LA FRASE

"PARA ANALIZAR SI REALMENTE HABÍA NECESIDAD Y URGENCIA PARA QUE EL PRESIDENTE DICTARA EL DNU 70 EN 2023 NOS VAMOS A TOMAR TODO EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO." (HORACIO ROSATTI)
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domingo, 1 de mayo de 2022

TRABAJO PENDIENTE

 

Hace siete años los trabajadores formales de más altos salarios, representados por sus sindicatos y la CGT, la reclamaban a un gobierno popular que "el salario no es ganancia", y hasta hubo varios paros generales por eso. Hoy, el ministro de Trabajo del gobierno actual (es decir, el que encabeza uno de los ministerios que nos enorgullecemos en haber recuperado del macrismo) dice que "salario digno es el que se puede pagar", y que pese a la alta inflación, él no ve problemas con los salarios. 

Evidentemente, en el medio pasaron unas cuantas cosas, como dijo uno, que precisamente pasó en el medio. Tanto es así que la economía crece y se recupera de las dos pandemias (el macrismo y el COVID), pero los salarios pierden frente a la inflación, y llevamos13 meses seguidos creando empleo en el sector privado, pero casi siete años de retroceso salarial.

Y de una economía con problemas -hace siete años- que discutía eliminar Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia, pasamos a otra en la que el fenómeno del "trabajador pobre" (es decir aquellos que, aun teniendo empleo formal y ajustes por paritarias, no alcanzan a llegar a fin de mes) es cada vez más frecuente, mal que le pese a otro ministro (Kulfas), que en éste panorama minimiza el problema, y se desentiende de su solución. 

Que la economía crezca a una velocidad mayor que aquella a la que se recupera el empleo puede ser una consecuencia del modelo de desarrollo escogido, pero que recuperándose ambos los salarios sigan retrocediendo en su capacidad adquisitiva es resultado de una puja distributiva, en la que los trabajadores vienen perdiendo hace rato; frente a la pasividad sindical, y de un gobierno al que en su mayoría votaron. Un gobierno al que le sucede lo que le sucede a Kulfas: parece contentarse en señalar los números favorables de la macroeconomía (como lo acaba de hacer el presidente en la asamblea de la CAME), y manifestarse preocupado por la inflación, sin acertar a articular medidas concretas para enfrentarla.

Si hubiera que hacer el ejercicio teórico de reducir a una sola y única causa la derrota electoral del FDT el año pasado, no dudaríamos en decir que hay que buscarla por el lado de ésta cuestión; que si sigue sin ser atendida será la principal -casi determinante- causa de otra derrota el año que viene. Y si hubiera que hacer el mismo ejercicio para formular un programa electoral que la evite, la conclusión sería la misma: sin recomponer el poder adquisitivo de los salarios, no hay -de nuestra parte- alternativa que ofrecer en las urnas, con mínimas chances competitivas; así de sencillo.

Después de un gobierno de los patrones, que hizo de los trabajadores sus enemigos y de sus derechos, la causa principal de los problemas del país, vino otro que lo sucedió precisamente como consecuencia del repudio de esos trabajadores a esa visión, pero que no ha estado hasta acá, claramente, a la altura del mandato popular recibido en éste preciso aspecto.

Y la derecha que ganó esas elecciones anuncia -en todos los tonos, y en todas sus variantes- que si vuelve al poder, hará lo mismo, más rápido y más a fondo. Hace pocos días esa derecha movilizó en un "tractorazo" a Buenos Aires para pedir que les devuelvan el país anterior al peronismo, es decir, sin trabajadores integrados, con derechos y salarios dignos. El mal llamado "campo" es en ese sentido emblemático: si juzgáramos por los millonarios protestones de bolsillos llenos, "productores" son solo ellos, que son rentistas; y obtienen su riqueza sin emplear -al parecer- un solo peón que ponga su fuerza laboral a su servicio. Al menos que conste para los registros del sistema de seguridad social. 

Cierto es que el mundo ha cambiado, y con él el mundo del trabajo, pero en algo sigue exactamente igual, tal lo cual lo describiera un alemán nacido en Tréveris hace un par de siglos atrás: unos ponen su fuerza de trabajo a disposición de otros generando plusvalía, y esos otros la aprovechan, tratando de pagar lo mínimo posible a cambio de ello. Sin embargo, vivimos tiempos en los que todos -de un lado y otro de la grieta- hablan de producir más, sin que la mayoría diga quienes son los que realmente producen (justos esos que hoy celebran su día), y con pocos hablando de como se distribuye esa riqueza que se genera, para que -en palabras de Cristina- no se la terminen llevando cuatro vivos, los mismos de siempre.

Tiempos de despiste conceptual de las fuerzas nacionales y populares, en aquello que debería ser el tópico principal de su hoja de ruta: las razones que crearon el peronismo hace más de 75 años siguen tan vigentes hoy, como el 17 de octubre de 1945. Y pese a ello, nos perdemos en discursos "productivistas" que, más temprano que tarde, nos llevan a formular "teorías del derrame", aun desde una visión heterodoxa; o plantear discusiones sobre la productividad aisladas (ex profeso) del contexto del resultado concreto de la puja distributiva, si es que no las queremos llamar lucha de clases.

O a apostar a recetas "ofertistas" apelando como casi única herramienta para la creación de empleo a la eliminación o reducción de las contribuciones a la seguridad social, concediendo al enemigo -aun sin decirlo- que los sueldos altos o los derechos laborales son un obstáculo para ello, cuando en rigor son imprescindibles a ese fin: sin trabajadores dignificados y bien pagos no hay consumo ni demanda, y sin ella la economía no puede crecer, y mucho menos distribuir riqueza.    

Fruto de estos desvíos conceptuales es que los escenarios de la discusión tripartita en los que se ensayan acuerdos o pactos sociales, terminan convertidos en tertulias vacías de contenido; y así el Consejo del Salario solo sirve para que éste se sostenga bien mínimo, nada vital y poco móvil; o el "Consejo Económico Social" en lugar de discutir -por ejemplo- la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas (que ellos contribuyen a generar) como reza la manda constitucional, o la reducción de la jornada semanal de labor, para generar nuevos empleos, se avoque a discutir "la regulación de las redes sociales", el sexo de los ángeles, o las calendas griegas.

A no sorprenderse después si el discurso tosco y brutal de la derecha anti-política gana adeptos, incluso entre los trabajadores. El fenómeno no es nuevo, ni acá ni en ninguna parte: la política no tolera el vacío, y lo que unos dejan de representar, lo terminan representando otros.

martes, 7 de septiembre de 2021

SUBSIDIO A LA ESCLAVITUD

Hace poco menos de un mes el gobierno dictó el Decreto 514 (completo acá) por el cual se estableció la compatibilidad del pago de haberes para las personas contratadas bajo las modalidades de trabajo temporario o trabajo permanente discontinuo previstas en la Ley 26727 (régimen del trabajo agrario, aprobado en el gobierno de Cristina) y en la modalidad establecida en el artículo 96 de la Ley 20744 (trabajo agropecuario por temporada), con el cobro de la Asignación Universal por Hijo Para Protección Social (AUH), y distintos programas sociales como el “Potenciar Trabajo” y la Tarjeta Alimentar.

El mismo decreto estableció que los ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Desarrollo Social establecerían las pautas para determinar la procedencia y el alcance de la compatibilidad del trabajo registrado con esos programas y planes referidos y con programas sociales y de empleo nacionales vigentes o que se instituyan en un futuro, que otorguen prestaciones dinerarias destinadas a las personas y grupos familiares en situación de vulnerabilidad social.

Y lo concretaron con la Resolución conjunta 8/21 (completa acá en el Boletín Oficial) de Moroni y Zabaleta, cuyo artículo 6º es muy llamativo, por no decir bochornoso. Dispone lo siguiente: "Las prestaciones dinerarias de los planes y programas sociales y de empleo a que hace referencia el artículo 3° del Decreto N° 514/21, con excepción de la Tarjeta Alimentar del Plan Nacional “Argentina Contra el Hambre”, podrán ser consideradas a cuenta del salario de los trabajadores y trabajadoras enunciados en el artículo 1° del citado Decreto a partir del sexto mes de iniciada la relación laboral con prestación efectiva de tareas.".

"En el supuesto mencionado dichas prestaciones dinerarias se considerarán integrantes de la remuneración a todos los efectos, incluso para la evaluación del cumplimiento de las normas legales o convencionales que establecen las retribuciones mínimas. En tales casos, los empleadores y/o empleadoras estarán obligados a abonar los aportes y contribuciones con destino a la Seguridad Social que correspondan sobre el total de la remuneración así conformada, con prescindencia de su origen o de su agente de pago.".

Para que se entienda: el Decreto 514 fue dictado en el contexto -reiterado todos los años, en los tiempos de zafra o cosecha de las principales producciones de las denominadas "economías regionales" de las quejas de los sectores agropecuarios porque no consiguen mano de obra barata, porque los potenciales trabajadores temen perder los beneficios de los distintos planes sociales.

Decíamos hace un tiempo nosotros en ésta entrada que eso consistía en una violación grosera de las disposiciones que rigen el Salario Mínimo Vital y Móvil para las diferentes actividades, contempladas en las leyes citadas entonces; todo ante la inacción del ministerio de Trabajo.

De modo que el Estado al establecer la compatibilidad de los sueldos de esos sectores con el cobro de algún beneficio derivado de los planes sociales lo que estaba haciendo era complementar sus magros ingresos, permitiéndoles sostener dos o más fuentes simultáneas de ellos. Y si el Decreto 514 era poco -comparado con hacer cumplir las normas sobre SMVM, para garantizar un piso de remuneraciones también en esos casos-, su reglamentación publicada ayer, es mucho peor.

Porque supone que lo que el Estado transfiere a esos trabajadores por vía de algún programa social (excepto la Tarjeta Alimentar) sea deducido del salario, en un verdadero subsidio estatal al esclavismo y la explotación laboral. O sea, el propio Estado garantiza que esos salarios no mejoren, y paga una parte de la miseria, que obviamente se ahorran los patrones: la resolución incluso dice que si pagan menos del SMVM, lo que el Estado aporta por planes sociales "ayuda" al patrón a pagar eso, y nada más.

Con solo decir que el peronismo en sus orígenes significó -entre otras cosas- el Estatuto del Peón de Campo, tendremos una idea de cuanto hemos retrocedido, y cuan lejos del tarro estamos meando. Menos mal que salvaron de la "deducción" la Tarjeta Alimentar, porque de lo contrario estaríamos a nada de volver a los vales de "La Forestal".

domingo, 29 de agosto de 2021

"CAMBIAMOS FUTURO POR PASADO"

 

Por si no recordaban el ¿fallido? al que refiere el título del post, va el video de apertura en el que Vidal lo pronunció, aquella noche en la que celebraba convertirse en gobernadora de la principal provincia argentina. La misma de cuya competencia electoral acaba de huir, para refugiarse en el más cómodo y accesible distrito porteño.

Pero tal parece que volvió recargada, con las mismas (viejas) propuestas de siempre, para hacer lo que dijo en supuesto fallido: pretender hacernos volver al pasado. No está claro si a la Argentina anterior a 1943, o a los tiempos de los inicios de la Revolución Industrial.

Los otros días en el famoso acto de las rascadas varias, presentó sus propuestas como si se candidateara a presidenta de la nación, y no simplemente a diputada nacional. Entre ellas, un plan para que los jóvenes accedan a su primer empleo, pero cobrando la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil, es decir la mitad de lo que el Estado, por ley, determina que se le pueda pagar a un trabajador en blanco, registrado en la seguridad social.

Como segundo en la lista la acompaña Martín Tetaz, el promotor de la estafa Ponzi conocida como créditos UVA, que en la misma línea de pensamiento (cavernícola) propuso que los menores de 14 podrían trabajar cobrando un sueldo de 20.000 pesos, que también está por debajo del SMVM; como si éste fuese altísimo, o estuviese fijado en euros o en dólares. Eso sin contar con que conforme lo explicado acá, para que la propuesta camine habría que modificar la Ley 26390 de prohibición del trabajo infantil, o violarla, cometiendo un delito: eso sí, no se les podrá negar coherencia en las propuestas.

Así de "moderna" es nuestra "nueva derecha moderna y democrática" de las que nos hablaba Natanson en sus ensoñaciones téoricas. De cuan democrática es ya dijimos algo acá ayer, a propósito de su ensordecedor silencio frente al atentado contra el diputado Arias en Corrientes.

Como ven, no hay grandes diferencias entre sus propuestas y las de cavernícolas como Milei o Espert: en todo caso a estos últimos es la rusticidad de sus modales predemocráticos, o la más rápida reivindicación de dictaduras y latrocinios varios como los de Cavallo los que los terminan colocando en esa posición. Los otros (como Vidal) piensan igual, pero están coacheados en ejercicios de corrección política para ocultarlo, ejercicios que a veces fallan y los dejan expuestos tal cual son; como con éstas insólitas propuestas.

Todos ellos, toda la derecha argentina, nos quiere hacer creer que una sociedad es más moderna y mira con más decisión al futuro cuando, entre otras, cosas, más flexibiliza su legislación laboral, y más recorta y degrada los derechos de los trabajadores. 

De hecho, esa idea (junto con la baja de impuestos y el recorte de funciones del Estado) es la viga maestra que une a las distintas fracciones del capital, sin distinciones, se trate de industriales o productores agropecuarios, mercado-internistas o exportadores; y al fin y al cabo todos estos payasos de la política son solo sus amanuenses electorales. No es casual que aparezcan estas propuestas retrógadas, justo cuando se plantea discutir la reducción de la jornada laboral, por ejemplo.

Sin embargo, la historia del país y del mundo demuestra que las cosas son exactamente al revés: cuando las sociedades evolucionaron hacia la modernidad y alcanzaron mayores niveles de desarrollo e integración social, fue cuando avanzaron en la protección de los trabajadores, y otros colectivos vulnerables como los niños, los jóvenes o las mujeres.

Piensen si no cuando hemos avanzado desde la explotación en jornadas laborales eternas de niños de 10 años en las minas de carbón hasta la prohibición del trabajo infantil, o desde el pago del jornal en especie a la imposición legal de un salario mínimo, por debajo del cual no se le pueda pagar a nadie por su trabajo. 

Se puede discutir -en un puro ejercicio teórico sin otro efecto que eso- cuan "nueva" o "vieja" es alguna expresión de la derecha política, acá y en todos lados. Lo que no está en discusión es que su programa política no tiene para ofrecernos nada en el futuro, salvo volver al pasado que hemos dejado atrás como sociedad, simplemente evolucionando.    

sábado, 3 de abril de 2021

DESPIERTEN A MORONI

 

Es muy frecuente ver declaraciones de los empresarios del sector agropecuario como las que refleja el tuit de apertura, tipo "los negros no quieren trabajar porque prefieren cobrar el plan". La respuesta que a uno le surge inmediata en forma de pregunta es ¿Qué salarios les están ofreciendo a esos trabajadores, que representan menos que un plan social? (por cierto: nunca aclaran que cosa entienden por tal).

Porque si representan menos que un plan, también son menos que el ya exigüo Salario Mínimo Vital y Móvil definido por el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo como "...la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.". Salario que según la misma ley en su artículo 117, se debe pagar a todo trabajador mayor de 18 años, aclaración que en el "campo" deviene imprescindible.

Precisamente la Ley de Contrato de Trabajo fue modificada en el 2008 por la misma Ley 26390 que estableció el régimen de prohibición del trabajo infantil, precisando en el texto del artículo 199 de la LCT que "Por ninguna causa podrán abonarse salarios inferiores a los que se fijen de conformidad al presente capítulo, salvo los que resulten de reducciones para aprendices o para trabajadores que cumplan jornadas de trabajo reducida, no impuesta por la calificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 200." (el artículo 200 es el que refiere al trabajo nocturno, aclaramos)

Pero supongamos que alguien diga -no sin razón- que la Ley de Contrato de Trabajo no rige en la actividad agropecuaria. En efecto, así lo establece su artículo 2º inciso c) conforme al texto introducido en el 2011 por la Ley 26727 de trabajo agrario, el nuevo "Estatuto del Peón de Campo" aprobado durante el gobierno de Cristina. Sin embargo, esa misma norma precisa que las disposiciones de la LCT serán aplicables a los trabajadores agrarios, en forma supletoria, en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del Régimen de Trabajo Agrario.

¿Y qué dice respecto a los salarios del sector? Más o menos lo mismo que la LCT. Por ejemplo su artículo 32 dispone que "Las remuneraciones mínimas serán fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, las que no podrán ser inferiores al salario mínimo vital y móvil vigente. Su monto se determinará por mes, por día y por hora."; y el artículo 33 permite al empleador "...convenir con el trabajador otra forma de remuneración, respetando la mínima fijada.". 

Para el caso que la remuneración se pacte por rendimiento mínimo del trabajo, el artículo 34 del Régimen de Trabajo Agrario aclara que "La remuneración por rendimiento del trabajo se determinará en la medida del trabajo que se haya efectuado, pero en ningún caso podrá ser inferior, para una jornada de labor y a ritmo normal de trabajo, a la remuneración mínima que la Comisión Nacional de Trabajo Agrario fije para la actividad y para esa unidad de tiempo. En los casos de actividades cuyas remuneraciones no hayan sido fijadas o actualizadas conforme lo previsto en la presente ley, se aplicarán las dispuestas con carácter general. La remuneración mínima sustituirá a la que por aplicación del sistema de rendimiento del trabajo pudiere corresponder cuando el trabajador, estando a disposición del empleador y por razones no imputables al primero, no alcanzare a obtener ese mínimo y aun cuando ello ocurriere a causa de fenómenos meteorológicos que impidieren la realización de las tareas en la forma prevista o habitual.". (las negritas son siempre nuestras)

La nota de Infobraden a la que corresponde el tuit de apertura dice que los empresarios esclavistas del "campo" le piden al gobierno que tome medidas. ¿En qué consistirían, en eliminar los planes sociales, en eliminar el Salario Mínimo?

Los mismos empresarios a los que -en las provincias del norte, parte importante de las "economías regionales" basadas en la explotación intensiva de la mano de obra- el gobierno acaba de beneficiar con una virtual eliminación de las cargas patronales a la seguridad social; una medida insólitamente presentada como beneficiosa, en un gobierno peronista.

Mientras tanto, el gobierno podría efectivamente "hacer algo". Como despertarlo al ministro Moroni de su larga siesta al frente de la cartera de Trabajo, para fiscalizar que se cumplan las leyes laborales, ponéle.


 

jueves, 1 de abril de 2021

NO PERDAMOS EL HILO

 


La claridad del planteo de Artemio nos exime de mayores comentarios en torno al cuadro de situación, y a las prioridades que debe atender el gobierno: las implicancias sociales, económicas, y políticas (incluyendo electorales) son más que evidentes.

Sin embargo, si hemos de juzgar por las acciones concretas, parece que no se toma debida nota del asunto, ni se lo traduce en acciones concretas. Sin ir más lejos, ayer se publicó en el Boletín Oficial una resolución de la AFIP (completa acá) por la cual se prorroga el plazo para el pago del denominado "impuesto a las grandes fortunas" ; como si alivianar la carga fiscal de los sectores más favorecidos fuera parte de las prioridades que el gobierno debe atender.

En contraste, el viernes pasado se publicó también en el Boletín Oficial el Decreto 218 (completo acá) por el cual se otorga un subsidio extraordinario en dos pagos de 1500 pesos cada uno para los beneficiarios de jubilaciones y pensiones más bajas, la PUAM  (Pensión Universal para Adultos Mayores) y pensiones no contributivas. Es lo único que se puede vincular a una política de ingresos adicionales para los sectores más golpeados por la crisis.

Horas después, sesionando un sábado, la Cámara de Diputados modificaba la ley del Impuesto a las Ganancias para que dejen de pagarlo 1.267.000 trabajadores de los de más altos ingresos: una medida justa pero que solo alcanza a un número de personas equivalente a un tercio de los perceptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH), y a menos de la quinta parte de los jubilados y pensionados, más del 80 % de los cuales percibe la mínima.

El ministro Guzmán regresó de Estados Unidos donde se reunió con los funcionarios del FMI y con los principales fondos de inversión, y se apresta a viajar de nuevo para renegociar la deuda con el Club de París. ¿Qué piensa Guzmán de los temas que plantea Artemio, cuáles son sus ideas para recomponer los ingresos de los sectores más vulnerables?

La respuesta a los interrogantes no puede ser que el programa económico está planteado en el Presupuesto nacional, porque allí se habla de una inflación del 29 % para todo el año, y se está diciendo que la del mes de marzo volverá a superar el 4 %, otra vez empujada por el alza en el precio de los alimentos; rubro en el cual los sectores populares gastan la mayor parte de sus ingresos.

Tampoco se puede explicar todo por la pandemia, que si bien es cierto crea un contexto complejo y desafiante, no hace desaparecer la puja distributiva, e incluso la exacerba: en plena pandemia siguen aumentando los combustibles, los precios de los alimentos y consumos esenciales, y el propio gobierno ha habilitado aumentos en los combustibles; mientras la dinámica de las negociaciones paritarias recién está arrancando, y pareciera que el gobierno quiere que cierre en torno a la pauta inflacionaria del presupuesto, usando el ancla salarial -como está usando la cambiaria- para contener la inflación en un año electoral. No parece un prospecto tentador, con las urnas en la mira.

domingo, 15 de noviembre de 2020

DEBE HABER UN ERROR

 


Tal como señala la imagen de apertura, el viernes se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 938 del Ministerio de Trabajo de la nación (completa acá), que aprueba el Programa REPRO II.

Pese a que en la nota de Ámbito de la cual sacamos la imagen dicen que viene a reemplazar al ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) aprobado por el DNU 332 y su modificatorio 376, en los considerandos de la resolución se dice que "...resulta pertinente establecer un Programa de las características del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) como una opción de política pública para las empresas que, si bien no se encuentran incluidas en la nómina de sectores críticos del Programa ATP, sufren una contracción relevante en la facturación y la producción debido a la situación provocada por la pandemia del COVID-19. ".

Recordemos que el ATP, según el artículo 8 del DNU 332, era un "Salario Complementario", consistente en una suma abonada por la ANSES para todos o parte de los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia cuyos empleadores cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 3 del mismo decreto (actividades económicas afectadas en forma crítica en las zonas geográficas donde se desarrollan, con cantidad relevante de trabajadores y trabajadoras contagiados y contagiadas por el COVID-19 o en aislamiento obligatorio o con dispensa laboral por estar en grupo de riesgo u obligaciones de cuidado familiar relacionadas al COVID-19 y reducción real de la facturación con posterioridad al 12 de marzo de 2020). 

El monto de la asignación del ATP es equivalente al cincuenta por ciento (50%) del salario neto (de bolsillo) del trabajador o de la trabajadora correspondiente al mes de febrero de 2020, no pudiendo ser inferior a una suma equivalente a un salario mínimo, vital y móvil ni superar dos salarios mínimos, vitales y móviles, o al total del salario neto correspondiente a ese mes; en éste caso si el salario neto era menor a dos SMVM. Por entonces el Salario Mínimo estaba en 16.500 pesos, o sea que la ayuda del ATP oscilaba entre esa cifra y 33.000 pesos o la cifra menor de salario neto, pero superior a un Salario Mínimo. 

Según el Artículo 1º de la Resolución 938, el “Programa REPRO II” consistirá en una suma dineraria individual y fija a abonar a los trabajadores y las trabajadoras, a cuenta del pago de las remuneraciones a cargo de los empleadores y las empleadoras adheridos al Programa, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2º, que establece el monto: una suma mensual de $ 9000 por cada relación laboral activa del sujeto empleador alcanzado por el programa.

Pero luego el mismo artículo hace ésta aclaración: "En el caso que la remuneración neta percibida por el trabajador o la trabajadora sea inferior a dicho valor, el subsidio será igual a la remuneración neta." (las negritas son nuestras)

Para que se entienda: en una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación (ése que nos vanagloriamos de haber recuperado luego de que Macri lo eliminara) se está diciendo que pueden existir salarios netos de bolsillo de trabajadores (registrados o no, es irrelevante) inferiores a la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil que rige al día de hoy, que es de 18.900 pesos. ¿Debe haber un error, no amigo Moroni, o ese salario sub legal también se considera digno "porque es el que podemos pagar"?

martes, 3 de noviembre de 2020

"FUNCIONARIOS QUE NO FUNCIONAN"

 


Perón fue Perón porque advirtió en los lejanos 40' que había una situación de injusticia social que reparar, y para eso puso manos a la obra transformando el oscuro Departamento Nacional del Trabajo en la Secretaría de Estado de Trabajo y Previsión, desde la que inició la obra reparadora que hasta hoy constituye por sí misma la justificación histórica del peronismo como movimiento político.

Así como tuvo por primera vez un Ministerio de Salud, la Argentina con Perón tuvo también por primera vez un Ministerio de Trabajo, jerarquizando desde la misma estructura del Estado y el gabinete presidencial, al área que debía velar por los derechos de los trabajadores, y tenía a su cargo todo lo relacionado en general con el mundo del trabajo y la seguridad social. Justo las dos áreas de gobierno que el macrismo rebajó de categoría (algo que ni las dictaduras militares habían hecho), y que el gobierno de Alberto Fernández repuso como Ministerios en el gabinete del Poder Ejecutivo.

Aunque estas cosas sean seguramente conocidas por todos, parece que algunos no terminan de entender cabalmente lo que significan. Como el propio Ministro de Trabajo Claudio Moroni, que refiriéndose al último aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil señaló acá en Infobraden que para él  "sueldo digno es aquél que estemos en condiciones de pagar y sostener".

Un equívoco conceptual -por decir poco- impropio de un funcionario de un gobierno que llegó al poder en nombre del peronismo. Nadie desconoce que las empresas (muchas de ellas, no todas) están atravesando dificultades como consecuencia de la recesión heredada del macrismo y agravada por la pandemia, pero la dignidad del salario en una concepción peronista nunca puede estar ligada a las posibilidades del patrón de pagarlo o no, sino al esfuerzo del trabajador por ganárselo, y sobre todo, a lo que le permite hacer ese salario en términos de subvenir sus necesidades elementales.

La Constitución de 1949 lo decía con meridiana claridad en su Artículo 37, al enumerar los derechos del trabajador, en el inciso 2): "Derecho a una retribución justa - Siendo la riqueza, la renta y el interés del capital frutos exclusivos del trabajo humano, la comunidad debe organizar y reactivar las fuentes de producción en forma de posibilitar y garantizar al trabajador una retribución moral y material que satisfaga sus necesidades vitales y sea compensatoria del rendimiento obtenido y del esfuerzo realizado.".

Para el peronismo, la dignidad aparece indisolublemente unida a la justicia, y más específicamente a la justicia social: un salario digno es un salario justo, y un salario justo es el que le permite al trabajador subvenir sus necesidades y las de su familia, y vivir decorosamente, precisamente con dignidad y sin pasar penurias. 

El precepto constitucional reproducía literalmente la parte pertinente del Decálogo de los Derechos del Trabajador presentado por Perón el 24 de febrero de 1947 al cumplirse el primer aniversario de su triunfo electoral frente a la Unión Democrática; y luego plasmado en el Decreto 4865 del 7 de marzo de ese mismo año.

Pero como la pregunta puntual fue por el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), conviene recordar que en el tercer gobierno peronista, en 1974, se sancionó la Ley de Contrato de Trabajo 20744, cuyo artículo 125 (hoy 116) definía al SMVM como "...la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.".

Es decir que aun tratándose del "piso" legal por debajo del cual no pueden existir salarios para los trabajadores registrados, para el peronismo debe permitirle al trabajador garantizar sus necesidades esenciales. De allí que es insólito que Moroni considere "digno" un salario mínimo que, aun con el aumento del 28 % en tres tramos de acá a marzo (la mitad de la inflación acumulada entre puntas de aumentos, o menos), seguirá estando por debajo de la línea de pobreza. 

Menos con el argumento de que es el que "podemos" pagar, cuando no se estaba hablando de los salarios de los trabajadores bajo convenio colectivo, o de los que paga el propio Estado. Y aun así, como dijimos, el peronismo nació para subir el piso de dignidad de los trabajadores, más allá de lo que los patrones pueden o no pagar; porque si es por eso, siempre van a decir que no pueden, o pueden menos. Por eso hay un salario mínimo legal, paritarias y convenios colectivos de trabajo: Moroni parece no ya no entender para que existe el Ministerio del cual está a cargo, sino la esencia y el fundamento mismo del derecho laboral.

Reiterando: nadie desconoce las dificultades actuales que atraviesa el país y muchas de sus empresas, pero no mezclemos en esto a la dignidad, para rebajarla: lo que dijo Moroni bien pudo haberlo dicho Triaca, y para eso no hubiéramos celebrado haber recuperado el Ministerio de Trabajo. Tiene un escalofriante aire de familia con la teoría de los dos zapatos (el salario y el empleo) de Prat Gay.

La gestión de Moroni ha estado marcada hasta acá por la más absoluta ineficacia: no pudo garantizar la efectiva vigencia de los DNU que prohibían despidos y suspensiones, y legalizó la teoría de los dos zapatos, al crear un mecanismo de homologación express de acuerdos de rebaja salarial de hasta el 25 % de las remuneraciones por acuerdos entre empresarios y sindicatos, para evitar despidos. Ese mecanismo que publicaron de forma culposa y vergonzante en el Boletín Oficial, violatorio del artículo 223 Bis de la Ley de Contrato de Trabajo, y que acaba de ser declarado inconstitucional por la justicia del trabajo (fuero creado por Perón, digamos de paso).

Le preguntan a Moroni en la nota si se sintió aludido por las palabras de Cristina en su carta respecto a los "funcionarios que no funcionan", y por supuesto no se pone el sayo: hemos dicho acá que parece que para muchos, el funcionario que no funciona es el otro. No somos quienes para decir si está en la nómina de los que le inspiraron a Cristina ese párrafo, pero que hizo méritos para estarlo no caben dudas; a punto tal que hay quienes sostienen que sobrevive en su cargo exclusivamente porque es amigo del presidente.  

lunes, 19 de octubre de 2020

EL SUBSUELO DE LA PATRIA SUBLEVADO

 

Historiando el 17de octubre original se ha dicho hasta el cansancio que fue la emergencia política en el espacio público de los hasta entonces ignorados, causando la perplejidad de los que los ignoraban deliberadamente y reclamando ser oídos, tenidos en cuenta y protagonizar -ellos también- la historia. 

Aquella conocida expresión de Scalabrini Ortíz que inmortalizó la jornada:" el subsuelo de la patria sublevada", y que le puso brillo literario al sujeto político que constituyó el núcleo central del peronismo: los trabajadores urbanos industriales en tránsito desde la economía pastoril, huérfanos de representación política y sin ser reconocidos en sus derechos.

Aun cuando vino a ser precisamente quien cumpliera la función de llenar esos vacíos para los "grasitas" o "cabecitas" negras, el peronismo nunca fue un movimiento clasista, y mucho menos "pobrista": desde sus formulaciones teóricas iniciales hasta los sectores políticos que lo formaron, y los cuadros políticos que nutrieron sus equipos de gobierno, siempre integró a sectores de la clase media en la amplitud del frente nacional que Perón supo construir. Eso sin contar con que la sociedad de entonces no es la de hoy, y todo lo transcurrido en el país en estos 75 años redefinió el mapa social, y la propia conformación de las clases.

Los cambios, ciertamente, no fueron para mejor: la sociedad hoy es más fragmentada y desigual, el trabajo en blanco, bien remunerado y con trabajadores sindicalizados ha perdido la centralidad que tenía entonces, y se han multiplicado las formas de la exclusión social, y la precarización. Sin embargo, como en 1945, quienes son expulsados por el mercado y la sociedad de consumo votan, y siguen necesitando ser representados políticamente, tanto como lo necesitaban los obreros que convergieron sobre la plaza histórica aquel 17.

La movilización de apoyo al gobierno del sábado pasado fue contundente, desbordando incluso los pedidos oficiales a observar la cuarentena, y de no mediar la pandemia, pudo ser mucho mayor. Pero acá nos queremos detener: por las características a las que la remitió el contexto sanitario (sobre todo, sin posibilidad de usar colectivos), no estuvieron presentes quienes, además de guardar los cuidados del caso por el virus, no tienen medios para desplazarse por sí mismos.

Eso marca, quiera que no, un corte de clase en la expresión de los apoyos: se manifestaron en su mayoría las clases medias que acompañan al gobierno, y algunos trabajadores organizados, encuadrados en los sindicatos que decidieron movilizar con las reglas posibles en la emergencia, como Camioneros. Pero los 13 millones de votos de la fórmula "FF" hace un año expresan un apoyo social mucho más amplio al "Frente de Todos", que esos sectores.

Hoy también hay "grasitas" y "descamisados" que demandan representación política, derechos, dignidad, mejoras en sus condiciones materiales de existencia; y así como en el 45' Perón y Evita resignificaron el agravio opositor que calificaba a los trabajadores migrantes como un "aluvión zoológico" en clave de un proyecto político que los incluyó y les dio centralidad, hoy la agresión gorila al peronismo en el poder describiéndolo -por boca de Macri y Cornejo- como "el partido de los que no trabajan y viven de los demás", debe ser reconducida en un serio esfuerzo de gobierno por llegar, con medidas concretas, a los sectores más golpeados por la crisis.

No hay ni puede haber, en un gobierno peronista, otra prioridad que bajar los indignantes índices de pobreza e indigencia que nos legaron, por su orden, el macrismo y la pandemia. Y eso no lo vamos a lograr con aumento del salario mínimo del 28 % en tres cuotas de acá a marzo, dudando todavía si habrá o no una cuarta cuota de 10.000 pesos del IFE, o "evaluando" si habrá suba en el monto de la tarjeta "Alimentar", o en los planes sociales. ¿Qué tanto hay que evaluar, con las cifras de pobreza conocidas, si cierran las cuentas fiscales?

Eso sin contar que seguimos sin definir un índice de actualización de la AUH y las jubilaciones (el 80 % cobra la mínima), o sin tomar medidas para frenar los aumentos en los precios de los alimentos, mientras siguen aumentando las tarifas (alguien que les avise a las empresas del DNU que lo prohíbe) y los combustibles (esto con anuencia del gobierno). Urbanización, acceso a la vivienda y los servicios básicos, reducir la precarización laboral: demandas que necesitan respuesta ya, para ayer, sobran. Y están bastante antes en la lista de prioridades que nos trajeron hasta acá, que los estímulos fiscales para "seducir" a los que tienen excedentes, para que no se vuelquen al dólar.

Apoyo para avanzar hay, el que se mostró el sábado y el que no pudo hacerlo. Pero hay que darles razones a esos apoyos, para seguir bancando. Si no avanzamos no será por falta de eso, sino por otra cosa. Tuits relacionados:  

jueves, 15 de octubre de 2020

METAMOS UNA MANO

 

Se puede entender -entender, no justificar- que el gobierno no tome ninguna medida contra los que marcha contra la cuarentena que no existe, ni exija el cumplimiento de los protocolos establecidos para las actividades habilitadas, dejando que se escapen los contagios: se requiere un nivel de fortaleza política para ejercer la legítima coerción estatal para hacer cumplir las normas de la que el Estado en todos sus niveles (nación, provincia, municipios) hoy carece; así como tampoco existe un consenso interpartidario y entre los diferentes niveles para avanzar en esa dirección. 

Habrá que cargar entonces con las consecuencias de haber dejado librada la evolución de la pandemia a la responsabilidad individual; a la que tantas veces se ha apelado en vano en estos meses, luego de haber fracasado antes en la apelación a la responsabilidad social. Una derrota cultural, con consecuencias funestas.

Menos comprensible (y justificable) es salir en auxilio financiero del desastroso gobierno radical de Mendoza, que hace semanas planteaba separarse de la Argentina, y alardea cada vez que puede de que desconocerá las medidas restrictivas contenidas en el DNU nacional, aunque la situación sanitaria de la provincia esté al borde del colapso. Como ejemplo para las demás administraciones, es pésimo: se les está indicando que la desobediencia altanera y caprichosa es el mejor camino para recibir ayuda. Ni hablemos del deterioro del concepto de la autoridad del Estado nacional.

Pero antes, durante y después de la pandemia, hay una agenda por fuera de ella, que nunca se termina de abordar: el listado de grandes fugadores de divisas durante el macrismo que elaboró el Banco Central parece haber sido hecho para una investigación del CONICET, y no se tradujo en insumo para ninguna política pública concreta. Los propios bancos -que proporcionaron la plataforma para la fuga masiva- se dieron el lujo de sabotear concienzudamente todos los planes de asistencia financiera del gobierno a los sectores productivos golpeados por la pandemia, y por eso hubo que pasar al ATP; sin que la rebelión les costara nada.

Como tampoco les costó nada a los empresarios como Paolo Rocca y el grupo Techint haber despedido trabajadores en contra del DNU que lo prohibía expresamente, o a las empresas de servicios públicos privatizados seguir mandando facturas con aumentos pese a que otro DNU congela las tarifas, y el presidente prometió ocuparse del asunto.

No hay más noticias de la revisión de los ñoquis VIP enquistados por el macrismo a lo largo y a lo ancho del Estado al despedirse del gobierno, y ya ni siquiera se le ocurre a nadie pedir que Macri o algún funcionario suyo vaya preso, porque bien sabemos que depende de una justicia que siguen controlando ellos; y cuya principal preocupación es defender sus privilegios.

El impuesto a las grandes fortunas tan criticado por tanta gente que no lo tendría que pagar (así como tantos criticaron la expropiación de Vicentín que no los afectaba, hasta lograr que el gobierno desistiera de ella) se ha transformado en un mito urbano, de cuya existencia misma no se puede tener certeza. 

Formadores de precios (en especial en alimentos y rubros esenciales de la canasta familiar) siguen haciendo su agosto sin que la gran mayoría sepa quien está a cargo de la Secretaría de Comercio o si siquiera está cubierta, que suerte tuvo la promocionada ley de góndolas o que otra solución a la inflación de alimentos hay a la vista que no sea deprimir la demanda.

Pero la inacción más preocupante, es la que tiene que ver con la falta de articulación de medidas que recompongan los destrozos del macrismo, en términos distributivos: desde que se conocieron las preocupantes cifras de la pobreza y la indigencia en el primer semestre para acá, se sigue cavilando si pagar o no una cuarta cuota de los10.000 pesos del IFE o si la ayuda se extenderá más allá, el Salario Mínimo se ajustará por debajo de la inflación y en tres cuotas de acá a marzo, el promedio de las paritarias que cerraron está por debajo de la inflación después de cuatro años de retroceso del poder adquisitivo con el macrismo, y sigue pendiente de definición el mecanismo de ajuste de las jubilaciones y la AUH.

Cualquiera de esas cuestiones -elijan ustedes la que más les guste- tiene infinitamente más interés en términos no solo de construir una sociedad más justa e inclusiva, sino de proyección a futuro y supervivencia política del gobierno del "Frente de Todos", que Macri, sus disparates guionados, los eructos comunicacionales de los medios, o las marchas periódicas del psiquiátrico gorila. No nos distraigamos con la comparsa, y prestemos atención a lo que hacen los dueños del corso. 

Con cada retroceso y cada vacilación, con cada tema urgente que no se aborda o se lo hace tarde, mal y como a desgano, se dejan jirones de la legitimidad ganada en las urnas. Y con cada insolencia de los poderosos que se tolera, se dejan nichos intactos de poderes alternos ensoberdecidos, y más decididos que antes a conspirar contra el gobierno: ahí sigue el intento de forzar una devaluación brutal, protagonizado por el bloque devaluatorio, que no liquida las exportaciones sin pagar consecuencias; y el pequeño sector social que tiene excedentes en pesos para volcar a los dólares bursátiles y el "blue", para generar más expectativas de una corrección abrupta del tipo de cambio, de previsibles consecuencias sociales nefastas.

Venimos cobrando (el gobierno, su base electoral, la gran mayoría de los argentinos) duro y parejo; y va siendo tiempo de meter alguna mano, antes del nocaut. Y que no sea un puñetazo en la mesa en un programa de televisión, queriendo dar muestras de reafirmar la autoridad. Todavía se está a tiempo; y no estaría mal tener algo concreto para festejar los 75 años de peronismo el 17 de octubre. Tuit relacionado: 

miércoles, 8 de enero de 2020

EN CASO DE DUDA, CONSULTE A UN GARCA


Cuando se contempló en la ley de emergencia facultar al presidente a disponer por decreto aumentos salariales que fueran aplicables al sector privado surgieron las dudas si de ese modo no se "planchaba" la discusión en paritarias, o que iba a pasar en definitivas con esos ámbitos de negociación: muchos gremios plantearon que se oponían, y dejaron sentado que iban a pedir más o lo que creyeran conveniente; como pasó con Moyano y Camioneros.

Después salió el Decreto 14/20, que dispuso un aumento de 3000 pesos sobre los haberes de enero, y 4000 sobre los de febrero, pero aclarando que el incremento "Deberá ser absorbido por las futuras negociaciones paritarias." (artículo 2 inciso a) del decreto), y que "No deberá ser tenido en cuenta para el cálculo de ningún adicional salarial previsto en el convenio colectivo o en el contrato individual de trabajo, en tanto no sea pactado específicamente para este incremento, un criterio distinto mediante negociación colectiva." (inciso b) del mismo artículo, las negritas son nuestras)

Queda claro entonces que el aumento dispuesto por el decreto es a cuenta de lo que los gremios pacten con las patronales en paritarias, y que incluso en ese ámbito pueden disponer que la suma otorgada sea tenida en cuenta para el cálculo de algún adicional salarial contemplado en los convenios colectivos.

Pero si alguna duda quedara, basta leer esta nota del inefable Julián De Diego en El Cronista de ayer, para despejarla: entre quejas porque "no se respeta la autonomía negocial colectiva", detecta que la medida responde al pacto social planteado por el gobierno, pero "condicionado por los gremios m{as combativos", y "sin participación del empresariado", con lo cual la suma acordada por el presidente "termina siendo un incremento real que desplazará a la negociación colectiva".

Y dice más: que con el decreto se consolida "la unión del Poder Ejecutivo con los sindicatos, que ahora son socios mayoritarios frente a los empleadores, que ahora son minoritarios"; y recuerda que con esta medida, Alberto Fernández retoma la política de Néstor Kirchner de otorgar aumentos de suma fija por decreto, para favorecer a las escalas más bajas de los convenios colectivos, que suelen corresponder a los pactados por los sindicatos con menor poder de negociación, y se complementaba (señala De Diego) con el aumento del salario mínimo vital y móvil por encima de la inflación.

En sus palabras, este aumento salarial por decreto más la reposición de la doble indemnización por despido son "una reforma laboral con el estilo del nuevo gobierno", o sea el diametralmente opuesto al de Macri: se lamenta de que no hayan habido cepo a las paritarias, topes de aumento o congelamiento liso y llano de la negociación colectiva, ni suspensión de las cláusulas de revisión de las paritarias pactadas el año pasado.

Todo eso, luego de quejarse dos párrafos más arriba que el Estado haya "interferido en la autonomía negocial colectiva" de las partes: todos los climas, digamos. Y una opinión a tener en cuenta por si uno se despista, porque refleja como ve el empresario garca promedio la política laboral y de ingresos del nuevo gobierno. Tuit relacionado:

sábado, 17 de agosto de 2019

LA IMPROVISACIÓN AL PODER. O NO.


En el marco de las medidas que alocadamente anunció y trató de implementar el gobierno después de las derrota en las PASO, El jueves de esta semana el ministro Dante Sica convocó al Consejo del Salario, para discutir un aumento del Salario, Mínimo Vital y Móvil, que estuvo hibernado durante meses porque la contracción de los salarios es la pieza fundamental de la política económica del macrismo. Acápueden ver en el Boletín Oficial de ese día la resolución de convocatoria.

El SMVM está contemplado en el artículo 14 Bis de la Constitución, y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 lo define así: “Salario mínimo vital, es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.”.

Hoy el Salario Mínimo está en 12.500 pesos, cuando la canasta alimentaría básica que mide los niveles de pobreza, sobrepasa los 31.000, lo cual supone que el gobierno viola groseramente la Constitución y las leyes, además de hambrear al pueblo. De allí que resulta perfectamente lógico que tanto la CGT como la CTA vayan a la convocatoria del Consejo con un pedido de aumento del 140 %, para por lo menos llegar a esa cifra. Ni hablemos de que el salario alcance para algo más que comer.

Según cuentan acá en Ambito Financiero, el gobierno solo está dispuesto a conceder un aumento del 28 %, en línea con el promedio de las paritarias de los trabajadores registrados (que de ese modo perderán mucho más de 20 puntos frente a la inflación este año), con lo cual el SMVM llegaría a unos 16.000, o sea, apenas la mitad de la canasta de pobreza. Señala la nota que no quiere otorgar un aumento mayor por temor a que dispare otras demandas, como el aumento de los planes sociales.

Esta misma semana (no hace un mes, ni un año, el gobierno anunció la eliminación del IVA en 13 productos dela canasta básica de alimentos; medida que se concretó a través del Decreto 567 publicado ayer en el Boletín Oficial (completo acá).

En los fundamentos del decreto se señala -entre otras cosas- que la medida se toma en el contexto de “...la Ley Nº 27.345 se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2019 la emergencia social en los términos de la Ley Nº 27.200, con miras a garantizar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional, con fundamento en las garantías otorgadas al “trabajo en sus diversas formas” por el artículo 14 bis y al mandato de procurar “el progreso económico con justicia social” establecido en el artículo 75, inciso 19, ambos de la Constitución Nacional...”.

La pregunta preliminar que uno podría hacerse es por qué razón entonces no se eliminó el IVA de estos productos cuando se sancionól la emergencia social, o cuando se la prorrogó hasta fin de año, y la respuesta es muy sencilla: porque el gobierno no había perdido las elecciones.

Pero volviendo a los fundamentos de las medidas y para que se entienda: con los mismos argumentos con los que debería aumentar el SMVM mucho más de lo que el gobierno está dispuesto a aceptar (por lo menos cinco veces más), eliminan el IVA de una serie de productos de primera necesidad de la canasta básica de alimentos, al tiempo que reconocen que la medida no hará bajar los precios; es decir, el Estado resignará recursos propios y de las provincias, a cambio de nada, o de que los que intervienen en la cadena de producción y comercialización de los alimentos se apropien de más ganancias, fruto de la devaluación.

Para peor, en el decreto se señala que "...en dicho marco (o sea, el de la emergencia social, aclaramos) corresponde velar y garantizar el abastecimiento normal y habitual en el mercado interno a efectos de cubrir las necesidades del pueblo argentino...."·y que "...la falta de suministro de productos en el mercado provoca un grave impacto, con el consiguiente perjuicio de la sociedad toda, requiriendo la adopción de medidas urgentes por parte del Gobierno Nacional.". Es decir: frente a las maniobras especulativas de los empresarios la respuesta no es -por ejemplo- aplicar la Ley de Abastecimiento 20.680 o la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, sino eliminar impuestos, para que ellos ganen más; aunque la gente pague los mismos precios. 

Del mismo modo que con el congelamiento de las cuotas de los préstamos UVA, que opera a través de un subsidio del Estado a los bancos que pagamos todos (en lugar de que estos resignen rentabilidad), las medidas que el gobierno sacó a las apuradas de la galera para intentar remontar el desastre en las urnas, sacrifican ingresos del Estado o redistribuyen cargas entre los empobrecidos, en lugar de afectar los intereses de los enriquecidos; que venían ganando montones de plata antes, y pasaron a ganar mucho más con la devaluación. Como los miembros del gabinete y el presidente, con abultados patrimonios en dólares, resguardados en el exterior.

miércoles, 3 de julio de 2019

COSAS BÁSICAS


Las denuncias de corrupción contra Cristina y los funcionarios del gobierno anterior, las críticas de Alberto Fernández al kirchnerismo después de su alejamiento, los dichos de Ofelia Fernández, Dady Brieva, Zaffaroni, Mempo Giardinelli o cualquier personaje más o menos famoso asociado con el kirchnerismo.

La calma del dólar, las presuntas obras de infraestructura postergadas por años que ahora se estarían haciendo aunque nadie las vea, el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, la boludeada de tres cordobeses a Macri en Zurich, Carrió pidiendo una ley para revisar los condenas en los juicios de lesa humanidad, Bonadío y su payasada diaria o semanal, y es seguro que nos olvidamos de muchas cosas más: como ven, no faltan temas con los cuáles nos quieren mantener distraídos de acá a las PASO y a las elecciones generales, y si llegaran a faltar, los inventarían.

Nos quieren tener discutiendo entre nosotros que suma y que resta para ganar la elección, o discutiendo con ellos de las cosas que ellos quieren que discutamos, y para ser sinceros, mucho trabajo no les cuesta que mordamos el anzuelo y nos prendamos. Mientras tanto, corren los días que faltan para la elección, y perdemos el tiempo necesario para hacer lo que hay hacer: ganar votos.

O nos pasan elefantes por al lado y no los vemos, o no hablamos de ellos, como por ejemplo los datos tremendos que aporta un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda, y recoge esta nota de El Destape: la brutal inflación en los alimentos esenciales de la canasta básica, que hace que para poder comprarlos, un jubilado con la mínima tenga que invertir casi el 100 % de su haber, o que esa canasta básica represente casi el 80 % del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).

Salario Mínimo Vital y Móvil, dicho sea de paso, que es cada vez más mínimo, y cada vez menos vital y móvil; porque el macrismo volvió a la prácticas menemista de hibernar el Consejo del Salario, para no reajustarlo, así como retocó a la baja la fórmula de ajuste de los haberes previsionales: como dice la canción, nada de esto fue un error, son los efectos buscados y deseados de políticas de mierda, diseñadas por hijos de puta.

En este contexto, no podemos prestarle más atención a las barrabasadas de Carrió que a la grosera violación de la Constitución Nacional que establece en su artículo 14 Bis el Salario Mínimo Vital y Móvil, al que la Ley de Contrato de Trabajo define en su artículo 116 como“...la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión....”.

No estamos hablando de salir al cine, de irse de vacaciones, de cambiar el auto, comprarse ropa o poder pagar los servicios, aunque de eso también tenemos que hablar: estamos hablando de que hay cada vez más gente que no puede comer, porque no puede comprar lo básico, porque no le alcanza. Como dijo al principio de este gobierno Guillermo Moreno a su particular modo (y en esto, al menos, tuvo razón): un gobierno oligarca que se metió con la comida de la gente, eso es -antes que nada- el macrismo.

Cuando se habla de la inflación y como evoluciona o sus causas, se suelen perder de vista sus consecuencias, o poner la lupa allí donde pega más (en la comida, las cuestiones básicas que hacen a la subsistencia), donde más duele y como afecta a los más vulnerables: distraídos con otras cuestiones, no solemos poner el foco en el retroceso brutal que en estas cuestiones representa el macrismo respecto al país que heredó de nosotros en el 2015.

Un país que estaba lejos de tener resueltos todos sus problemas y donde también había mucha gente que la pasaba mal, pero en el que durante 12 retrocedieron la pobreza y la indigencia (podemos discutir cuanto, pero no que retrocedieron, porque las políticas de los gobiernos de Néstor y Cristina se ocuparon de eso), y era mayor la seguridad alimentaria: gente insospechada de parcialidad política como Juan Carr decían que el “hambre cero” estaba a la vuelta de la esquina de conseguirse.

Pensemos desde entonces cuanto hemos retrocedido, y como empeoró la situación no solo de los directamente implicados en el informe (jubilados de la mínima por ejemplo), sino de todos los que vieron retroceder en forma brutal y constante sus ingresos, medidos en términos de poder de compra de bienes esenciales como la leche, el pan, la carne, la harina, el aceite, los fideos, la yerba, el azúcar: trabajadores formales o no, jubilados con la mínima o no, beneficiarios de la AUH.

Muchos de ellos posibles votantes de Macri en 2015, y posibles “arrepentidos” de ese voto hoy: al menos a nosotros, no se nos ocurren problemas más urgentes para discutir, ni personas con más razones para no volver a votarlos nunca más. Pero eso no nos exime de la práctica militante de hablar de ellos, o mejor aun, de hablarles a ellos, diciéndoles como los vamos a sacar de esa penuria, como vamos a hacer para que puedan, simplemente, comer todos los días; y explicarles que si gana Macri, ya dijo que hará lo mismo (o sea, cagarlos de hambre), pero más rápido.

No se nos ocurre tema de campaña más apremiante, ni mensaje de esperanza más necesario y esperado.

lunes, 4 de marzo de 2019

(NO) PODER DE COMPRA


“Tal como venimos señalando desde el CedeBH, la caída del poder adquisitivo de los salarios -dado por un incremento de precios superior a los incrementos salariales- es una realidad que afecta al amplio conjunto de trabajadorxs y repercute de manera directa en el consumo. Más precisamente, de acuerdo a diferentes mediciones, el incremento en el nivel general de precios durante el 2018 alcanzó según nuestras mediciones 50,9% (Alimentos y Bebidas), mientras que para los organismos oficiales nacionales la meta establecida en el Presupuesto Nacional era del 11,9%, luego del acuerdo con el FMI se proyectó al 30%, ambas proyecciones superadas ampliamente. Para la provincia de Santa Fe el acumulado en 2019 indicó un 49,3% de incremento en el nivel de precios para el total de la canasta.”

“Así, para el IPC calculado por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de Santa Fe demuestra un acumulado desde enero de 2015 hasta diciembre de 2018 del 225% del Índice General de Precios al Consumidor. Para nuestro centro de estudios, el acumulado en dicho periodo para Alimentos y Bebidas registro se encuentra por encima del 188%. Para poder medir la pérdida de poder adquisitivo hemos tomado como indicadores tres ingresos establecidos a nivel Nacional: Asignación Universal por Hijo, Jubilación Mínima, Salario Mínimo Vital y Móvil. Su evolución respecto a Enero de 2015 indica lo siguiente:” 



“Lo anterior, nos indicara que si los precios de distintos bienes, de la lista de que se presenta a continuación, presentan una variación por encima de los mismos, los distintos tipos de ingresos pierden su capacidad adquisitiva, es decir permiten al beneficiario de los mismos una menor posibilidad de compra en términos de cantidades. Los distintos tipos de ingresos representan a diferentes poblaciones, la AUH está vinculada estrictamente a aquellas familias donde ni el padre o la madre de lxs menores beneficiadxs tienen un trabajo registrado o el mismo es inferior al SMVyM, con lo cual refieren a familias en condiciones de alta vulnerabilidad económica y social.”

“La Jubilación Mínima representa a lxs trabajadores pasivxs contribuyentes del sistema previsional nacional, pudiendo lxs mismxs haber ingresado en alguna de las moratorias nacionales. Estos dos ingresos a partir de fines de 2017 se vieron perjudicados debido a la nueva fórmula de actualización. Luego, el Salario Mínimo Vital y Móvil actúa como marco de referencia para lxs trabajadorxs registradxs estableciendo un piso mínimo de ingreso.”

“Con lo cual, uno de estos ingresos (AUH) corresponde a transferencias desde el Estado Nacional a las familias, sin someterse a condiciones del mercado. Mientras que los otros dos tipos de ingresos están vinculados a la actividad productiva de las y los trabajadores. A continuación, presentamos el comportamiento de los mismos, en función de un listado de alimentos y bebidas de mayor consumo popular:” 



“La caída del poder de compra para los ingresos percibidos por la AUH en enero del corriente año respecto al mismo mes del año 2018, cayeron en términos absolutos para 17 productos, mientras que solo para 5 se incrementó o mantuvo el nivel de consumo. En este sentido, la mayor caída se dio para la harina y el pan francés en 61 unidades y 63 kilos respectivamente. En cuanto a la relación de enero 2019 respecto a enero 2015 solo en 5 productos se mantuvo o incremento el poder de compra. Se observa que la mayor merma del consumo se dio en las galletitas de agua envasadas (86 unidades) y en el pan francés (44 unidades).

“Por lo tanto, para el 77% de los productos analizados la evolución de precios fue superior al incremento de los ingresos provenientes de la AUH, con lo cual la perdida de poder adquisitivo ha sido considerable.” (imagen Jubilación)





“En términos de acceso a la compra de productos, para el caso de la jubilación mínima se observa el mismo comportamiento que para la AUH. Un 77% de los productos para enero de 2019 han disminuido en términos absolutos en función de la posibilidad de compra para este tipo de ingreso (tanto en su comparación respecto a igual mes del año 2018 como de 2015). Se observa en términos absolutos mayores caídas de cantidades del poder de compra dado que el monto total de estos ingresos es mayor al de AUH. La disminución principal en relación a enero de 2018 se observa en el pan francés donde el poder adquisitivo de un año respecto a otro decreció en 325 unidades.”

“Para el caso del poder adquisitivo del SMVYM se observa que el 86% de los productos analizados tuvieron una variación de precios superior a la variación de este ingreso, con lo cual para estos productos decayó el nivel de compra, esto es enero 2019 respecto al mismo mes del año 2018. Luego, si comparamos la variación de enero 2019 respecto a enero 2015 el 95% de los productos han crecido por encima de la actualización del salario mínimo. Las variaciones más significativas en términos de cantidades adquiridas se dan en los mismos productos de los casos anteriores pan francés, harinas y galletitas de agua.” 





“Conclusiones”

“Para los tres tipos de ingresos (AUH, Jubilación Mínima y SMVyM) y los 22 productos analizados las variaciones de precios en mas del 70% de los casos fueron superiores a las actualizaciones de las transferencias monetarias.”

“En mucho de los casos, se ha podido observar que cada una de las barras del gráfico, las cuales representan la cantidad posible de consumir según el ingreso analizado en un año determinado, muestran una tendencia decreciente formando una escalera hacia la derecha, esto demuestra que la caída en lo que pueden adquirir lxs trabajadorxs de dichos productos ha caído año tras año a pesar de las actualizaciones en los tipos de ingresos analizados.”