LA FRASE

"EN LAS REUNIONES DE LA MESA POLÍTICA NADIE LE DA BOLA A ADORNI, ESTÁ DIBUJADO COMO SU DECLARACIÓN JURADA." (SANTIAGO CAPUTO)

sábado, 30 de mayo de 2026

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viernes, 29 de mayo de 2026

ESTADO DE SITIO

 

Cuando el año pasado impulsó la reforma de la Constitución provincial para lograr que se le habilitara la posibilidad de la reelección, Pullaro -que encabezó la lista de convencionales de "Unidos"- hacía campaña prometiendo terminar con lo que denominaba el garantismo (al que calificó como una ideología sostenida por el kirchnerismo y que le hizo mucho daño al país), como si se pudiera hacer tal cosa sin colocar a la provincia en condiciones de sufrir una intervención federal, pues se trataba ni más ni menos que de eliminar las garantías inherentes a la defensa en juicio que consagra la Constitución nacional.

Demás está decir que la bravata discursiva tenía por único propósito reforzar su imagen bukelista de tipo duro dispuesto a todo para combatir el delito, sabedor (o esperanzado en que así fuera) de que ese discurso podía rendirle electoralmente en determinados segmentos de la sociedad. Aunque los números de las sucesivas elecciones habidas desde entonces le demostraron que la apuesta era fallida, el hombre insiste, en buena medida porque ya no sabe como volver de donde se metió.

En medio del proceso de reforma de la Constitución santafesina, la deriva autoritaria del gobernador y su ministro de Justicia y Seguridad los llevó a lanzar el globo de ensayo de modificar -en el marco de la convención reformadora- las normas constitucionales que establecen las garantías de la defensa en juicio, y hasta constitucionalizar la validación del gatillo fácil policial: ver en ésta entrada más información al respecto. Como no podía ser de otra manera, el delirio paranoide y represivo no prosperó, y los actuales artículos 14 y 15 de la nueva Constitución provincial ratifican en sus textos los principios que estaban incluidos en el texto anterior, por derivación de la Constitución Nacional. 

Y en consecuencia con eso, el artículo 14 dispone que "Toda persona tiene derecho a la libertad personal y no puede ser privada de ella ni restringido su ejercicio, sino por disposición de autoridad competente en los casos y condiciones previstos con anterioridad por la ley. En caso de detención, debe darse aviso inmediato a un juez, para que revise la medida en el plazo máximo de veinticuatro horas. No podrá mantenerse una incomunicación por más de cuarenta y ocho horas, salvo resolución judicial. La incomunicación de la persona detenida nunca puede afectar el derecho de comunicación con su abogado defensor. La privación de la libertad durante el proceso tiene carácter excepcional, conforme los criterios y alcances determinados por la ley.", así como que "En materia penal se instituye el proceso acusatorio, adversarial, oral y público."; mientras que el artículo 15 establece que "El domicilio es inviolable. No se puede efectuar en él registros, inspecciones o secuestros sino en los casos y en las condiciones que fije la ley Son igualmente inviolables la libertad y el secreto de la correspondencia y de todo otro medio de comunicación y sus restricciones pueden realizarse sólo cuando la ley las autorice y con sus garantías. Los habitantes de la Provincia pueden permanecer y circular libremente en su territorio.". 

Pues bien, menos de seis meses después de haber aprobado estos textos que no dejan lugar a dudas sobre que la Constitución provincial -mal que le pese a Pullaro, que los votó- es garantista-, el gobernador impulsa una serie de reformas legislativas que implican en la práctica derogarlos o tenerlos por no escritos, con la excusa de combatir la inseguridad. El proyecto (que propone modificar el Código Procesal Penal, la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, la del Programa Provincial de Protección de Testigos y Fondo de Recompensas, la "ley de inteligencia" provincial" y la ley orgánica de la Policía) es presentado a la consideración de la Legislatura absolutamente huérfano de toda fundamentación estadística o científica; y con una notoria confusión entre los delitos concretos que se pretende combatir: sentado que el narcotráfico es de jurisdicción federal -cosa que nos dijeron por años y ahora omiten por fines propagandísticos en la comunicación oficial- el proyecto oscila entre normas pensadas (en teoría) para combatir a las organizaciones criminales, y otras enderezadas a resolver las riñas entre vecinos. 

Se establece (o restablece en realidad, porque rigió en la dictaduras) la "declaración informativa e interrogatorio policial", pensada para los primeros momentos de la investigación de un presunto delito, y en la cual se elimina la obligatoriedad de la presencia del abogado defensor como condición ineludible para la declaración del imputado; después de haberle repuesto a la policía (en el inicio de la gestión de Pullaro) la facultad de detener personas por hasta 48 horas sin dar noticia a un juez "por averiguación de antecedentes".

Se legislaría el juicio penal en rebeldía, y se introducen distintas causales de validación judicial de pruebas obtenidas por medios ilegales, abandonando lo que se conoce procesalmente como el "fruto del árbol envenenado"; y se introduce el allanamiento automático de domicilios por el secuestro de armas en vía pública, y tantas excepciones al principio de la orden judicial previa para allanar un domicilio (que como vimos ratifica el artículo 15 de la Constitución de la provincia), que en la práctica significarán su derogación.

Se crea la figura del "procedimiento por decreto penal", que consistiría en proseguir un proceso penal (supuestamente para casos contravencionales y de criminalidad de bajo impacto) hasta su finalización con una sentencia condenatoria sin participación del imputado, que podría solo recurrirlo a posteriori, lo que supone derogar en la práctica y para esos casos el sistema acusatorio que ahora goza en Santa Fe como vimos, de rango constitucional; y bajo el rótulo de "fortalecimiento de las actividades de inteligencia" se amplían las atribuciones de la policía para la "...producción y gestión de información para la prevención del delito" se le permitiría la "...apertura, extracción, explotación, clonado y/o recuperación de datos de dispositivos y repositorios electrónicos y/o digitales, cuentas de mensajería o redes sociales;...". Sobre lo que en su momento denominamos "la AFI (hoy sería SIDE) de Pullaro", ver más información en ésta entrada.

Pero una de las reformas más peligrosas es lo que el proyecto denomina "zona de intervención policial especial", por la cual como derivación de la ya cuestionable facultad genérica de la policía para detener personas en averiguación de antecedentes, se propone que los órganos ejecutivos (por sí y sin necesidad de autorización judicial) puedan intervenir policialmente una zona determinada en función de los indicadores de criminalidad que se registren; y la declaración administrativa en ese sentido de un sector determinado habilitaría facultades de excepción dentro esa zona para restringir el uso del espacio público, la circulación de personas y vehículos y hasta la comercialización de bebidas alcohólicas, entre otras medidas.

Sería una especie de estado de sitio focalizado, basado en la exclusiva apreciación de la fuerza policial y cuya vulneración acarrearía -según el proyecto- hasta 30 días de arresto: un mecanismo más propio del control social, que de la lucha contra el delito; copiado del artículo 4 de la Ley 27786 (denominada "ley antimafias"), que establece la figura de la "zona sujeta a investigación especial", a la que por iniciativa de Pullaro la provincia de Santa Fe adhirió por Ley 14434 de marzo de éste año.

Vemos entonces como el gobernador -ante la preocupante posibilidad de fracasar en su intento de conseguir la reelección- profundiza su deriva autoritaria sin medir los riesgos que entraña poner facultades extraordinarias con escasos controles institucionales en manos de una fuerza policial que en su momento hasta secuestró y desapareció personas en democracia (como Franco Casco), estuvo y está sacudida por hechos de corrupción y connivencia con las organizaciones criminales que debía combatir (desde Tognolli hasta el ex jefe de la UR Rosario reincorporado y ascendido en forma extraordinaria por Pullaro, y hoy a punto de ir preso por robo de combustible), y hace poco se autoacuarteló liberando zonas para el delito en demanda de mejoras salariales y laborales.

Y todo ello justificado con un discurso oficial manodurista y confuso en el que se mete en la misma bolsa el combate al narcotráfico con la baja en la imputabilidad penal de los menores (como si estos fueran los que arman y conducen las organizaciones criminales), que el gobernador se jacta de haber apoyado enfáticamente cuando se discutió en el Congreso. Tuits relacionados:
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jueves, 28 de mayo de 2026

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miércoles, 27 de mayo de 2026

LECTURA RECOMENDADA

 

"El directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó la segunda revisión del acuerdo con la Argentina y habilitó un desembolso de 1.000 millones de dólares. Pero el dato político más importante quizás no sea ese, sino el orden en que ocurrió todo. La revisión debía aprobarse en enero. Recién el 14 de abril, Kristalina Georgieva salió a anunciar que había acuerdo con la Argentina, aun antes de que estuviera cerrada y publicada toda la ingeniería técnica. No fue casual. Georgieva conduce un organismo donde Estados Unidos tiene el peso decisivo y Washington venía empujando políticamente el sostén a Javier Milei. Primero apareció entonces la señal política, después vino la burocracia técnica.".

"Recién ahora el board terminó firmando formalmente la continuidad del programa argentino. La segunda revisión del acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional terminó dejando algo más profundo que un desembolso de 1.000 millones de dólares. El documento técnico del staff terminó funcionando como una radiografía política del gobierno de Javier Milei. Y también como una radiografía de la mirada que el organismo tiene sobre la democracia argentina. Durante meses el gobierno intentó presentar la relación con el Fondo como una validación técnica de su programa económico. El staff level agreement muestra otra cosa. El FMI no está discutiendo solamente metas fiscales, reservas o inflación. Está evaluando capacidad de disciplinamiento político y social. El problema central ya no aparece únicamente como económico. Aparece como electoral.".

"El informe repite varias veces la misma idea: la incertidumbre política de 2025 ralentizó el programa. La dolarización previa a las elecciones legislativas provocó salida de reservas, tensó el mercado cambiario y obligó a endurecer las condiciones monetarias. El Fondo directamente atribuye el incumplimiento de la meta de reservas a la cobertura electoral de empresas y ahorristas antes de las elecciones de medio término. Ahí aparece el núcleo político del documento. El Fondo no describe las elecciones como parte normal del funcionamiento democrático. Las describe como un factor de inestabilidad económica. El calendario electoral aparece tratado casi como una anomalía del programa.".

"El texto es explícito. Dice que “las incertidumbres políticas antes de las elecciones presidenciales de 2027 podrían provocar salida de capitales y ralentizar o revertir el impulso reformista”. No es una interpretación. Está escrito así. La definición tiene un trasfondo delicado. Porque si las elecciones son consideradas un riesgo sistémico para el programa, entonces la propia lógica democrática empieza a ser vista como una amenaza para la estabilidad financiera. El problema deja de ser la macroeconomía. El problema pasa a ser la posibilidad de que la sociedad vote otra cosa.".

"El Fondo incluso reconoce que la continuidad del programa depende de “mantener apoyo social y político”. Otra vez: el centro ya no es económico. El verdadero interrogante es cuánto ajuste puede tolerar la sociedad argentina antes de que aparezca una reacción política que altere el rumbo. La escena remite a una vieja obsesión de los organismos financieros internacionales en América Latina. La gobernabilidad entendida no como ampliación democrática sino como capacidad de administrar el conflicto social sin alterar el programa económico. Como si las urnas fueran un ruido del sistema. Una interferencia sobre la racionalidad técnica.".

"El informe también deja ver cuáles son las próximas exigencias estructurales. Más reducción de subsidios energéticos. Reforma previsional. Reforma tributaria. Mayor flexibilización laboral. Ajuste sobre provincias. Profundización de privatizaciones y apertura comercial. El Fondo insiste especialmente sobre subsidios energéticos y gasto social. El texto señala que las autoridades están comprometidas a sostener el equilibrio fiscal mediante “nuevas reducciones de subsidios energéticos”, “mejor focalización” de transferencias sociales y contención del gasto discrecional para compensar “iniciativas de gasto del Congreso”.".

"La frase parece técnica. Pero tiene un contenido político mucho más profundo. Porque el organismo presenta las decisiones del Parlamento —es decir, de los representantes elegidos por el voto— como un problema que debe ser neutralizado para sostener el programa económico. Ahí aparece otro rasgo inquietante del documento. El Congreso es tratado como un factor perturbador del equilibrio fiscal. Las leyes votadas democráticamente son descriptas como amenazas potenciales para la sustentabilidad del acuerdo. La división de poderes queda subordinada al cumplimiento de metas financieras.".

"No hace falta exagerar para advertir los tintes problemáticos de esa lógica. El Fondo no está proponiendo cerrar el Congreso. Pero sí deja entrever una concepción donde las decisiones parlamentarias sólo son aceptables mientras no alteren el sendero pactado con el organismo. La democracia aparece condicionada por el programa financiero. El razonamiento es casi circular. Si las elecciones generan incertidumbre y el Congreso genera gasto, entonces la estabilidad dependería de limitar la capacidad de ambos para modificar el rumbo económico. Como si el programa necesitara una democracia de baja intensidad para funcionar sin sobresaltos.".

"Así como el Fondo Monetario funciona bajo la tutela política de Estados Unidos, la interna del gobierno de Javier Milei también se ordena alrededor de esa dependencia. La subordinación externa no sólo condiciona la economía, también reorganiza el poder local. Cuando las decisiones estratégicas se validan en Washington y no en Buenos Aires, la política doméstica deja de discutir un rumbo propio y se transforma en una disputa por administrar negocios, influencia, inteligencia y acceso al dispositivo presidencial. La política pierde autonomía y se achica. La tutela financiera termina filtrándose hacia adentro del gobierno como una forma de fragmentación política. La crisis interna del gobierno de Javier Milei ya no puede leerse solamente como una pelea doméstica entre Karina Milei y Santiago Caputo, una pelea que tiene dos bloques definidos. De un lado, Karina Milei, Martín Menem, Lule Menem y la estructura partidaria de La Libertad Avanza. Del otro, Santiago Caputo, el aparato digital libertario, sectores de inteligencia y buena parte de la narrativa política del gobierno.".

"En medio del estallido, Santiago Caputo viajó a Estados Unidos. El movimiento fue leído dentro del oficialismo como una forma de blindaje político en plena escalada de la pelea con el karinismo. Pero el dato más importante es otro: Caputo aparece como interlocutor privilegiado del gobierno argentino pese a ser un asesor monotributista. La interlocución no pasó por Cancillería ni por organismos formales del Estado. Pasó por Caputo. Eso muestra dónde percibe Estados Unidos el verdadero núcleo de decisión política del gobierno libertario: un entramado informal donde se mezclan inteligencia, comunicación, negocios y estrategia. Y ahí la tutela norteamericana empieza a cruzarse con la interna libertaria.".

"Nadie discute el rumbo económico porque el rumbo ya viene escrito. Nadie cuestiona el ajuste, la subordinación al Fondo o el alineamiento absoluto con Washington. La discusión pasa entonces a otro plano: quién administra negocios, licitaciones, cajas, inteligencia y acceso presidencial. Por eso la interna libertaria tiene un carácter tan extraño. No se tiran por la cabeza modelos de país. Se tiran empresarios. Javier Milei queda en el medio, pero cada vez menos como conductor y cada vez más como árbitro agotado de facciones que se destruyen entre sí.".

"Los empresarios orbitan alrededor de las distintas facciones. Estados Unidos monitorea licitaciones estratégicas, regulación económica y actores sensibles del oficialismo. El Fondo condiciona la política económica. Y el gobierno empieza a exhibir el síntoma más delicado de todos: la disolución de su propio centro político. El poder formal permanece intacto. La capacidad de decisión del gobierno no tiene oxígeno.".

Completo, acá. Tuits relacionados:

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martes, 26 de mayo de 2026

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lunes, 25 de mayo de 2026

TAREA PENDIENTE

 

Hace uno años atrás y a propósito de otro 25 de mayo, decíamos nosotros: "Si algo nos recuerda el aniversario de la instalación de lo que conocimos desde la escuela como "el primer gobierno patrio" es que eso, tener una patria y tener un gobierno propio, es una construcción permanente, nunca terminada. Tanto que aquellos primeros patriotas no tenían siquiera en claro si estaban haciendo o no eso: una patria; o para que querían gobierno propio. Y se tardaron seis largos y tumultuosos años de marchas y contramarchas, para completar aquel primer gesto de libertad, con la declaración de la independencia en Tucumán. En el camino quedaron muchos de aquellos precursores, divididos a su vez entre los que deseaban profundizar el proceso, y los que eran partidarios de ser más prudentes, o lisa y llanamente dar marcha atrás con el camino emprendido.".

"Tanto la patria, la casa común, como el gobierno propio, como expresión política de la independencia, fueron siempre y desde el principio, un territorio de disputa; no solo por definir si los hacíamos o no, sino cuando, como, con quiénes, para qué. Y esa misma disputa llega hasta nosotros, cuando debajo de los discursos de circunstancia por la efemérides de la dirigencia política, empresarial, sindical o social se pueden reconstruir las diferentes visiones sobre lo que significan esa patria y ese gobierno propio, para cada uno. Salvo que uno elija quedarse en el lugar de la evocación, sin intentar darle un significado en clave actual a aquel 25 de mayo de 1810.".

"Hablar del día de la patria, o de tener un gobierno propio, nuestro, es hoy hablar de nuestra sumisión a los dictado del FMI y el mundo de las finanzas porque nos endeudamos con ellos; y si a partir de allí nuestras políticas económicas las decidimos nosotros, o son pensadas en otros lares, para garantizar intereses que no son los nuestros. Es discutir si somos o no capaces de administrar por nosotros mismos nuestros ríos y nuestros recursos naturales, si somos dueños o no de tener una política de desarrollo nuclear, de investigación científica o de despliegue de satélites, sin sujeción a tutelajes extranjeros. Definir incluso si nuestra política exterior la decidimos nosotros, o la deciden otros por nosotros, y lo único que hacemos es seguidismo de sus directivas.".

"Como en 1810, tener patria y gobierno propio supone resolver las condiciones de nuestra integración en América Latina, como parte esencial de nuestro propio destino y partícipes de la construcción del destino común del continente; o simplemente como "patio trasero" de la potencia hegemónica, manejado desde instancias neocoloniales como la OEA. Pero tener patria y tener gobierno -como empezamos a decir un día como hoy, hace tantos años- también tiene una significación hacia adentro, hacia nosotros mismos: si es con todos o solo un privilegio de algunos, si es con los argentinos al timón, decidiendo por ellos mismos su rumbo y su destino; o como simples apéndices de un mercado global que decide hasta lo que comemos, o el precio al que lo pagamos.".

Pocos años después, la lacerante realidad nacional le dio a nuestras reflexiones de entonces, plena vigencia, y hasta es posible que resulten insuficientes para describir el proceso. Podría decirse que, en tanto Milei fue electo por el pueblo y su fuerza política ratificada en las pasadas elecciones legislativas (aun en un contexto de altísimo ausentismo electoral), tenemos "gobierno propio", es decir decidido -para bien o para mal- por los argentinos, o al menos una parte importante de ellos.

Sin embargo, como ha sucedido antes, la formalidad del hecho democrático (cada vez más vaciado de contenido sustancial) no basta para afirmarlo: es preciso que esa legitimidad de origen se trasunte en una de ejercicio, por virtud de la cual el gobierno conduce los destinos del país en un sentido compatible con su status político de nación soberana, que decide por sí misma su propio rumbo.

Y nada más lejos de eso en la Argentina estragada por el experimento libertario, cuyo gobierno afirma explícita y groseramente a diario su vocación colonial, y su subordinación incondicional a los dictados políticos no solo de la potencia hegemónica en la región, sino hasta del Estado de Israel, respondiendo exclusivamente a las volubles y cambiantes convicciones personales del presidente, más que a los intereses nacionales.

Puertas adentro y así como la idea del "gobierno propio" está en crisis, también lo está la noción de patria como proyecto compartido y destino común; no solo porque este gobierno está dejando a futuro un legado de tierra arrasada para las frutas generaciones (entregando las riquezas y los recursos del país, tanto como el futuro y las perspectivas de progreso de la mayoría de sus habitantes), sino también porque ya desde sus orígenes -con la motosierra que presidía la campaña electoral de Milei- ha entronizado la crueldad explícita y justificada sobre los más débiles, como política de Estado.

Pasamos así de aquellos tiempos en los que se decía -desde la máxima representación institucional de este Estado- que la Patria era el otro, a estos en los que el otro es -según le plazca al que gobierna- un elemento descartable indigno de consideración alguna, cuyos derechos pueden ser sacrificados sin remordimientos en el altar del dogma monetarista.

Y esa idea (contraria, reiteramos, a la noción sustancial de patria en su elemento humano y social) goza -lamentablemente- de un consenso social mucho más amplio del que podría esperarse, atento a su naturaleza perversa y cruel. Negar esa realidad evidente que podemos constatar a diario, sería un acto de necedad. 

El vaciamiento de sentido de la democracia y con él, el de la idea de un gobierno propio, nuestro, que conduzca nuestros destinos hacia donde deseemos y no hacia donde nos impongan, no es más que la consecuencia de esa fractura expuesta en el cuerpo social. Y ambos arrastran en su degradación a la afirmación de la independencia nacional, que hoy como lo era en 1810 es la consecuencia necesaria de la decisión de empezar a gobernarnos por nosotros mismos.

De allí que todo ello (el gobierno propio, la independencia nacional, la construcción democrática) sigan siendo una tarea pendiente hoy, como lo eran un día como hoy, hace 216 años. Y como decíamos antes, si existen dudas de que el pueblo -como entonces- siga o no queriendo saber de que se trata, "Y si, sumergido como está en las preocupaciones de la existencia cotidiana, parece que no quiere, hay que hacer que quiera, y que sepa de qué se trata. O quizás y para ser más precisos, hay que agudizar el oído todo lo que haga falta para escucharlo, y obrar en consecuencia.".

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domingo, 24 de mayo de 2026

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