LA FRASE

"LO DE QUEMAR PERIODISTAS EN LA HOGUERA NO HAY QUE TOMARLO LITERALMENTE, NO ES COMO CUANDO DICEN QUE LA GENTE NO LLEGA A FIN DE MES." (ADRIÁN RAVIER)

miércoles, 28 de octubre de 2026

TWEETS POLÉMICOS

 

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martes, 27 de octubre de 2026

POSTULARÍAN A PULLARO Y OLIVARES PARA EL NOBEL DE ECONOMÍA

 

Leíamos el viernes pasado en el portal de Mino: "El Gobierno de Santa Fe encontró una alternativa para avanzar en el cobro de las deudas que mantiene la Administración de Javier Milei con la Provincia: recibir un adelanto de coparticipación, renegociar las condiciones de devolución y utilizar parte de esos fondos para compensar obligaciones pendientes. La estrategia permitió reconocer créditos netos por $142.742 millones a favor del Estado santafesino y obtener $110.000 millones correspondientes al déficit de la Caja de Jubilaciones.".

"El ministro de Economía, Pablo Olivares, explicó en diálogo con AIRE que la clave estuvo en cambiar las condiciones de una operación que, inicialmente, implicaba devolver durante 2026 los $400.000 millones recibidos como adelanto. La Provincia propuso utilizar ese dinero para descontar las acreencias que mantiene con el Estado nacional, en lugar de reintegrar la totalidad del monto. Lo que hemos logrado es que el Gobierno nacional nos mande primero los fondos y de ahí ir descontando lo que nos deben”, resumió el funcionario.".

"Entre julio y agosto, Santa Fe recibió $400.000 millones que, en principio, debía devolver durante el mismo año. Una vez acreditados los fondos, el Gobierno provincial abrió una nueva instancia de negociación para descontar las deudas nacionales. Del adelanto de $400.000 millones, la Provincia devolverá $90.000 millones durante 2026. Los $310.000 millones restantes quedaron sujetos a las compensaciones acordadas y a las condiciones de cancelación del saldo. Después de aplicar las compensaciones, quedó un saldo de $167.258 millones del adelanto. Según explicó Olivares, la Provincia podrá "cancelarlo en cuotas" desde 2027, con una tasa de interés del 1,25% mensual, o "negociar nuevas compensaciones con créditos" que tenga a su favor. El ministro sostuvo que el acuerdo permite que la Nación comience a cumplir con esa obligación durante el mismo ejercicio en que se genera el déficit. También remarcó que el objetivo es "sostener la Caja de Jubilaciones provincial y evitar su transferencia al sistema nacional".".

La verdad que uno no sabría por donde empezar a analizar tanta brillantez estratégica, pero acaso lo mejor sea hacerlo por el final: es una pena que ningún periodista (nunca) les pregunte a Pullaro y sus funcionarios para que querría el gobierno de Milei quedarse con la Caja de Jubilaciones de la provincia cuando ni siquiera se digna a financiar parte de su déficit (aun habiéndose comprometido a hacerlo), y al mismo tiempo que no pone un centavo en mantener las rutas nacionales (tanto que el propio Pullaro le pidió que se las transfiera), reduce los subsidios al transporte, eliminó el Fondo de Incentivo Docente y dejó de transferir fondos para obras públicas que tuvieron que ser paralizadas. 

Eso sin contar con que el propio Pullaro y sus funcionarios hicieron una reforma previsional ajustadora con recorte de derechos, precisamente con el argumento de que de ese modo evitaban tener que transferir la Caja; y cabe preguntarse además como esa transferencia sería jurídicamente posible; cuando la Constitución provincial reformada a fines del año pasado dice en su artículo 24 precisamente lo contrario: "El sistema previsional de los agentes públicos del Estado provincial se financia mediante un mecanismo de reparto solidario de carácter público. Las jubilaciones y pensiones son móviles. La administración está a cargo de un órgano intransferible." (las comillas son del texto y las negritas son nuestras)

Sobre el anticipo financiero que pidieron a la nación y en mérito a la brevedad, nos remitimos a lo dicho en su momento acá: dijeron sucesivamente que nunca lo habían pedido, que se los habían ofrecido pero no lo agarraron, que lo tenían en cuenta por si lo necesitaban y ahora resulta que lo pidieron, lo usaron, y era parte de una estrategia elaborada hace más de dos años, para empezar a cobrarse las acreencias que Santa Fe tiene contra la nación: elija cada uno su propia aventura. 

De los propios dichos de Olivares surge que, luego de practicada su contabilidad, creativa, aun quedarían más de 167.000 millones de pesos que la provincia le tendría que devolver a la nación el año que viene, en cuotas y con intereses: rara forma de cobrarse una deuda, con la propia plata. Cuáles son concretamente las "condiciones de cancelación del saldo" -en palabras del propio Olivares- es imposible saberlo: en su momento (cuando negaban haber pedido el anticipo) vimos  en ésta entrada que por el Decreto 1284 del 26 de junio pasado Pullaro autorizó al ministro a llevar adelante las tratativas y firmar todos los convenios necesarios para obtener y devolver anticipos financieros de la nación.

Pues bien, según la propia documentación oficial disponible en Internet (que no es mucha ni fácil de conseguir) el convenio lo firmó el mismísimo Pullaro el 21 de agosto, solo refiere a unb monto de 100.000 millones de pesos en concepto de anticipo financiero, a devolver en cuatro cuotas con intereses entre septiembre y diciembre de éste año:
 

Si los dichos de Olivares son ciertos, debe existir en algún lado otro convenio en el que queden puestos por escritos, para que cualquiera los pueda corroborar, y para saber si también lo firmó el propio Pullaro, o lo hizo su ministro enmendándole la plana al gobernador. Si esas condiciones están establecidas en alguna resolución de Olivares (dictada al amparo del Decreto 1284/26) es imposible saberlo, porque el Ministerio de Economía de la "segunda provincia con mayor transparencia fiscal del país" (según informe reciente del macrista Laspina y los comedores de billetera del CIPPEC) no las publica en la web. Así nos privamos de saber (por ejemplo) si el convenio compromete a la provincia a seguir suspendiendo sus acciones en el reclamo que lleva adelante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde los tiempos del gobierno de Perotti por la deuda de ANSES con el financiamiento del déficit de la Caja, o directamente a desistir de él. 

Recordemos que esa suspensión la convino Pullaro en un convenio firmado (y anunciado con bombos y platillos como la solución final al problema) en abril de éste año, por el cual la nación iba a pagar 120.000 millones de pesos, pero del que solo pagó la primera de las 12 cuotas pactadas, y que esa cifra era la mitad del financiamiento nacional del déficit de la Caja de Jubilaciones previsto por el propio gobierno provincial en el presupuesto: 240.000 millones, sobre un déficit total proyectado de 330.218 (el resto lo absorbería el Tesoro provincial de Rentas Generales).

Y ahora Olivares nos plantea como una estrategia genial, para poder cobrar la tercera parte del déficit de la Caja de Jubilaciones proyectado para éste año, o menos de la mitad de los aportes nacionales para financiarlo que él mismo calculó en el presupuesto a esos fines, o la parte que faltaba pagar de un convenio que la nación firmó en abril de éste año y dejó de cumplir en junio...pedir un anticipo financiero de 400.000 millones de pesos (que dijeron que no habían pedido) y de ahí ir descontando la deuda, sin que sepamos que pasa con la acumulada por falta de transferencias para la Caja desde 2022 en adelante, que pasará con el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones el año que viene (a menos que mágicamente desaparezca ¿acaso con otra reforma previsional?) y con el juicio que empezó Perotti, Pullaro "ratificó" (al pedo, porque nadie pensaba desistirlo) primero y le encomendó llevar adelante al estudio de Cassagne, después (más al pedo aún, porque para eso la provincia tiene a la Fiscalía de Estado y sus abogados).

Un anticipo financiero que -como dijimos en su momento- consiste en que la nación le presta a la provincia su propia plata (los recursos de la coparticipación federal), antes de que se devengue y llegue automáticamente por goteo a la provincia, como si fuera un anticipo de sueldo de un empleado que no llega a fin de mes, pero cobrándole intereses: parece que en éste caso Olivares no pensó en un "programa de protección de ingresos" como en el caso del "desendeudamiento de los agentes públicos". Tanto es así que el saldo que quedaría (según palabras del propio Olivares) luego de las "compensaciones" acordadas entre las partes seguirá devengando intereses, y seguirá siendo descontado de futuras remesas de coparticipación.    

¿Se postularán Olivares y Pullaro al Nobel de Economía como Milei y Reidel?. Tuits relacionados y posteo recontrarelacionado: 

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lunes, 26 de octubre de 2026

MIRÁ SI EN LUGAR DE METERLA PRESA LA ESCUCHABAN

 

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EL GIGANTE BRASILEÑO

 


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domingo, 25 de octubre de 2026

TWEETS POLÉMICOS

 

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sábado, 24 de octubre de 2026

TWEETS POLÉMICOS

 

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viernes, 23 de octubre de 2026

LA FRAZADA CORTA

 

La Ley 10014 (1987) es el Estatuto Orgánico de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), y dispone lo siguiente en su artículo 7 inciso q): "El Poder Ejecutivo podrá fijar tarifas preferenciales por razones de interés público, identificando los sectores o regiones beneficiados. En este caso, arbitrará los medios necesarios para cubrir la diferencia y compensar a la Empresa las sumas pertinentes.". Esto supone que cuando el gobierno de la provincia quiere fijar tarifas diferenciales (menores a las normales) para determinadas instituciones o actividades (es decir, subsidiarles el costo de la energía) debe compensar a la distribuidora estatal por no percibir el precio pleno de la tarifa que hubiera correspondido por el servicio que les preste a esos beneficiarios.

Precisamente eso es lo que está haciendo Pullaro mediante el Decreto 2228 firmado el pasado martes, por el cual compensa a la EPE en algo más de 763 millones de pesos, por las tarifas diferenciales (menores) que la empresa les cobró a las empresas recuperadas que son manejadas por sus trabajadores organizados en Cooperativa de Trabajo. Y lo hizo -como surge del decreto- en cumplimiento de lo dispuesto para ese grupo de usuarios en particular por el Decreto 3758/19.

Anotación marginal (o no tanto): ese decreto fue firmado por Miguel Lifschitz cuando le faltaban solo 16 días para concluir su mandato como gobernador de la provincia y ya estaba electo Perotti para sucederlo; reglamentando con ese decreto la Ley 13710 de apoyo a las empresas recuperadas por sus trabajadores, sancionada por la Legislatura santafesina en noviembre de 2017, es decir, dos años antes. Lo que supone que en todo el mandato de Lifschitz las empresas recuperadas administradas por sus trabajadores mediante cooperativas de trabajos pagaron exactamente las mismas tarifas de electricidad que todas las demás empresas, sin ningún benficio.  

El Decreto 3758/19 dispuso que las empresas recuperadas "...serán beneficiadas con una bonificación de 50% sobre el importe básico de la factura correspondiente, en función de la tarifa vigente por cada suministro del cual fueran titular. En el caso que cuyos consumos sean facturados de manera mensual como grandes demandas, serán beneficiadas con una bonificación del 30% sobre el importe básico de la factura correspondiente, en función de la tarifa vigente por cada suministro...". Demás está decir que mayores sean las tarifas (por ejemplo si el gobierno provincial decide que la EPE las aumente e indexe mensualmente el VAD, como hizo Pullaro), mayores deberán ser los subsidios que el Estado (Administración Central) debe transferirle a la distribuidora de energía para compensarla por los beneficios que otorgue.

Claro que esos 763 y algo de millones de pesos que Pullaro le está transfiriendo a la EPE por el Decreto 2228/26 cuya imagen abre el post no le van a cambiar la ecuación económica a la empresa, si los contrastamos con los $ 2.093.000.000.000 (más de dos billones de pesos) que recaudará éste año por tarifas; cifra a la que se llega sumando el monto originalmente estimado en el presupuesto provincial, y los recursos adicionales producto de los sucesivos tarifazos decididos por la gestión de "Unidos", incorporados mediante el Decreto 1893 que analizamos en ésta entrada. De hecho, la compensación equivale a apenas el 0,03 % de los ingresos totales de la empresa, para que las empresas recuperadas paguen entre un 30 y un 50 % menos por una de las tarifas de electricidad más caras del país.   

Pero lo llamativo en éste caso en particular es de donde dispone Pullaro en su decreto sacar la plata para compensar a la EPE por ese beneficio otorgado a las empresas recuperadas, de lo cual podemos enterarnos viendo el anexo del Decreto 2228: 


Traducimos: Pullaro decidió que los 763 y pico de millones de pesos destinados a compensar a la EPE por las tarifas diferenciales fijadas para las empresas recuperadas por sus trabajadores salgan de partidas destinadas a financiar "aportes de capital para fondos de garantías recíprocas para Pymes"; es decir que para vestir un santo desvistió a otro, o el síndrome de la frazada corta. 

Esos aportes de capital son una herramienta de asistencia financiera del Estado a las empresas que tienen dificultades para acceder al crédito, por falta de garantías suficientes exigidas por los bancos: con esos fondos la provincia asume el rol de fiador o garante de los préstamos, para que los préstamos les sean otorgados; ampliamente difundida hace poco por el ministro Olivares al presentar con bombos y platillos el FOGAFE.

Sin embargo, los 763 y pico de millones de pesos mochados a los aportes de capital para fondear garantías recíprocas para las Pymes santafesinas no salieron de los 5000 millones de pesos que el Ministerio de Economía tiene asignados en el presupuesto a esos fines, sino de los 2050 millones de pesos que el Ministerio de Desarrollo Productivo tiene previstos para "aportes de capital para Fondos de Garantías Recíprocas". Es decir que para compensarle a la EPE menores ingresos por tarifas diferenciales por solo el 0,03 % de sus recursos obtenidos por esa vía, Pullaro decidió sacarle a la cartera de su amigo Puccini el 36,50 % de los recursos con que contaba para facilitarles a las Pymes el acceso al crédito; recursos que por cierto representan solo el 0,25 % del total de su presupuesto. 

Y dado que los fondos estaban destinados a compensar a la EPE por tarifas diferenciales, cabría preguntarse porque no salieron de los $ 39.121.041.000 millones de pesos que el presupuesto provincial contempla específicamente a esos fines en "Obligaciones a Cargo del Tesoro". Una respuesta posible es que, dado el nivel de los tarifazos producidos éste año (que incrementaron en un 17,7 % los ingresos previstos para la distribuidora de energía) esos fondos ya resultaron insuficientes para financiar compensaciones de menores tarifas. Otra es que el gobierno de Pullaro hace lo que se le canta con los recursos públicos, sin importar el destino para el que estaban originariamente previstos en el presupuesto, máxime cuando tiene que tapar agujeros para financiar un déficit que al 30 de junio (último dato disponible públicamente) ascendía a 717.739 millones de pesos.
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