LA FRASE

"ME PREOCUPA QUE ESTO DE LA CARNE DE BURRO SE NOS TERMINE VOLVIENDO EN CONTRA Y NOS EMPIECEN A PERSEGUIR PARA CARNEARNOS." (LILIA LEMOINE)

lunes, 20 de abril de 2026

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domingo, 19 de abril de 2026

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sábado, 18 de abril de 2026

LA LEGALIZACIÓN DEL BOLSIQUEO

 

En el Boletín Oficial de ayer salió publicado el Decreto 253 de Milei, a cuyo texto completo pueden acceder acá. Por él, el gobierno nacional delega en las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz "...la competencia para el otorgamiento de concesiones de obra pública por peaje para la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de tramos de rutas nacionales emplazados en su territorio, a favor de sociedades privadas o mixtas o de entes públicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley N° 17.520 y sus modificatorias.".

La Ley 17520 -que data originariamente del gobierno de Onganía- fue modificada durante el gobierno de Milei por la Ley 27742 de bases, y regula las concesiones de obras y servicios públicos, incluyendo en el caso de las obras la modalidad de cobro de peaje. Las provincias a las cuáles se les delega responsabilidad en esa materia en los tramos de rutas nacionales que cruzan sus territorios son -como se puede ver en el listado- las gobernadas por los aliados del experimento libertario que acompañaron en el Congreso todas sus iniciativas; aunque algunos de ellos traten ocasionalmente de reconvertirse en opositores como Pullaro acá o Llaryora en Córdoba, que esta misma semana salió a cruzar al gobierno nacional por la crisis del PAMI.

Y hablando de Pullaro -uno de los que anunció esta medida en los días previos, como algo pedido por las propias provincias comprendidas-, leyendo el decreto se puede decir que es un acuerdo incluso peor que el que logró hace poco para empezar a recibir fondos nacionales para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, analizado en su momento en ésta entrada. Para empezar, porque el decreto pretende convalidar el bolsiqueo que viene haciendo Caputo hace 28 meses de los fondos del impuesto a los combustibles líquidos, que estaban destinados a mantener las rutas nacionales y provinciales conforme al propio convenio federal vial (Decreto Ley 505/58) que se menciona en el Decreto 253. 

Del impuesto y de los recursos que representa nada se dice en el decreto de Milei, ni se dispone -por ejemplo- coparticiparles a las provincias la parte que actualmente se queda la Nación, para que con esos recursos mantengan y reparen las rutas que se les "delegan": lo único que pueden hacer es licitarlas para que sean explotadas por privados (o por entes públicos como las Vialidades provinciales), a cambio del cobro de peaje, en el entendimiento de que solo con esos recursos debería bastar para que las rutas sean mantenidas en buen estado, cosa que como sabemos desde los 90', no es cierta ni mucho menos.

Eso sin contar que durante un tiempo habrá transferencia a las provincias de las rutas (por la firma de los convenios con Vialidad Nacional) pero no cobro de peaje, porque habrá que hacer las licitaciones para elegir a los concesionarios, y las rutas seguirán como están: destrozadas. Es decir que el Decreto 253 es la legalización del abandono de las rutas nacionales, consentida por los gobernadores amigos y aliados del gobierno nacional, o peor aún, pedida por ellos; aunque públicamente reclamen por su deterioro.

Por otro lado la delegación a las provincias que dispone el decreto establece que por la sola firma de los acuerdos con Vialidad Nacional se exime a la nación de toda responsabilidad por los accidentes derivados del mal estado de las rutas, la que pasa a las provincias; aun cuando no hayan llamado aun a licitación para otorgar las concesiones (que pueden durar hasta 30 años); lo que significa que cualquier tragedia vial que suceda mientras tanto (como las que están sucediendo cada vez con más frecuencia) será responsabilidad de la provincia en cuestión ante eventuales demandas de los damnificados por el mal estado de las rutas, y no de la nación.

Además la delegación que instrumenta el decreto es revocable en cualquier momento, supeditada a que las rutas se operen si o si bajo el sistema de concesiones por peaje aunque éstas puedan recaer en un organismo público provincial (como Vialidad Provincial); lo que abre el interrogante sobre posibles reclamos de los concesionarios actuales (en algunos tramos de rutas los hay, algunos puestos en esa condición por éste gobierno), y limita la capacidad de las provincias que reciben esos tramos de rutas para instrumentar acciones para mantenerlas, que no sean concederlas para el cobro de peajes por todo el tiempo que duren las concesiones.

Las concesiones que hagan las provincias para el cobro de peaje no pueden superponerse con otras que abarquen rutas provinciales y solo pueden ser sobre los tramos de rutas nacionales transferidos; y las licitaciones y contratos -de acuerdo con el decreto- deben hacerse sí o sí por la Ley 17520 nacional, que no rige en la provincia de Santa Fe para concesiones provinciales u otorgadas por el gobierno santafesino (regidas por los artículos 148 a 150 de la Ley 12510), por lo cual los acuerdos que se firmen con Vialidad Nacional deberían ser autorizados o ratificados por la Legislatura.

En la época de los gobiernos de Néstor y Cristina y bajo la gestión de Julio De Vido existían los convenios TFO (Transferencia de funciones operativas) por los cuáles Vialidad Naconal les transfería fondos a las Vialidades provinciales para que contrataran y ejecutaran las obras de conservación y mantenimiento de las rutas nacionales en las provincias, al mismo tiempo que la Nación ejecutaba otras por el sistema CREMA (construcción, reparación y mantenimiento). Es decir, sin forzar a conceder la explotación de esas rutas con el cobro de peaje.

Lo que hace el Decreto 253 -con la complicidad de los gobernadores aliados a Milei- es blindar una de las principales vías del superávit fiscal trucho del gobierno nacional (construido a base de pedalear o posponer obligaciones, y malversar caudales públicos con destino específico, como en éste caso), y sumarle un costo más a la logística del transporte y la distribución de bienes y servicios; cuestión que algunos -como Pullaro- decían que les preocupaban. Tal vez por eso después del entusiasmo oficial se les empezó a llenar el culo de preguntas. 

Habrá que ver con que empresas amigas arman lo clubes del peaje en cada provincia si siguen adelante con el experimento. Acá nos imaginamos algunas. Tuits relacionados:

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viernes, 17 de abril de 2026

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jueves, 16 de abril de 2026

PARE DE SUFRIR

 

Como le pasó a Macri en 2017, el triunfo en las elecciones legislativas de medio término fue para Milei un fruto envenenado, que no pudo disfrutar: reforzó su representación en el Congreso (para ponerse a salvo de un eventual juicio político) y en ese marco logró imponer reformas (como la laboral o la ley de glaciares) que son parte de un consenso que lo excede y representa los intereses del poder económico; pero al mismo tiempo asiste a la debacle de su modelo económico, y a la caída vertical de su imagen pública y el deterioro acelerado de su futuro político.

Tanto, que hasta Macri se anima a plantearle competencia amagando con una posible candidatura presidencial, y el círculo rojo empieza a buscarle posibles reemplazantes para salvar los resultados del experimento que favorecen a sus intereses, y ponerlos a resguardo de una derrota electoral de la derecha en 2027. 

Conforme la imagen del presidente y su gobierno se derriten y los efectos de la motosierra se vuelven ya intolerables para la inmensa mayoría de los argentinos en su vida cotidiana (inflación, crisis del transporte, recortes en la cobertura de salud), todo el sistema político se pone en modo electoral, y su preocupación principal pasan a ser las elecciones, que están -en términos políticos y sociales- a años luz, y habrá que ver si se hacen, y en que contexto. Que seguramente será de crisis, y de prueba para un entramado institucional que no está dando respuestas acordes a la magnitud del desafío.

Si las elecciones del año que viene son importantes, más importante aun es que las fuerzas que adversan al gobierno empiecen a hablarle a la sociedad definiendo y proponiendo un programa político, económico y social para salir de la tierra arrasada que dejará este penoso experimento con seres vivos; que solo puede traerle más desgracias al pueblo argentino, y no tiene más nada para ofrecerle salvo sufrimiento.

En ese marco y con el fracaso a la vista del que está en curso, el país no resiste ya más experimentos de outsiders de la política sean un banquero como Brito, un "emprendedor exitoso" como Galperín, o un pastor carismático como Gebel; que serían más de lo mismo que ya ha fracasado: ¿O acaso no representó precisamente eso Milei con su discurso "anti casta" y su nula trayectoria previa en los partidos y la política?

Que el círculo rojo trate de conseguir otro muñeco intercambiable con el que practicar ventriloquía en el sentido de la defensa de sus intereses, vaya y pase: no sería más que otra muestra de su inveterada miopía política y chatura conceptual, que es una desgracia para el país. Pero que buena parte de la política ande en la misma, a la búsqueda del "famoso" salvador presuntamente incontaminado y novedoso, es directamente suicida: de la grave crisis que atraviesa el país se sale con más y mejor política, no con menos, o peor, sacándola de la ecuación.

Más intolerable aun es que tales experimentos se hagan en nombre del peronismo, o utilizándolo como vehículo: si bien bajo ciertas circunstancias el movimiento creado por Perón puede ser -como decía Cooke- un gigante invertebrado y torpe, hay que desterrar de su seno esa idea de que es una estructura porosa y esponjosa, capaz de absorber todo o peor aun, de ser absorbido por cualquier ensayo "acorde a los climas de época". Si el problema es de conducción y liderazgo, el peronismo lo tiene en la persona de Cristina, y no es opinión nuestra, sino simple constatación de un fenómeno social que se verifica en la base de sus votantes. 

Y si el problema es de candidaturas, que se lo prive de una eventual de ella es consecuencia del despliegue del dispositivo represivo del gorilismo que hizo blanco en su persona por lo que es y por lo que representa -dato que no puede obviarse en ningún análisis sin pecar de fraudulento-, y no porque haya sido superada su gravitación por alguien más, por peso propio. De hecho, todos los que cuestionaron ese liderazgo y esa conducción en público terminaron fichando para el régimen y alineándose con sus intereses, con tanta más vehemencia cuantos más duros fueron sus cuestionamientos a Cristina: si algún despistado no ha advertido hasta acá la correlación, es un problema suyo. 

Claro que en estas condiciones políticas, con éste gobierno y este sistema judicial, Cristina no podrá ser candidata; pero eso no caduca su gravitación política -al punto de creer que se puede orquestar una salida al actual oprobio sin su concurso-, y constituye más bien el primer desafío en todo proceso de construcción de una alternativa política a la actual situación: los que quieran sumarse a ella deberían asumir públicamente el rechazo de la proscripción y condena judicial de Cristina, y comprometerse del mismo modo a resolver su situación en un nuevo gobierno, más allá incluso de su propia opinión personal al respecto: lo que está en juego no es la persona de quien fuera dos veces presidenta de la nación por mandato popular, sino la legitimidad misma del proceso democrático en el país.  

Hace pocos días decía con razón Axel Kicillof que no se trata solamente de ganar una elección, sino de estar en condiciones de ejecutar un programa, en el caso de llegar al gobierno. Es tan cierto como que la idea de un "frente anti Milei" (definido más por la oposición al actual gobierno que por un programa de reparación nacional compartido), es la forma más segura para crear las condiciones para repetir el fracaso del "Frente de Todos".

No es que la elección ya esté ganada ni mucho menos, pero de ese aspecto del problema se está ocupando Milei con más eficacia que cualquier armado opositor, excepto que éste -concentrado en disputas de segundo orden- no tome el toro por las astas asumiendo la verdadera dimensión del problema; que es estar decidido a aplicar las medidas drásticas que habrá que tomar desde el primer día (empezando por borrar de un plumazo y sin concesiones las iniquidades del régimen como la ley bases, el RIGI o la reforma laboral) y la vocación de representar a quienes hoy sienten que carecen de toda representación, tanto que ni siquiera se están tomando la molestia de ir a votar.

Para representar los intereses de los que siempre salen ganando sobran las figuritas, desde las que ya tuvieron su oportunidad como Macri o Bullrich, hasta las que se vendieron como nuevas y se ajaron con el uso como Milei, o las que vienen con el rótulo de nuevas sin estrenar, como Brito, Galperín o el pastor Gebel.

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miércoles, 15 de abril de 2026

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martes, 14 de abril de 2026

¿QUIÉN LOS VIGILA?

 

Hace poco más de un mes atrás, te contábamos en ésta entrada como en apenas 38 días, Pullaro había invocado tres veces -con variados argumentos- la condición de exclusividad de determinadas empresas para contratarlas en forma directa y sin hacer licitación pública, por contratos que sumaban en conjunto más de 1450 millones de pesos. Pocos días más tarde, repitió la maniobra para la "actualización" del Museo del Deporte, en otro contrato que sumaba 1002 millones. 

Claro que hacer licitación pública tampoco es la panacea, sobre todo si hablamos de las "licitaciones aceleradas" que permitía la Ley 14237 de emergencia en seguridad, que estuvo en vigencia hasta diciembre del año pasado; y en cuyo marco se contrató "...la provisión, instalación y puesta en marcha de una nueva arquitectura de videovigilancia pública, nuevas cámaras de seguridad y nuevos tendidos de fibra óptica con la contratación de servicios de mantenimiento, readecuación de la nueva sala de datos y de servicios conexos, a partir de la necesidad de evolucionar y ampliar el actual Sistema Provincial de Videovigilancia hacia una arquitectura interoperable con una plataforma única, incorporando Inteligencia Artificial;...".

La contratación fue adjudicada por el Decreto 706 firmado por Pullaro el pasado viernes 10 a la empresa NEC Argentina S.A. por un monto superior a los 32 millones de dólares, o lo que es lo mismo unos 44.808 millones de pesos. La empresa fue la única oferente en la licitación.

Algo que no solo sucedió en relación a esa misma empresa, en esta oportunidad: es una vieja conocida de los santafesinos porque en las mismas condiciones -única oferente en una licitación armada a su medida- fue adjudicataria de contratos para la instalación de cámaras y sistemas de video vigilancia en 2012, 2013 y 2015 (con el gobierno de Bonfatti)


Y ya en el gobierno de Pullaro, en diciembre del 2024 y basándose en esos antecedentes (las licitaciones que ganó con Bonfatti siendo la única oferente en todos los casos), se la contrató en forma directa (sin licitación) para la instalación de 120 puntos de monitoreo en la ciudad de Rosario, por más de 3 millones de dólares. El mismo día (el viernes pasado) Pullaro firmó otro decreto (el 697), por el cual con el mismo argumento que en su momento favoreció a NEC para contratarla en forma directa ("ya estaban desde antes, mejor que sigan ellos"), adjudicó a favor de la de la firma OCP TECH S.A., "...la prestación de un Servicio de Mantenimiento Correctivo, Preventivo y Evolutivo del Ecosistema “TIMBÓ” para la Provincia de Santa Fe,..." por 3 millones de dólares (unos 4000 millones de pesos, aproximadamente)  

Decíamos antes que la nueva "licitación acelerada" se basó en la ley de emergencia en seguridad, que permitía apelar a ese procedimiento que permite reducir el plazo que media entre la publicación de la licitación y la puesta a la venta de los pliegos, y la fecha de apertura de las ofertas. Con el argumento de la celeridad, lo que sucede es que las empresas tienen menos tiempo para armar sus propuestas, a menos que se trate de una empresa (como NEC) que sabe de lo que se trata, y lo pueda hacer.

Cuando en diciembre del año pasado se estaba por vencer la emergencia en seguridad, el gobierno de Pullaro anunció que no la iba a renovar en lo que refiere a los procedimientos excepcionales de contratación, porque ya estaban en condiciones de planificar con más tiempo: así lo señaló el ministro Cococcioni en su visita a la Cámara de Diputados: "...el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, anticipó el pasado miércoles a una comisión de la Cámara de Diputados que el objetivo es no tener más las facultades especiales para compras y licitaciones y solo mantener el capítulo relativo a recursos humanos.".

Sin embargo, pasaron cosas: la emergencia se vencía el 16 de diciembre, y seis (6) días antes, el 10, el gobierno de Pullaro llamó a una "licitación acelerada" (con plazos más abreviados que una normal) para adjudicar un contrato que, como dijimos, supera los 32 millones de dólares, unos 44.808 millones de pesos. Esa licitación es la que el gobernador terminó adjudicando a NEC Argentina S.A. por el Decreto 706 del viernes pasado. 

Y pese a que hacer uso de ese procedimiento supone que la cuestión es de extrema urgencia, la única oferta presentada (la de NEC) se abrió el 14 de enero de éste año (cuando la emergencia en seguridad ya no estaba vigente), y se tomaron casi tres meses (hasta el viernes pasado) para resolver adjudicársela: evidentemente ya no era tan urgente el contrato, o pesaron otras razones para no hacer una licitación normal. NEC Argentina S.A. (desde hace muchos años) nos viene vigilando a los santafesinos. La pregunta es ¿Quién vigila a los que la contratan? Tuits relacionados: 

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