LA FRASE

"HOY TENEMOS UN DESAFÍO MUY GRANDE PORQUE EL PAPA DEJA EL PAÍS A LAS 14 HORAS Y TENEMOS QUE LLEGAR A ORGANIZAR EN POCO TIEMPO LA REPRESIÓN A LOS JUBILADOS Y DISCAPACITADOS EN EL CONGRESO." (ALEJANDRA MONTEOLIVA)
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viernes, 12 de noviembre de 2021

UNA BALA DE PLATA QUE NO VAMOS A USAR

 

Alberto Fernández siempre se manifestó contrario a dictar una ley de medios para limitar los abusos de posición dominante en el mercado de las comunicaciones audiovisuales, cuando era Jefe de Gabinete de Néstor y Cristina, luego cuando se fue del kirchnerismo; y también después, cuando fue candidato y más tarde presidente electo y en funciones.

De allí que no sorprenda que aun hoy siga vigente el DNU 267/15 de Macri, que mutilara las cláusulas de la Ley 26522 que se aprobó durante el gobierno de Cristina, que resultaban más irritativas para los intereses de los grupos mediáticos hegemónicos, en especial Clarín: no es una cuestión de complejidad técnica o jurídica, pues bastaba con dictar otro decreto para reponer el texto original de la ley tal cual fue sancionada por el Congreso -con amplia mayoría en ambas cámaras-, y validada en su constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Era y es cuestión de voluntad política, y la decisión de no hacerlo, se inscribe dentro de una política de búsqueda de consensos con quienes adversan con el gobierno, e incluso trabajan a diario para erosionarlo en su legitimidad. De los resultados -fracasados, desastrosos- de esa política hemos escrito muchas veces acá; y de esa misma línea política surge la decisión de seguir subsidiando generosamente con pauta publicitaria oficial a quienes sabotean al gobierno, y cualquier política pública que no comulgue con sus intereses, campaña de vacunación incluida.

Pero durante el gobierno de Macri Clarín no obtuvo solo el beneficio de que le destrozaran la LSCA que lo perjudicaba, sino que consiguió la tan ansiada fusión entre Cablevisión y Telecom, que le permitió reforzar y consolidar aun más -si fuera posible- su posición dominante en el mercado de las comunicaciones y los medios audiovisuales.

En cualquier país de los que nuestra derecha considera "serios" o un ejemplo a seguir, eso sería considerado incluso contra las reglas básicas del capitalismo, en tanto significa minimizar a en algunos casos suprimir la competencia, en perjuicio de los consumidores. Pero el gobierno de Macri -hechura de Magnetto y Clarín, al fin y al cabo- aprobó la fusión, sin mayores objeciones.

Eso incluso aunque era un claro ejemplo de concentración económica, distorsión de la competencia y abuso de posición dominante sea en los términos de la Ley 25156 de defensa de la competencia, o de la Ley 27442 que se dictó para reemplazarla en 2018, a instancias de un proyecto promovido por los propios legisladores de "Cambiemos": una vez más, el grupo Clarín se colocó por encima de las leyes que rigen para el resto de los argentinos.

Sin embargo, la fusión -que de hecho viene operando desde que ambas empresas, Telecom y Cablevisión, la resolvieron- aun no está perfeccionada legalmente: tal como cuenta acá Ari Lijalad en El Destape, en una causa judicial en trámite promovida por los trabajadores de Telecom se solicita que se expida al respecto la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que es la autoridad de aplicación de las Leyes 25156 y 27442 antes citadas.

El organismo depende de la Secretaría de Comercio Interior que hoy conduce Roberto Feletti, al que le cayó esta brasa ardiendo, tal como le tiraron en su momento los aumentos de precios en los alimentos y medicamentos. Pero está claro que el volumen del asunto lo excede, y requeriría de una definición política del gobierno en su conjunto: tumbarle a Clarín esta fusión representaría hoy un golpe mortal a sus intereses, mucho mayor incluso del que pudo representar en su momento la ley de medios.

Tal como están las cosas, nada indica que eso vaya a suceder, y lo más probable es que todo siga igual, aun cuando, como se dijo, la fusión debería ser rechazada y darse marcha atrás en ella, por no ajustarse a las normas vigentes. 

Por supuesto que de ser así, después no vale quejarse por sus consecuencias: que Clarín, que es un enemigo no ya de éste gobierno sino de la democracia -una pistola armada apuntada a su cabeza, como bien lo definió Luis D'Elía- disponga de todo su poder de fuego mediático para bombardearte durante las 24 horas del día, los 365 días del año, por lo que reste del mandato de Alberto Fernández.   

viernes, 11 de septiembre de 2020

EL DIARIO DE LA MAFIA


El tuit de apertura corresponde a ésta nota de Ari Lijalad en El Destape Web, en la que cuenta que "l Gobierno anunció que va a apelar el fallo que lograron Héctor Magnetto y sus socios para evitar los controles del Estado en la fusión de Cablevisión y Telecom. Lo hará a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el organismo encargado del fiscalizar esas operaciones al que ese fallo judicial, pretende atar de manos.

Se trata de una causa trucha armada por un accionista suelto de Cablevisión que curiosamente hizo el mismo planteo judicial que la empresa pero en otro expediente; cosa de que los jueces no tuvieran que fallar directamente ante una presentación del propio Magnetto o los directivos del hólding. Al fusionarse las empresas debían hacer una Oferta Pública de Acciones (OPA), que implica ofrecerle a todos los accionistas comprar su parte de la empresa ante el cambio en la conducción de la misma. A mediados de 2018 hicieron la OPA y ofrecieron 110 pesos por acciones que valían 145 y que hoy valen más de 400 pesos.

Como los funcionarios de línea de la CNV plantearon objeciones a ese precio bajo, Magnetto siguió una doble vía: judicializó el tema para bloquear el accionar de la CNV y logró que las autoridades macristas le adaptaran la legislación a medida para no realizar la OPA. La maniobra perjudicó a los accionistas minoritarios, entre ellos la ANSES, que al día de hoy tiene el 11,34% de Telecom y el 9% de Cablevisión Holding, las dos empresas que se fusionaron.

La ANSES tiene esas acciones desde los tiempos de las AFJP, cuando empresas como el grupo Clarín se financiaban con "la plata de los jubilados", emitiendo ON (obligaciones negociables), a cambio de participaciones accionarias a los que las suscribieran. ;ientras esos "socios" fueran privados nunca les molestó, pero cuando el Estado tomó el control de los activos de las AFJP, pasó a convertirse en una molestia: todos recordamos por ejemplo la resistencia de Techint a permitir que se designaran directores en representación de ANSES en Siderar, cuando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) tiene el 26 % de las acciones de la empresa.

Amén de eso, allá por el 2012 Cristina impulsó una modificación de la ley que regula los mercados de capitales, que el Congreso aprobó como Ley 26831. Esa reforma contemplaba entre otras cuestiones, en su artículo 20, ampliar las facultades de contralor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), para proteger los derechos de los accionistas minoritarios de las sociedades; como al Fondo de ANSES en Telecom o Cablevisión, o el Estado nacional en Papel Prensa.

Pues bien, en julio del 2018 (o sea, apenas dos meses antes de la fusión), Clarín logró que el gobierno de Macri hiciera aprobar por el Congreso la Ley 27440 que desguazó la reforma de Cristina, como hicieron con la ley de medios, suprimiendo con precisión quirúrgica esas facultades: lo necesitaban para consumar la fusión, en los términos pretendidos por ellos y sin controles molestos. Acá hay más información al respecto, para que vean que se trató de otra "ley Clarín", como la de bienes culturales.

Clarín usó "la plata de los jubilados" para financiarse durante el menemato, agitó en contra de la disolución del sistema de las AFJP, logró que en el 2012 y cuando se discutía la que luego sería la Ley 26831, la UCR -que la había votado a favor en Diputados- votara en contra en el Senado el artículo 20 que le molestaba; y ya con Macri y como dijimos, logró podar de la ley de los mercados de capitales, los artículos que le molestaban. Ahora consiguió que jueces venales fallaran a su favor, como tantas veces: lo que se dice un auténtico diario de la mafia.   

martes, 25 de agosto de 2020

EL DNU SUMA APOYOS OPOSITORES



El ex senador y presidente por un día Fede Pinedo nos dice que el que controla Internet, controla tu vida. O sea, como decimos siempre desde ésta lado de la grieta: el Grupo Clarín, a través de Fibertel, controla nuestras vidas, o pretende hacerlo.

Razón de más para que el Estado se meta a regular allí, tratando de evitar abusos, monopolios, concentraciones o posiciones dominantes, y sus consecuencias en materia de precios y condiciones de acceso a los servicios. Gracias, Fede, muy valioso tu aporte.

¿Posiciones dominantes, dijimos?

En un gesto que la enaltece, Pato Bullrich, ex ministra de Seguridad de Macri y actual presidenta del PRO, nos dice que: 1) el Grupo Clarín tiene posición mayoritaria en el servicio de tv por cable e internet, 2) que además de eso (o sea, sin desprenderse de esa posición, en esos dos mercados) ahora opera con celulares a través de la fusión (sic) "con Personal": en rigor se está refiriendo a la fusión entre Cablevisión (la principal operadora de TV por cable del mercado) y Telecom, una de las licenciatarias del servicio básico teléfono, y dueña a su vez de Personal, prestadora de servicios de telefonía celular móvil.

Dice más Pato: que el dominio de Clarín es tan amplio, que para "meterse con ellos", el gobierno "encontró una ventana": alguien podría pensar que si se trata de encontrar negocios donde Clarín tiene intereses, cualquiera podría hacerlo, con los ojos cerrados y en la oscuridad.

Como sea, valorables gestos de apoyo al DNU presidencial, de dos opositores políticos al gobierno nacional. Porque no van a venir ahora con que, habiendo dicho lo que dijeron, se van a oponer al decreto, y van a apoyar a un grupo con posición mayoritaria en el mercado, que integra distintos rubros de negocios para fortalecerla, y desde allí controlar nuestras vidas.

¿Qué clase de liberales serían si admitiesen semejante injerencia en nuestras libertades, y semejante posición dominante en el mercado, en lugar de promover la competencia?

Posiblemente liberales argentinos, de los que siendo oposición al kirchnerismo en 2009 votaron en contra la ley de medios, que tendía a desconcentrar la propiedad de los medios audiovisuales, y obligaba a grupos como Clarín a desprenderse de licencias; como pasa en los países del mundo que ellos llamarían "serios", y suelen poner como ejemplos.

O que, siempre siendo oposición al kirchnerismo, votaron en el 2014 en contra la ley de "Argentina Digital", y luego, siendo gobierno, la mutilaron con el DNU 267/15; que también desguazó las cláusulas antimonopólicas de la ley de medios.

Esos raros liberales que rehabilitaron la licencia de internet de Fibertel (del Grupo Clarín) que el kirchnerismo había caducado, para que pudieran controlar nuestras vidas, en palabras de Pinedo.

O que autorizaron la fusión de Cablevisión y Telecom, para que el Grupo Clarín (en palabras de Pato Bullrich) afianzara su posición dominante en los mercados de la TV por cable, internet y la telefonía celular.

Como sea, bienvenidos ambos al "Frente de Todos". ¿O van a organizar una marcha en defensa de las posiciones dominantes en el mercado, y del derecho de Clarín a cobrar las tarifas que quiera por los servicios que prestan sus empresas?   

martes, 30 de octubre de 2018

MACRI CUIDA A SUS ALIADOS


Sabido es que luego de aprobado en general el presupuesto en la Cámara de Diputados, los diputados de la UCR dentro del interbloque “Cambiemos” intentaron colar un proyecto para que los jueces empiecen a pagar el impuesto a las Ganancias, pero los del PRO los desalentaron y luego de un cuarto intermedio, la iniciativa quedó abortada.

En realidad, para que los jueces paguen Ganancias no es necesario que el Congreso haga nada, porque la exención que los favorecía ya fue derogada en 1996 por la Ley 24.631, pero la Corte menemista dictó entonces la Acordada 20 que aun rige, y declaró a esa reforma inaplicable, por inconstitucional.

Es entonces la Corte la que -desde hace años- podría resolver el asunto, simplemente dejando sin efecto esa Acordada, pero no lo hace porque seguramente desataría una rebelión interna dentro del propio Poder Judicial que encabeza.

Para el gobierno los beneficios de haber frenado la idea de los radicales son bastante evidentes, aunque haya algún paparulo/a que no se de cuenta: tener una moneda de cambio para canjear por favores de una estructura a la que necesita como el agua, para mantener jaqueados por persecuciones judiciales a los opositores políticos (con Cristina a la cabeza) y sindicales (con blanco central en Moyano); y al mismo tiempo mantener indemne al presidente y sus funcionarios de toda causa judicial que pueda comprometerlos.

Lo que es bastante menos conocido de los avatares del presupuesto en el Congreso, es esto que cuenta Horacio Rovelli en su nota en la última edición de “El cohete a la luna”: “No estaba en el Proyecto de Presupuesto Nacional remitido por el gobierno al Congreso de la Nación y lo pusieron en el Dictamen de la Mayoría oficialista, pero los Diputados de la oposición se enteraron a las 21 del día martes 23 de octubre de 2018 -porque se lo remitieron por mail, para ser tratado el día posterior a las 11 en el recinto-, que se le permite a “los sujetos cuya actividad sea la prestación de servicios de radiodifusión televisiva abierta o por suscripción mediante vínculo físico y/o radioeléctrico, de radiodifusión sonora, señales cerradas de televisión, las empresas editoras de diarios, revistas, publicaciones periódicas o ediciones periodísticas digitales de información en línea y los distribuidores de esas empresas editoras”, computar como crédito fiscal del gravamen (IVA), las contribuciones patronales sobre la nómina salarial del personal afectado a dichas actividades, devengadas en el período fiscal y efectivamente abonadas al momento de presentación de la declaración jurada del tributo.”.

Es decir: las empresas dueñas de los medios de comunicación audiovisual y gráficos y de sistemas de cable recibirán (de confirmar el Senado lo que aprobó Diputados) un importante alivio fiscal, porque podrán pagar menos de IVA, imputando a cuenta del impuesto los aportes patronales por su nómina de empleados; o sea que en un presupuesto que dice buscar como objetivo central el “déficit cero”, se le están retaceando ingresos al fisco nacional, en beneficio de algunas de las empresas más poderosas del país.

Al igual que con el pago de Ganancias por los jueces (donde el gobierno ni siquiera les dejó colar el tema a sus socios menores en la coalición de gobierno), de éste modo Macri está retribuyendo a sus aliados reales, los que efectivamente pesan en el dispositivo político del oficialismo; y no son cartón pintado como la UCR o la Coalición Cívica.

martes, 2 de octubre de 2018

SI NO ES CIERTO, PEGA EN EL PALO


Esta nota de Ignacio Fidanza en La Política Online de ayer sobre la reunión de Macri con los principales fondos de inversión en su visita a Estados Unidos puede que no difiera de la mayoría de las que se publican en el portal en orden a su credibilidad, sobre todo cuando ni siquiera se mencionan fuentes comprobables.

Sin embargo, si tenemos en cuenta que esa reunión había sido anunciada como el objetivo principal de la visita presidencial y luego nada se dijo de los resultados, los hechos que reseña Fidanza del encuentro adquieren otro nivel de verosimilitud, o en todo caso: la versión que en la nota se da de la reunión (a propósito de lo cual el periodista introduce otros aspectos de su propia cosecha) no debe diferir demasiado del pensamiento real de los presentes.

A nosotros nos interesa destacar algunas cuestiones que allí se señalan, porque nos parece que ilustran bastante sobre las relaciones entre el sistema político y los factores de poder en el presente argentino, y en su proyección hacia las elecciones del año que viene. Explican bastante bien los hilos que se mueven por detrás de las candidaturas, los alineamientos, las campañas y las estrategias electorales.

Dice Fidanza por ejemplo que los fondos de inversión le habrían dicho a Macri de frente manteca que, o realiza el brutal ajuste que ellos juzgan imprescindible para encauzar la economía argentina, y se olvida de su reelección, o posterga el ajuste para ganarla; pero las dos cosas juntas, imposible.

El razonamiento parece claro y contundente, y se alinea con lo que cualquier observador más o menos objetivo puede ver desde acá, pero se contrapone con la “esperanza” a la que se aferra el dispositivo político-comunicacional oficialista para permanecer en el poder más allá del 2019, que parece haber descubierto la cuadratura del círculo: peor gobierne y más haga retroceder las condiciones materiales de existencia de los argentinos, más chances tendrá de perpetuarse en el poder.

Según cuenta la nota, Macri les ofreció a los fondos inversores que compren baratas las empresas argentinas que perdieron valor por la crisis y la devaluación, porque con su ingreso subirán de valor, y harán negocios. No está muy lejos de lo que se pensaba que es la idea del gobierno y del propio Macri, sobre en que consiste la “lluvia de inversiones”: un shopping o barata de activos argentinos para aumentar la ya elevada extranjerización de nuestro aparato productivo, más que el ingreso de capitales que permitan ampliar nuestra capacidad productiva o exportadora, la generación de divisas, la diversificación industrial, o la capacidad de repago de la deuda. O sea, muy lejos de un plan de desarrollo nacional.

En un agregado de su propia cosecha, ejemplifica Fidanza con el caso Telecom-Cablevisión, empresa que perdió un 52 % de su valor en meses como consecuencia de la corrida cambiaria y el desplome de la economía, al mismo tiempo que tiene una importante deuda contraída en dólares que cada vez le cuesta más pagar, y debe financiarse en el país porque se le cortó el crédito internacional: sobre el tema hablamos acá y a lo dicho nos remitimos.

Cuenta la nota la anécdota de la charla entre los directivos de la empresa ahora insignia del Grupo Clarín con los referentes del “peronismo racional” en el Congreso, en la que les reconocieron sin tapujos que su valor como empresa depende de su relación con el poder político, y de su capacidad de influir en las decisiones del Estado (es decir de extorsionar, con sus cañones mediáticos), tanto como del fantasma del retorno de Cristina: con Macri en el gobierno pueden aspirar a recuperar valor porque les dará todo lo que pidan y más, con Cristina avizoran conflictos y pérdidas.

Posiblemente no sea estrictamente cierto en términos económicos, pero si así lo perciben, obrarán en consecuencia como ya lo están haciendo, y con esas reglas de juego se disputa la competencia electoral; para los que aun siguen creyendo que Clarín es nada más que un diario, y basta con no leerlo para que pierda influencia.

Las otras empresas que se mencionan en la nota están en las mismas condiciones que la firma del grupo Clarín (perdieron valor y se endeudaron en dólares), y también al igual que ella, tienen al Estado como accionista a través del FGS: al respecto ver lo apuntado acá (enlace al posteo anterior) sobre como los accionistas mayoritarios podrían aprovechar la oportunidad para intentar recomprar baratas esas acciones, que es exactamente lo que denuncia acá Ari Lijalad en El Destape está haciendo el Grupo Clarín en el caso de Telecom.-Cablevisión, y las acciones del propio Grupo que tiene la ANSES.

Finalmente el otro dato que aporta la nota y nos parece el más relevante, en especial si fuera cierto: en Wall Street los fondos inversores le habrían pedido a Macri veladamente (y no tanto) que la meta presa a Cristina para sacarla de la cancha electoral, porque si no se presente, gana, vuelve y defaltea y reestructura la deuda: lo interesante de eso (reiteramos: si fuera cierto) es que los que deciden en el mercado de capitales, y que le cortaron el chorro del financiamiento a Macri por las dudas sobre la capacidad de su gobierno para afrontar los pagos de la deuda, ya dan por descontadas ambas opciones (default y reestructuración) en el caso de un retorno del peronismo al poder. 

Un dato que además de reflejarse en los precios de los bonos y títulos de la deuda conforme avance el cronograma electoral, le permitiría al próximo gobierno avanzar en esa dirección (algo que aparece como imprescindible para lidiar con la bomba que le dejará Macri), en otro contexto.

lunes, 1 de octubre de 2018

HALLAZGOS


¿El Estado socio bobo del Grupo Clarín, que se lo quiere sacar de encima comprándole baratas sus acciones depreciadas por la crisis? Quien lo hubiera imaginado, ¿no?: "Pero además si se repara en el panel de las empresas que cotizan en el Merval, y dentro de ellas en las recuadradas en verde en la imagen de apertura (el recuadro es nuestro), se verá que en la inmensa mayoría de ellas tiene participaciones accionarias la ANSES a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS): ver el listado completo acá, para cotejar. El conjunto de esas empresas representan el 83,57 % del panel del Merval. Eso supone que la fenomenal destrucción de capital empresario producto de la crisis generada por las desastrosas políticas económicas del gobierno de Macri (incluyendo ahí el empujón de los shocks externos, contra los cuales ha desprotegido por completo al país, y a su economía) arrastra también el valor en dólares del Fondo de reserva del sistema de seguridad social para garantizar el pago de sus prestaciones; justo cuando el país se aproxima a un estallido de imprevisibles consecuencias. Fondo que además viene muy castigado por el derrumbe de los títulos públicos argentinos, que componen más del 60 % de sus activos.

Pero volvamos a las acciones, y a las oportunidades que provee la crisis: al derrumbarse su precio, también se les facilita a los accionistas mayoritarios de cada compañía recomprar las acciones que en su momento emitieron para capitalizar las deudas que contrajeron con las AFJP en los 90', y que pasaron al FGS tras la disolución del sistema en 2008. Como hemos dicho tantas veces, de ese modo no solo aumentarían su control sobre las respectivas compañías, sino que se sacarían de encima a un socio molesto como el Estado, que en su condición de tal puede participar de las asambleas y reuniones de directorio, incidir eventualmente en las decisiones y husmear documentación como los balances, actas del directorio y demás que hacen al giro de las sociedades."

¿La reforma a la ley del mercado de capitales, hecha a la medida de las grandes empresas? Absolutamente impensado. O no, tal vez: "Los cambios eran precisamente uno de los pedidos (exigencias) de los “mercados” para que el país (su economía en realidad) fuera considerado emergente, y a su vez formaba parte de todos los pliegos de demandas de lo más poderoso del establishment económico del país, desde la AEA al Foro de Convergencia Empresarial y desde que la ley original fue sancionada. En especial, la cúpula empresarial del país abogaba por disminuir las facultades de control de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y privarla de facultades para interferir en las decisiones de las empresas. Y dentro de eso, se apuntaban los cañones en especial a las acciones que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES en muchas de las principales compañías del país; justo esas mismas de las que el gobierno se acaba de comprometer a desprenderse en el acuerdo con el FMI.

En el texto del artículo 87 de la Ley 26.831 la obligación de hacer una oferta pública de adquisición era para cualquier accionista que tuviera “participación significativa” en el capital de la sociedad, definida ésta por la Comisión Nacional de Valores por la Resolución 622/13. Con los cambios, pasa a ser una “obligación” privativa de los accionistas que tienen una participación de control, es decir del 50 % o más del capital, o que le permiten definir las decisiones de la sociedad. Esto significa que antes de la reforma el FGS de ANSES en Telecom o Ternium-Siderar, o el Estado nacional en Papel Prensa (por poner ejemplos emblemáticos) podían ofertar para quedarse con el control total de las sociedades donde participan, y ahora no. Por el contrario, con el cambio descripto pareciera que la ley “obliga” a las empresas controlantes a comprar las acciones de los accionistas minoritarios, como el Fondo de ANSES.".

¿La misma ley favorece a Clarín para que la fusión Telecom-Cablevisión le salga más barata? Sorprendente. O quizás no (ampliar siguiendo el enlace).

sábado, 22 de septiembre de 2018

A SEGUIR ESTE TEMA


Sobre la cautelar judicial con la que el grupo Clarín (a través de Cablevisión Hólding) logro suspender una resolución de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que le pide modificar (para subirla) su oferta por las acciones de Telecom en la fusión entre ambas, leemos en Apertura: "En enero de este año, Cablevisión Holding(CVH), accionista controlante de Telecom (TEO), con el 39,08% del paquete accionario, había presentado un prospecto provisorio respecto de estas acciones.

"En dicho prospecto, el precio de la OPA se había calculado conforme a lo establecido en el artículo 88 de la Ley de Mercado de Capitales, siendo este el precio promedio de las acciones de Telecom durante el semestre anterior a la fecha de anuncio de la operación", recordó un análisis de la consultora Delphos Investment. De esta forma, el precio fijado para la transacción era de $ 110,85 por acción o u$s 20,15 por ADR. 

Sin embargo, otro artículo de la Ley de Mercado de Capitales, el número 98, habla de un "precio equitativo", no pudiendo resultar menor al promedio de la cotización bursátil del semestre anterior al del promedio de la cotización bursátil del semestre previo al acuerdo. Bajo este mecanismo, el precio sería de $ 129,2 por acción o u$s 25,84 por ADR."

Es decir que el organismo de contralor del mercado de capitales le exige a Cablevisión Hólding que mejore su oferta a Telecom por las acciones que ofertó comprarle como parte del acuerdo global de fusión. La hoy nave madre del Grupo Clarín fue a la justicia en contra de esa decisión y logró una cautelar a su favor, suspendiendo la resolución de la CNV hasta tanto la justicia se expida sobre cual es el valor equitativo de esas acciones; claro que mientras tanto la fusión no termina de consolidarse legalmente, pese a que -por ejemplo- el ENACOM ya la aprobó en la esfera de su competencia.

La ley de los mercados de capitales de la que se habla es la 26.831, sancionada en 2012 durante el gobierno de Cristina, y modificada este año por la Ley 27.440, aprobada con los votos de "Cambiemos", el massismo y el "peronismo racional. Cuando se aprobó la reforma y analizando su contenido, decíamos en ésta entrada: "La reforma también modifica los artículos 88 y 98 de la ley vigente, que son los que regulan como se establece el “precio equitativo”, que es un requisito para aceptar las OPA (oferta pública de adquisición de acciones) en los casos de adquisiciones obligatorias de los que tengan el control mayoritario.

Entre los cambios, se permite que sea considerado tal “el precio más elevado que el oferente o personas que actúen concertadamente con él hubieran pagado o acordado por los valores negociables objeto de la oferta durante los doce (12) meses previos cal comienzo del período por el cual deben hacer la oferta pública”. Así por ejemplo Cablevisión puede ofrecerle a la ANSES por el 25 % de Telecom lo mismo que le pagó o reconoció a la propia telefónica en su acuerdo de fusión; cuando todavía ésta no estaba aprobada, y por ende las acciones valían mucho menos.

En el mismo artículo, de acuerdo con la nueva ley no será de aplicación el criterio de que el precio promedio de las acciones objeto de la oferta pública será el que hayan tenido durante el semestre inmediato anterior a ésta, cuando el porcentaje de las acciones por las que se oferta sean como mínimo el 25 % del capital social, requisito que por ejemplo cumple el 26 % del FGS en Tenaris-Siderar del Grupo Techint, o el 28 % del Estado nacional en Papel Prensa. En esos casos, los accionistas mayoritarios podrían ofertar por esas acciones virtualmente lo que se les venga en gana.

Aun con los cambios, la ley mantiene en el actual artículo 88 la facultad de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de objetar el precio ofrecido por las acciones en la oferta pública de adquisición si mediara “algún acontecimiento extraordinario que permita realizar una corrección objetiva del precio”. ¿Lo utilizará la CNV por ejemplo para hacerle subir a Cablevisión el precio que ofertó por las acciones de Telecom, y que ha anunciado que hará extensivo a las acciones en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en vista de que se ha aprobado la fusión por el propio Estado?

De acuerdo con los cambios que introduce la nueva ley en el artículo 88, si la oferta pública de adquisición es voluntaria (como la que acaba de hacer el holding de Magneto), el oferente podrá fijar el precio a su discreción y no rigen las reglas que la misma ley establece para determinar si es equitativo o no.".

Como ven, la reforma impulsada por el macrismo le daría la razón a Clarín, tanto que fue hecha a su medida, como decíamos entonces, de modo que lo estaría pasando ahora es que el gobierno -en un rasgo de inteligencia para no perder más poder del que ya ha rifado por su propia incompetencia- ha decidido guardarse una carta en la manga para negociar con el grupo, a cambio de su blindaje mediático hasta el final de la gestión.

Habrá que estar atentos en las próximas semanas a la evolución del tema, y acaso estos forcejeos imperceptibles para la opinión pública expliquen por que en los últimos meses Clarín viene alternando una cal y una de arena con el gobierno (especialmente en los temas económicos), a diferencia por ejemplo de La Nación que se ha encolumnado sin fisuras en su defensa. 

Eso sí: nada de lo dicho implica que Clarín no siga haciendo periodismo de guerra contra Cristina y el kirchnerismo, porque eso también atiende a sus intereses permanentes, más allá de los gobiernos.

viernes, 31 de agosto de 2018

¡ATENTO MACAYA!


Varios veces hemos dicho acá que los grandes grupos económicos del país han medrado históricamente con las crisis económicas del país, en especial cuando se reconducen en crisis institucionales: es en la situaciones de excepcionalidad en ese plano cuando han aprovechado la oportunidad para obtener beneficios extraordinarios, a costa del grueso de los argentinos.

Pasó con las dictaduras militares (de las que fueron gestores y partícipes principales) y con sus salidas del poder en transiciones democráticas apresuradas o condicionadas (por ellos, más todavía que por el subsistente poder militar), y pasó también con los gobiernos democráticos; a través de lo que se dieron en llamar los “golpes de mercado”.

Mega-devaluaciones, crisis del sector externo, defáults, hiperinflaciones, corridas bancarias fueron escenarios en los que las grandes mayorías populares y buena parte incluso del propio sector empresario salía perdiendo, mientras la cúpula del poder económico no solo conservaba sus privilegios, sino que los acrecentaba.

En los estertores de la última dictadura les estatizaron sus deudas a través de los seguros de cambio pergeñados por Cavallo desde el Banco Central, y ya en democracia alentaron el terror hiperinflacionario para luego hacer socialmente aceptable la “cirugía mayor” del menemismo para desguazar el Estado y quedarse con sus pedazos participando de las privatizaciones, y liquidar buena parte del estado de bienestar del primer peronismo.

Y finalmente en la última gran crisis, la del 2001 con el estallido de la convertibilidad, consiguieron la “ley de bienes culturales” y la pesificación de sus deudas en dólares, cargando el Estado con el costo de su licuación, al tener que compensar a los bancos.

Dentro de esa cúpula empresaria sobresalió -en todas esas coyunturas, y en otras- el grupo Clarín, por su capacidad para exprimir al máximo el poder extorsivo de sus medios y empresas, que también obtuvo bajo esas condiciones: allí están si no Papel Prensa, radio Mitre, TN o Canal 13 para comprobarlo.

Precisamente una de sus principales inquinas contra el kirchnerismo en general y contra Cristina en particular, es que no hayan abandonado el gobierno en medio de una mega-crisis, en la que podrían haber pescado beneficios en el río revuelto del terremoto económico e institucional.

Pero decíamos que no son los únicos, y de hecho se cuentan entre los promotores iniciales de la creación de la AEA (Asociación Empresaria Argentina), el “club” de empresas más poderoso del país, por lejos.

Un club cuyos miembros apostaron en su mayoría al gobierno de Macri (aunque algunos hayan puesto fichas a Massa en el 2015), pero que como consecuencia del modelo de acumulación que éste lleva adelante y la conjunción de factores de orden externo contra los que “Cambiemos” dejó indefenso al país con sus medidas, también están atravesando problemas.

Por allí anda Techint jaqueado por el combo de la devaluación y las esquirlas del cuadernogate” viendo caer en picada sus acciones, y sometido a ofertas de adquisición de empresas norteamericanas en la Bolsa de Nueva York.

Y como cuenta esta nota de Diario Bae a la cual corresponde la imagen de apertura, por allí andan también otros connotados miembros de la AEA como Arcor (que registra pérdidas en sus balances por primera vez en su historia), y las recientemente fusionadas Telecom. y Cablevisión, las dos empresas con las que el grupo Clarín consolidó su hegemonía en el mercado de las comunicaciones.

Ambas empresas (al igual que Arcor) vieron afectados los resultados de sus balances por grandes pérdidas derivadas de haber contraído abultado endeudamiento en dólares, como consecuencia de la corrida cambiaria que llega ya cuatro largos meses y nada indica que se vaya a detener en lo inmediato, sino más bien lo contrario.

Les está pasando más o menos lo mismo que al gobierno de Macri, que ve crecer el fantasma del defáult conforme el ritmo de la depreciación del peso aumenta el peso proporcional de los servicios de la deuda sobre las cuentas públicas, porque se necesitan cada vez más pesos para comprar los mismos dólares, que a su vez son cada día más escasos.

No se le escapa a nadie que un evento de tamaña magnitud como un defáult o una crisis terminal del sector externo, sumado a los ya graves deterioros sociales y del entramado productivo que han generado las políticas de Macri, podría acelerar los tiempos de un proceso de descomposición institucional, con imprevisible final.

Justo -pero justo, vean- el tipo de escenarios en que estos grandes grupos económicos pueden aprovechar para colar demandas ante el Estado, que les resuelvan sus problemas, como por ejemplo otra “estatización” de pasivos empresarios como en los estertores de la dictadura, u otra “licuación” por vía de pesificación, como en la caída del gobierno de la anterior Alianza.

Ni hablar si esos grandes grupos económicos tienen (como Clarín) bocas de fuego mediática desde la que disparar metralla para erosionar a un gobierno del que hasta hoy son soportes decisivos dándole blindaje mediático; con tal de conseguir sus objetivos. Habrá que estar atentos, algo ya se vio con la amplia cobertura que le dieron a la marcha contra los recortes al presupuesto universitario de ayer.

viernes, 6 de julio de 2018

¿UNIDAD O FUSIÓN?


Pasada la “transversalidad” que impuso la discusión del aborto, la Cámara de Diputados volvió a funcionar por los carriles normales, y en la sesión del miércoles se dieron dos cosas: por un lado fueron aprobados por unanimidad o amplísimas mayorías que los proyectos que no tenían disidencias; y por el otro el oficialismo “cajoneó” los que no le interesaban.

Dentro del primer grupo y como es sabido, salieron las modificaciones a la ley de transplante de órganos y material genético, la de otorgamiento de una indemnización económica a las víctimas de la violencia de género y la que establece un plan para urbanizar las villas en todo el país. 

En el segundo figuraron distintas iniciativas que impulsaban los diferentes bloques opositores que lograron aprobarlas por mayoría simple, pero como no contaron con los dos tercios de los votos para ser tratadas sin despacho de comisión por el bloqueo del oficialismo; que al mismo tiempo vacía las comisiones en las que deben producirse los despachos, cuando tiene mayoría en ellas.

En esa condición cayeron por ejemplo el proyecto de Vanesa Siley (FPV/PJ) para declarar la emergencia ocupacional en la Agencia Télam y suspender los despidos masivos que ejecutó Hernán Lombardi, el de Roberto Salvarezza (FPV/PJ) para hacer lo propio en el INTI y por las mismas razones, el de Guillermo Carmona (FPV/PJ) para que el gobierno no suspendiera las tareas de búsqueda del ARA San Juan y contratara una empresa a esos fines, y el de Luana Volvonich (FPV/PJ) para que no se liquiden los activos del Fondo de ANSES y sus participaciones accionarias en empresas privadas.

Intervalo acá: les “sorores” Karina Banfi (UCR), Silvia Lospennato (PRO) y Daniel Lipovetzky (PRO) que ha tanto sensibilizaron en la discusión por la interrupción voluntaria del embarazo volvieron a lo de siempre, y votaron en contra en todos esos casos; lo que supone que no tuvieron la misma “sororidad” con los despedidos de Télam y el INTI, ni con las víctimas del ARA San Juan y sus familiares; como tampoco antes la habían tenido con los jubilados o beneficiarios de la AUH al levantar la mano para aprobar la reforma previsional que les manoteó parte del sueldo o la asignación. 

A la inversa, en esos proyectos opositores que alcanzaron mayoría simple pero no los dos tercios para ser tratados sobre tablas, los diputados del massismo y del “peronismo racional” que responde a los gobernadores cerraron filas con los del kirchnerismo, y votaron a favor, con una excepción: el proyecto presentado por la diputada del FIT Romina Del Plá para que se suspendiera la fusión entre Cablevisión y Telecom., y la toma de control de la telefónica por el holding de Magneto, que el gobierno aprobara el viernes pasado a través de Defensa de la Competencia.

En ese caso en particular y como muestran las imágenes que ilustran el post, los “peronistas racionales” votaron en contra junto con el bloque oficialista, y los massistas se abstuvieron: donde se come no se manicurea, decía hace unos años el personaje de un skecht cómico. Traducido: donde se necesita apoyo mediático, no se jode con los negocios.

O cuando se aspira a ser el candidato muletto de la AEA para frenar la dolarización imponiendo la devaluación, y una vez aprobada la fusión que favorece a uno de sus principales socios (Clarín), Macri ya deja de ser útil. Eso sí: después hay que escucharlo hablar a Massa del problema de la concentración económica, y a todos hacer apelaciones a la unidad. ¿O serán a la fusión?


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jueves, 5 de julio de 2018

UNA LEY PARA LOS AMIGOS



Entre la corrida cambiaria que disparó el dólar, el anuncio del gobierno de que iba a cerrar un acuerdo con el FMI y la declaración de MSCI colocando a la Argentina en condiciones de ser de acá al año que viene “mercado emergente”, pasó casi desapercibida la sanción por el Congreso de la Ley 27.440, que introdujo modificaciones a la Ley 26.831 sancionada por el kirchnerismo en el 2012, para regular los mercados de capitales en el país.

Los cambios eran precisamente uno de los pedidos (exigencias) de los “mercados” para que el país (su economía en realidad) fuera considerado emergente, y a su vez formaba parte de todos los pliegos de demandas de lo más poderoso del establishment económico del país, desde la AEA al Foro de Convergencia Empresarial y desde que la ley original fue sancionada.

En especial, la cúpula empresarial del país abogaba por disminuir las facultades de control de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y privarla de facultades para interferir en las decisiones de las empresas. Y dentro de eso, se apuntaban los cañones en especial a las acciones que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES en muchas de las principales compañías del país; justo esas mismas de las que el gobierno se acaba de comprometer a desprenderse en el acuerdo con el FMI.

Dicho eso, es interesante analizar como pueden influir en ese propósito los cambios que la Ley 27.440 introdujo, siendo propicio recordar que -para variar- fue sancionada gracias al voto de la “oposición responsable”, es decir el massismo y el peronismo “racional” de Pichetto, Bossio, Urtubey y Schiaretti; porque esos mismos sectores se declaran por estos días sorprendidos e indignados porque -señalan- fueron sorprendidos en su buena fe al apoyar el blanqueo de capitales y la “reparación histórica”, donde estaba contemplada la posibilidad de que el Fondo de ANSES se desprendiera de sus acciones. Pero vamos a los cambios:

* Se derogó el artículo 85 de la ley, que establecía la posibilidad de que el Banco Central interviniera en los mercados de capitales y la oferta pública de títulos (incluyendo los públicos) y acciones en ejercicio de sus funciones de regulación de la moneda, el crédito y la política cambiaria. Veamos la reforma en un contexto en el que el país atraviesa una corrida contra el peso, una de las condiciones para ser “mercado emergente” es eliminar todo tipo de controles al flujo de capitales y una de las posibles consecuencias sería la afluencia de esos capitales del exterior que vengan a quedarse con activos de empresas argentinas, y al mismo tiempo afectar el tipo de cambio.

* Con los cambios al artículo 86 de la ley toda oferta pública de adquisición de acciones (como la que acaba de hacer Cablevisión para quedarse con más acciones de Telecom de las que ya tiene) se considera irrevocable como regla general; y en el mismo artículo se elimina la obligación del que formula la oferta de consignar en la misma información para los demás accionistas respecto a sus planes futuros para la sociedad. Así por ejemplo Techint o el propio Grupo Clarín (del cual el FGS tiene el 9 %) podrían ofrecerle a la ANSES comprarle sus acciones, sin decirle que piensan hacer en el futuro; de modo tal que el Estado evalúe si le conviene o no desprenderse de ellas.

* En el texto del artículo 87 de la Ley 26.831 la obligación de hacer una oferta pública de adquisición era para cualquier accionista que tuviera “participación significativa” en el capital de la sociedad, definida ésta por la Comisión Nacional de Valores por la Resolución 622/13. Con los cambios, pasa a ser una “obligación” privativa de los accionistas que tienen una participación de control, es decir del 50 % o más del capital, o que le permiten definir las decisiones de la sociedad. 

Esto significa que antes de la reforma el FGS de ANSES en Telecom o Ternium-Siderar, o el Estado nacional en Papel Prensa (por poner ejemplos emblemáticos) podían ofertar para quedarse con el control total de las sociedades donde participan, y ahora no. Por el contrario, con el cambio descripto pareciera que la ley “obliga” a las empresas controlantes a comprar las acciones de los accionistas minoritarios, como el Fondo de ANSES.

* La reforma también modifica los artículos 88 y 98 de la ley vigente, que son los que regulan como se establece el “precio equitativo”, que es un requisito para aceptar las OPA (oferta pública de adquisición de acciones) en los casos de adquisiciones obligatorias de los que tengan el control mayoritario.

Entre los cambios, se permite que sea considerado tal “el precio más elevado que el oferente o personas que actúen concertadamente con él hubieran pagado o acordado por los valores negociables objeto de la oferta durante los doce (12) meses previos cal comienzo del período por el cual deben hacer la oferta pública”. Así por ejemplo Cablevisión puede ofrecerle a la ANSES por el 25 % de Telecom lo mismo que le pagó o reconoció a la propia telefónica en su acuerdo de fusión; cuando todavía ésta no estaba aprobada, y por ende las acciones valían mucho menos.

* En el mismo artículo, de acuerdo con la nueva ley no será de aplicación el criterio de que el precio promedio de las acciones objeto de la oferta pública será el que hayan tenido durante el semestre inmediato anterior a ésta, cuando el porcentaje de las acciones por las que se oferta sean como mínimo el 25 % del capital social, requisito que por ejemplo cumple el 26 % del FGS en Tenaris-Siderar del Grupo Techint, o el 28 % del Estado nacional en Papel Prensa. En esos casos, los accionistas mayoritarios podrían ofertar por esas acciones virtualmente lo que se les venga en gana.

* Aun con los cambios, la ley mantiene en el actual artículo 88 la facultad de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de objetar el precio ofrecido por las acciones en la oferta pública de adquisición si mediara “algún acontecimiento extraordinario que permita realizar una corrección objetiva del precio”. ¿Lo utilizará la CNV por ejemplo para hacerle subir a Cablevisión el precio que ofertó por las acciones de Telecom, y que ha anunciado que hará extensivo a las acciones en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en vista de que se ha aprobado la fusión por el propio Estado?

* De acuerdo con los cambios que introduce la nueva ley en el artículo 88, si la oferta pública de adquisición es voluntaria (como la que acaba de hacer el holding de Magneto), el oferente podrá fijar el precio a su discreción y no rigen las reglas que la misma ley establece para determinar si es equitativo o no.

* Finalmente y si todo lo consignado fuera poco para concluir en que estamos ante una ley armada a la medida de los principales grupos económicos del país y de sus intereses (y para perjudicar al Fondo de respaldo del sistema previsional), en el artículo 96 se corrige el plazo para que los accionistas minoritarios impugnen el precio ofrecido, por no ser equitativo; acotándolo. Recordemos que transcurrido ese plazo sin objeciones al precio ofrecido, el accionista que hubiera podido hacerlo (como la ANSES) pierde ese derecho.

lunes, 2 de julio de 2018

EL GOBIERNO DE MACRI Y LA CONCENTRACIÓN EMPRESARIA


Se sancionó hace unos días la Ley 27.422, nueva ley de Defensa de la Competencia, que deroga la anterior Ley 25.156. Al igual que su antecedente, la nueva ley regula -en síntesis- las conductas empresarias que limitan o distorsionan la competencia o que constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado.

Esto puede parecer un tema lejano, pero la concentración empresaria nos afecta a todos como consumidores, porque tiene un efecto directo sobre nuestros bolsillos, ya que está estrechamente vinculada a la formación de precios de los bienes que todos consumimos.

Y en un país como el nuestro, donde existe una alto grado de concentración en muchos sectores, un gobierno macrista ausente de toda intervención ha generado consecuencias nefastas sobre el bolsillo de los consumidores.

El incremento que se puede constatar por ejemplo en los precios de los alimentos desde el año 2016 a la fecha, supera ampliamente el 77% de inflación general registrado oficialmente en 29 meses de gestión macrista. Si se compara el altísimo porcentaje de incremento en los bienes esenciales y la evolución de los salarios durante el período 2016 / 2018, ello posiblemente explique la afirmación macrista de estar disminuyendo la pobreza. La disminuyen a través del aumento de la indigencia.

Como señalamos desde hace tiempo, el riesgo de este tipo de maniobras empresarias de concertación y elevación de precios, existe permanentemente en nuestra economía por su grado de concentración,  donde por ejemplo pocas empresas se reparten el mercado galletitas, fideos y bebidas gaseosas, y más allá del sector alimentario (naturalmente el área que más afecta a los sectores populares), también la concentración se encuentra en otros sectores, como por ejemplo la chapa laminada (destinada a automotrices y empresas metalúrgicas) producida por Siderar (Grupo Techint), que no tiene competidores internos. 

O el conocido ejemplo de concentración de la TV por cable, con Cablevisión, que poseía el 80% del mercado en Capital Federal y el 60% del interior del país, y que hoy en una fusión con Telecom, fusión que acaba de aprobar el gobierno, se apropia del mercado de TV, telefonía e internet, con sectores del país donde el grupo Clarín se transforma prácticamente en un monopolio. Para peor, el actual presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (que aprobó la fusión) fue asesor de ambas empresas en la actividad privada, en asuntos de mercados regulados por el Estado y...defensa de la competencia: otro caso más de conflictos de intereses en el gobierno de los CEO'S, y van.

A causa de ésta reforma legislativa, recién ahora algunos medios descubren la concentración empresaria, un dato de la realidad que ni la protección mediática del gobierno macrista puede soslayar: “Asimismo, el informe arrojó que al estudiar la participación de los tres mayores fabricantes por categoría, se observó que en el rubro "pañales", estos se llevan el 97% de mercado; en "cerveza" el 97%; "detergentes" el 94%; "jugos en polvo" 93%; "gaseosas" el 91%; "café" un 87%; "pelo" 83%; "yogures" 82%; "lavandina" un 78% y "leche" 70%.  Desde la consultora afirmaron que en "alimentos", 18 empresas componen el 60% de la participación de mercado sobre un total de 260 empresas. Y añadieron que en cuanto a la facturación, el 7% de los fabricantes se llevan el 60% del total.”

Y entonces surge la inquietud si éste gobierno empresario podría orientar su gestión al control de ellos mismos, los empresarios formadores de precios. 

Si la normativa para controlar y sancionar las conductas de cartelización y abuso dominante ya existía (Ley 25.156), entonces la pregunta que aparece es cual -más allá del circo mediático- ha sido el móvil del gobierno macrista para propiciar ésta reforma legal. Y quizás, la respuesta esté en dos artículos de la nueva ley.

Al igual que en la ley anterior, los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia deben ser elegidos por concurso público.

Pero hay una diferencia con la anterior normativa: Ahora, si hay oposiciones a los candidatos del concurso, el poder ejecutivopuede nombrar a los miembros en comisión, es decir, Macri puede elegir a su gusto a los miembros del tribunal.

“Art. 20.- Previo concurso público de antecedentes y oposición, el Poder Ejecutivo nacional designará a los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia, los cuales deberán reunir los criterios de idoneidad técnica en la materia y demás requisitos exigidos bajo el artículo 19 de la presente ley.

El Poder Ejecutivo nacional podrá realizar designaciones en comisión durante el tiempo que insuma la sustanciación y resolución de las eventuales oposiciones que pudieren recibir los candidatos que hubieren participado del concurso público de antecedentes. “

Es más que probable que existan oposiciones a los candidatos, impugnaciones que podrán provenir de enviados del propio gobierno, o incluso de candidatos identificados con la oposición “responsable”, impugnaciones que habilitarán a Macri a designar (mientras tanto) a sus candidatos en comisión. Como acaba de hacer con Caputo al frente del Banco Central, sin ir más lejos.

Pero aún si las oposiciones pudieran resolverse antes de la finalización del gobierno de Macri, a quien le resta un año y medio de mandato, el gobierno se guarda otra carta: también puede nombrar en comisión a las personas que se le ocurra mientras dure el tratamiento del acuerdo de los designados en el concurso.

“Art. 23.- La designación de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia requerirá acuerdo del Honorable Senado de la Nación. El Poder Ejecutivo nacional podrá realizar nombramientos en comisión durante el tiempo que insuma el otorgamiento del acuerdo.”

No faltará un senador oficialista, o algún senador dador de gobernabilidad como por ejemplo el Sr. Pichetto, para ocuparse de objetar las designaciones de los candidatos ganadores del concurso, mientras transcurre el año y medio restante de gestión macrista, tiempo durante el cual éste presidente empresario podrá designar en defensa de la competencia a gente de su confianza.

Del mismo modo que antes designó en la Secretaría de Comercio Interior al Sr. Miguel Braun, un tanto vinculado a la cadena de Supermercados La Anónima, principal formadora de precios en todo el sur argentino.