero acá en Santa Fe también se consigue la indignación republicana de los hipócritas que, en esas cuestiones, están más sucios que una papa: vemos acá como los legisladores provinciales de lo que otrora fuera el Frente Progresista, en trance de transformación en Unión Democrática santafesina para las elecciones del año que viene, protestan porque hace unos días Perotti modificó por decreto la reglamentación del Consejo de la Magistratura (que en Santa Fe no tiene rango constitucional, ni siquiera legal) en lo que hace a la conformación de los jurados de concursos para -entre otros- cargos en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público de la Defensa Penal.

Pues bien, esta gente a partir de eso sospecha de la transparencia de los concursos que deben realizarse para cubrir cargos muy importantes, como el Fiscal General (el jefe de todos los fiscales), los cinco fiscales regionales, el Auditor del MPA (o sea el encargado de controlar la labor de todos los fiscales y el Defensor o Defensora General.

Como toda institución estatal, el MPA (creado durante el segundo gobierno de Obeid, pero que solo empezó a funcionar ya con el Frente Progresista) debería ser juzgado por sus resultados, y de ser así, el santafesino no sale muy bien parado que digamos: hasta acá ha sido más un aguantadero de radicales y socialistas para colocar gente que les cubra las espaldas cuando no estuvieran en el gobierno, que algo que sirviera para mejorar la administración de justicia, o contribuir a disminuir los niveles de delito: los porcentajes de condenas por hechos delictivos a los que llega son alarmantemente bajos, por ejemplo.

Pero si algo no tuvo el MPA hasta acá, ha sido independencia de los poderes políticos, o no injerencia de éstos en su funcionamiento: baste recordar que por estos días se discute en la Legislatura una ley para dar marcha con la reforma que, en tiempo relámpago, aprobaron en 2017 radicales y socialistas para que las sanciones disciplinarias a los fiscales por mal desempeño de sus funciones las disponga la Legislatura en lugar del propio MPA, como era al principio. Sucedió luego de que algunos fiscales investigaran en simultáneo a Pullaro (entonces ministro de Seguridad de Lifschitz) por acomodos en los concursos para ascensos en la policía y en chanchullos varios de la cartera, y a Corral por el escándalo de las cooperativas truchas.

Tampoco es la primera vez que en la provincia se modifica la reglamentación de funcionamiento del Consejo de la Magistratura: solo considerando el tiempo transcurrido entre diciembre del 2007 (asunción de Binner como gobernador) y octubre del 2013 (mitad del mandato de Bonfatti), es decir cuando se ponía en marcha el sistema acusatorio en el proceso penal en Santa Fe y comenzaba a funcionar el MPA, hubo siete (7) modificaciones del reglamento del Consejo, siempre en lo atinente a los concursos para cubrir cargos. Y los tres gobernadores del socialismo (Binner, Bonfatti y Lifschitz) cada uno a su turno lo "crearon" de nuevo, como si no existiera.    

Y lo que más hicieron fue acomodar gente a lo pavote en la justicia, en el MPA y en el Servicio de la Defensa; tata que -por ejemplo- de las 45 personas que ahora se anotaron para los concursos en los cargos vacantes de Fiscal General, Fiscales Regionales (5) y Auditor, 25 ingresaron al MPA siendo designados durante los gobiernos del Frente Progresista, entre 2013 y 2018, casi todos ellos (por no decir todos) sin previa carrera en el Poder Judicial, o sea desde la calle.

En esa situación están 7 de los 13 anotados para el cargo de Fiscal General, 10 de los 16 anotados para el cargo de Fiscal Regional de Santa Fe, 11 de los 15 anotados para el cargo de Fiscal Regional de Rosario, y 5 de los 11 anotados para el cargo de Auditor del MPA; más de uno de ellos ex funcionarios políticos de los gobiernos de Binner, Lifschitz y Bonfatti. 

Si hiciéramos el mismo repaso para los anotados para cargos en el Servicio Público de la Defensa (incluyendo el cargo de Defensor General), sería igual o peor: en ésta nota de hace algo más de un año contaba Gustavo Castro como más de 30 funcionarios políticos de los gobiernos socialistas entraron a la justicia sin escalas, en las gestiones del Frente Progresista.   

Por el contrario, entre las 45 personas anotadas para cubrir distintos cargos en el MPA (que en la práctica son 82, porque varios se anotaron simultáneamente en más de un concurso) no hay ningún funcionario del actual gobierno de la provincia. Lo cual sería un motivo menos de preocupación para gente que suele estar preocupada por las instituciones, la república y coso, sobre todo cuando no gobierna.