* Desde diciembre del año pasado y hasta fines de junio de éste año, el gobierno de Pullaro no publicó en Internet (ni en el portal oficial del gobierno ni en ningún otro lugar accesible) la evolución de las cuentas públicas de la provincia. Cuando finalmente lo hizo (a fines de junio pasado) reveló los números hasta el pasado 31 de mayo, que arrojaban un déficit financiero de 594.989 millones de pesos, a ese momento.
* En el mes de abril (durante el apagón estadístico), Pullaro anunció la firma de un acuerdo con la Nación para reanudar las transferencias de ANSES destinadas a financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones, hasta un total de 120.000 millones de pesos en el transcurso del 2026 y en cuotas de 10.000 millones mensuales. Explicamos entonces en ésta entrada que el propio Pullaro y su ministro Olivares estimaron en el presupuesto oficial que mandaron a la Legislatura (y esta aprobó) que el déficit de la Caja para éste año iba a ser de 330.218 millones, pese a la reforma previsional ajustadora aprobada en 2024; o sea que aunque el convenio se cumpliera no iba a resolver el problema, ni remotamente.
* El 18 de junio (cuando aun continuaba el apagón estadístico de las cuentas públicas santafesinas) se publicó en el Boletín Oficial de la Nación el Decreto 474 firmado por Milei, por el cual el gobierno nacional le otorgaba a Santa Fe un anticipo financiero de los fondos de la coparticipación federal a devengarse en el futuro por 400.000 millones de pesos, y a devolver con intereses mediante descuentos en los sucesivos envíos de coparticipación. Una semana después se terminó el apagón estadístico y el gobierno de Pullaro volvió a publicar los números oficiales que arrojaron el déficit señalado en el primer párrafo del post.
* Conocido el anticipo financiero otorgado por Milei a su gobierno, Pullaro y sus funcionarios primero negaron haberlo pedido, luego dijeron que no lo iban a utilizar, después que lo tenían en cuenta por si les hiciera falta y finalmente el 26 de junio (8 días después de publicado el decreto de Milei que lo acordaba y 3 días después de publicar las cuentas de la provincia al 31 de mayo), Pullaro y Olivares firmaron el Decreto 1284, por el cual instrumentaban (sin intervención de la Legislatura como hubiera correspondido) la garantía de los recursos de coparticipación futura, para poder recibir esos 400.000 millones de pesos en concepto de anticipo financiero. Recién entonces supimos (porque publicaron los datos después de un semestre de oscuridad) que no solo lo necesitaban sino que lo iban a usar, porque el déficit financiero acumulado de la provincia era incluso mayor que el anticipo acordado.
* Desde junio para acá el gobierno de Pullaro no publicó más lo números de la provincia, por lo cual los santafesinos no podíamos saber como evolucionaron desde la última publicación, es decir en los meses de junio, julio y agosto. Hasta que la semana pasada se conocieron los números de junio, y supimos que solo en ese mes el déficit financiero acumulado por la gestión provincial éste año había subido a 717.739 millones de pesos. Es decir que mientras Pullaro y Olivares negaban que hubieran pedido ayuda a la nación, o pensaran utilizarla después de que Milei dictó el Decreto 474, estaban instrumentando las garantías que les pedían para poder cobrarla (mediante el Decreto 1284 del 26 de junio), y sabían que en esos mismos días (junio) el déficit provincial había crecido en 122.750 millones, en solo un mes.
* Aun seguimos en apagón estadístico sobre la evolución de las cuentas públicas provinciales entre junio y septiembre, pero el Decreto 1742 firmado por Pullaro y Olivares el 27 de agosto pasado nos puede dar una pista: en sus considerandos se señala que "..conforme a los Artículos 27 y 28 de la Ley de Administración,
Eficiencia y Control del Estado N° 12510, el Poder Ejecutivo puede disponer la
incorporación al presupuesto de autorizaciones para gastos no previstos o para los
cuales los créditos aprobados hubieren resultado insuficientes para atender hechos de
fuerza mayor o excepcionales que requieran la inmediata atención del Estado,
comunicando las decisiones al Poder Legislativo antes de ser puestas en ejecución y de
la habilitación de los créditos presupuestarios;...", y como consecuencia de ello "...se proyecta la
ampliación de las fuentes financieras en la Jurisdicción 96 - Tesoro Provincial por la suma
de $ 570.343.430.000...".
* O sea: después de que el déficit provincial ya alcanzara los 717.739 millones al 30 de junio (dato conocido públicamente en septiembre, pero que Pullaro y sus funcionarios ya tenían), el gobierno amplía el presupuesto de gastos aprobado por la Legislatura en más de 570.343 millones de pesos, sin la contrapartida del ingreso de mayores recursos (propios o nacionales transferidos) por encima de los previstos en el propio presupuesto. Y todos esos recursos adicionales se destinan a financiar gastos corrientes, previsibles, tanto que los enumera el mismo decreto: "...incrementos salariales para el
personal de la Administración Pública Provincial aprobados en el marco de las
Convenciones Colectivas de Trabajo;...", jubilaciones y cobertura de obra social a los bomberos voluntarios según la Ley 12969 y sus modificatorias, el Boleto Educativo Gratuito creado por el Decreto 1175/20 y ratificado como política de Estado por la Ley 14394, la actualización de las raciones de los comedores escolares y copa de leche establecida por la Ley 10.319 (de 1989) y sus modificatorias y la compensación a la EPE por las tarifas diferenciales establecidas para asociaciones civiles sin fines de lucro, prevista en la Ley 10014 de 1987.
* El decreto 1742 no precisa cuáles son las "fuentes financieras" que se amplían por más de 570.343 millones de pesos, pero no pueden ser el anticipo otorgado por la Nación mediante el Decreto 474 (al que ni siquiera se menciona en el texto), ni la disminución de disponibilidades (plazos fijos en los bancos); y tampoco se menciona al artículo 40 de la Ley 14424 de Presupuesto para éste año, que dice lo siguiente: "Autorizase al Poder Ejecutivo a hacer uso del instrumento
dispuesto en el punto 3.2.5 del Texto Ordenado al 26/06/2025 de
"Financiamiento al Sector Público No Financiero" del Banco Central de la
República Argentina, sujeto a la observancia de las limitaciones establecidas
en la Comunicación "AT' 8264, sus complementarias y modificatorias, con los
alcances allí dispuestos, como asimismo todo otro instrumento que
establezca el Banco Central de la República Argentina aplicable al Sector
Público Provincial, sin perjuicio de lo dispuesto mediante el artículo 38 de la
presente ley.
A tales fines, autorizase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Economía, a dictar aquellas normas complementarias necesarias para
determinar las formas o condiciones, como así también a celebrar acuerdos
necesarios y/o contratos con el Agente Financiero de la Provincia, para
implementar los instrumentos referidos en el presente artículo como
asimismo las operaciones vinculadas a los mismos." (las negritas son nuestras, el artículo 48 citado refiere a pagarés, letras de cambio y otros medios de pago a cancelarse durante el ejercicio)
¿Volvió la cuenta tomadora en el banco, y el gobierno provincial se financia con descubierto bancario en el agente financiero o incluso en otros bancos de plaza, pagando las exhorbitantes tasas de interés que rigen en esos casos? Al no publicarse las cuentas con regularidad, no podemos saberlo.
* El 11 de septiembre pasado (un día antes de que arrancaran los Juegos Suramericanos y Pullaro y sus funcionarios se subieran a la ola triunfalista, y mientras las cuentas oficiales según sin conocerse más allá del 31 de mayo pasado) el ministro Olivares reconoció que la Nación solo había enviado la primera de las 12 cuotas del acuerdo por el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones anunciado con bombos y platillos en abril, pero que en realidad las otras 11 que faltaban llegar las iban a compensar con los fondos percibidos por el anticipo financiero de junio; que negaron en su momento haber pedido, como también negaron entonces que fueran a utilizar, porque no lo necesitaban; aunque ya sabían (ellos entonces, nosotros ahora, tres meses después) que el déficit había escalado a 717.739 millones de pesos al final del primer semestre, y se estaban endeudando con el banco para financiarlo.
* El mismo ministro Olivares que (conocidos públicamente los números provinciales al 30 de junio) se jactó de tener superávit económico (diferencia entre recursos corrientes y gastos corrientes) en junio pasado por 48.037 millones de pesos, sin explicarnos por qué si era tan buena noticia no la conocimos entonces, sino tres meses después. Y sin decir ni pío de la "ampliación de fuentes financieras" (endeudamiento bancario) firmado por él y Pullaro en agosto por el Decreto 1742 por una cantidad equivalente a 11,87 veces ese monto, para financiar precisamente gastos corrientes, como explicamos más arriba.
* Esta misma semana se conocieron otros dos decretos firmados por Pullaro y Olivares: el 1878 (del lunes 14) y el 1893 (del martes 15), por el cual se modifican los presupuestos del IAPOS y la EPE, respectivamente. En un caso (IAPOS) para manotear 57.000 millones de pesos de ingresos que pagan algunos afiliados por el Servicio Complementario (vulgarmente llamado "IAPOS Solidario") para tener mayores prestaciones que la cobertura general; y en el caso de la EPE para incorporar mayores recursos por los aumentos de tarifas por 308.230 millones de pesos, y distribuir esos ingresos en los diferentes gastos de la empresa.
* Los números provinciales que se conocen (con demora) corresponden a la Administración Provincial, es decir el conjunto de Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social (IAPOS y Caja de Jubilaciones), por lo que no comprenden a las empresas del Estado, como la EPE. Pero si esas empresas pagan impuestos provinciales (como Ingresos Brutos) como la hace la distribuidora de energía, esos fondos si inciden en la ecuación de los ingresos de la Administración Provincial, y acaso en el futuro lo ayuden a Olivares a jactarse del superávit económico o corriente: de hecho, el Decreto 1893 conocido ésta semana destina casi 60.401 millones del producido de los tarifazos, a ése fin. Y en el caso del IAPOS (cuyos números sí integran las cuentas provinciales que se publican periódicamente), esos 57.000 millones restados a la cobertura adicional y destinados a los gastos generales de la obra social, ayudan a que los números de ésta (y de las Instituciones de Seguridad Social, y del conjunto de la Administración Provincial) mejoren, en desmedro de los afiliados que pagan ese aporte adicional.
Sirvan los puntos anteriores para destacar que los indicadores por sí mismo no dicen nada, si no se los contextualiza: el gobierno de Pullaro oculta hasta cuando puede las cifras oficiales no tanto para ocultar gastos, sino para disimular la brutal caída de los ingresos (propios y coparticipables) como consecuencia del plan económico de ajuste de Milei que el gobernador apoya, discursivamente (aunque a veces quiera marcar diferencias para la tribuna) y en el Congreso: caen los ingresos propios (sobre todo los ligados a la actividad económica, como Ingresos Brutos), caen los recursos coparticipables federales (mismo concepto para IVA y Ganancias) y caen también las transferencias nacionales, sean para gastos corrientes (como los subsidios al transporte, o el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones), o para gastos de capital como la obra pública; que se sostiene sobre la base de endeudamiento (con organismos multilaterales o con el mercado privado de capitales), o de los bonos nacionales obtenidos por la provincia durante el gobierno de Perotti por el acuerdo en la Corte nacional por el fallo sobre el porcentaje de la coparticipación que se destinaba a la ANSES, y que Pullaro despreció en campaña por ser "papelitos de colores". Tanto oculta la caída de recursos, que desde diciembre de 2023 se dejaron de publicar las comparaciones interanuales en su evolución.
En definitivas, lo que Pullaro trata de ocultar (cada vez con más dificultad, por el tamaño del problema) es el fracaso de su apuesta política fallida al éxito del modelo libertario; aun al precio de una brutal devaluación de la palabra pública y una mentida transparencia y austeridad en el manejo de los recursos del Estado; lo que de no mediar un formidable blindaje mediático (que se lleva también buena parte de los gastos corrientes, más de los que debiera ante otras prioridades desatendidas) le traería más consecuencias políticas que las que ya viene sufriendo, en términos de pérdida de votos, elección tras elección desde que fue consagrado gobernador. Apuesta política fallida que seguramente renovará en breve, votando un presupuesto nacional que solo promete más ajuste. Tuits relacionados:
