LA FRASE

"HEMOS ACORDADO QUE HOY NO SE LLEVEN BANDERAS ARGENTINAS AL ESTADIO, PARA QUE NO SEA TOMADO COMO UNA OFENSA A LOS ESPAÑOLES POR LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA." (ALEJANDRA MONTEOLIVA)

domingo, 19 de julio de 2026

TWEETS POLÉMICOS

 

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sábado, 18 de julio de 2026

SAQUEMOS CUENTAS

 

Hace unos días está disponible en el portal oficial de la provincia la Cuenta de Inversión del ejercicio 2025 (completa acá), que expone como recaudó y gastó sus recursos el Estado santafesino el año pasado, tanto en su Administración provincial (Administración Central + Organismos Descentralizados + Instituciones de Seguridad Social) como en las Empresas y Sociedades del Estado.

De allí sacamos la información que a continuación se consigna, y las imágenes que ilustran el post, que corresponden a la clasificación del gasto por programas en distintas áreas. Con una aclaración: dentro de cada uno de los programas (en los que los cuadros exponen las cifras del gasto y los porcentajes de ejecución del presupuesto) se engloban todos los gastos, según su objeto: Personal (sueldos), Bienes de Consumo, Servicios No Personales (gastos corrientes de funcionamiento), Bienes de Uso (gastos de capital o inversión), Transferencias (subsidios y aportes no reintegrables, prestaciones de la seguridad social), Servicios de la Deuda, etc.

Por ejemplo el cuadro de apertura muestra que la Gobernación (es decir, el Poder Ejecutivo o el propio Pullaro) gastó cero (0) pesos en "Lucha contra la corrupción, ética y transparencia en el sector público"; mientras que gastó casi 28.968 millones de pesos en "Políticas de comunicación", o lo que es lo mismo, el 80,49 % de un presupuesto más que triplicado en el transcurso de un año electoral, respecto del originariamente votado por la Legislatura: así pasó de unos 10.458 millones a un total de 34.139 millones, "superpoderes" mediante para modificar partidas sin intervención legislativa. Dentro de este total está la pauta publicitaria del gobierno en los medios, lo que será materia de otro posteo.  


En éste caso el cuadro corresponde al Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, y allí podemos ver que del Fondo de Financiamiento educativo solo se ejecutó el 30,94 %: de un total de 90.712 millones previstos se gastaron apenas 29.297, quedando sin gastarse 61.415 millones de pesos que legalmente correspondían a los Municipios y Comunas: se trata de la parte de la coparticipación federal que de acuerdo a la Ley 26075 de financiamiento educativo tiene afectación específica para ser destinada al financiamiento de la educación y la cultura.

El gobierno provincial los transfiere solo contra la presentación de proyectos, y lo no gastado se lo apropia al final del ejercicio, cuando correspondería transferirlo al ejercicio siguiente por ser recursos afectados. No es menor la diferencia: sin esos 61.415 millones "embolsados" (en términos presupuestarios) por Pullaro y Olivares, el gobierno provincial no podría jactarse de haber tenido el año pasado superávit financiero por 8586 millones. Porque los recursos ingresaron (las transferencias son automáticas), pero esos montos no salieron como gasto.

De hecho, el ministerio de Bastía solo ejecutó el 46,02 % de los 183.299 millones que tenía asignados en "Transferencias", lo que por ejemplo afectó al "Programa Brigadier" (con el cual Pullaro reemplazó el Plan Incluir de Perotti), de que se gastaron solo 22.402 millones de los 52.500 originariamente asignados (menos de la mitad); o el "Programa de Apoyo a Clubes Santafesinos" creado por la Ley 14.334 (se gastó solo el 13,28 % del total) 

Uno de los aspectos más publicitados de la gestión Pullaro fueron los remates de bienes secuestrados por orden judicial, por parte de la APRAD. Sin embargo, su gestión invirtió solo el 34,14 % del total de los fondos ingresados por esa vía al Estado (1060 millones de un total de 3104 millones), y de ese total 784 millones fueron destinados a gastos de funcionamiento y equipamiento de la Agencia, y solo los 276 millones restantes, a finalidades sociales, como se pretende justificar desde la propaganda oficial.


La imagen de arriba corresponde al cuadro del Ministerio de Desarrollo Productivo, una cartera que en la gestión de Pullaro absorbió muchas competencias de otras áreas. Como por ejemplo todo lo inherente a la ciencia, tecnología e innovación, claro que pareciera que no para hacer al respecto una gestión eficiente: según se puede ver, el porcentaje de ejecución de todos los programas del áreas varía entre el 4,93 % y el 42,94 % de lo presupuestado, no llegando en ningún casi a la mitad. Lo que supone que no solo Milei ajusta en ese rubro.

También llama la atención que el programa "Gestión de emergencias del sector productivo" haya alcanzado solo un 57,14 % de ejecución (unos 1445 millones de pesos), aun cuando sus recursos originales fueron llevados de los 1062 millones votados por la Legislatura, a un total de casi 2529.  

El Boleto Educativo Gratuito (que quedó en esta cartera en el área de Transporte), una política del gobierno de Perotti continuada por el de Pullaro, tuvo una ejecución del 95,29 % (unos 57.576 millones en el presupuesto reformulado), lo que contrasta con su componente Rural en el Ministerio de Educación, que solo alcanzó una ejecución del 47,34 % (17.420 millones sobre un total asignado de 36.795).

Respecto a otros programas muy publicitados por la gestión de Pullaro sobre cuya marcha nos preguntábamos hace poco en esta entrada algunos de ellos (como el de "desendeudamiento" de los agentes estatales) fueron lanzados éste año y por ende no figuran en la Cuenta del ejercicio 2025. Pero otros como el "Programa Llave" (para subsidiar los costos de alquilar u otorgar garantías a quienes deben hacerlo) ni siquiera figuran registrados como tales, como para saber como funcionaron.

Y en el caso de la tan publicitada devolución devolución a los jubilados provinciales de los gastos en medicamentos que excedieran del 5 % de sus haberes mensuales, el IAPOS tenía asignados a esos fines en el presupuesto $ 135.250.000 y ejecutó apenas el 31,39 %, es decir $ 42.450.921: más o menos unos $ 401,23 al año (33,43 pesos por mes), por jubilado, de devoluciones. La seguimos en otra entrada.
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viernes, 17 de julio de 2026

TWEETS POLÉMICOS

 

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jueves, 16 de julio de 2026

CUANDO TENGA LA TIERRA

 


El partido con Inglaterra ya pasó y antes de la final del domingo se vienen otros, que son mucho más importantes. Por ejemplo el que se juega hoy en el Senado, donde se discutirá el proyecto que el gobierno ha denominado engañosamente "de inviolabilidad de la propiedad privada".

El mismo fue analizado en su momento en ésta entrada cuya lectura recomendamos, y es una verdadera bomba racimo: no solo plantea eliminar las restricciones a la compra de tierras por extranjeros  establecidas en el 2011 durante el gobierno de Cristina por la Ley 26737; sino modificar la ley de expropiaciones (limitando los casos en los que el Estado puede apelar a esa herramienta constitucional), hacer lo mismo con el Código Civil y Comercial para facilitar los desalojos de inquilinos sin orden judicial y eliminar las restricciones de la Ley 26815 de manejo de fuego para usos productivos posteriores a los incendios, establecidas en 2022 a partir de un proyecto presentado por Máximo Kirchner.

Pero el punto de la eliminación de las restricciones a la compra de tierras rurales por los extranjeros es, sin dudas, el que ha concitado más atención en algunos sectores de la sociedad, aunque lamentablemente no en todos. Como viene sucediendo con frecuencia en estos dos años y medio de experimento libertario, la entrega del país y el despojo de sus bienes comunes se viene consumando ante la indiferencia -si no el apoyo explícito- de buena parte de los argentinos. 

Como lo señala el comunicado del Partido Justicialista nacional cuyas imágenes abren el post y como se explicaba en la entrada anterior a la que remitíamos, ya con el tristemente célebre DNU 70/23 Milei intentó en los primeros días de su gobierno directamente derogar la Ley 26737, sin dar mayores fundamentos salvo vaporosas menciones a la necesidad de fomentar nuevas inversiones extranjeras en el país; lo cual en el caso de las tierras es una falacia: que las compren extranjeros no es una inversión ni amplía la capacidad productiva del país, sino un negocio que supone un cambio de dueño, y nada más.

Con fallos desfavorables a la validez de ese punto en particular del DNU 70/23 en distintas instancias judiciales, la cuestión quedó en manos -como todo lo que al gobierno le interesa freezzar- de los impresentables de la Corte Suprema, que por supuesto cajonearon el expediente; quizás con la idea de reflotarlo si la iniciativa finalmente no logra ser aprobada en el Congreso.

Cosa que es compleja considerando los antecedentes cercanos de votaciones similares, en las que el gobierno logró el apoyo de la oposición colaboracionista: el PRO, la UCR, el peronismo de Vichy y los provincialismos menesterosos de rotondas, ATN's y anticipos financieros que nunca llegan, o lo hacen en cuenta gotas. Hasta acá no hay elementos para suponer que ésta vez será distinto, o que la coalición oficialista de hecho construida en el Congreso desde hace dos años y medio se partirá por estas cuestiones.

Para los legisladores del peronismo que honran su mandato electoral y no lo traicionan, queda el compromiso de rehazar la nefasta iniciativa y además exigir que se publique la nómina de los extranjeros (personas jurídicas, sociedades, Estados o empresas de su propiedad) interesados en comprar pedazos de nuestro territorio, y que se verían impedidos de hacerlo si subsisten las restricciones establecidas por la ley impulsada en su momento por Cristina.

Así blanqueamos las cosas y en lugar de estar discutiendo con los payasos (Milei y Sturzenegger), discutimos con los verdaderos dueños del circo. Vamos a sacar todos la bandera diciendo que las Malvinas son argentinas, y la tierra también.

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miércoles, 15 de julio de 2026

DESIGUALDAD PLANIFICADA

 

Hablando de la gestión municipal de Poletti, decíamos hace pocos días en esta entrada: "...el modelo de gestión municipal y el modelo de ciudad en Santa Fe hace rato ya que no lo definen ni la política, ni los partidos, ni los ciudadanos en las elecciones ni quien circunstancialmente ocupe el rol de intendente: viene armado de fábrica por el círculo rojo local, y lo único que cambia son los circunstanciales ejecutores, rol que en esta etapa le toca cumplir (como simple mascarón de proa) a Poletti; que cumple religiosamente con el marketing de la "presencialidad" dejando en claro cuáles son sus principales (si no únicas) preocupaciones: los espacios verdes en las zonas de la ciudad mostrables al turismo, los eventos (y el turismo de ellos), y no mucho más. Sin que a nadie parezcan hacerle demasiado ruido sus silencios y omisiones: la crisis del transporte público, la problemática de la basura y la recolección de los residuos, o la paralización de las obras de ampliación de la planta potabilizadora de agua de la ciudad; por mencionar algunos.".

"La regulación del uso del suelo urbano, el crecimiento urbanístico, la inversión de los recursos públicos, los servicios críticos y su accesibilidad, todo lo definen (por acción u omisión) el mercado y las "fuerzas vivas" y no la política y las instituciones; aunque para disimularlo se cree una pantomima estética de participación ciudadana para decidir el destino de una plaza (siempre que no sea en los barrios del oeste), con el experimento de la autonomía como entretenimiento colectivo: la han consagrado con rango constitucional sin decir nada sobre su contenido concreto, y justo cuando el municipio (Santa Fe y todos, en especial en las grandes ciudades), es menos autónomo que nunca de los que verdaderamente mandan y deciden.".

"Tanto que la infraestructura básica que depende de decisiones públicas como el asfalto, las cloacas, los desagües, la iluminación, el agua potable, el transporte o la recolección de los residuos, solo ocupan la agenda pública o se mueven en algún sentido si hay un negocio a la vista; como fue el caso del alumbrado público o el estacionamiento medido; en los que el PRO local (como hizo el nacional con Milei) le intervino la gestión a Poletti para replicar el modelo porteño, que consiste básicamente en una piñata de negocios con empresas amigas, o aportantes de campaña.".

Esta semana nos encontramos en el diario de Nahuel con ésta nota, (a la que corresponde la imagen de apertura), en la que dando cuenta de un informe de la Fundación Tejido Urbano se dice: "El trabajo sostiene que Santa Fe constituye un caso singular dentro del país porque combina distintas modalidades de crecimiento urbano que reducen la expansión horizontal. En lugar de avanzar sobre nuevos terrenos, el desarrollo se concentra en la construcción en altura, la ocupación de vacíos urbanos y la consolidación de sectores que ya contaban con infraestructura y servicios. Uno de los factores centrales que explica este comportamiento es el fuerte desarrollo inmobiliario en el núcleo urbano de la capital provincial. Según el informe, entre 2010 y 2024 el municipio otorgó permisos para construir un promedio de 150.670 metros cuadrados anuales. Cerca del 73% de esa superficie correspondió a edificios destinados a viviendas colectivas y el 75% de toda la construcción se concentró en el área central de la ciudad, donde predominan los departamentos y el mercado de alquileres." (las comillas son cita textual y las negritas nuestras, en todos los casos)

"Este fenómeno coincide con la política urbanística impulsada por el municipio durante los últimos años. La actualización del Reglamento de Ordenamiento Urbano amplió la capacidad constructiva de numerosas parcelas e incorporó nuevos mecanismos de captación de plusvalías para financiar obras públicas, con el objetivo explícito de promover una ciudad más compacta, con mayor mezcla de usos y mejor aprovechamiento de la infraestructura existente. Los autores remarcan que este crecimiento no necesariamente responde a un aumento de la población residente, sino también a la inversión inmobiliaria y a la creciente demanda de viviendas en alquiler, especialmente en las zonas cercanas a universidades, oficinas públicas y centros administrativos.".

"El informe destaca la coordinación metropolitana entre municipios, las ordenanzas de regulación del suelo, las herramientas de captura de plusvalías, los programas de hábitat y vivienda y proyectos urbanos como la futura Costanera del Salado, que busca, entre otros objetivos, reubicar asentamientos asentados sobre reservorios y sectores inundables. También menciona la evolución institucional desde el antiguo Instituto Municipal de la Vivienda hacia la Agencia Santa Fe Hábitat, con un enfoque integral sobre suelo, infraestructura, servicios y planificación urbana. En sus conclusiones, la Fundación Tejido Urbano sostiene que Santa Fe representa uno de los pocos ejemplos del país donde el crecimiento urbano reciente estuvo acompañado por una mayor densificación y no por una expansión indiscriminada sobre nuevas tierras. Esa combinación, afirman los investigadores, permite un uso más eficiente de la infraestructura existente, reduce los costos de prestación de servicios y limita el impacto ambiental asociado al crecimiento horizontal de las ciudades.".

En parte, el informe ratifica lo que decíamos: el modelo de crecimiento y desarrollo urbano de Santa Fe lo determina el mercado, pero -y esto no lo dice el informe- esa expansión conducida por el mercado ha capturado a este Estado y sus regulaciones para sus intereses, y los resultados están a la vista. Y no son para enorgullecerse. El informe completo no está disponible aun en la pagina de la Fundación, pero el extracto de él publicado en la nota y sus conclusiones son como mínimo discutibles. Para empezar y pese a que se los menciona un par de veces en la nota, no se puede saber cuáles son los "mecanismos de captación de la plus valía social" que habrían implementado las políticas regulatorias de las gestiones muncipales en Santa Fe en los últimos años, a menos que de lo que se trate en realidad sea del aprovechamiento por los desarrolladores inmobiliarios de la infraestructura urbana básica construida por el Estado con recursos de toda la sociedad (electricidad, agua potable, cloacas, gas natural, pavimento), sin contraprestación a su cargo.

Cuando se elogia -como uno de los resultados de lo que sería una virtuosa política pública de regulación del uso del suelo urbano- que de ese modo se abarata el costo de prestación de los servicios públicos, se omite que estos -sobre todos algunos básicos como el gas, el agua y las cloacas- no son accesibles en condiciones de igualdad para todos los santafesinos y ello supone un grave deterioro de los indicadores del desarrollo humano; lo que debería ser el objetivo primario del accionar político, más allá de los modelos urbanos desarrollados en abstracto y sin consideración a su impacto humano.

La ciudad tiene paralizada -por ejemplo- la obra de ampliación de la planta de captación y tratamiento de agua potable para garantizarle ese insumo básico para la vida cotidiana a una buena porción de sus habitantes que viven en los barrios más alejados del centro; y aun dentro del área servida con agua potable y cloacas -en especial en el macro centro- el correcto funcionamiento de los servicios no pocas veces se ve colapsado a diario como consecuencia del crecimiento desenfrenado de la construcción en propiedad horizontal, que no va acompañada de un crecimiento en paralelo de las redes e infraestructura de soporte. El informe de la Fundación no solo desconoce el problema, sino que parece disfrazar como un encomiable uso eficiente de los recursos disponibles, lo que en realidad es el abandono del ideal de universalidad en el acceso a bienes públicos básicos, inherentes al desarrollo humano integral.

No hablemos ya que desde la escala municipal (o solamente desde ella) se aborden problemáticas más agudas, como la disponibilidad de vivienda para comprar o alquilar en escala compatible con los ingresos de la gran mayoría de la población; o la creación de empleos de calidad que no supongan para la fuerza laboral inevitablemente desplazarse grandes distancias a través del transporte público, absolutamente en crisis y vuelto en sí mismo un gran problema al que las diferentes gestiones municipales no le encuentran solución, ni se la buscan: podría decirse que para el municipio o la parte de la ciudad (y su población) que le interesan, no son un problema, si juzgamos por la atención que le presta.

Lo que hay es no tanto un modelo virtuoso de complementación entre la lógica del mercado y las regulaciones públicas (como parece sugerir el informe de la Fundación), sino un proceso de gentrificación de la ciudad, creando barreras invisibles (o no tanto) entre un macrocentro en crecimiento y con disponibilidad de todos los servicios, y una periferia abandonada, con la excusa de la preservación del uso correcto del suelo en las áreas inundables; concepto que por otro en breve será abandonado por la propia gestión municipal, en su planificación del crecimiento de los distritos costeros de su jurisdicción del borde este, cediendo precisamente a la presión de los intereses del lobby de desarrolladores inmobiliarios.

A lo que debe añadirse que entre el macrocentro pujante cuyo crecimiento "dirigido" ensalza el informe y el borde oeste compuesto por suelo urbano ubicado en zonas con riesgo hídrico (incluidas partes habitables de éste) queda largamente más de la mitad de la ciudad sin una adecuada infraestructura pública y servicios anexos, o directamente carente de algunos de ellos, sin que la presuntamente inteligente planificación del municipio se ocupe de sus problemas.

Pero hay otro costado del asunto que debe ser incorporado al análisis: en éste posteo de 2021 decíamos nosotros: "...el antiperonismo municipal que gobierna la ciudad desde el 2007 con sus diferentes encarnaciones y sellos, ejecuta los presupuestos municipales y desarrolla los planes de inversión y obras de infraestructura con la mirada puesta en la conservación de su mayoría electoral, poniendo recursos y obras allí donde gana las elecciones, para ampliar sus márgenes y poder seguir ganándolas, aun perdiendo en los barrios más pobres y desfavorecidos en el reparto de fondos e inversiones de infraestructura.". En el post se citaban casos concretos relevados en Santa Fe (y replicados con la misma lógica en Rosario) en las elecciones a cargos locales de 2011, 2013, 2019 y 2021.

De modo que lo hay -más que una planificación urbana que brilla por su ausencia, al menos si esperamos una que incorpore todas las variables- es una convergencia entre la lógica del mercado y la lógica electoral del antiperonismo, por conveniencias mutuas; y el fenómeno se reitera hace dos décadas, con éxito para sus respectivos objetivos. Lo que supone una interpelación -hasta acá sin resultados- a la construcción política del peronismo para representar a los sectores sociales y geográficos de la ciudad excluidos del crecimiento y la mejora en sus condiciones básicas de existencia; y a los propios excluidos, para alcanzar formas de organización que les permitan darle visibilidad a sus carencias, y reclamar por lo suyo.

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martes, 14 de julio de 2026

TWEETS POLÉMICOS

 

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lunes, 13 de julio de 2026

FINJAMOS NORMALIDAD

 

Si hubiera que precisar el momento en que empezó a suceder, muy posiblemente sea la eyección de Adorni del gobierno: automáticamente el mismo sistema de grupos y organizaciones empresarias, medios hegemónicos, formadores de opinión y opositores oficialistas (como el PRO, la UCRo el peronismo libertario) que le pedían a Milei que lo raje, empezaron a comportarse como si ése fuera todo el problema. Un molesto forúnculo que simplemente había que hacer explotar, no un cáncer desparramado por todo el cuerpo social.

Mientras tanto en el mismo plano de la realidad pasaban cosas: el gobierno le autorizaba a Clarín la compra de Telefónica por Telecom, le entregaba el manejo de la justicia llave en mano a la Corte y Comodoro Py y aceptaba que Macri le interviniera el gobierno colocando a Santilli como Jefe de Gabinete. Como si hubiera pasado el tiempo de los escruchantes que rompen ventanas y fuerzan puertas con barretas, para dar paso a los verdaderos profesionales, que entran a borrar las huellas de la escena del crimen.

Milei, el outsider rebelde que nos vendieron y surgió del desencanto democrático, está planificando su supervivencia pactando con la verdadera casta: canjeando con la corporación judicial cargos, traslados y ascensos por impunidad para él, su hermana y sus prolongaciones (como Adorni), o la supervivencia de las políticas que pidió el círculo rojo -y en las que él mismo cree- y no resisten un mínimo escrutinio constitucional, como la reforma laboral. Analizan incluso una reforma electoral sin PASO y con colectoras para tentar a los gobernadores colaboracionistas de la UCR, el PRO, los provincialismos y el peronismo de Vichy a subirse al Titanic, con la promesa de que ésta vez si hay botes salvavidas para todos.

Buscan normalizar con el armazón electoral adecuado la coalición que viene funcionando en el Congreso hace dos años y medio (renunciando incluso a desarrollar LLA en todo el país), para darle estatus institucional a la Moncloa criolla del 70 % de la que hablaba Larreta: un RIGI político para que la democracia no se interponga en los planes de consolidación del modelo de extracción y maximización de plusvalía en favor de unos pocos. Un intento de salvar el modelo incluso sin sacrificar al circunstancial ejecutor, aunque no lo descarten: para eso quedará el balotaje como una instancia de eliminación directa en el mundial, pero sin límites de cambios para el segundo tiempo en el equipo del antiperonismo.

Antes de fingir demencia por otro fracaso que vehiculizaron y acompañaron, de un tiempo a esta parte nuestras élites y sus dispositivos de construcción de sentido prefieren fingir normalidad: del presidente, de las instituciones, del funcionamiento democrático y hasta de las elecciones. Tanto que Milei habla de su reelección y de apagar el Estado, al mismo tiempo, sin que nadie lo reprenda ni le señale la contradicción, o la imposibilidad social del disparate yanqui que pretende emular acá.

Como telón de fondo, la constante es el despliegue del modelo con los efectos que le son propios (y no daños colaterales, o consecuencias indeseadas): la entrega desembozada del patrimonio nacional, el saqueo de los bienes públicos, el satelismo incondicional en la política exterior, el recorte de derechos, la destrucción de empleo y tejido productivo y la profundización de la distribución regresiva del ingreso.

Con una contribución no menor de algunos de los nuestros, naturalizando (por acción, omisión o silencio cómplice)  la proscripción de Cristina como algo inevitable e irreversible, y con el fantasma del fraude electrónico (ya visible en varios procesos electorales de América Latina e incluso en gestación en los propios EEUU) agitándose ominosamente de cara a las elecciones del año que viene.

Si sucediera, ¿También será normalizado como lo fue la condena e inhabilitación de CFK, que quedará entonces de lo que por convención social llamamos democracia? Tuit relacionado: 

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