LA FRASE

"NO TENGO NADA QUE VER CON LA IMPORTACIÓN DE LOS PELUCHES DE LA MASCOTA DE LAS OLIMPÍADAS JUVENILES, CUALQUIERA QUE ME CONNOZCA SABE QUE NO LE PONDRÍA DE NOMBRE "QUIERO VERGUITA" A UNA EMPRESA." (FEDERICO ANDAHAZI)

viernes, 19 de octubre de 2018

EL DILEMA DE REUTEMANN


La Sociedad Rural de Santa Fe cuestionó duramente las intenciones de seguir incrementando la presión fiscal sobre el sector (¿por qué “seguir”, cuando empezaron?) y ofreció “poner números sobre la mesa” (eso, números y comprobantes de pago de impuestos, cargas sociales, etc. Ah, no, pará...) para demostrar que un amplio espectro de productores (tamberos, ganaderos, agricultores) y sus familias “están insertas sin dudas en las clases medias y bajas de nuestra sociedad”, (Seguro, pero no precisamente los que ellos representan) mientras “la clase política argentina, salvo honrosas excepciones goza de privilegios propios de las clases altas”.(Ah, o sea que los privilegios están reservados solo a las clases altas, como una derecho natural. Más claro no se podía decir)

El parte lleva por título una pregunta retórica: “Y si en lugar de aumentar la presión tributaria a la Producción Agropecuaria, probamos reduciendo el gasto desmedido del Estado y la clase política?”. (¿Y si probamos pagando impuestos para poder hablar con propiedad de “presión tributaria”? Igual, esas ideas suenan muy parecidas a las que aplicaron Alzogaray, Krieger Vassena, Martínez de Hoz, Caballo y ahora Macri, siempre con la venia...de la Sociedad Rural, y los resultados conocidos) En el texto se cuestionan especialmente los dichos del gobernador jujeño Gerardo Morales y el “ex funcionario kirchnerista” Sergio Massa, sobre la conveniencia de subir impuestos al agro, (Ah, que alivio, por un momento pensamos que cuestionaban la prisión de Milagro Sala. Pará un cachito: ¿cuestionan que un tipo diga que hay que aumentarles impuestos, no que efectivamente se los hayan aumentado?) así como también la intención del gobierno nacional de obtener en el Congreso el aval para elevar hasta el 33% el impuesto a las exportaciones cuando se considere necesario.(Otra vez: se están quejando de que les podrían llegar a cobrar un impuesto. ¿Qué queda para los que ya los venimos pagando?)

En ese contexto, el presidente de la entidad, Ricardo Argenti, declaró esta mañana a la emisora LT9 que observan con preocupación que “el empleo público es apetecible” para el común de la población, (Obvio, es en blanco, con aporte jubilatorio y obra social, y estabilidad. Todas características desconocidas para el agrogarca promedio) por ejemplo frente al riesgo y la escasa rentabilidad que ofrece la actividad privada. (Tomá un pañuelo. O mejor, secáte con un dólar o una LEBAC, y aguantá que arrancamos con una encuesta “Más por Menos” para ustedes) Incluso afirmó que muchos productores preferirían garantizarse un ingreso por esa vía: (Obvio, sin ir más lejos fue lo que hizo Reutemann, ponéle: ser gobernador para no aumentar el Inmobiliario Rural, ser senador para votar en contra de las retenciones y además juntar aportes jubilatorios, cosa que en el campo, imposible) “vamos a la pequeña economía; a lo que un pequeño ganadero, tambero o agricultor se lleva a su casa para sus gastos familiares (Un litro de leche, un poco de puchero, algunas papas, para poner en la olla, y algunos canutos de soja para poner en el silobolsa) y ahí te vas a dar cuenta por qué todos quieren terminar siendo empleados públicos; porque la gente no es zonza”.(Claro, por eso votó a Macri, que la única promesa que cumplió fue eliminar algunas retenciones, y bajar otras. Pero “asfixiante presión tributaria” y coso)

Tal afirmación surgió al evaluar la consideración que el agro tiene en el imaginario colectivo, caracterizado por la creencia de que el sector se compone casi exclusivamente de terratenientes que obtienen altas rentas sin mayores inversiones ni riesgo.(Pero no, quien te dijo, si en el 2008 estaba lleno de autos con la calco “Somos el campo” en la luneta, y había gente sin una maceta de tierra en el balcón que iba a los piquetes para apoyarlos. ¿Vos decís que esa percepción social ha cambiado?)

(Las negritas son nuestras, el original acá)

ESTACIÓN PRESUPUESTO


Abundan por estos días las apelaciones y convocatorias a la unidad del peronismo, como parte esencial de una unidad opositora más amplia. No es del caso discutir acá si son sinceras o no, o si vienen con el cuchillo bajo el poncho de excluir a uno u otra (u otra), o cuáles son los límites: el dato es que todos -en apariencia y en teoría- dicen estar buscándola, y trabajando para eso.

No es cuestión tampoco de andar fijándose en que acto estuvo cada uno y con quien, o quiénes figuraban o no en alguna foto, de algún acto de los varios que hubo para celebrar el Día de la lealtad: se podrían decir muchas cosas al respecto, pero hay ciertamente cuestiones más acuciantes por delante.

Como por ejemplo vertebrar un amplio frente opositor para enfrentar con chances de éxito al nuevo experimento neoliberal que está gobernando el país, con los resultados conocidos. Al fin y al cabo, ese es el propósito que invocan todos los que llaman a la unidad de la oposición: ganarles a Macri y a “Cambiemos” en las elecciones del año que viene, sobreentendido que para darle al país otro rumbo, en lo político, económico y social. O por lo menos eso se supone.

También por estos días y en ese mismo contexto de llamados a la unidad opositora, se han multiplicado las declaraciones en los medios y redes sociales de los referentes de la denominada “oposición responsable” (Massa, Bossio) tomando distancia del macrismo y cuestionando sus políticas, al menos en términos generales.

Claro que no basta con un par de tuits o declaraciones a un medio para que lo que se diga tenga visos de credibilidad, sobre todo considerando la conducta precedente de quien dice cada cosa. Sin embargo, otra vez, hagamos abstracción de eso y supongamos por un momento que recapacitaron (alguno diría “hicieron autocrítica”, de un particular modo), y ahora están dispuestos a adoptar posiciones más confrontativas con el gobierno. Si así fuera, tienen a la vista en breve una oportunidad de demostrarlo, en la discusión del presupuesto nacional que está en el Congreso, y que en el transcurso de éste mes debería ser tratado en Diputados.

Un presupuesto que tiene tantas razones para no votarlo, como artículos tiene su texto; aun depurando algunos (como se está negociando por estas horas) que parecen puestos allí precisamente como moneda de cambio para ser sacrificados en una presunta concesión del gobierno a la “oposición razonable”, con el fin de obtener su aprobación para lo que realmente importa; que es el mega-ajuste pactado con el FMI, para poder generar los excedentes necesarios para pagar los servicios de la deuda, despejar los fantasmas del default y poder reiniciar el circuito del endeudamiento en los mercados de capitales.

No es ocioso recordar que el acuerdo con el Fondo que sirve de preludio y molde al presupuesto enviado por Macri al Congreso fue concluido excluyendo el debate legislativo exigible constitucionalmente (hay aun en trámite una causa judicial al respecto), y que el texto de su modificación aun no pendiente de aprobación por el directorio del FMI permanece secreto; y nadie en consecuencia conoce sus cláusulas, ni los compromisos que a través de él asumió el gobierno de “Cambiemos” en nombre del Estado argentino.

Como esos mismos referentes opositores del massismo y del “peronismo alternativo” que se prodigan por estos días en declaraciones de tono crítico para con el gobierno advierten, una y otra vez, que el presupuesto enviado por Macri al Congreso “así como está no sale”, mientras negocian modificaciones al texto, es necesario hacer alguna precisión al respecto.

Aunque se le podaran al presupuesto algunas de sus cláusulas más irritativas (como el nuevo manotazo al Banco Nación, la autorización al Ejecutivo para un nuevo megacanje de deuda o los recortes a las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares en la Patagonia), aun subsistirían sus fallas de origen (es decir, el haber sido concebido a partir del acuerdo con el FMI), y lo central de todo presupuesto: la distribución de los gastos y el cálculo de los recursos que plantea.

Es decir, aunque el gobierno cediera en otras cuestiones, seguirían firmes las podas brutales en las partidas de educación, salud, desarrollo social, pensiones por discapacidad y las universidades nacionales o los institutos de investigación, las mermas en la obra pública financiada por el Estado nacional y las transferencias con el mismo objeto a las provincias, la desaparición del fondo sojero, la licuación del incentivo docente o la supresión del programa de compensación salarial a las provincias, como consecuencia de la eliminación de la paritaria nacional docente.

Al mismo tiempo, seguirían estando allí el incremento sideral de las partidas tendientes al pago de los servicios de la deuda y las autorizaciones para tomar nuevo endeudamiento, o los subsidios a las petroleras mientras se recortan los destinados a sostener el precio del boleto de colectivo urbano o interurbano, y se les traslada la responsabilidad de solventarlos a las provincias o municipalidades. Es decir, un presupuesto con claros ganadores y perdedores, que no son otros que los mismos que han venido ocupando cada una de ambas categorías en estos tres años de macrismo.

Un presupuesto que se ejecutará durante todo el año en el que los argentinos dirimirán quien los gobierna después de Macri en elecciones, y cuyas proyecciones a futuro (en especial por el endeudamiento) impactarán sobre el gobierno que surja de ellas. Y contra el cual los sectores más combativos del sindicalismo están organizando una marcha, para el día en que se discuta en Diputados. 

La cuestión entonces no es tanto hacer discursos opositores en las redes y los medios, o apelaciones abstractas a la unidad opositora, sino poner en acto esa unidad, y esa actitud opositora.; y para eso no se nos ocurre mejor alternativa a la mano y en lo inmediato, que rechazar el presupuesto enviado por el gobierno al Congreso, de un modo claro y contundente: el camino hacia esa declamada unidad opositora tiene allí una estación insoslayable, que exige definiciones claras.

Porque si lo terminan votando o facilitando su aprobación con oportunas ausencias u oposiciones, estarán demostrando que siguen en más de lo mismo: hacer que son opositores teóricos, mientras en los hechos son oficialistas prácticos. Y en ese caso habrá que discutir a fondo de que hablan cuando hablan de unidad, y para que.

jueves, 18 de octubre de 2018

¿"CAMPAÑA DEL MIEDO" TE SUENA, MIGUEL?


¿O querés que te mandemos el video del balotaje, para empezar, ponéle? 

ESA ERA LA IDEA


En noviembre del año pasado te contábamos acá sobre el proceso de privatizaciones en el área energética encarado por el gobierno de Macri, a partir del Decreto 882 por el cual se "auto autorizó" a sí mismo a desprenderse de centrales termoeléctricas construidas durante los gobiernos kirchneristas, y las acciones en Transener, la transportadora de electricidad más importante del país.

Al respecto, leemos en El Cronista que desde que el gobierno anunciara la decisión de vender sus acciones en la empresa, estas perdieron más de un 50 % de su valor en dólares, como consecuencia de la corrida cambiaria, un proceso común a las principales empresas argentinas que cotizan en la bolsa, como veíamos acá.

Empresas en las que -también lo hemos dicho antes- el Estado tiene participación a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES: en el caso de Transener alcanza al 19,57 % de las acciones Clase B, como podemos ver acá en el portal de la empresa.

Además, por supuesto, de las acciones cuya venta autorizó el citado Decreto 882/17 firmado por Macri y Aranguren, y que corresponden a Citelec, la controlante de Transener que comparten Integración Energética Argentina S.A. (IESA), la empresa creada por el gobierno de Macri para suceder a ENARSA.

Recordemos también que las acciones que tiene el Fondo de ANSES en empresas privadas estaban protegidas por la Ley 27.181 que hizo sancionar Cristina al final de su segundo mandato, para evitar que fueran privatizadas (vendidas) sin autorización especial del Congreso, con el voto de los dos tercios de los miembros de cada Cámara.

Esa prudente disposición, como es sabido, fue barrida en el 2016 por la Ley 27.260 que aprobó el blanqueo de capitales y de paso, le dejó al gobierno de Macri las manos libres para desprenderse de las acciones del Estado en empresas privadas; ley que contó con el aval del Frente Renovador massista y el “peronismo federal” de Bossio, Pichetto y los gobernadores.

Lo cierto es que con esa ley, más el decreto dictado 882 dictado a posteriori (que manda a vender centrales eléctricas construidas por el Estado durante el kirchnerismo) el gobierno de Macri retornaba de lleno a la política de privatizaciones del menemismo, al mismo tiempo que en algunos sectores de la economía (como la energía) fijaba nuevas reglas de juego que hacen que sea muy lucrativo controlar esas empresas, como la dolarización de las tarifas: un negocio del que explícitamente quieren dejar afuera al Estado, para que lo aprovechen los privados.

Así por ejemplo quieren obligar a YPF a desprenderse del 70 % de Metrogas (distribuidora de gas natural en el AMBA) por ser incompatible la condición de productora de gas con la de distribuidora del mismo fluido, cosa que no hacen contra empresas en la misma condición, como Pampa Energía (dueña junto a IESA de Transener), Tecpetrol (la petrolera del Grupo Techint) o CGC (Compañía General de Combustibles, la petrolera de Corporación América, el grupo Eurnekián).

Es decir: el Estado crea las reglas de juego para que los privados hagan negocios, pero se autoexcluye de los beneficios, cargando solamente con los costos que él mismo ha creado; como acaba de pasar con la asunción por su parte (es decir, por todos nosotros) de la compensación a las distribuidoras de gas por la devaluación, aunque muchas de ellas igual obtuvieron ganancias siderales, algunas se cubrieron de la variación del tipo de cambio comprando contratos de dólar futuro y ninguna justificó haber pagado los precios del gas que harían viable esa compensación.

Va de suyo que un accionista (en éste caso el Estado) que asume explícitamente una posición vendedora de sus tenencias (primero con la ley que derogó el “cepo” de Cristina a las privatizaciones, luego con el decreto 882) lo primero que logra es que esas acciones pierdan valor: nadie va a comprar caro hoy, lo que puede conseguir barato mañana.

Y si a eso le sumamos el efecto de la devaluación, tenemos el resultado que describe la nota de El Cronista: una caída vertical del precio de las acciones, medido en moneda dura, y por ende una excelente oportunidad para que inversores con espaldas (incluso los propios socios mayoritarios del Estado bobo) compren esas acciones baratas. O mejor aun: para que las compren inversores extranjeros, con los dólares en la mano.

Si no lo hacen ahora en el caso de Transener es porque no está el horno para bollos con el escándalo que se armó con la compensación a las gasíferas, pero seguramente esperarán a que se disipe un poco la polvareda; porque esa fue la idea desde un principio: el desguace del Estado a precios de remate, como en los 90’.

ESCENAS DE MACRISMO EXPLÍCITO


Ubiquémonos un poco en el contexto: ayer era el Día de la Lealtad, cuando se conmemora la aparición de los trabajadores como sujeto político en la historia argentina, reclamando por su dignidad y sus derechos. 

Ayer también, fue el día después de que el juez Carzoglio denegara el pedido de prisión para Pablo Moyano con un fallo contundente que deja a las claras que se trata de un caso de persecución política contra un dirigente sindical opositor; y denunciara apretadas de los medios y operaciones del gobierno en su contra, para que lo encane.

En la Patagonia, acaso la región más castigada por las políticas de su gobierno desde que asumió: eliminación del reintegro a las exportaciones desde sus puertos, retracción del plan de inversiones de YPF para concentrarse en Vaca Muerta, intento de podar los valores diferenciales de las asignaciones familiares, paralización de obras claves de infraestructura que además generan empleo como las represas de Santa Cruz, abandono a su suerte del polo carbonífero de Río Turbio, nuevo intento en el proyecto de presupuesto de podar los valores adicionales en jubilaciones y asignaciones familiares, recortes a los subsidios en las tarifas del gas y de la luz, en la región en la que los consumos de ambos servicios (en especial el gas) son más inelásticos. 

Por no mencionar que es el lugar en el que desapareció para aparecer muerto Santiago Maldonado y fue fusilado por la espalda Rafael Nahuel, en ambos casos por responsabilidad directa de fuerzas federales de seguridad.

El lugar elegido fue un parque eólico en Chubut, el mismo lugar y la misma actividad por la que aun hoy hay una causa en la justicia que investiga los negocios familiares del clan Macri, con un pasamanos de comprar y vender sin aportar nada, por el que se embolsaron varios millones de dólares.

Y en la semana en la que tuvo que dar marcha atrás con el intento de cargar sobre las espaldas de los usuarios de gas la compensación a las distribuidoras por los presuntos perjuicios (no demostrados) que les ocasionó la devaluación, para pasar a ponerlos sobre los hombros de todos los contribuyentes, y así ratificar la dolarización de los precios del gas en boca de pozo, para garantizarles la rentabilidad extraordinaria a las petroleras, sin ninguna relación directa con sus costos de producción.

La misma semana en la que se firmó una adenda adicional al convenio de flexibilización laboral de los petroleros y la UOCRA en Vaca Muerta, en el que virtualmente se suprime el derecho de huelga para -como dijo él mismo ayer- "bajar los costos logísticos de la producción".

Ayer, el mismo día en el que se conoció la inflación de septiembre que, aun groseramente toqueteada por el INDEC, fue la más alta de todo su gobierno; conocida pocas horas después de que supiéramos que en el segundo semestre del año (es decir, cuando la corrida cambiaria apenas arrancaba) los trabajadores perdieron en solo tres meses más de 3 puntos de participación en la distribución del PBI.

Ese día, en ese contexto, en ese lugar, el tipo te dice con todas las letras que nadie puede pretender cobrar por su trabajo más de lo que vale, el mismo tipo que días antes dijo que a la energía "hay que pagarla por lo que vale", sin que acierte a explicarnos quien determina cuanto vale cada cosa.

Y ayer también nos propuso seguir por el mismo camino (es decir, el del recorte de salarios y derechos) para poder exportar esa energía y que ganen los que la exportan, en lugar de hacerla accesible para los argentinos, para que la disfrutemos acá.

Macri se privó, como dijimos, de precisar quien determina según él lo que vale el trabajo, pero nos podemos dar una idea: no es el esfuerzo del trabajador, tampoco la capacidad de presión de su sindicato, ni el valor de la riqueza que ese trabajo crea. De eso solo se acuerdan cuando los trabajadores hacen paro.

El trabajo para Macri vale lo que representa el margen esperado de rentabilidad del capital, en cuyo sagrado nombre se han instaurado dictaduras asesinas en éste país, cuando fue amenazado; o el margen tolerable para ese mismo capital, de reparto de las migajas de la riqueza que ese trabajo crea, con su esfuerzo.

Y al mismo tiempo que dejaba en claro eso, anunciaba que el empleo seguirá bajando, es decir que más trabajadores perderán sus trabajos, pero sin vincularlo -claro está- a las políticas de su gobierno. A menos que se entienda la apelación que acto seguido hizo a aceptar cobrar menos salarios, para mantener el empleo, porque eso fue lo que en definitivas dijo: ahí podríamos estar de acuerdo en que el alto desempleo es inducido, para rebajar los salarios, o moderar las expectativas de reclamos de aumentos. 

Caso contrario, nunca faltarán un fiscal o un juez dispuestos a encanar sindicalistas díscolos; otra amenaza implícita en los dichos del presidente de que nadie debe creerse por encima de la ley (salvo él y su familia, por supuesto, como lo acaba de demostrar archivando las investigaciones administrativas por lo del Correo), omitiendo que fue esa ley, actuada por un juez con agallas, la que decidió que Pablo Moyano no debía estar preso. 

Una vez que se dejan atrás (por vacías) las promesas de regeneración institucional y convocatoria a la unión de los argentinos en medio del festival de revanchismo político y cacería de opositores, si nos olvidamos de los compromisos de devolver credibilidad a las estadísticas públicas (entre el toqueteo grosero de todos los índices, empezando por el de la inflación), pelando las capas de la cebolla, queda la naturaleza profunda, íntima y esencial del régimen que nos gobierna; cuyo programa se reduce en esencia a eso: rebajar el "costo salarial", para incrementar las ganancias del capital.

El resto, que lo cuenten como quieran, que cuenteros les sobran. Tuit relacionado:

miércoles, 17 de octubre de 2018

¿EN QUÉ QUEDAMOS?


¿No era que al país se lo saca adelante trabajando, y que con cada día que no se trabaja el país pierde miles de millones de pesos?


Todos los días se aprende algo nuevo.

UN SOPLO DE DIGNIDAD


La resolución del juez de garantías bonaerense Luis Carzoglio de rechazar el pedido de detención de Pablo Moyano en una causa armada por el gobierno en su contra excede con creces los aspectos jurídicos del caso, y las consideraciones procesales: acá pueden acceder a los fundamentos para darse cuenta que son contundentes para rechazar un pedido insólito, a partir de una investigación direccionada (en las propias palabras del juez) por el fiscal para implicar al dirigente de Camioneros.

En eso lo actuado por el fiscal no difiere en nada del modus operandi habitual de los jueces y fiscales que conforman un grupo de tareas al servicio del poder político, para meter presos a dirigentes políticos, sindicales o sociales que se oponen al gobierno de Mauricio Macri y sus aliados, sean los jueces jujeños que mantienen presa a Milagro Sala, o los de Comodoro Py con Bonadío a la cabeza.

Pruebas inconsistentes, testigos y arrepentidos que se contradicen una y otra vez hasta dar la versión que mejor se acomode a los deseos oficiales, uso abusivo e indiscriminado de la prisión preventiva, violación de las garantías procesales más elementales, recursos que son despachados sin siquiera analizar sus fundamentos: el registro de lo que viene pasando hace tres años en el país, cuando las causas judiciales comprometen a cualquiera que se enfrente al gobierno.

Pero en este caso lo del juez es de una dignidad fuera de lo común, y no solo porque no cedió a las presiones de todo tipo para no meter preso a Pablo Moyano, sino porque denunció con todas las letras, con nombres y apellidos, a la mafia que opera sobre los tribunales para hacer una operación de depuración política, disfrazada de justicia: el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, que filtra información a los medios para que hagan su tarea de linchamiento mediático tendiente a disciplinar a los jueces y fiscales díscolos, los periodistas a sobre de la pauta y de la AFI (Majul, Lanata, Ventura, Feinmann) y por supuesto los propios medios hegemónicos, con Clarín y La Nación a la cabeza. Para que a nadie le queden dudas, ni se llame a engaño.

Apuntar con nombre y apellidos a esos reponsables, cuando esos mismos medios están promoviendo a María Eugenia Vidal como el recambio para un desgastado Macri de cara a las elecciones presidenciales del año que viene. La misma Vidal que logró hace poco la destitución del juez Arias, otro magistrado digno, porque osó fallar en contra de los tarifazos, y el mismo procurador Conte Grand que está pidiendo lo mismo para Carzoglio, por si quedaran dudas de que son una mafia.

En las horas previas a que Carzolgio diera a conocer su resolución, los cacatúas jurídicos alineados con el gobierno, como Sabsay, se apresuraron a señalar que los aprietes mafiosos contra el juez provenían de los Moyano y del sindicato de Camioneros, porque claro, cumplían con todos los requisitos que caben en sus perjuicios: negros, sindicalistas y peronistas. Solo de gente así se pueden esperar aprietes, al parecer.

Pero no, los tiros vinieron de otro lado, y no se puede decir que sorprenda: lo que dijo Carzoglio es conocido por muchos que trasegan los pasillos de los tribunales, en muchos otros casos, con la misma metodología. Pero no todos tuvieron sus cojones para denunciarlo, y administrar justicia según sus convicciones.

Sirva entonces no solo para reivindicar a quien reivindicó su función, sino para que todos entiendan como funcionan realmente las cosas en este estado de excepción con barniz democrático cada día más delgado que se vive en el país, y nadie pueda hacerse después el distraído, o el sorprendido.