LA FRASE

"AHORA QUE VOY A TENER MÁS TIEMPO LIBRE PARA ESCRIBIR NO SE ME ESCAPA EL PREMIO NOBEL DE ECONOMÍA." (DAMIEN REIDEL)

martes, 10 de febrero de 2026

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lunes, 9 de febrero de 2026

¿QUÉ PROTESTAS?

 

Entre el miércoles y el jueves de la semana pasada se produjeron protestas policiales en Rosario y otras localidades de la provincia, en demanda de mejores salariales y de condiciones de trabajo. El detonante fue el suicidio de un policía en la misma Jefatura de la ciudad del sur, donde además funciona la delegación del gobierno provincial y el gobernador Pullaro tiene su despacho cuando está allí.

Caravanas de patrulleros, cerco a la delegación, protestas de familiares: todo sucedió mientras los principales medios de comunicación de la provincia (abundantemente regados con pauta oficial) no se dignaban a registrar los sucesos, ni siquiera para reflejar la versión oficial de los hechos: cero, nada.

Hasta que el gobierno -presionado por los acontecimientos y a la zaga de los mismos- cedió a los reclamos anunciando una serie de mejoras en los sueldos y adicionales que perciben algunos sectores de la policía, en especial los vinculados a tareas de calle. Medidas que entonces sí y al unísono, se apuraron a replicar y difundir los mismos medios que habían silenciado escrupulosamente los hechos que le diern origen. 

Y medida que son solo anuncios por ahora, porque hasta el momento de subir estas líneas no estaban firmados ni publicados los decretos de Pullaro que deben necesariamente instrumentarlas, lo cual comprueba lo que es bastante evidente: las decisiones adoptadas no estaban en el plan del gobierno, que se vio forzado a resolverlas de apuro con las protestas policiales amagando con crecer en toda la provincia, para tratar de apagar el incendio.  

El episodio le marcó a Pullaro y su gobierno -por las malas- los límites que tiene el bukelismo manodurista basado en sueldos de hambre para sus ejecutores concretos en la calle, mientras se invierten fortunas en cárceles para "presos de alto perfil" y tecnologías para combatir el delito cuya eficacia aun está por verse, lo que hace preguntarse hasta que punto no se trata solo de negocios oscuros con fondos públicos.

Y la forma en la que el gobierno provincial salió del entuerto (al menos por ahora) marca también un camino para los demás sectores de trabajadores estatales y sus sindicatos, que se aprestan a discutir salarios y condiciones de trabajo en paritarias: el de Pullaro es un gobierno que responde más al apriete, que a la negociación. Claro que los maestros, médicos, enfermeros y demás empleados públicos no tienen fierros otorgados por el Estado, para apoyar sus pretensiones; pero el dato es que Pullaro avanza, hasta que algo o alguien lo hace retroceder. 

El otro dato relevante de la protesta policial es el burdo intento de Pullaro y su gobierno por imponer el total dominio del relato público en la provincia, y la censura paga a los grandes medios, que reciben toneladas de pauta oficial (este año el presupuesto asigna más de 42.419 millones de pesos a ese fin) no tanto para difundir las medidas del gobierno o  comentarios elogiosos a su gestión (que sin dudas lo hacen, como se puede comprobar a diario), como para callar y ocultar lo que al gobierno no le conviene, o no quiere que se sepa. Por eso al oír, ver o leer medios en Santa Fe hay que pensar en lo que nos están contando, pero más en lo que nos quieren ocultar. 

En la misma semana se produjo la performance de Milei en San Lorenzo con el sable de San Martín, de la que Pullaro terminó siendo involuntario protagonista, pero habrá que decir que tampoco se lo vio tan a disgusto. Al mismo tiempo que el gobernador y el presidente se prodigaban abrazos en el histórico campo en el que combatieron los granaderos del Libertador, los trolls oficialistas hacían blanco en Pullaro (y Milei los replicaba) por no haber traído al país los dólares del abultado préstamo que contrajo en los mercados de capitales de EEUU para -en teoría- hacer obras públicas.

Y pocas horas antes Caputo (en el colmo del caradurismo) lo acusaba de haber especulado como un mesadinerista con esos fondos, con una apuesta fallida a la devaluación que nos hizo perder a los santafesinos 120.000 millones de pesos, claro que omitió contextualizar diciendo que fue por la política de apreciación cambiaria y carry trade de su propia gestión. 

Esta semana que inicia se debatirá en el Senado de la Nación la reforma laboral impulsada por Milei, y salvo algún improbable cambio de último momentobado lo que viene en el Congreso, todo indica que los dos senadores de Pullaro (Galaretto y Losada) la votarán a favor, aunque después el gobernador que quiere sacar chapa de independiente frente al gobierno central y líder con proyección nacional, diga (como lo ha hecho antes) que se manejan solos y él no los controla.

Son los riesgos de terminar convirtiéndose en un personaje diseñado por los guiones de los gurúes de la comunicación política, y ser al mismo tiempo prisionero de un electorado cautivo (que se va reduciendo) que le exige a veces distanciarse de Milei, pero siempre mantenerse lejos y en la vereda de enfrente del peronismo, en especial en su versión kirchnerista. Sin importar que hacerlo (como le viene sucediendo) le dificulte la gestión, y perjudique a sus gobernados, los santafesinos.

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domingo, 8 de febrero de 2026

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sábado, 7 de febrero de 2026

ACÁ NO HA PASADO NADA

 

Sobre la tarde/noche del jueves y mientras todavía resonaban los ecos de la salida de Lavagna y la intervención del INDEC, y la decisión de Milei de trasladar el sable de San Martín del Museo Histórico Nacional a Granaderos, se publicó en una separata del Boletín Oficial el Decreto 87 (completo acá), por el cual Milei deroga el Decreto 239/21 de Alberto, que encomendaba a la Procuración del Tesoro de la Nación constituirse como parte querellante en la causa en la que se investigaba el mega-préstamo del FMI contraído por Macri en 2018.

La medida fue aconsejada por el "Chino" Zanini cuando estaba a cargo de la Procuración, y al respecto decíamos en su momento en ésta entrada que "...se denuncia al gobierno anterior por las irregularidades en la concertación del préstamo, se tratará de que los que lo contrataron paguen de su bolsillo el perjuicio causado al Estado argentino (en ambos casos, con resultado vidrioso, atento el estado actual de la justicia), pero se pagará la deuda, en condiciones aun no definidas.". 

La decisión fue una mínima concesión de Alberto y Guzmán al kirchnerismo, del cual muchos sectores cuestionaban que el préstamo se haya pagado a libro cerrado sin cuestionar su origen, y convirtiendo la renegociación con el Fondo en asunto de primera prioridad de la política económica: recordemos que por entonces el presidente y su ministro de Economía nos querían convencer que el FMI se había vuelto bueno, y que Kristalina Georgieva comprendía el problema de la pobreza porque lo había padecido de chica.

En posteo se detallaban todas las irregularidades cometidas por el gobierno de Macri para gestionar el préstamo, violando expresas y precisas disposiciones de la Ley 24156 de Administración Financiera, y de la Constitución Nacional; como asimismo por el propio staff del FMI, violando su propia Carta Orgánica al permitir -por ejemplo- que una ayuda financiera del organismo se destinara a financiar la fuga de capitales. 

Con el tiempo lo mismo dijeron los propios estamentos técnicos internos del Fondo (corridos de opinar algunos de ellos por la presión política del gobierno de Trump para otorgar el préstamo a un aliado regional clave, según confesó después Claver Carone), y en idéntico sentido opinaron la SIGEN, la Auditoría General de la Nación y el Banco Central: un auténtico bochorno que le costó al país 45.000 millones de dólares de deuda (originariamente era por 57.000 pero Alberto desistió de utilizar el último tramo), que aun hoy está pagando.

En la causa judicial quedaron imputados Macri, Caputo, Dujovne, Sturzenegger y Sandleris; y después de casi cinco años de no investigar nada, la jueza Capuchetti (la misma que no quiso llegar nunca a fondo en la investigación del intento de asesinato contra Cristina, en busca de sus autores originales), archivó esta semana la causa, por inexistencia de delito y sosteniendo que eran cuestiones de política económica, no enjuiciables en sede penal.

Lo cual es claramente falso porque lo que postulaba el fiscal Piccardi (que apeló el archivo de la causa) eran las irregularidades y vulneraciones de normas legales de expresa aplicación al caso para contraer el préstamo, y allí existieron claramente delitos, además de que el acuerdo fue un desastre en términos económicos, reconocido esto mismo con posterioridad por el propio FMI. Lo que buscaba la querella de la Procuración era que, si mediaba condena penal que encuentre culpables, estos tuvieran que responder civilmente por los daños causados al país por haberlo endeudado en condiciones ilegales.

Esta semana y sin esperar que el fallo de Capuchetti dictado a la medida de Macri y sus secuaces de entonces -que en buena medida son los mismos que de Milei hoy, como Caputo y Sturzenegger- estuviera firme (de hecho no lo está porque el fiscal lo apeló), Milei dispuso retirar a la Procuración de la querella para proteger a miembros de su gabinete de rendir cuentas en la justicia, y renovar la alianza con el PRO en vísperas de votaciones clave en el Congreso.

Y de paso, ambos movimientos (el fallo de la jueza y el decreto presidencial) estuvieron sincronizados al milímetro con la visita al país de los representantes del FMI, que llegaron para supervisar la marcha del nuevo acuerdo firmado por el gobierno de Milei con el organismo, justo en medio de la virtual intervención que decidieron Caputo y Milei en el INDEC, postergando indefinidamente la puesta en marcha del nuevo IPC. 

Es imposible no relacionar ambos conceptos, porque el Fondo debería "perdonarle" al gobierno el moco que se acaba de mandar con el IPC (cuando se había comprometido a poner en marcha el nuevo índice) para garantizarle otro desembolso (porque como en 2018 mandan las exigencias políticas del gobierno de EEUU sobre los acuerdos firmados y su cumplimiento); y si bien la justicia argentina no puede juzgar a sus funcionarios, no se vería bien para ellos que dictamine que en un punto fueron cómplices de un delito. 

El acuerdo de 2018 era tan obviamente ilegal que cuando el propio Milei y Caputo fueron a negociar otro con el FMI, se cuidaron de no repetir el procedimiento de Macri y por lo menos dictaron un DNU a medida, que luego fue ratificado en el Congreso por las exigencias de la ley Guzmán (de "sostenibilidad de la deuda pública"), con la colaboración de la oposición pseudo oficialista. Y eso no va a cambiar por lo que diga Capuchetti, o el destino final de la apelación del fiscal Piccardi, pero si es un antecedente a tener en cuenta en el futuro, cuando nos vuelvan a decir que si el país le debe al FMI, no puede defoltear la deuda y tiene que pagarla religiosamente porque así lo mandan los mismos estatutos que ellos violaron cada vez que quisieron, o lo consideraron necesario.

No hay que dejarlos que se escapen y salgan indemnes como siempre (que es lo que ha venido pasando hasta ahora), porque esa es precisamente la razón por la cual lo vuelven a hacer, una y otra vez. Tuits relacionados:

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viernes, 6 de febrero de 2026

INDICADOR DEL FRACASO

 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) y, en general, los indicadores o estadísticas del INDEC nunca fueron un problema técnico, al menos no exclusivamente, y en ese plano la discusión no debería durar mucho: como se compone la Encuesta Permanente de Hogares de la que se extraen los consumos habituales de las familias, que ponderación tiene cada uno de los elementos considerados, y no mucho más. No parece algo que pueda discutirse por décadas, como pasa en la Argentina.

Y eso es porque ante todo es un problema político, vinculado a algo como la inflación, con lo que los argentinos convivimos hace décadas: era un problema político cuando el kirchnerismo intervino el INDEC en el gobierno de Néstor (ni hablar de en lo que se convirtió después), y cuando Macri inauguró su gobierno con un apagón estadístico de seis meses para intentar ocultar las consecuencias sociales de la mega devaluación y los brutales tarifazos con los que inició su gestión.

Por si hiciera falta más pruebas de que estamos un problema político y no técnico, recordemos que el propio Macri dijo entonces que sólo aceptaría ser juzgado por los indicadores de la pobreza con los que empezó y terminó su mandato, después de haber ejecutado ese acto mágico de desaparición estadística de la mitad del primer año de éste.

Marcos Lavagna -eyectado ahora de su cargo en el INDEC por Milei- no es un héroe, ni mucho menos; como no lo fue Todesca en el gobierno de Macri, cuando primero ejecutó el apagón estadístico funcional a la brutal transferencia de ingresos con que se inició, y luego jugó a que le interesaba garantizar la autonomía del organismos responsable de las estadísticas públicas. 

Lavagna recorrió el mismo camino: pega el portazo porque no lo dejan poner en marcha el nuevo IPC, pero antes aceptó toquetear políticamente casi todos los indicadores, como el estimador de la actividad económica (para no reconocer con todas las letras que la economía entró en recesión), los ingresos de los trabajadores informales (para hacer ver que le ganaron a la inflación), las cifras de evolución del empleo (para ocultar que lo que avanza es la precarización laboral) y el índice de pobreza (manipulación de la que Milei saca sus fantasiosas cifras sobre argentinos que la abandonaron). Y aceptó postergar la puesta en marcha del nuevo IPC hasta después de un año electoral, con Alberto y con éste gobierno.

Para todos los gobiernos los indicadores del INDEC (el IPC y otros similares no son estadísticas en sentido estricto, sino meros indicadores) son -como dijimos- un problema mucho más político que técnico, y el de Milei no es la excepción: lo que pasó no es tanto que la inflación estaba mal medida, sino que la política económica diseñada y ejecutada con el casi exclusivo propósito de disminuirla -sin importar los costos- fracasó estrepitosamente.

La saga del IPC y la salida de Lavagna son así otros datos más que vienen a confirmar el fracaso absoluto de la teoría monetarista de la secta austríaca de la cual Milei es devoto para explicar las causas de la inflación, y peor aun, para contenerla. Y el daño que las políticas desplegadas  a ese fin (sin éxito hasta acá) causaron a los sectores de ingresos fijos (asalariados, jubilados), aun medido por el índice cuestionado, es grande; y todo indica que si se lo revisa a la luz del nuevo indicador, es mayor: la certificación en números del fracaso social del experimento libertario. De hecho, el gobierno de Milei le puso un cepo a las paritarias no validando aumentos salariales por encima del IPC (trucho), y la mayoría terminaron cerrando por debajo de es marca dibujada por Lavagna.

Indicadores al margen y más allá de quien esté a cargo de su elaboración o cuáles sean las pautas técnicas que se utilicen, lo cierto es que hace siete meses que la inflación sigue subiendo y todo indica que lo va a seguir haciendo, por decisiones del gobierno; como los tarifazos, la quita de subsidios y la nueva política cambiaria de ajustar las bandas de flotación del tipo de cambio a la inflación. Ese es el estricto orden de los sucesos, y no al revés como pretenden el gobierno y los medios del régimen luego de su papelón con el IPC: que todo hasta allí venía bien y la cagaron haciendo ruido con la salida de Lavagna. 

Sin rezagos monetarios de la gestión anterior, sin riesgo kuka, ni electoral: el fracaso en la lucha contra la inflación (principal y casi único objetivo de la política económica) es todo de Milei, el autopercibido experto en hacer crecer la economía con y sin dinero. Y lo es como efecto deseado y buscado de la brutal transferencia de ingresos entre sectores que instrumenta su gobierno, para reconfigurar las relaciones de fuerzas al interior de la sociedad. Objetivo al que la reforma laboral trata de cristalizar para que no pueda ser modificado a largo plazo.

Y si algo deja claro el affaire Lavagna, IPC e INDEC no es tanto que deben revisarse pautas técnicas (algo que nadie discute ya hace tiempo), sino que además de haber perpetrado el crimen, lo que están intentando hacer ahora es borrar sus rastros; de allí que el nuevo indicador entró en el limbo de "se hará cuando lo consideremos conveniente".

Lo que no queda claro es si todo esto (la política económica, sus efectos sociales y el papelón del INDEC) afectará políticamente y en un futuro electoral a Milei y su experimento libertario: hay testimonios a diario de que entre su base social y electoral la adhesión al gobierno no requiere de certezas o argumentos (como aspectos de la gestión que puedan destacarse), sino más bien cuestión de fe. Como creer en los indicadores del INDEC.

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jueves, 5 de febrero de 2026

TWEETS POLÉMICOS

 

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