LA FRASE

"EL GOBIERNO QUIERE DESATAR UNA CAZA DE BRUJAS CONTRA LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO ANTERIOR, COMO SI FUERAN KIRCHNERISTAS." (MARIO NEGRI)

jueves, 4 de marzo de 2021

PASANDO EN LIMPIO

 


Sobre el discurso del presidente el lunes en el Congreso ya se hizo acá el análisis en ésta entrada.  Se dijo entonces que en el discurso "...hubo más definiciones conceptuales, que anuncios concretos de medidas futuras, en lo que al Poder Ejecutivo le toca: en buena medida repartió tareas y responsabilidades en el Congreso y la justicia, más que especificar las que hará en su área de incumbencia.".

A tres días vista del discurso, estamos enredando discutiendo con el macrismo las razones y el destino del mega-endeudamiento contraído con el FMI, la querella prometida no apareció y su destino final es azaroso, en tanto debe discurrir por los tribunales, un territorio reconocido como árido para el gobierno, por el propio presidente en ese mismo discurso. La discusión en la que quedamos encerrados es mucho menos relevante que discutir y definir -por ejemplo- quien va a pagar la deuda que se señala -correctamente- contraída en condiciones irregulares. 

Y la misma oposición que se rasga las vestiduras diciendo que el préstamo del FMI no fue fraudulento ni destinado a financiar la reelección de Macri y la fuga ordenada de capitales golondrinas y locales en el colapso final del macrismo, aportó sus votos para sancionar la "ley de sustentabilidad de la deuda pública" publicada ayer mismo en el Boletín Oficial; cuyos principios rectores se dan de patadas precisamente con ese préstamo que entonces contrajeron y hoy defienden, y con las condiciones en las que lo aprobaron. 

Moraleja: desconfiemos de esos "acuerdos amplios" y "consensos extendidos" cuando hay actores que no están realmente dispuestos a cumplirlos. Menos cuando no son sancionados social o políticamente por ello: hace más de cinco años, en los albores del macrismo y tratando de entender las razones de la derrota en el balotaje del 2015,  decíamos acá que el kirchnerismo nunca había logrado que el grueso de la sociedad entendiera la importancia crucial de que el país se desendeudara, y cortara el círculo vicioso de la deuda. 

De los "controles cruzados" al Poder Judicial que reclamó el presidente al Congreso, que decir. Que se reducirían a una comisión bicameral a la que la propia ministra de Justicia salió de inmediato a bajarle el precio, creyendo que así calma a las almas bellas republicanas indignadas por una supuesta cacerìa de brujas. Con el mismo tono de impotencia política autoinflingida, el ministro de Transporte defiende la peregrina tesis de que el Estado carece de capacidad operativa para dragar por sí la hidrovía, y en consecuencia no le queda más remedio que volver a privatizar esa tarea.

En el discurso del presidente se hizo una mención tangencial a los aumentos de precios de los alimentos, señalando que el gobierno apelaba al diálogo, pero  no renunciaba a ejercer sus facultades legales para encauzar el problema. Hasta acá lo que hubo fue diálogo, y más aumentos. 

No se hizo la más mínima mención -en cambio- a la rebeldía del Grupo Clarín a cumplir con las leyes de la democracia, por ejemplo a la hora de cobrarles a sus clientes las facturas de los servicios que presta a sus clientes a través de sus empresas que operan en el mercado de las TIC's. Lo que sí hubo después -publicada también ayer en el Boletín Oficial-  fue una resolución del ENACOM fijando el régimen de sanciones por infracciones a la Ley 27078, que pueden llegar hasta la pérdida de la licencia. Si bien se lo celebra desde acá, está claro que no puede ser retroactivo, de modo que solo rige hacia el futuro: es como si el Estado le estuviera diciendo a Clarín "por ésta vez se las dejamos pasar, pero ojo con lo que hacen de ahora en adelante".

Finalmente, de la anunciada "despolitización del Consejo de la Magistratura" sabemos que consistiría -a propuesta del "consejo de expertos" convocado por el gobierno para la reforma judicial- en aumentar sus miembros de 13 a 16, reduciendo a 4 los representantes de los poderes políticos elegidos por la voluntad popular. Es decir, aumentando el peso específico y la influencia de las corporaciones judicial, curialesca y académica.

No obstante lo señalado, los anuncios sirvieron para que la oposición hable de tendencias dictatoriales. desbordes autoritarios y tentaciones hegemónicas, por ideas que van en sentido contrario, y están muy lejos de plasmarse en algo concreto. Se corrió así el eje del debate político de los asuntos económicos y sociales, a las vaporosas cuestiones institucionales, muy ajenas a la preocupación del hombre promedio.

Si el gobierno buscó deliberadamente eso con los anuncios del discurso presidencial, implica que no quiere discutir sobre "la víscera más sensible", y eso no puede significar buenas noticias en un año electoral. Por caso, del proyecto "desdolarizador" de las tarifas no tenemos noticias ni detalles, pero sí sabemos que las tarifas serán descongeladas y aumentarán, como los alquileres.

Cuando de un discurso no se siguen hechos concretos, se pueden interpretar muchas cosas. Como por ejemplo que la idea es instalar determinados temas, o seducir a determinados auditorios, a falta de cosas concretas para mostrar. No sea cosa que en el gobierno crean que al voto propio (a ese 48 % que lo acompañó en el 2019) le alcanza con formulaciones discursivas, más si hacen enojar a la vereda opuesta, aunque luego no se llegue a nada. Sería un grave error.

miércoles, 3 de marzo de 2021

TWEETS POLÉMICOS

 

¡BASTA, GILDO!


El último año del segundo mandato de Jorge Obeid (2003-2007), se aprobó la reforma del Código Procesal Penal de la provincia, que fue puesta en marcha en 2007, ya con Hermes Binner y el Frente Progresista en el gobierno. Esa reforma puso en marcha el sistema acusatorio con el Ministerio Púiblico de la Acusación, que nuclea a los fiscales encargados de perseguir judicialmente el delito.

Durante los 12 años de gobiernos del FPCyS, los cargos del MPA fueron "loteados" concienzudamente entre socialistas y radicales, que se repartieron áreas de inluencia: el partido de la rosa en Rosario y la zona sur, y los boinas blancas en Santa Fe y el norte.

Buena parte de los cargos fueron cubiertos por funcionarios políticos de los gobiernos provinciales, que en algunos casos saltaban directo del gabinete del Ejecutivo a cargos en la justicia, en concursos organizados por ellos mismos. Y sus pliegos fueron aprobados por la Legislatura en acuerdo con sectores del PJ (en especial los senadores), y en no pocos casos, en forma tácita, por el mero transcurso del tiempo sin ser tratados por la Asamblea Legislativa.

En ese mismo marco el ex Fiscal de Estado de Binner (Barraguirre) llegó a la Procuración General de la Corte Suprema, y la esposa del presidente de la Corte fue designada Defensora General. Se registraron poquísimos casos de pliegos rechazados o retirados, pese a que hubo muchas impugnaciones, precisamente por las conexiones políticas de los propuestos.

Para instrumentar los concursos que terminaron en esas designaciones, el socialismo modificó once veces la reglamentación de funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que en Santa Fe no tiene rango constitucional ni legal, sino que está creado por decreto. 

En el 2017 radicales (o parte de ellos) y socialistas se pelearon, al irse parte de la UCR a "Cambiemos", pero en una cosa estuvieron de acuerdo, junto con un sector de los senadores del PJ: en modificar la ley del MPA para establecer que seas la Legislatura la que pueda sancionar, suspender y hasta remover a los fiscales. El disparador del acuerdo que hizo que la ley se votara en minutos fue que algunos de ellos investigaban por entonces al gobierno de Lifschitz por los concursos de ascenso policiales y las horas OSPE (adicionales de policía), a Corral por las cooperativas truchas armadas con punteros políticos, y a los senadores por el manejo de la Banelco de los subsidios.

Antes pasaron otras cosas, que en su momento reseñamos acá; como que tuvimos un jefe de policía preso y condenado por vínculos con el narcotráfico, honor que compartirían muchos otros, que condujeron la fuerza policial durante los gobiernos de Binner, Lifschitz y Bonfatti. En ese contexto asumió Omar Perotti en diciembre del 2019, y en su discurso inaugural en la Legislatura señaló que venía a cortar todos los vínculos de la política con el delito.

Meses después, en una causa en la que se investiga una red de juego clandestino, caen presos dos fiscales -designados durante los gobiernos socialistas- y uno de ellos denuncia al senador Traferri (PJ) como implicado en una organización delictiva. Otros fiscales toman la denuncia, y piden al Senado el desafuero del acusado, que el cuerpo -por mayoría, con parte de los votos del PJ y todos los de la UCR porque el socialismo no tiene senadores- rechaza.

Pero hacen más: en estos días -con los votos del mismo sector del PJ y todos los senadores de la UCR aprueban una resolución instando al juez que investiga la causa del juego clandestino a archivarla, porque entienden que así debe ser al haberse rechazado el pedido de desafuero. Es decir, se atribuyen como cuerpo funciones judiciales. Al mismo tiempo crean una "comisión" de vigilancia del trabajo de los fiscales, para que la gente les denuncie irregularidades.

Los fiscales y el MPA rechazan el planteo, y le desconocen autoridad al Senado para juzgarlos, habiendo planteado antes la inconstitucionalidad de la ley que así lo establece. Los senadores que votaron el proyecto dicen que lo hicieron porque no funciona el sistema de auditoría del MPA, que está a cargo de una ex funcionaria de los gobiernos de Binner y Bonfatti, a la que ellos en ese momento y no obstante eso, le dieron el acuerdo. Acusan a los fiscales de protegerse entre ellos, como los senadores, digamos.

Si el 1 % de lo que acabamos de describir pasaba en Formosa, teníamos denuncias en la CIDH, la OEA, la ONU y Amnistía Internacional, éramos tapa de todos los diarios del país, Lanata nos dedicaba una temporada entera del programa y nos visitaban diputados porteños para ver in situ como era una dictadura. 

De más está decir que muchos de los que protagonizaron -y protagonizan- estos hechos bochornosos, por éstas horas se están golpeando el pecho "en defensa de las instituciones de la república", porque el gobierno nacional quiere impulsar cambios en la justicia, o crear una comisión bicameral del Congreso que investigue a los jueces. Tuits relacionados: 

martes, 2 de marzo de 2021

TWEETS POLÉMICOS

 

LA FUERZA DE LOS HECHOS

 


El cambio discursivo del presidente ya se notó en su visita a México, cuando se peleó a la distancia con los medios argentinos y la oposición, señalando sus incoherencias sobre la pandemia y las vacunas. Se profundizó ayer en el Congreso, donde entre otras cosas, volvió a recordarles sus groseras contradicciones.

En el medio, pasaron cosas que pegaron de lleno en la línea de flotación de las creencias de Alberto Fernández sobre que siempre es posible conciliar y consensuar, aun con quienes no quieren hacerlo: desde las exigencias extorsivas de los formadores de precios de los alimentos, hasta los reclamos de los acreedores externos privados con los que se apresuró a cerrar un acuerdo, pasando por la oposición y sus puestas en escena cadavéricas, fueron recortando los márgenes concretos de la ilusión consensual. 

Salvo la pandemia -lo que no es poco-, los temas principales del discurso de Alberto eran conocidos ya el 1º de marzo del año pasado, cuando se dirigió por primera vez al Congreso como presidente. Veamos: 

* Las condiciones ilegales, rayanas en lo delictivo, bajo las cuáles fue otorgado el multimillonario préstamo del FMI a Macri, violando las leyes argentinas y el propio estatuto del Fondo al facilitar los recursos para financiar la fuga de capitales, y sin tener en cuenta la capacidad de repago de la deuda por el país asistido. De hecho, hay denuncias que aun tramitan en la justicia, y otras fueron rápidamente desestimadas.

Si bien es importante que sea el propio Estado argentino el que asuma ahora la querella, no lo es menos que desde hace exactamente un año ese mismo Estado dispone del informe del Banco Central sobre el proceso de fuga de capitales durante el macrismo, sin que el gobierno haya articulado alguna política pública en su consecuencia. Por ejemplo decidir que esa deuda la paguen los que se beneficiaron con ella, que son los mismos de la lista de fugadores; como se prometió en campaña y como lo viene planteando en tono de pregunta, desde que publicó "Sinceramente", Cristina. Los mismos, a su vez, que deberían pagar el "impuesto a las grandes fortunas" y ya están orquestando maniobras para evadirlo, o le pidieron al presidente pagarlo en cómodas, y sin intereses. La coincidencia es casi absoluta, lo que marca a las claras cual es la respuesta a la pregunta de Cristina.

Sin embargo, debe recordarse que el mismo gobierno -en particular el ministro Guzmán- apuraba el cierre de un acuerdo con el FMI a como de lugar, y que lo que el presidente anunció ayer no es una decisión final que esté en sus manos, si no en las de esa misma justicia que, con toda razón, cuestiona. Si la idea de la denuncia es fortalecer la posición negociadora del gobierno frente al FMI, bienvenida, siempre que tengamos en claro que el Fondo es el mismo de siempre, aunque prometa investigarse a sí mismo.

* La situación de emergencia en los servicios públicos privatizados (en especial, todo lo relacionados con la energía: gas y electricidad) ya estaba planteada en la Ley 27541, aprobada apenas Alberto asumió el gobierno. Desde entonces -y antes aun- se sabía que era necesario desdolarizar los precios de la energía y los servicios públicos, y -como pidió Cristina y se prometió en campaña- alinearlos con los salarios y la capacidad adquisitiva de la población.

Un año después, las tarifas quedaron congeladas, pero la "desdolarización" o revisión integral de los contratos no se concretó y ayer el presidente anunció que llevará mucho tiempo. Sin embargo, lo que sí pasó -hace menos de una semana- es que se autorizó un aumento del precio de la energía a los generadores, que se trasladará a las tarifas finales a los usuarios residenciales, comerciales e industriales; y también comenzó el proceso para los aumentos del gas. 

* Sobre la hidrovía y su polémica reprivatización, el presidente se limitó a decir que se creará una "agencia pública" con participación de las provincias para controlar el proceso de transferencia a los privados y el contrato posterior; lo que supone que la idea de una empresa estatal que se encargue del dragado ha sido definitivamente archivada.

* Cuando se le reclama al Congreso que ejerza su rol de control sobre los excesos del Poder Judicial, cabe preguntarse si se le está pidiendo -como hizo Néstor Kirchner en 2004- que inicie el proceso de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema, habida cuenta que el enjuiciamiento y la remoción de los jueces inferiores le corresponde al Consejo de la Magistratura según la Constitución. 

De ser así, bienvenido, pues aunque se diga que "no dan los números" para aprobarlo, el mensaje es poderoso, para los legisladores y para los propios cortesanos; cuidadosos de sus sitiales y los privilegios anexos, más que de sus declaraciones juradas. Habrá que tener espaldas, en tal caso, para aguantarse los vueltos mafiosos a los que nos tienen acostumbrados.

* El presidente, un hombre de derecho como él mismo se define y con 35 años de cátedra universitaria, no necesitaba el consejo de ninguna "comisión de expertos" para saber  que es necesario reformar urgente el mecanismo del recurso extraordinario y el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para recortarle poderes discrecionales a la Corte. 

Que ahora se decida a promoverlo es una admisión implícita de que la cosmética reforma judicial que duerme en el Congreso no resuelve ninguno de los problemas derivados del "lawfare", y la demora de un año en profundizar los cambios implicó que, en uso de esos mismos poderes discrecionales, la Corte ratificara inequidades repugnantes al Estado de derecho, en perjuicio de los presos políticos, como Boudou o Milagro Sala.

* El anuncio sobre la "despolitización" del Consejo de la Magistratura es, cuando mínimo, confuso: sentada nuestra opinión sobre la absoluta inutilidad de ese artificio alfonsinista, si "despolitizarlo" significa debilitar la representación en su seno de los órganos electos por la voluntad popular (el presidente y el Congreso) en beneficio de las corporaciones de abogados y jueces, es una pésima idea.

Como fuere, ayer el presidente dio un discurso, y si bien eso es un hecho, hubo más definiciones conceptuales, que anuncios concretos de medidas futuras, en lo que al Poder Ejecutivo le toca: en buena medida repartió tareas y responsabilidades en el Congreso y la justicia, más que especificar las que hará en su área de incumbencia.

Se celebra el giro en la percepción del panorama político que ese discurso supone, pero así como los hechos precedentes al discurso parecen haber hecho mella en las convicciones íntimas de Alberto Fernández, desde acá esperamos los hechos posteriores que modifiquen la percepción -en algunos convicción- de que siempre va más allá en los anuncios, que en lo que efectivamente está dispuesto a cumplir; ahí están los casos de Vicentín y las retenciones para cimentar la desconfianza, que ojalá sea desmentida: mejor tarde que nunca. Porque como dijo alguien, "mejor que decir es hacer, y mejor que prometer, es realizar".

Tuits relacionados: 

lunes, 1 de marzo de 2021

ESTÉTICA Y DERECHOS

 


Hay un hecho político, importante en Santa Fe: Perotti cumplió su promesa de campaña, y lanzó el boleto educativo gratuito para los estudiantes, docentes y personal escolar de todos los niveles y modalidades de la educación, incluso los universitarios. 

Ese hecho, a su vez, supone poner en acto una política pública concreta, de ampliación de derechos y garantía del acceso a un bien público esencial, como la educación. Si a eso le sumamos que un político con responsabilidades institucionales importantes cumplió su palabra, y lo hizo además en un contexto crítico, con enormes dificultades, se realza la cuestión.

En ese marco y con esos hechos a la vista, la oposición provincial -radicales y socialistas, fundamentalmente- son los mismos que fueron gobierno de Santa Fe durante 12 años, hasta diciembre de 2019; y pese al rótulo autoasignado de "progresistas", nunca siquiera intentaron hacer algo por el estilo. Sea porque no lo creyeron necesario, porque no supieron, no pudieron o no quisieron, lo cierto es que no lo hicieron. Ese es otro hecho político (en éste caso por omisión), que genera consecuencias, y debe ser analizado.

Pues bien, esa oposición (oficialismo provincial durante 12 años y tres gobiernos), frente al hecho concreto del lanzamiento del boleto educativo gratuito optó por criticar el stand de informes del programa que el gobierno puso en la puerta del complejo cultural "El Molino". Así como lo leen: cuando en dos o tres días 70.000 pibes de toda la provincia se inscribieron para acceder al boleto educativo gratuito, a ellos les molesta un quiosco, en el que muchos de esos pibes pueden completar la inscripción, para acceder al beneficio.

Lenguaraces de los medios al servicio del dispositivo opositor como el difamador "Coni" Cherep (ex funcionario del socialismo), legisladores y dirigentes de los partidos opositores, y hasta la Facultad de Arquitectura de la UNL (sí, involucraron institucionalmente a una unidad académica en ésto) se "pronunciaron" contra la presunta "agresión estética" a un "monumento" (?), y cosas por el estilo.  

El episodio trae remembranzas de otros, como cuando a Tecnópolis la bautizaron "Negrópolis", o la señora de Oyuela se horrorizaba porque los trabajadores cansados de caminar refrescaron sus pies en la fuente, aquel 17 de octubre de 1945.

Y la secuencia es siempre la misma: el peronismo amplía derechos y goces, y los gorilas miran si al hacerlo, la pintura no derramó gotas. El dedo y la luna digamos. Custodian la estética armoniosa de la desigualdad, amenazada por las "fealdades" que genera la movilidad social, la conquista de derechos, la igualdad real de oportunidades.

En definitivas, lo que les molesta es eso, y sobre todo, el peronismo. Tuits relacionados: 

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