Ya empezaron a fingir demencia. Ahora nadie fue. https://t.co/P0CLi4t2gJ
— La Corriente K (@lacorrientek) February 13, 2026
Un cuarto de sigloatrás la "ley Banelco" aprobada en el Congreso nacional desataba un escándalo que terminó precipitando -junto con el "corralito" y la implosión de la convertibilidad- la caída del gobierno de De La Rúa, y una de las más profundas crisis de nuestra historia.
Durante mucho tiempo -quizás hasta hoy- el episodio quedó asociado a un caso de sobornos y subsumido en él; caso en el que el gobierno de entonces les pagó con fondos reservados de la SIDE a un grupo de senadores peronistas para que votaran a favor de la ley. Sabido es que en la justicia (como pasa siempre que el involucrado en delito no es Cristina ni ningún funcionario de sus gobiernos) finalmente todo quedó en la nada.
De lo que se habla poco (casi nada) es del contenido de la ley: una reforma laboral flexibilizadora impulsada a pedido del FMI y de los grandes grupos empresarios. Como la de ahora, claro que no tan grave ni regresiva, o mejor dicho: lo era, pero la actual se sale de toda escala. Y como suele pasar cada vez que se produce un caso (real o presunto, para el caso lo mismo da) de coimas o sobornos, conocemos los nombres de los sospechosos de cobrarlos, pero jamás de los que los pagaron: es como si al dinero del caso se lo hubieran encontrado en la puerta de la casa en una canastita, como a Moisés.
Hace poco volvió a pasar con el voto del senador Kueider en la ley de bases; nadie se preocupó mucho por saber quienes le pagaron la coima para que votara una ley escrita por los estudios jurídicos que asesoran a los principales grupos económicos del país. Los mismos que redactaron la reforma laboral que ya tiene media sanción del Senado, y que el gobierno de Milei quiere aprobar esta misma semana.
Reforma laboral a la que ahora parece que le "descubrieron" con fingida sorpresa un artículo introducido en el debate en el Congreso entre gallos y medianoche, de resultas del cual a los trabajadores que padezcan una enfermedad o accidente (vinculado o no con sus tareas) se les dejarán de pagar sus salarios íntegros.
42 senadores votaron el artículo (una amplia mayoría), pero al parecer nadie sabe quien lo puso en el texto, y los empresarios niegan haberlo pedido; y da la casualidad -justo, señora, vea- que caga a los trabajadores desde arriba de un pino. Como todo el resto del articulado de la ley, digamos.
Porque hay que ser claros en éste punto: aunque la Cámara de Diputados se tomara el trabajo de eliminar la norma controvertida del texto que va a votar, y el proyecto vuelva al Senado para que allí decidan si aceptan el cambio o no, y aun lo aceptaran, la ley de reforma laboral seguiría siendo una perfecta y completa mierda esclavista, flexibilizadora y perjudicial para los derechos e intereses de los trabajadores (registrados o no, actuales o futuros), por donde se la mire.
Leyes aprobadas mediante sobornos, Congresos vallados con amplios despliegues represivos propios de una dictadura, debates express y poco claros, toqueteos promiscuos hasta el momento mismo de la votación en los textos, orfandad de autores públicos que asuman una iniciativa parlamentaria y puedan defenderla con argumentos, trámite legislativo a los cachetazos sin participación de la sociedad civil, argumentos falseados.
El menú completo que se despliega cada vez que el Congreso va a votar una ley impresentable, que atiende a intereses privilegiados, minoritarios y bien concretos, que se cuidan bien de aparecer en público confesando la autoría del esperpento de ocasión. Una dinámica a la que la actual reforma laboral no es ajena.
Y una muestra de que la degradación de nuestra democracia (que a 50 años del último golpe ha llegado a su punto más bajo de descomposición) no solo radica en la política, que ciertamente carga con buena parte de responsabilidad al respecto. De hecho, la parte mayor en ello la tienen los que nunca son votados ni se remiten al juicio de la ciudadanía (que también aporta lo suyo votando cualquier cosa sin siquiera arrepentirse a veces), pero terminan ganando con (casi) todos los gobiernos; y reclamando también -en todos los gobiernos, pero sobre todo en los que afectan sus intereses- mayor calidad institucional.
