"En los últimos días, a raíz del encuentro del Peronismo Federal, reapareció en el debate interno del peronismo una definición económica que genera una tensión evidente con la tradición doctrinaria del justicialismo. Sostener que el progreso social depende primordialmente del orden macroeconómico, que el equilibrio fiscal constituye la condición previa del crecimiento estable y que la distribución sólo puede venir después de la generación de riqueza implica establecer una jerarquía de prioridades en la que la estabilidad ocupa el lugar de principio ordenador.".
"Para nosotros, la estabilidad macroeconómica no es un asunto secundario ni un objetivo prescindible. En una economía como la de Argentina, atravesada recurrentemente por inflación, tensiones cambiarias, restricción externa y fragilidad fiscal, ningún proyecto de desarrollo puede sostenerse en el tiempo sin cierto orden monetario, fiscal y externo. El problema, por lo tanto, no pasa por discutir si la macroeconomía importa o no importa. La cuestión decisiva es otra y remite al modo en que se construyen las condiciones de esa estabilidad. Allí aparece una diferencia sustantiva. La mirada del peronismo federal sostiene que primero debe alcanzarse el equilibrio, luego consolidarse el crecimiento y recién después mejorar la distribución. La tradición justicialista plantea una secuencia distinta. No niega la necesidad de una macroeconomía ordenada, pero entiende que el orden durable no surge simplemente del ajuste de variables contables, sino de una economía que amplía su capacidad de distribuir, producir, invertir, exportar, recaudar y generar empleo. En esa concepción, es el desarrollo el que crea las condiciones materiales de una macroeconomía consistente.".
"Ese punto es central porque también supone una determinada concepción del crecimiento. El desarrollo no aparece como un proceso espontáneo ni como el resultado automático de los incentivos del mercado. Requiere orientación política, planificación estratégica y un Estado capaz de ordenar prioridades, identificar sectores dinámicos, coordinar inversión e infraestructura y articular las capacidades productivas nacionales. Desde esa perspectiva, reducir al Estado a la mera administración contable del equilibrio fiscal o a la búsqueda de un balance cero implica vaciarlo de su función histórica como agente de transformación económica. En la experiencia histórica del justicialismo, el Estado nunca ocupó el lugar de simple administrador del equilibrio. Su función fue impulsar la transformación de la estructura económica para ampliar las bases materiales de la acumulación y del bienestar social. Desde esta perspectiva, el crecimiento no constituye un fin en sí mismo, ni tampoco un fenómeno que pueda reducirse a la mera recuperación de indicadores agregados. Debe formar parte de un modelo nacional de desarrollo que vincule la distribución del ingreso, la expansión productiva, la transformación estructural, la ampliación del empleo y el fortalecimiento de la soberanía económica.".
"Además, la idea de que primero hay que crecer y luego distribuir remite a una lógica ajena a la tradición justicialista. Es, en esencia, la vieja teoría del derrame. La pregunta de fondo es otra: ¿de verdad la sociedad argentina no genera riqueza suficiente para sostener niveles salariales dignos? Un país con capacidad agroindustrial, energética, minera, tecnológica e industrial no enfrenta un problema primario de generación de riqueza, sino de apropiación y distribución de esa riqueza. También conviene recordar que el salario no es una consecuencia pasiva del crecimiento; es una de sus condiciones. El poder adquisitivo de los trabajadores dinamiza el mercado interno, estimula la producción, amplía la inversión y fortalece la recaudación. La inversión social, lejos de ser un mero gasto, tiene efectos multiplicadores concretos sobre la actividad económica. Por lo tanto, no es crecer para distribuir, sino distribuir para crecer.".
"La experiencia histórica del justicialismo es contundente en este punto. Ninguno de sus grandes planes de desarrollo tuvo como objetivo principal alcanzar primero el equilibrio fiscal para después, eventualmente, mejorar los salarios. Ocurrió exactamente lo contrario: la expansión del empleo, la recomposición salarial, el fortalecimiento del mercado interno, la diversificación y expansión de las exportaciones y la ampliación de derechos fueron los motores del crecimiento. El peronismo no nació para administrar prolijamente las cuentas de una economía desigual; nació para transformar la estructura productiva y social de la Argentina. Por eso, si hoy el debate consiste en elegir qué va primero, la respuesta doctrinaria sigue siendo la misma: primero la justicia social.".
"La discusión entre “crecer para distribuir” y “distribuir para crecer” remite a dos tradiciones distintas dentro de la teoría económica acerca de la relación entre acumulación y distribución del ingreso. La primera, asociada a la economía clásica y retomada luego por buena parte de la teoría neoclásica, parte de la premisa de que la condición inicial del crecimiento es la ampliación del excedente económico y la formación de capital. En La Riqueza de las Naciones, Adam Smith vinculaba la expansión de la riqueza con la acumulación y la profundización de la división del trabajo, mientras que David Ricardo colocó el problema distributivo en el centro de la dinámica económica al advertir que una mayor presión salarial podía reducir la masa de beneficios y, con ello, afectar el ritmo de acumulación. En el siglo XX, esta lógica reapareció en los modelos de crecimiento de Roy Harrod y Evsey Domar, donde la expansión sostenida depende de una tasa suficiente de ahorro e inversión. Bajo esta perspectiva, primero debe crecer el producto, elevarse la productividad y consolidarse la formación de capital; sólo después la economía genera las condiciones materiales que permiten mejorar la distribución.".
"La tesis de “distribuir para crecer”, en cambio, se inscribe en la tradición de la demanda efectiva desarrollada por Michal Kalecki y sistematizada por John Maynard Keynes. En este enfoque, la distribución del ingreso no constituye simplemente un resultado del proceso económico, sino una variable que incide directamente sobre su propia dinámica. Kalecki mostró que la participación de salarios y beneficios condiciona el nivel de producción y empleo, mientras que Nicholas Kaldor profundizó el análisis de los efectos distributivos sobre el consumo, el ahorro y la inversión. La literatura poskeynesiana contemporánea reformuló este debate en términos de regímenes de crecimiento wage-led y profit-led a partir de los aportes de Amit Bhaduri y Stephen Marglin.".
"En términos generales, la economía argentina presenta rasgos más próximos a un régimen wage-led que a uno estrictamente profit-led, dado el peso decisivo del mercado interno y del consumo privado en la determinación del nivel de actividad. La experiencia histórica muestra que, aun en etapas de elevada apropiación del excedente por parte del capital, una porción significativa de ese excedente no se tradujo en inversión productiva doméstica sino en formación de activos externos. Por eso, afirmar que “no se puede distribuir la riqueza que no se genera” sólo constituye una verdad parcial: en economías como la argentina, una mejora en la participación salarial puede ser, ella misma, uno de los motores del crecimiento. Lo que no puede sostenerse mecánicamente es que el simple aumento del producto garantice por sí solo una recomposición distributiva posterior.".
"La discusión sobre el gasto público suele quedar atrapada en una simplificación contable que lo reduce a un problema de déficit o superávit, empobreciendo el debate económico. Desde la perspectiva justicialista, su significado depende de la función que cumple dentro de una estrategia de país: el gasto no es un fin en sí mismo, sino la herramienta para transformar la estructura productiva. No todo gasto produce los mismos efectos ni todo recorte tiene iguales consecuencias. La cuestión de fondo no es cuánto gasta el Estado, sino hacia dónde orienta ese gasto, sobre qué sectores interviene y qué capacidades colectivas fortalece o debilita.".
"En este sentido, es vital distinguir crecimiento (aumento cuantitativo de la actividad) de desarrollo (transformación cualitativa, autonomía tecnológica, justicia distributiva, composición del empleo, más asociado a la calidad de vida) porque no son conceptos equivalentes. El crecimiento puede ser coyuntural, por ejemplo por el impulso de un ciclo externo favorable o por el descubrimiento de nuevos recursos naturales (Ejemplo Vaca Muerta). Pero el desarrollo requiere de un Estado que planifique y coordine el proceso de acumulación. La inversión pública en infraestructura, energía, transporte, educación, salud, ciencia y tecnología no sólo dinamiza la actividad presente; también modifica las condiciones estructurales de la economía, reduce costos sistémicos, eleva la productividad y amplía el horizonte de decisiones de la inversión privada. Estos “gastos” obviamente pondrán en tensión de alguna forma el orden fiscal. El desafío es gestionar esas tensiones de forma de lograr establecer un camino hacia el desarrollo con el mayor orden macro posible. De nada sirve invertir la secuencia.".
"Históricamente, el peronismo no construyó orden macroeconómico mediante la retracción estatal, sino a través de una inversión pública estratégica. Durante el primer peronismo (1946-1955), la inversión alcanzó picos cercanos al 30% del gasto total (Gráfico 4) y, entre 2003 y 2015 se triplicó su peso respecto al PIB, orientándose en infraestructura, energía y ciencia (Gráfico 5). Esta inversión no es “gasto improductivo”; es la creación de las capacidades materiales que reducen costos y amplían el horizonte de la inversión privada.".
"Entonces, el peronismo enfrenta hoy una encrucijada que no se resuelve con pericia contable, sino con la recuperación de su audacia histórica para transformar la realidad. Pretender que el equilibrio fiscal y el orden macroeconómico se conviertan en los nuevos dogmas que ordenen nuestra doctrina implica aceptar el lenguaje de la ortodoxia, ese mismo que siempre quiso reducirnos a administradores prolijos del ajuste. Si asumimos que la justicia social es un objetivo postergable, algo que sólo podrá alcanzarse cuando primero cierren los balances, estaremos renunciando a la razón de ser de un movimiento que nació para demostrar exactamente lo contrario. La dignidad del pueblo no es el premio final del crecimiento, es su condición de posibilidad.".
"En esta misma línea, pretender que la macroeconomía sea una ciencia de laboratorio es negar que en realidad es un terreno de disputa por la apropiación y el destino del excedente. Si el justicialismo deja de utilizarla para ampliar derechos, fortalecer el salario real y robustecer el mercado interno, corre el riesgo de verse desdibujado, de dejar de representar sus ideales y valores doctrinarios, y de transformarse en un administrador de las desigualdades. El desafío del presente no pasa por administrar mejor la escasez, sino por reconstruir una estrategia nacional capaz de orientar la riqueza social hacia el crecimiento con justicia distributiva. Y eso no es otra cosa que el desarrollo económico.".
