LA FRASE

"ESTE PAÍS SE FUE AL CARAJO CUANDO EL GARANTISMO BOBO IMPIDIÓ QUE UN MENOR QUE ASESINÓ A OTRO JUGANDO A LA RULETA FUERA PRESO." (MAXIMILIANO PULLARO)

sábado, 12 de septiembre de 2026

TWEETS POLÉMICOS

 

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viernes, 11 de septiembre de 2026

"FUI A UN CABARET"

 

Sobre el cumplimiento del convenio firmado por Pullaro con el gobierno de Milei para el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia, leemos en el diario de Nahuel las explicaciones del ministro Olivares: "El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, se refirió a los fondos correspondientes al convenio con ANSES por la Caja de Jubilaciones y aseguró que la provincia ya dispone de los recursos previstos para completar las 12 cuotas acordadas. Según explicó a CyD Noticias, ANSES abonó directamente una de las cuotas, mientras que la provincia busca compensar las 11 restantes mediante fondos de coparticipación. “Hay una falta de comunicación, creemos, me refiero a lo que se está conociendo. En realidad, la provincia ya de hecho lo ha cobrado, ha cobrado los 12 meses en los hechos”, sostuvo.".

"Olivares detalló que el convenio contemplaba 12 cuotas de $10.000 millones cada una. De ese total, los primeros $10.000 millones fueron transferidos directamente por ANSES, mientras que los $110.000 millones restantes serían compensados con la devolución de un anticipo de coparticipación. El ministro señaló que esta alternativa todavía se encuentra en conversaciones con el Gobierno nacional para avanzar en su formalización. Sin embargo, afirmó que “ya tenemos la disponibilidad de esos recursos”, remarcó." (las comillas son del texto y las negritas son nuestras)

Sobre el anticipo de coparticipación de 400.000 millones de pesos otorgado éste año por el gobierno de Milei a Pullaro, decíamos nosotros en ésta entrada: "Al Decreto 1284lo firmaron el viernes pasado Pullaro y sus ministro Olivares y Bastía, pero lo conocemos recién hoy: se ahorraron la discusión durante el fin de semana, y la asociación (que existe y es indisoluble) entre su contenido, el salvataje de Adorni en el Congreso hasta que Milei lo rajó, y el voto favorable de los diputados que responden al gobernador al Súper RIGI y otras barrabasadas. Por el decreto, Pullaro faculta a su ministro de Economía a "...realizar todas las acciones y/o a dictar todos los actos que aprueben las medidas que resulten necesarias y pertinentes para garantizar la ejecución, cumplimiento y seguimiento de los convenios celebrados por el Poder Ejecutivo en el marco del Artículo 124 de la Ley Nacional N° 11672 o de la normativa que en el futuro la reemplace.".".

"Tenemos entonces que la provincia pidió y obtuvo un anticipo financiero a la Nación (porque si no no se entiende que convenio firmó Pullaro) aunque después lo negaran el gobernador y sus funcionarios, y lo pidió porque su situación financiera situación financiera es complicada, aunque el gobernador y sus funcionarios (que no publicaban los números oficiales desde hacía seis meses) se venían jactando en público de tener todo bajo control. Y ese anticipo (que es de 400.000 millones de pesos) devenga intereses (por prestarle a la provincia su propia plata, la que proviene de la coparticipación federal de impuestos), y esa deuda debe ser garantizada con la afectación de los recursos de esa misma coparticipación.". 

Decíamos también entonces que Pullaro puenteaba a la Legislatura al firmar el convenio para recibir el anticipo, porque para ello estaba poniendo en garantía los recursos coparticipables de la provincia. Tres meses más tarde, el ministro Olivares no solo reconoce que el anticipo existe sino que lo cobraron, y que de ahí van a compensar con lo que la Nación les está debiendo por el otro convenio que firmaron (y presentaron en su momento como un gran logro) para que la ANSES financie parte del déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia.

Sobre lo cual decíamos en ésta otra entrada: "Lo que la nación le haya ofrecido pagar a Santa Fe por el déficit de la Caja para éste año no lo podemos saber, y lo único que tenemos para contrastar la veracidad de los dichos de Pullaro son los dichos del propio Pullaro. Lo que sí podemos saber es que el gobernador presenta como un logro que la nación le financie un déficit de la Caja de Jubilaciones para éste año de 120.000 millones de pesos en 12 cuotas mensuales de 10.000 millones, cuando él mismo (en la ley de presupuesto que envió a la Legislatura y ésta aprobó a libro cerrado) estimó ese déficit en 330.218 millones, o sea casi tres veces más. Respecto a la comparación de lo que le empezarían a transferir desde ANSES a la provincia ahora a partir de la firma del convenio con lo que le transfería a fines del 2023 en valores reales, omite Pullaro un dato sustancial: los convenios vigentes entre la nación y la provincia por los cuáles la primera financia el déficit de la Caja de Jubilaciones de la segunda establecen un mecanismo de "armonización"; que supone una conciliación de cuentas entre las partes, hecha la cual (y solo entonces) la nación transfiere las partidas, o por lo menos lo hacía hasta que asumió Milei.".

"No vemos como -en ese contexto y con esos números- se puede presentar como un logro que la Nación acepte financiar para éste año un déficit de 120.000 millones en 12 cuotas, a cambio de suspender por seis meses la demanda de la provincia para cobrar lo que se le debe, sentarse a conversar los déficits desde 2020 a 2025 (algo que ya estaban obligados a hacer por los convenios vigentes), y analizar la posibilidad de cancelar la deuda con la provincia en el marco del régimen del Decreto 969/24 de compensación de deudas y créditos (así lo prevé el convenio firmado por Pullaro ésta semana) mediante la entrega de bienes nacionales; cuando lo que la provincia necesita es flujo financiero de fondos para atender todos los meses el pago de la jubilaciones y pensiones.".

Pues bien, con mayor tardanza aun (porque en éste caso pasaron cinco meses), el ministro Olivares nos vuelve a dar la razón (no sin sumar más confusión) cuando dice: "Más allá del esquema de pagos hacia adelante, Olivares señaló que existe otra discusión vinculada con la actualización de los datos correspondientes a los ejercicios desde 2020 en adelante. El funcionario también mencionó que este proceso continúa en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que hubo una suspensión de plazos. A la vez, destacó que Santa Fe apuesta a alcanzar una solución mediante el diálogo con el organismo nacional. Asimismo Olivares explicó que las conversaciones entre las provincias y ANSES apuntan a determinar el monto acumulado de los fondos pendientes. “Semana a semana estamos instando para ANSES para poder llevar adelante ese cálculo que hace falta y poder arribar. Creo que la mayoría de las provincias estamos en ese camino de poder arribar a una solución de lo que vendría a llamarse el stock”, afirmó. En ese sentido, diferenció esa discusión de los fondos correspondientes a las cuotas del convenio. “Acá lo que estamos discutiendo es el flujo hacia adelante que de alguna manera ya lo estamos percibiendo”, concluyó.".

Lo que dejan claro los balbuceos y explicaciones incoherentes e inconsistentes de Pullaro y su ministro de Economía es que las cuentas de la provincia no están en orden ni mucho menos (de lo contrario no se habría suspendido su publicación desde el 31 de mayo pasado, cuando con seis meses de demora terminaron reconociendo un déficit de 595.000 millones de pesos en cinco meses del año), que el modelo económico nacional que Pullaro acompaña con los votos de sus legisladores en el Congreso es ruinoso para el país y para Santa Fe, y que sus dotes de negociador dejan mucho que desear a la hora de plantarse en defensa de los intereses de la provincia, frente al gobierno nacional.

El convenio con la ANSES por el financiamiento de la Caja fue un desastre (como lo advirtió la oposición cuando se firmó) y además la nación no lo cumple y la Caja de Jubilaciones (pese a la reforma previsional ajustadora aprobada por Pullaro apenas asumió) sigue teniendo déficit), como lo fue el convenio para asumir la gestión de la ruta A012 analizado acá, y son las razones (además de monetizar sus votos en el Congreso) por las cuales el gobierno provincial pidió un anticipo financiero a la Nación de 400.000 millones de pesos; como lo terminaría reconociendo Pullaro con el Decreto 1284 del pasado 26 de junio.

Y hablando de decretos: que la provincia tiene déficit y tiene que recurrir a endeudarse para atender sus gastos corrientes no lo decimos nosotros, sino que lo dice el propio Pullaro, aunque oculte los datos de la cuentas oficiales. Por ejemplo lo dice cuando el pasado 27 de agosto dictó el Decreto 1742, por el cual aumentó el presupuesto en más de 570.000 millones de pesos; y en cuyos considerandos dejó sentado lo siguiente: "Que conforme a los Artículos 27 y 28 de la Ley de Administración, Eficiencia y Control del Estado N° 12510, que el Poder Ejecutivo puede disponer la incorporación al presupuesto de autorizaciones para gastos no previstos o para los cuales los créditos aprobados hubieren resultado insuficientes para atender hechos de fuerza mayor o excepcionales que requieran la inmediata atención del Estado, comunicando las decisiones al Poder Legislativo antes de ser puestas en ejecución y de la habilitación de los créditos presupuestarios; Que consecuentemente, en esta instancia, se proyecta la ampliación de las fuentes financieras..." (las negritas son nuestras)

O volvió la cuenta tomadora en el agente financiero (Nuevo Banco de Santa Fe) y Pullaro y Olivare se están financiado de ese modo apelando a la autorización que les dio el artículo 40 de la Ley de Presupuesto, o se trata de la devolución (con intereses) del anticipo financiero que primero negaron, luego admitieron pero diciendo que no lo iban a usar, y terminaron no solo usando, sino tomándolo para compensar lo que la nación les debe del financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones. 

A menos que en realidad lo que hayan hecho es ir a un cabaret. Tuits relacionados:  

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jueves, 10 de septiembre de 2026

TWEETS POLÉMICOS

 

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miércoles, 9 de septiembre de 2026

LECTURA RECOMENDADA

 

"En las últimas semanas se ha leído y se ha escuchado a muchos periodistas y políticos analizar la salud mental del Presidente Javier Milei. El encierro en la Quinta Presidencial de Olivos, su presencia en el acto en Rosario, la cloaca de insultos que desparramó contra los periodistas y contra su “ideólogo” Agustín Laje tuvieron amplias repercusiones y fueron diseccionados profusamente. El peligro de este tipo de miradas, que justifican decisiones de políticas y actitudes individuales, es que facilitan a las élites el argumento de que el modelo no está fracasando, sino que el problema era Javier Milei. Nada nuevo para quienes hemos superado el medio siglo de vida, porque así lo han hecho en las últimas décadas. Entonces, más allá de los diagnósticos sin sentido que haga o haya hecho Nelson Castro desde un set de televisión, así como otros desde los medios y las redes sociales, el interés no consiste en establecer diagnósticos sobre los gobernantes, sino en comprender de qué manera las características psicológicas y/o psiquiátricas de quienes gobiernan pueden afectar la toma de decisiones, cómo el ejercicio del poder modifica las condiciones en las que esas características se manifiestan y, finalmente, qué capacidad tienen las instituciones políticas para limitar las consecuencias de un liderazgo psicológicamente deteriorado, rígido o incapaz de procesar adecuadamente la información.".

"Antes de llegar a la pregunta incómoda, trataremos de pensar estas cuestiones no desde la psicología o psiquiatría, sino desde las ciencias sociales. Pero, como adelantábamos, estaríamos cayendo en un reduccionismo —y en cierta manera, como adelanté, en una excusa para que nosotros y las élites no nos hagamos cargo de nuestras acciones— si adjudicamos las malas decisiones a los problemas mentales; aunque los hubiera. Por el contrario, si esos problemas psicológicos y/o psiquiátricos existieran, resulta más interesante preguntarse qué relación hubo entre las características personales, la estructura institucional, la concentración del poder, la destrucción de los mecanismos de control, la dinámica de las élites y el proceso de toma de decisiones. Entonces, la pregunta deja de ser simplemente, por ejemplo, si Javier Milei está “loco”, sino más bien, ¿qué condiciones políticas hicieron posible que algunas concepciones radicales de un individuo se transformaran en decisiones de Estado?".

"Esta cuestión adquiere una dimensión todavía más importante cuando se analiza el autoritarismo. En los regímenes democráticos, un líder puede tener características psicológicas o psiquiátricas problemáticas, pero existen, como hemos dicho y al menos teóricamente, diversos mecanismos capaces de limitar sus efectos: elecciones, oposición partidaria, Congreso, Poder Judicial, prensa, burocracias profesionales, ministros, grupos de interés y procedimientos de sucesión. Aunque ninguno de estos mecanismos —como podemos observar actualmente en la Argentina— garantiza por sí mismo que las decisiones sean racionales. Por ello, en los regímenes autoritarios, y especialmente en aquellos que adquieren características personalistas, el problema psicológico se transforma, entonces, en un problema de la estructura del poder. Un gobernante puede comenzar a recibir cada vez menos información que contradiga sus opiniones porque los funcionarios tienen incentivos para transmitirle aquello que desea escuchar. La crítica puede comenzar a ser interpretada como deslealtad; el fracaso como resultado de conspiraciones; la oposición como una amenaza existencial. De esta manera, la concentración del poder puede producir un entorno político que favorezca la pérdida de mecanismos de corrección.".

"La percepción de la realidad política se encuentra, por lo tanto, mediada por personas e instituciones. Si además el líder posee una fuerte tendencia a confirmar sus propias creencias, el sistema puede producir un proceso acumulativo: selecciona información compatible con sus expectativas, rechaza la información contradictoria y toma decisiones basadas en una representación cada vez más distorsionada del entorno.Esto es especialmente preocupante en política exterior y seguridad nacional: las decisiones relativas a guerras, crisis internacionales y uso de la fuerza pueden depender de un número reducido de personas y producir consecuencias enormes. La combinación entre un líder rígido, asesores conformistas, información defectuosa y ausencia de controles puede resultar mucho más peligrosa que cualquiera de estos factores considerado aisladamente.".

"La conclusión más relevante es que la peligrosidad política no reside exclusivamente en la psicología y la psiquiatría del gobernante, sino en la relación entre ellas y la estructura institucional en la que se encuentra inserto. Una misma característica personal puede producir consecuencias diferentes dependiendo de si el dirigente gobierna en un régimen político democrático con un presidencialismo donde los controles funcionen o en un régimen autoritario. La cuestión no consiste entonces en construir una tipología de gobernantes “cuerdos” y “locos”, sino en estudiar las condiciones políticas que permiten corregir, contener o amplificar los errores de quienes ejercen el poder. Así, el problema político de la “locura” no es simplemente la existencia de un individuo psicológicamente perturbado, sino la posibilidad de que un sistema político le permita transformar su percepción individual de la realidad en una realidad obligatoria para todos los demás."-

"Sin embargo, una de las preguntas más incómodas es: ¿por qué ciudadanos que viven en sistemas democráticos votan a dirigentes que cuestionan las instituciones democráticas, concentran el poder, atacan los controles institucionales, tienen problemas de salud mental o manifiestan rasgos autoritarios? O peor aún, ¿por qué, posteriormente a las elecciones, conservan niveles significativos de apoyo popular mientras debilitan las instituciones que deberían limitar su poder? Una respuesta simplona a estas preguntas se reduce al comportamiento electoral: si un candidato autoritario era elegido, podía suponerse que sus votantes habían sido engañados, manipulados o carecían de suficiente información. En cambio, una aproximación diferente se encuentra en el estudio del autoritarismo como predisposición política.".

"Más allá de los problemas psicológicos o psiquiátricos, u otras afecciones a la salud, que pueda tener el Presidente, cabe señalar que la estructura institucional del país ha fallado. El Congreso ha delegado poderes a lo largo del tiempo en el Poder Ejecutivo; muchos de ellos han cristalizado con la reforma constitucional de 1994, pero esta situación se ha agravado en estos últimos años. Por ejemplo, la Constitución claramente indica que el Poder Legislativo es el responsable de autorizar el ingreso y salida de tropas y, además, hay una ley que regula la facultad constitucional. Pese a ello, han ingresado tropas de Estados Unidos y han salido militares argentinos violando claramente la Constitución y, al respecto, el Congreso no ha hecho nada.".

"Se ha dicho que el problema es la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia; que fue dictada pensando en un Presidente que fuera respetuoso de la república; lo cual es una estupidez política porque, como sostenían los federalistas, entre otros, si los seres humanos fueran ángeles, no habría necesidad de gobierno. Es dudoso que, en cualquier país del mundo, la Madre Teresa de Calcuta hubiera podido gobernar alguna vez porque el poder se controla con poder. Por último, el Congreso tiene la facultad de someter al Presidente a un juicio político; cada Cámara elige sus autoridades y se designan personas que no convocan a las Comisiones para no tratar temas ajenos a la agenda del gobierno.".

"¿Qué decir del Poder Judicial? El jueves los docentes universitarios hicimos un nuevo paro porque una ley aprobada por el Congreso, vetada por el Presidente e insistida por ambas cámaras, alegremente es incumplida por el Poder Ejecutivo, sin que la Justicia haga nada y sin que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declare inconstitucionales los actos del Ministerio de Capital Humano. Todo esto en el marco de una sospechosa ausencia de la CGT en la calle, del abandono de la FUA y del extraño (no) acuerdo que los gremios y el CIN alcanzaron con el gobierno. En otras palabras, ha fallado toda la estructura institucional y sociopolítica del país para contener la personalidad presidencial y sus políticas. Pero más allá de todo lo expuesto, Javier Milei fue elegido democráticamente y sigue teniendo un nivel de aprobación relevante. ¿Fuimos engañados? ¿Fue una reacción social frente a las reformas progresistas? ¿Fue la crisis económica de Alberto Fernández y la pandemia? ¿O en cierta manera los argentinos ya éramos autoritarios y, por ello, Milei fue una opción natural?".

(El original completo, acá)

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martes, 8 de septiembre de 2026

GRANDEZAS Y MISERIAS

 



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lunes, 7 de septiembre de 2026

APRENDAN DE PULLARO

 

Leíamos días pasados en el diario de Nahuel que Weretilneck, el gobernador de Río Negro, acordó con el gobierno de Milei que le transfieran a su provincia la responsabilidad de reparar las rutas nacionales 22 y 151 que son cruciales para logística de la explotación petrolera con epicentro en Vaca Muerta, y están literalmente destrozadas. Nos informa el diario que el esquema replica el que en su momento acordó el gobierno nacional con Pullaro para la transferencia a Santa Fe del mantenimiento y la reparación de la ruta A012, que circunvala Rosario y los puertos del sur provincial.

En su momento analizábamos nosotros en esta entrada el acuerdo al que llegó Pullaro, que generaba más dudas que certezas. Tanto que hubo un pedido de informes del bloque de diputados del PJ en la Legislatura para conocer los detalles del convenio, las obligaciones concretas que asumía la provincia, quien financiaría los arreglos que hay que hacer en la ruta y si la cuestión se discutiría en la esfera legislativa (como reclama la oposición) o no.

Del análisis del convenio surge que por su cláusula primera los trabajos cuya realización asume la provincia a través de Vialidad Provincial exceden los de mera conservación, porque pueden incluir la reconstrucción parcial y total de las calzadas principales y laterales incluidos los accesos a las mismas; siendo a su vez que la provincia aportará el financiamiento para las obras en la ruta, sin reembolso alguno por parte de Vialidad Nacional o el Estado nacional; y queda expresamente establecido que, si durante la vigencia del acuerdo la provincia dispusiera implementar un esquema de concesión de obra pública por peaje sobre los tramos de la ruta transferidos, dicha medida quedará sujeta obligatoriamente a la previa adhesión de Santa Fe al Decreto N* 253/26 de Milei; analizado en su momento acá como lo que es: la legalización del bolsiqueo que viene haciendo Caputo de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos que debería destinarse a mantener y reparar las rutas. 

Por la cláusula quinta del convenio Vialidad Nacional delega en su par de la provincia las facultades de declaración de utilidad pública de los bienes sujetos a los fines de obtener las liberaciones de superficie necesarias para la obras, pero con la condición de que las expropiaciones se hagan por la ley nacional; que en estos momentos está en trance de modificación en el Congreso en el marco de la “ley de inviolabilidad de la propiedad privada” (limitando las facultades del Estado para expropiar), y no por la ley de expropiaciones de la provincia como lo exige el artículo 28 de la Ley 4908 (Ley de Vialidad de la Provincia) para las expropiaciones que lleve a cabo Vialidad Provincial.

De acuerdo con la Cláusula sexta, Vialidad Nacional se reserva las facultades de aprobar o rechazar los trabajos que haga la provincia sobre la ruta (aunque no los pague), y si bien por la Cláusula séptima delega formalmente en Vialidad Provincial el ejercicio del poder de policía y control sobre la traza de la ruta, queda expresamente estipulado que la totalidad de las sumas recaudadas no ingresará a las arcas provinciales; sino que deberá ser transferida y pasar a formar parte del Tesoro Nacional. O sea: la provincia se va a comer las puteadas por las multas, pero no va a ver un peso de lo que se recaude por ellas.

Por la Cláusula décima, si Vialidad Nacional resultare obligada a responder por cualquier clase de reclamo originado en la gestión de Vialidad Provincial sobre la ruta, esta la resarcirá íntegramente en un plazo de noventa (90) días corridos; y ante eventuales incumplimientos por parte de la provincia en relación a las tareas acordadas, la Nación se reserva el  derecho a rescindir el convenio sin derecho a reembolso alguno ni reintegro de lo invertido; lo mismo en todo supuesto de rescisión anticipada (no hay previsto ninguno por culpa de la Nación). 

Según la Cláusula décimo quinta, Vialidad Provincial manifiesta que en la jurisdicción provincial el perfeccionamiento del convenio se encuentra sujeto al dictado del Decreto que lo ratifique, o sea que no debería según eso ir nunca a la Legislatura, como por otra parte ha sucedido. De hecho al momento de subir estas líneas, ni siquiera existe un decreto de Pullaro ratificándolo, como cumplir con lo que el gobierno provincial se comprometió con la Nación al firmarlo . 

Se supone que tal proceder estaría basado en lo que dice el artículo 11 de la Ley 4908 (Ley de Vialidad Provincial) en su inciso f); “Los convenios especiales a que se refiere el Artículo 37 y los 2 primeros párrafos del Artículo 38 del Decreto-Ley Nacional de Vialidad 505/58, podrán efectuarse por intermedio del Poder Ejecutivo.” Pero de ser ése el caso, conviene recordar que lo que dicen esas normas nacionales citadas (que son de la Ley de Vialidad Nacional), en la parte que interesa por tener relación con el convenio firmado por el gobierno de Pullaro, es que si  las provincias convienen con la Nación hacer obras en rutas nacionales que atraviesan su territorio, los fondos que empleen a esos fines los debe aportar la Nación, o si los aporta la provincia le deben ser reintegrados.

El convenio firmado por el gobierno provincial no cumple con ninguna de las dos condiciones, y quizás por eso ni siquiera está ratificado por decreto, y mucho menos ha sido enviado a la Legislatura para su aprobación. Lástima que Weretilneck aprendió de Pullaro, pero como hacer todo mal.

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