LA FRASE

"MACRI DICE QUE NOSOTROS LE HICIMOS CREER A LA GENTE QUE LA ENERGÍA ERA GRATIS, PERO SI FUERA CIERTO, NI ASÍ CONSEGUIMOS QUE GASTARA UN POCO TRABAJO." (ANÍBAL FERNÁNDEZ)

sábado, 19 de enero de 2019

CORRAL TAMBIÉN


¿Se acuerdan que un montón de veces les contamos acá con ejemplos como las obras que encara el gobierno provincial terminan costando un montón  más del contrato original, que a su vez supera ampliamente al presupuesto oficial, por "adicionales de obra", "trabajos extracontractuales", "redeterminaciones de precios" y otras yerbas?

Bueno, se ve que a Corral también le pasa, como lo muestra el decreto de apertura de fines del año pasado: casi cinco (5) millones de pesos más en la obra de Avenida Freyre (virtualmente parada) para hacer un par de desagües pluviales (bocas de tormenta, bah); en una obra en la que el presupuesto oficial era de 130 millones de pesos, y solo con estos "adicionales" ya supera los 146 palos.

DICE LIFSCHITZ QUE NO HAY SUBSIDIOS PROVINCIALES AL TRANSPORTE


A partir de las 0 horas de mañana, los que viajen en transporte de un lado a otro de la provincia, o entre dos ciudades de la misma, tendrán que ponerse con casi un 35 % más, porque así lo decidió Lifschitz, como pueden ver en el decreto de apertura.

Decreto en el que el gobernador nos cuenta que:

* El último aumento que había ordenado fue el 30 de octubre del año pasado, o sea que pasaron solo 76 días entre uno y otro: dos meses y medio, y ahora otorga otro, del 34,9 %: si las cuentas no nos dan mal, eso supone una "inflación de las empresas de transporte" del 167,61 % anual. Somos Venezuela.

* Las empresas concesionarias piden un aumento del 34,9 % y el estudio de revisión de costos del gobierno provincial les da un aumento ....del 34,9 %. Por lo menos con el ENRESS y las tarifas del agua la disimulan un poco: la empresa pide un 99 %, y le autorizan un 87 % o algo por el estilo, ponéle.

* En todo momento en el decreto se habla de los aumentos de los costos de las empresas, y de sus dificultades para poder prestar los servicios. No se hace la más mínima mención a las dificultades de los bolsillos de los usuarios para sostener nuevos aumentos.

* Como consecuencia de lo anterior, el decreto (o sea, Lifschitz) se limita a tomar nota de los pedidos de las empresas, y a aumentar las tarifas exactamente en el porcentaje que estas pidieron: 34,9 %. Como en todos los casos de los aumentos del transporte ordenados por Binner, Bonfatti y el propio Lifschitz, desde diciembre del 2007 para acá.

* Si alguno encuentra en el decreto la más mínima mención a la existencia de subsidios del Estado provincial a las tarifas, o a la intención de usarlos para amortiguar el impacto del tarifazo, se agradecerá se sirva indicar donde. (El original del decreto, siguiendo este enlace)

Con lo cual seguimos insistiendo en lo reclamado acá: aparición con vida de los subsidios del socialismo al transporte de pasajeros.

TWEETS POLÉMICOS

viernes, 18 de enero de 2019

MARCHA DE ANTORCHAS: POQUITO Y NADA



Tuits relacionados:

FRAUDE POR GOTEO


Con prisa y sin pausa, sigue el operativo del gobierno de Macri para modificar las reglas del proceso electoral, por decisiones unilaterales y sin discusión alguna en el Congreso; donde solo habilita el diálogo con la "oposición responsable" para temas de mutuo interés, como permitir el financiamiento empresario en las campañas de los partidos políticos.

En apenas unos días, hizo pública su intención de avanzar -sin reformas legislativas- en la eliminación de los telegramas que confecciona cada autoridad de mesa del comicio y son cargados luego por el Correo para el escrutinio provisorio; y yendo más allá, el lunes pasado modificó por decreto de Macri el procedimiento para el voto de los argentinos que residen en el exterior, habilitando el voto por correo y la utilización de la boleta única, pasando en ambos casos por encima de facultades propias del Congreso.

Y tal como reza el dicho, como el frente blando permite avanzar, fue por más: en medio de la más absoluta inacción opositora y con escasa o nula repercusión en los medios, ayer salieron publicados en el Boletín Oficial otros dos decretos de Macri, modificando procedimientos electorales: por el Decreto 54 (completo acá) modifica el procedimiento de votación de los electores privados de libertad, y por el Decreto 55 (completo acá) establece un reglamento para la votación del personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad afectado al Comando Nacional Electoral.

En ambos casos y con argumentos pueriles, anticipa la fecha del comicio para esos electores en un plazo a determinar de entre siete (7) y doce (12) días antes de las PASO y las elecciones generales, respectivamente. 

Además en el caso del personal afectado al Comando y al igual que lo hiciera con los residentes en el exterior, introduce la boleta única en reemplazo de las boletas partidarias, oficializadas por la justicia electoral; y hasta realiza (por decreto) la calificación de los sufragios (válidos, nulos, recurridos, impugnados), algo que es materia propia del Congreso de la nación y está legislado en el artículo 101 del Código Electoral Nacional Ley 19.945.

Otro tanto sucede con la anticipación, en ambos casos, de la fecha del comicio: si bien el artículo 53 del Código establece que la convocatoria a elecciones es atribución del Poder Ejecutivo, de acuerdo con la reforma que hizo al mismo la Ley 27.120 (2015), las elecciones de autoridades nacionales deben realizarse el cuarto domingo de octubre anterior a la finalización de los mandatos, sin perjuicio del caso en que haya que realizar un balotaje para la elección presidencial; y aun en esos casos, este debe hacerse 30 días después de la primera vuelta (artículo 150).

Que decir de la implantación de la boleta única: lo ya señalado para el caso de los residentes en el exterior, que la modalidad del voto es competencia exclusiva del Congreso nacional y debe establecerse por ley, como que el artículo 62 y siguientes de la misma Ley 19.945 establecen sus características, y por ende no se trata de un resorte sujeto a la decisión del Poder Ejecutivo.

En el caso del voto de los residentes en el exterior, el gobierno impuso los cambios por decretos apelando a una pseudo "delegación" de atribuciones del Congreso que no era tal, porque la misma Ley 24.007 que se pretendía reglamentar remite supletoriamente en todo lo no previsto al Código Nacional Electoral.  

Ahora y para el caso del voto de los electores privados de libertad, el Decreto 54 se presenta como una reglamentación del artículo 3 Bis del Código, incorporado por la Ley 25.588 (2004), pero su contenido claramente se extralimita de lo que dicha norma regula, para incursionar en otros aspectos.

Y en el caso del reglamento para la votación del personal afectado al Comando Nacional Electoral, el Decreto 55 ni siquiera se presenta reglamentando norma alguna sancionada por el Congreso, como si en materia electoral el Poder Ejecutivo tuviera alguna zona de reserva exclusiva de competencia; cosa que la Constitución rechaza de plano.

El tamaño y reiteración de las irregularidades (que marcan todo un rumbo que el gobierno le ha dado al proceso electoral, y es muy claro: permanecer en el poder, a como de lugar) hacen más estruendoso el silencio y la inacción de la oposición, enredada en su disputa de alianzas y candidaturas. Es hora de que despierten ya, antes de que sea tarde. 

¿A CUANTO SE VA UN JUBILADO SI GANA MACRI?


Circulan por estos días muchos "análisis" de "expertos del mercado" que dicen poder calcular a cuanto se iría el dólar si Cristina ganara las elecciones este año. Hay menos especulación por escrito -en cambio- sobre que pasaría si en cambio, las ganara Macri.

Y eso que al respecto hay más material concreto para proyectar escenarios futuros, con base en lo que efectivamente pasó cuando el actual oficialismo se impuso en los comicios: basta con recorrer los estropicios realizados en estos tres años, y si se quiere una mirada más corta, lo que sucedió luego de que obtuviera buenos resultados en las legislativas del 2017.

A los pocos días, Macri anunció "el reformismo permanente": la reforma previsional, la laboral y la impositiva. La previsional consistió, en esencia, en podarles parte de sus salarios a los jubilados y pensionados modificando la fórmula de movilidad de los haberes que se había aprobado por la Ley 26.417 en el gobierno de Cristina, y los resultados están a la vista: con una inflación medida por el INDEC del 47,6 % para todo el 2018, el aumento a los jubilados fue del 28 %, o sea que perdieron casi 20 puntos de poder adquisitivo. Tarea cumplida, para equilibrar las cuentas, o por lo menos esa era la idea.

Pero al parecer el ajuste nunca es suficiente, y con toda certeza si Macri ganara, iría por más: leíamos en ésta nota de El Cronista sobre las recomendaciones del FMI a los países (entre ellos, la Argentina) que deben aprobar urgentes reformas, para reducir sus gastos en jubilaciones y pensiones. Y así como en documentos anteriores la emprendieron contra el sistema de actualización (lo que finalmente condujo a la reforma de diciembre del 2017, antes del acuerdo del gobierno con el Fondo), ahora se las toman con la tasa de sustitución.

Lo que está proponiendo el informe (y que seguramente aplicaría un gobierno que recibió del FMI más de 57.000 millones de dólares a cambio de un ajuste brutal para generar el "déficit cero" y poder pagar los servicios de la deuda) es disminuir el porcentaje del salario de un trabajador en actividad que percibe un jubilado, ni más ni menos. Porcentaje que hoy es de alrededor del 52,5 %, porque reconoce un 1,5 % por año de servicio computable a los efectos jubilatorios, con un límite de 35 años. 

La propia reforma previsional sancionada en medio de fuertes protestas y con un impresionante operativo represivo ya avanzó sobre el tema: el artículo 5 de la Ley 27.426 modificó el artículo 125 bis de la Ley 24.241, para reconocer a los beneficiarios de la Prestación Básica Universal (PBU, la jubilación mínima) un complemento que les permita llegar al 82 % del salario mínimo, vital y móvil: con solo "pisar" los aumentos del SMVM en el Consejo del Salario (para lo cual el gobierno siempre cuenta con la complicidad del empresariado), le resultaría fácil alcanzar esa meta, nivelando para abajo.

El mismo artículo limita los alcances de ese "beneficio" a los jubilados "que hicieron aportes efectivos": excluye expresamente a los que obtuvieron el beneficio por las diferentes moratorias o planes de inclusión previsional, todos los cuáles cobran la jubilación mínima. Por la sola aplicación de la nueva fórmula de movilidad de los haberes y como dijimos, la mayoría de los jubilados vieron disminuir su "tasa de sustitución" del sueldo en actividad, por el haber de pasividad: aun perdiendo contra la inflación, la mayoría de las paritarias cerró por encima del 28 %, lo que supone que esa tasa bajó, en perjuicio de los jubilados.

Pero el FMI propone ir por más y rebajar el modo de cálculo del haber inicial (tasa de sustitución), para que el Estado ahorre gastos en materia de seguridad social (el principal componente del gasto público en la Argentina), y de esa manera -dicen- pueda disminuir la presión impositiva y "fomentar el ahorro privado" por el excedente de lo que antes se destinaba a pagar más impuestos: tan bello como falso, según lo comprueba nuestra experiencia concreta. El hachazo a los bolsillos de los jubilados podría ser mayor aun que el de la modificación de la fórmula de ajuste de los haberes.

Claro que la idea -dice el documento- no es perjudicar a los jubilados, sino mucho menos, y para eso proponen soluciones, a saber: "Los países con un entorno macroeconómico y legal propicio y sistemas financieros suficientemente desarrollados, podrían considerar esquemas complementarios de pensiones públicas con un esquema financiado de contribución definida. Esto proporcionaría un vehículo para fomentar el ahorro privado.".

Por si no entendió: que los jubilados "complementen" la jubilación que les paga el Estado con aportes adicionales como "ahorro privado". O sea, que vuelvan las AFJP digamos, y para captar los "ahorros" de los jubilados de mayores ingresos, y restárselos a la financiación del sistema público de reparto de la seguridad social.

A tener en cuenta que una cosa (la poda en la tasa de sustitución, o sea, la rebaja real de los haberes iniciales de los jubilados) viene atada a la otra (la "generación de alternativas de ahorro privado"), porque no faltarán incautos que encuentren atractiva la propuesta.

jueves, 17 de enero de 2019

LA MANO INVISIBLE DEL SOCIALISMO