UNICORNIOS

De no mediar alguna sorpresa de último momento, todo indica que hoy o en las primera horas de mañana el Senado de la nación le dará media sanción al proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei. Hasta los propios dirigentes de la CGT reconocen que el gobierno tiene los números para imponer la iniciativa, lo que no quita que en el transcurso del debate se le hagan cambios, o se le poden algunos de los aspectos más controvertidos, sin afectar su esencia flexibilizadora y de recorte brutal de los derechos de los trabajadores.

Parece mentira que algo tan trascendente y perjudicial para los derechos de millones de argentinos, que arrasa con décadas de derechos y conquistas vaya a suceder casi sin pena ni gloria, con la simplicidad de un trámite burocrático y sin que ni siquiera los senadores deban sesionar mientras el país está paralizado por una huelga general, porque la CGT -una vez más- no consideró prudente convocarla para defender a sus representados. Pero es lo que ocurrirá, sin que tampoco haya -como en el 17 de octubre- una reacción espontánea de esos mismos representados, en defensa de sus derechos: la reforma parece no ser tema de conversación social, directamente. 

Por supuesto que las primeras responsabilidades por haber llegado a éste estado de cosas son de la dirigencia sindical, en especial de la nucleada en la CGT: la otrora columna vertebral del peronismo y el movimiento nacional hace años ya que viene padeciendo escoliosis, y está lejísimos de representar a los trabajadores, aun a aquellos sindicalizados y con empleo formal, que hace rato también que dejaron de ser la mayoría. Una reforma laboral que -entre otras cuestiones- ataca el corazón de la organización sindical desmantelando la negociación colectiva y las paritarias y nulificando en los hechos el derecho de huelga garantido por la Constitución, no mereció de la CGT un paro general, como los cinco que le hicieron a Cristina por Ganancias: ¿será que no les preocupa perder herramientas que son reacios a utilizar?

Un sindicalismo que por décadas se acostumbró a pensar y actuar con mentalidad empresaria (más precisamente desde que Onganía y Rubens San Sebastián les concedieron la legislación de obras sociales) y está más preocupado por los números de sus gerenciadoras de salud, no vio venir a tiempo los cambios que se gestaban en el mercado laboral, desde hace mucho tiempo. Ahora que está de moda achacarle al kirchnerismo toda la culpa del fenómeno libertario, y pedirle que haga autocrítica y comprenda que el país y el mundo cambiaron, no está de más recordar que esos cambios ya estaban sucediendo aun cuando el país crecía, pero los dirigentes de la CGT eligieron poner en el primer plano de sus prioridades los fondos de las obras sociales, y el reclamo impositivo de una minoría incluso dentro de los trabajadores registrados; y Cristina planteó -en soledad y en vano- discutir esas cosas con una mirada más amplia, del conjunto.   

Claro que el sindicalismo y la CGT no son los únicos unicornios azules que se le perdieron al peronismo: por allí anda también la tantas veces evocada burguesía nacional, la otra pata del pacto social impulsado para canalizar la puja distributiva, cada vez menos burguesía, y desde hace tiempo, cada vez menos nacional. En una economía fuertemente extranjerizada, el comportamiento empresario promedio -con honrosas excepciones, que resisten como pueden en un medio adverso- es el ausentismo, la fuga y la falta de compromiso social con el desarrollo del país y el bienestar de su gente; incluso cuando ese comportamiento atenta directamente contra sus propios intereses.

Y si no comprobemos que, sin distinciones de tamaños y escalas, la inmensa mayoría de los empresarios y sus organizaciones apoyan enfáticamente la reforma laboral que discutirá hoy el Senado, y si cuestionan algo son cuestiones accesorias, que tienen que ver con el financiamiento de esas organizaciones vía los aportes de sus representados, pautados en las paritarias, algo en lo que coinciden con el sindicalismo. Algunos atinaron a esbozar un cuestionamiento a la primacía de la negociación colectiva de ámbito menor o por empresa, pero casi ninguno ha dicho nada respecto a la virtual desaparición de todos los principios protectorios del derecho del trabajo que plantea la reforma: de hecho los apoyan enfáticamente, y compraron por bulto cerrado el argumento oficialista de que es un cambio imprescindible para generar más empleo.  

Hablábamos antes del pacto social como la estrategia tradicional del peronismo para arbitrar y conducir desde el Estado la puja distributiva, y lo que viene sucediendo es que quienes la están ganando desde hace una década (el capital, en desmedro del trabajo) no tienen ninguna intención de moderarse ni de ceder nada, y por el contrario apoyan con fuerza una reforma laboral que si prospera, cristalizará por tiempo indeterminado una redistribución social regresiva del ingreso, en términos comparables a los existentes antes del advenimiento del peronismo; y un modelo de país en el que sobran millones de argentinos, que viven y consumen acá, en el país.

De ese modo, ese otro unicornio azul perdido por el movimiento nacional estará terminando de entregar un mercado interno (apostando a la pauperización perenne de los salarios a escala africana) ya jaqueado por la apertura indiscriminada de las importaciones, y una estructura industrial amenazada además por la política de apreciación cambiaria, y los acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y Estados Unidos. A propósito: el estruendoso silencio de la mayoría de nuestro empresariado y sus organizaciones respecto a semejante avance consentido por la Argentina contra su entramado industrial (amenazando incluso rubros en los que el país había alcanzado cierto grado de desarrollo alto para los estándares de un país latinoamericano), debe contraponerse con su entusiasta apoyo a una reforma laboral que no le sirve a casi nadie, no resuelve ninguno de los problemas del país y sus empresas, y por el contrario los agravará. 

La tarea de salir del marasmo en el que está dejando el gobierno de Milei al país no es solo responsabilidad de la política (que es ciertamente la primera responsable en ese terreno) y no es es solo cuestión de arquitecturas electorales eficaces y acuerdos políticos amplios: tiene que tener anclaje social, para ganar volumen representativo y capacidad de enfrentar al núcleo de intereses concentrados -nacionales y sobre todo extranjeros- que es el sostén real del experimento libertario. 

Y construir ese anclaje habrá que hacerlo con la sociedad real y no la imaginada, incluyendo en ella el sindicalismo y el empresariado que ¿supimos? conseguir. Al mismo tiempo, la salida de la crisis no puede ser de otro modo que con una alternativa política que se plantee como su primera prioridad un fuerte shock redistributivo del ingreso nacional, en un contexto de dificultad. Nadie dijo que fuera fácil.

CÍRCULO VICIOSO

 

Están preocupados por lo que pueda hacer un demente que jamás habría llegado a ser presidente sin su apoyo, el cual le dieron sabiendo que era un demente y tal vez precisamente por eso. https://t.co/efme638jJ1

— La Corriente K (@lacorrientek) September 22, 2025 

Si hubiera que poner una fecha para la toma de distancia del "círculo rojo" compuesto por los principales grupos económicos del país respecto al gobierno de Milei, habría que decir que fue cuando se conocieron los resultados de las elecciones bonaerenses del pasado 7 de septiembre; aunque antes ya se venían viendo movimientos -nada sutiles, por cierto- que así lo indicaban, como el armado y lanzamiento de "Provincias Unidas" como recambio de la oferta electoral de la derecha, con el inocultable auspicio de la AEA.

La estrategia no es para nada novedosa: se trata simplemente de reflotar la idea -que reaparece cada vez que los modelos que esos grupos de presión y factores de poder apoyan eclosionan- de que el modelo es el correcto y funciona pero lo que falla es la realidad, o sus circunstanciales ejecutores; como fue en su momento Macri (al que se criticó y él se autocriticó por su "gradualismo") y ahora es Milei.

Y reflotar al mismo tiempo la idea -fruto más de la necesidad que de la convicción- de empezar a tantear puentes de contacto con el peronismo, pero siempre con una meta en mente: plantearle el mismo plan fracasado como el único racional y posible, como si en el medio no hubiera pasado nada. Como hemos dicho antes, nuestra derecha empresarial tras su forzada, fingida y poco creíble conversión democrática a la salida de la dictadura, insiste una y otra vez en aplicar un programa que más tarde o más temprano exige de la represión para imponerse y sostenerse, y desde esa idea base extorsiona a la sociedad y a la política.

En esa obstinada y cerril defensa de sus intereses -que resultan fortalecidos con cada crisis- hay que buscar el origen de todas nuestras convulsiones económicas y sociales, con repercusiones políticas e institucionales (y no al revés); y el fracaso ya irremontable del gobierno de Milei no será la excepción: como han hecho otras veces, ya se preparan ante el posible cambio de signo político del gobierno para volver, como si nada. A reclamar lo pendiente (como la reforma laboral), es decir a profundizar el desastre que causaron, o preparar el terreno para uno nuevo.

Así las cosas, es la política pensada en clave nacional, popular y democrática la que tiene que ponerles el palo en la rueda para interrumpir el círculo vicioso que nos conduce de crisis en crisis, y nos obliga a empezar al final de cada una de ellas, desde un piso más bajo de derechos, estándares de vida, cohesión social y densidad nacional. Y tenemos que hacerlo en defensa de la democracia y el voto popular, para que no queden vaciados en su legitimidad desde el primer día de gobierno, como sucedió en la fallida experiencia del "Frente de Todos", abonando así al desencanto democrático que nos trajo a Milei.

Mientras tanto ellos, el "círculo rojo", nuestra presunta élite económica, deberán ir -por una vez al menos- a la cola, a hacer (si les sale) algo de esa autocrítica que tanto le piden a la política, y en lugar de presionar a un gobierno elegido por el pueblo para imponerle su programa sin importar lo que gente haya votado, explicarles a sus accionistas por que los hicieron perder plata apoyando una y otra vez políticas que destruyeron el valor de sus empresas.

Con un gobierno puesto a gobernar aplicando el programa electoral consagrado en las urnas (que para eso lo votaron), ellos, los empresarios, deberán dedicarse a ser empresarios, más que lobbistas o aspirantes a conductores del país en las sombras, a los que nadie votó: generar empleos, pagar salarios dignos y en blanco, pagar impuestos y mirar los balances para ver como les va, antes de empezar a levantar el dedito admonitorio reclamando reformas.

Hace un tiempo ya, en el final de su segundo mandato, Cristina los invitó a debatir en público estas cuestiones (cuando hablaba de discutir con los titulares y no con los suplentes) pero sin generalidades abstractas y con los números en la mano. El desafío, por supuesto, no tuvo respuesta, porque no podría tenerla; por la simple y sencilla razón de que los que reclamaban cambios, se llenaban los bolsillos con las políticas que combatían y denostaban. 

En un futuro gobierno habrá que atenderlos, eventualmente, en un escritorio con dos cajones: uno para guardar bajo llave y sin abrir ni leer, todos los pliegos de demandas que seguramente llevarán (que por otro lado nada tienen de misteriosos porque son siempre los mismos), y con otro abierto para sacar de allí los documentos que ellos mismos y sus múltiples sellos de goma sacaron todos estos años transcurridos desde Martínez de Hoz para acá incluyendo a Milei, para apoyar enfáticamente los modelos económicos que nos llevaron al desastre. Eso, para empezar a hablar y refrescarles la memoria por si se olvidaron.

El desastre que deja Milei (y que no hará sino agrandarse cada minuto que permanezca en la Rosada, porque no hay posibilidad alguna de rectificaciones en éste contexto) exigirá del próximo gobierno algo más que administrar la crisis heredada, y estar dispuesto a tomar fuertes medidas que incluyan regulaciones necesarias e imprescindibles sobre la economía en general, y en particular en el comercio exterior, la administración de las divisas, las inversiones extranjeras, los movimientos de capitales o el sistema financiero. 

Todas esas medidas requerirán -necesariamente- afectar poderosos intereses que, como dijimos antes, están en la génesis de todas nuestras desgracias nacionales. Tendrá que ser un gobierno que deje de atajar pelotazos y pase a la ofensiva, sin escudarse en el pretexto de las correlaciones de fuerzas que ya se sabe que son desfavorables y lo seguirán siendo; pero que sin la fuerte decisión política de hacerse cargo de los problemas y poner lo que haya que poner para solucionarlos, jamás cambiarán. 

Y podemos saber hoy que ese rumbo no será compartido por el "círculo rojo" y lejos de ello, lo combatirán con todos los medios a su alcances. Pero no hay otro camino, si queremos no solo sostener y consolidar nuestra democracia, sino darle un sentido que vaya más allá del cotillón electoral. Tuit relacionado:

Que novedoso todo esto, jamás lo habían reclamado antes y hay que prestarle atención. Para mandarlos a la concha de la lora: https://t.co/lpmO7xUbbc

— La Corriente K (@lacorrientek) October 3, 2025

COMPORTAMIENTO Y CRISIS DE LA CLASE EMPRESARIA

 

¿Cuántos gobiernos alentados por el empresariado tienen que destrozar el país (y las propias empresas) para que dejen de importar las preferencias políticas y opiniones del empresariado? Es para un amigo que pregunta.

— La Corriente K (@lacorrientek) July 5, 2024

Leíamos al siempre interesante Ricardo Aronskind en ésta nota de El Cohete a la Luna (cuya lectura íntegra recomendamos): "Por ahora, la gran conversación sobre cómo seguir se está dando exclusivamente en el campo de la derecha: las grandes corporaciones, los organismos financieros internacionales, los emisarios de los países centrales, los liderazgos de los partidos gobernantes (La Libertad Avanza y el macrismo) y sus aliados (UCR y pichettismo), sus economistas y sus difusores mediáticos.".

"Les pasa lo que les viene pasando desde el golpe cívico-militar de 1976: se ponen de acuerdo fácilmente cuando se trata de despojar de conquistas a los sectores populares (salarios, jubilaciones, derechos adquiridos), o cuando se trata de capturar o generar negocios a costa del desmantelamiento del Estado, sus capacidades regulatorias y sus empresas. Las complicaciones empiezan cuando están solos consigo mismos en el gobierno, con todo el tablero de mando a su disposición, para hacer básicamente lo que quieren con el país.".

"¿Cuál debería ser la configuración permanente de los negocios en la Argentina? ¿Qué precios, qué rentas, debería tener cada sector? ¿Cómo y en base a qué criterios se define eso? ¿Combustible barato o caro? ¿Alimentos baratos o caros? ¿Tarifas baratas o caras? ¿Dólar barato o caro? ¿Salarios miserables o razonables? ¿Impuestos como en el primer mundo o como el cuarto? Las capas sociales que se apropian los ingresos más altos del país, por ejemplo, están unánimemente a favor del “equilibrio fiscal”, pero no están dispuestas a aportar un peso para que esa meta se logre. Los recursos tienen que salir de “los otros”.".

"Es interesante observar que, en la Argentina actual, todos los intereses empresariales –locales y extranjeros– parecen estar de acuerdo en otro punto más: rechazar la idea de someterse voluntariamente a un diseño más general, que compatibilice las distintas aspiraciones y que sea al mismo tiempo consistente y sostenible en el tiempo.".

"Justamente ese diseño, básicamente favorable a sus intereses pero dándoles proyección en el tiempo, sólo puede implementarse y ordenarse desde del Estado. Paradójicamente, los grandes intereses corporativos se han entusiasmado con un personaje que apunta –por ignorancia y alienación ideológica– a generar un profundo deterioro de las instituciones públicas, que son las que deberían sostener y encauzar las grandes líneas de acumulación del capital en el país. Esa característica caótica de los grandes intereses corporativos, de preferencia por el tironeo y el manotazo más que por una articulación económica racional, es uno de los principales obstáculos para que la Argentina capitalista se pueda estabilizar, así sea por un tiempo.".

"Los desacuerdos que estallan entre el gobierno con diversos sectores, llámense bancos, agroexportadores, industriales, proveedores de servicios públicos o acreedores externos, no pueden resolverse exclusivamente atacando a los asalariados y los sectores medios. Simplemente, no alcanza y no cierra económicamente. Tarde y mal algunos empresarios se dan cuenta de que sus propios negocios están estrechamente asociados a una cierta distribución del ingreso y a un cierto grado de regulación estatal, que por cuestiones puramente ideológicas y clasistas prefieren rechazar.".

Es tan cierto lo que describe Aronskind, que lo hemos leído antes, escrito por otros, con iguales o similares palabras: por Dardo Cúneo en su célebre obra de la que tomamos prestado el título del post, por Aldo Ferrer cuando enumeraba los elementos constitutivos de lo que llamaba la "densidad nacional" (entre ellos, una élite empresarial y económica con visión nacional y de desarrollo del país), entre muchos otros.

También podemos reconocer en el cuadro que bien pinta Aronskind el tristemente célebre "empate catastrófico" entre los proyectos en pugna por imponerse en el país desde hace décadas, sin que ninguno de ellos consiga consolidar una hegemonía permanente y estable, con el resultado de crisis recurrentes, y un piso cada vez más bajo de desarrollo económico, integración social y autonomía soberana del país, desde el que recomenzar. Y el actual ciclo no es la excepción, sino la profundización de la regla, con ribetes ridículos.

Por supuesto que no se puede pedirle todo a la élite económica, ni esperar de ellos lo que no están dispuestos a dar: precisamente allí radica uno de los déficits conceptuales de la política argentina, que está en el origen de todas las concesiones y claudicaciones conciliatorias que, lejos de conseguir su objetivo de aplacar a los dioses del mercado, solo consiguieron exacerbarlos hasta que su lucha por los despojos del país nos termina llevando puestos a todos, una y otra vez.

De hecho, asistimos (y nada menos que el día en que conmemoramos la declaración de independencia) a una farsesca representación de la rendición incondicional de buena parte de la política frente a los poderes corporativos, disfrazada como un gran acuerdo nacional, con perdón (o no) de Lanusse. El pomposamente llamado "Pacto de Mayo" que se termina firmando en julio no es más que el refrendo por parte del sistema institucional de las añejas ideas del Consenso de Washington, que ya se ensayaron el país con los resultados conocidos.

Tan obtusa es nuestra presunta élite empresarial (ese unicornio azul que el propio peronismo buscó por década para ensayar el pacto social) que no solo no reaccionó en bloque en su autodefensa frente a la amenaza del RIGI contenida en la ley bases (que permite entre otras cosas a los inversores extranjeros fagocitarse empresas nacionales a precio de ganga), sino que reclama replicar la entrega a la escala y la medida de cada sector interno, reclamando su lugar al sol en la granja feliz colonial, a las autoridades del virreynato.

Una vez más, la pelota está del campo de la política, que debe cumplir el rol para el cual existe: representar los intereses generales (o por lo menos los de las grandes mayorías) para los que, en democracia, votamos. Sin hacerlos al costado (junto con el sentido mismo del voto) en nombre de "lo que piden los mercados", como si estos fueran la única voz que debe y merece ser oída. Buscar en nuestra historia el registro de lo que pasó cada vez que se hizo eso es, sencillamente, encontrarse con el racconto de nuestras recurrentes crisis: una cosa sigue a la otra, como la sombra al cuerpo.

Tuit relacionado:

Se escribe "Pacto de Mayo" y se lee "Refrito del Consenso de Washington".

— La Corriente K (@lacorrientek) July 3, 2024

VOTOS CALIFICADOS

Hubo un tiempo en la Argentina en que el principal paradigma de la acción política de quienes gobernaban el país era éste: "La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo." La primera verdad peronista tenía un origen histórico concreto y preciso: el movimiento liderado por Perón venía a clausurar un oprobioso ciclo de fraude electoral, al que se apeló para facilitar la entrega del país bajo lo que se llamó el estatuto legal del coloniaje, y la miseria y empobrecimiento de su gente.

De allí que las tres banderas históricas del peronismo estaban, desde el inicio, fuertemente imbricadas entre sí como el propio Perón se ocupó de marcarlo muchas veces: para lograr la justicia social era necesario establecer la independencia económica, y para ambas cosas era imprescindible restablecer la soberanía política. La tensión siempre latente entre el capitalismo (que tiende a la desigualdad y la asimetría) y la democracia que concede a cada uno un voto para igualar las cargas en una sociedad, se resolvía por la vía democrática.

Claro que por eso pasó lo que pasó desde el 55' en adelante, y especialmente a partir del golpe del 76': el capitalismo corregía lo que conceptuaba como "vicios" de la democracia de modos cada día más violentos y aleccionadores a futuro. Y vaya si tuvo éxito: la restauración democrática parida en el 83' por la derrota en Malvinas vino condicionada desde el vamos a ir andando en puntas de pie, sabiendo de antemano que hay ciertos intereses consolidados que no se pueden tocar, y terrenos en los que es mejor no meterse, para evitar problemas.

Esa convivencia del régimen democrático formal con la forma particular que el capitalismo periférico dependiente asume en un país con el nuestro en tiempos de globalización (connivencia que se volvió absoluta durante el menemato, cuando incluso ciertas reformas drásticas fueron validadas por el voto ciudadano) no podía sino resultar a largo plazo en lo que resultó: una creciente insatisfacción social con los resultados de la democracia (que es casi lo mismo que decir con la democracia como sistema), que crecía al mismo tiempo y velocidad que crecían la pobreza, la exclusión y la desigualdad.

La excepción a ese cuadro fueron los años kirchneristas, en los que a partir de la lectura que hizo Néstor Kirchner de la implosión del modelo de la convertibilidad se inauguró un modo distinto de gobernabilidad a los ensayados hasta entonces, que logró estabilizar -aun en medio de convulsiones frecuentes- a un mismo proyecto político en la conducción del Estado durante tres mandatos presidenciales, algo que no registraba antecedentes en la historia argentina. 

En nuestra opinión, no ha sido debidamente analizada la convergencia en ese resultado de dos causas concurrentes: el estado de bonanza económica -con vaivenes, pero bonanza al fin- perceptible por la mayoría de los argentinos en su vida cotidiana, con la sensación en quienes votaban al kirchnerismo, de que el gobierno respetaba y honraba el mandato popular conferido en las urnas. En palabras de Cristina, no fue magia. En palabras de Perón, significaba cumplir nada más y nada menos que con la primera de las verdades peronistas.

Salteando el período de Macri -que precisamente por eso se vio forzado a hacer campaña prometiendo "mantener lo bueno y cambiar lo malo" del kirchnerismo para tener chances de ganar- la raíz del fracaso del Frente de Todos estuvo en la convergencia de los mismos factores, pero en sentido opuesto al kirchnerismo original: se deshonró el mandato popular gobernando para quienes no nos habían votado, y se eligió una gobernabilidad basada en el modo pactista que Néstor Kirchner abandonó cuando entró -con sus convicciones- por la puerta de la Casa Rosada. La propia elección de Alberto Fernández como candidato -y si nos apuran, la de Sergio Massa en 2023- estuvo presidida por esa lectura equivocada de todo el proceso. 

Y luego vino Milei, que llegó -como lo advirtió Cristina- montado sobre la insatisfacción democrática y como resultado de ella, pero también aupado en el balotaje por los votos del antiperonismo cerril, dato éste que suele dejarse de lado en la mayoría de los análisis; cuando en rigor se ha convertido en uno de los comportamientos más constantes (si no el más) de la sociología política de los argentinos. Disgresión: la diferencia entre Macri (que llegó como dijimos prometiendo "mejorar lo malo" del kirchnerismo) y Milei (que hacía campaña con la motosierra) son los gobiernos de Néstor y Cristina que precedieron al primero, y los del propio Macri y Alberto (con sus respectivos resultados en términos de salarios, empleos, consumos y expectativas sociales) que fueron su preludio.

Se podrá decir que estos tiempos de motosierra y licuadora que estamos viviendo son la consecuencia exacta de lo que votaron quienes votaron a Milei sin faltar a la verdad, pero tampoco sin contarla completa: por un lado sería más preciso decir que la gente siempre quiere lo mismo (vivir mejor), sin saber exactamente como conseguirlo, y sobre todo sin aprender de la enseñanza histórica que hay ciertas formas (económicas sobre todo) con las cuáles es imposible que todos (o la gran mayoría) estemos mejor, y tropieza una y otra vez con las mismas piedras.

Y por otro lado tampoco está tan claro que la gente haya votado ciertas cosas (como las contenidas en la ley bases que avanza con fórceps en el Congreso), que tienen beneficiarios muy concretos. ¿O acaso hubo en campaña manifestaciones populares pidiendo por la política de cielos abiertos, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, la desregulación de las prepagas y todos los precios, los aumentos de tarifas o la libre exportación de los hidrocarburos por las petroleras, solo por citar los ejemplos más notorios?

Es muy notorio ver los balbuceos y contorsionismos verbales de los que apoyaron la ley en Diputados, ninguno de los cuáles puede señalar un solo beneficio concreto que surja de su sanción, para la mayoría de los argentinos. Tantas incoherencias -como las de Stolbizer o Randazzo- y silencios incómodos o discursos con abstracciones y generalidades tienen más que ver con que son simples marionetas de un poder oculto, que con otra cosa.

Acaso allí haya que buscar -y no en la política como tal, o en el tamaño del Estado o nivel del gasto público- el origen y la causa principal de todas nuestras inestabilidades económicas, que se traducen en crisis sociales con consecuencias políticas y hasta institucionales, como en el 89' o el 2001: en la voracidad predatoria de los principales grupos del poder económico que solo consienten la democracia en tanto sirva a sus intereses, que para ello y si es preciso tratarán de condicionar a los gobiernos y forzarlos a violar su mandato electoral, o directamente de colonizarlos (como pasó con Macri y sobre todo está ocurriendo con Milei) aprovechando sus debilidades en su beneficio; y en la postración de la política frente a ese avance.  

Si hay algo que reprocharle a la política antes que nada no es tanto que se comporte como casta, sino que dejó de hacer política, es decir de aspirar a representar intereses sociales -no sectoriales, ni ocultos aunque muy visibles- y si es necesario confrontar con otros intereses para ellos, asumir el costo. Ese comportamiento del sistema político en su conjunto solo puede derivar a futuro en nuevas insatisfacciones democráticas, y en éste contexto el "que se vayan todos" estará siempre a la vuelta de la esquina.

Si por intentar imponer un modelo de exclusión inviable para la mayoría de los argentinos fracasó Macri (con todo el poder que tenía detrás) que se soñó hegemónico a largo plazo, nada indica que no vaya a terminar chocando la calesita Milei, que por estos días también se está soñando hegemónico y perdurable. Se trata simplemente del problema político más perdurable de la historia argentina: la imposible hegemonía perdurable y consentida -en un esquema de democracia formal- de un modelo de capitalismo predatorio; menos cuando pretende montarse sobre el humor social de una insatisfacción democrática de la que es la principal causa, aunque haya tenido la astucia de permanecer oculto buscando otros (gobiernos, legisladores) que hagan el trabajo sucio por ellos.  

Es así como los argentinos tenemos -de nuevo, como si no aprendiéramos de nuestro propio pasado- un Congreso militarizado sesionando de espaldas a la calle y al pulso ciudadano, para sancionar leyes que solo benefician a un puñado, cuyos nombres se repiten una y otra vez, y siguen como la sombra al cuerpo a todas nuestras crisis, porque no solo las generan, sino que se benefician con ellas; sin importar que o a quienes haya votado la gente, y para que. Los verdaderos votos calificados, digamos.

Tuits relacionados: 

No le adjudiquemos a la muñeca de los operadores políticos del gobierno lo que es un triunfo de la AEA, la AMCHAM y la embajada. No les subamos el precio.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 30, 2024

El Otero ése de Tabacalera Sarandí es el Yabrán de los 90': el espantapájaros que usan para que no hablemos de Rocca, Bulgheroni, Galperín, Pagani, Elsztain, Magnetto o Elon Musk.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 30, 2024

A los inversores extranjeros hay que darles libres disponibilidad de las divisas, estabilidad fiscal por 30 años, rebaja de Ganancias y jurisdicción del CIADI para que empleen a los pibes de Rapi y a los beneficiarios del Potenciar Trabajo. Acá no entiende el que no quiere.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 29, 2024

La democracia en la Argentina se ha convertido en el sistema para elegir quien hace lo que quieren Paolo Rocca, Magnetto, Pagani, Grobocopatel y Galperín.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 27, 2024

Monolítico el bloque de diputados de la AEA. Todos a favor de la ley. Que muñeca la de Paolo Rocca, hay que decirlo, eh.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 30, 2024

EL ABRAZO DEL OSO

 

Gente pidiendo que se firme rápido un acuerdo que no saben muy bien en que consiste. Pero si lo piden ellos, yo desconfiaría, que querés que te diga: https://t.co/7eOaDcXbq5

— La Corriente K (@lacorrientek) February 2, 2022

Todo lo más granado (y por granado entiéndase grande e influyente) del empresariado nacional se apuró a manifestar su apoyo al acuerdo con el FMI, apenas se hizo el anuncio oficial. Empezando por la AEA (que nuclea a la élite del poder económico del país) y siguiendo por el Grupo de los 6 así lo hicieron, y ahora están reclamando que sea prontamente tratado y aprobado en el Congreso, como leemos acá en Infobraden.    

El párrafo precedente podría haber sido perfectamente escrito en cualquier momento de la historia de nuestro país desde 1956, salvo el interregno entre 2006 y 2018, en que Néstor Kirchner logró que los argentinos olvidáramos lo que era el FMI: no hubo acuerdo con el FMI que no fuera instado por nuestra clase dirigente empresarial, ni ninguno que no fuera celebrado en su momento como una buena noticia para el país, y para sus habitantes.

El recuerdo de lo que pasó con todos esos acuerdos debería bastar para ponernos en guardia frente a ciertos apoyos, y hacernos recordar que esa clase dirigente es corresponsable de todos y cada uno de los fracasos habidos cuando en el país se aplicaron política sugeridas por el FMI o pactadas con el mismo; fracasos que muchas veces fueron en contra de los propios intereses de esa clase, aunque por supuesto esos intereses no se vieran afectados en el mismo grado que el común de los mortales.

En éste caso, el rotundo apoyo y la presión que empiezan a ejercer sobre el Congreso y las fuerzas políticas en él representadas para que sea rápidamente aprobado un acuerdo cuyo texto final no se conoce (y ellos tampoco han visto, salvo que tengan acceso a fuentes privilegiadas, del gobierno o del FMI), lleva a preguntarse cuales son las razones de tanto entusiasmo.

No podría ser -en principio- la perspectiva de una reforma laboral flexibilizadora derivada del acuerdo, en principio porque desde el gobierno desmintieron rotundamente que se haya exigido tal cosa por parte del Fondo, o, para ser más precisos, convenido entre las partes. Además, la reforma laboral se viene haciendo de hecho desde hace cuatro años por lo menos, a fuerza de reducir drásticamente el salario promedio en dólares, que es lo que siempre persiguen las grandes fracciones del capital.

Lo mismo cabe para las posibles privatizaciones de activos públicos (y correlativos negocios privados), y no tanto respecto al aumento de tarifas de los servicios públicos, porque en éste punto hay discordancias entre el discurso del gobierno, y el del FMI. El entusiasmo debe venir por otro lado entonces.

Y a falta de elementos para arribar a otra conclusión, cabe pensar que es porque el acuerdo despejaría (recalcamos el potencial) el fantasma del default, por lo menos hasta la primera revisión trimestral de la economía por los técnicos del Fondo. Y no habiendo default, no existiría (otra vez se remarca el potencial) la necesidad de dictar disposiciones aun más restrictivas que las vigentes para acceder al mercado de divisas.

O dicho de otro modo: el acuerdo garantizaría la estatización de deuda privada que supone cargarle al conjunto de los argentinos el pago de una deuda contraída para que se puedan fugar capitales ante el colapso del modelo macrista; tanto como la continuidad del flujo de dólares "para los amigos", que deben girar dividendos, cancelar préstamos (o autopréstamos) en divisas y -porque hay costumbres que cuesta dejarlas, vio- seguir fugando capitales para que, como pasó los dos últimos años, por esas canaletas abiertas se vaya el abultado superávit comercial.

FALLAS EN LA SEGURIDAD PRESIDENCIAL

 

Foto de algunas semanas atrás🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/u9fbz6BXNk

— lucio (@_LucioRodrguez) October 27, 2021

Que cualquier forma de pacto o acuerdo social debe involucrar a los empresarios (que son los dueños de los medios de producción) o parte de ellos, es cosa sabida. Como también que esos pactos o acuerdos hay que explorarlos con los empresarios realmente existentes y no con los que uno desearía, también.

Sin embargo, eso no implica sentarse a discutir con cualquiera, en cualquier condición; porque aun cuando muchas veces no se pueda andar eligiendo interlocutor, no hay necesidad de exponer a la investidura y autoridad presidencial a conversar de tú a tú con cualquiera, que es como suele plantearse el diálogo entre las autoridades elegidas por el pueblo y los empresarios -a los que no vota nadie- en la Argentina, cuando las primeras no se saben dar su lugar.

Hace unos pocos días atrás, el presidente recibió en la Casa Rosada a un grupo de CEO's de algunas de las empresas más importantes del país, y si nos atenemos a las crónicas periodísticas (incluyendo a las basadas en la información oficial), el encuentro transcurrió en un clima de cordialidad, y amplias coincidencias sobre el rumbo a seguir en beneficio del país.

Por lo general, cuando se producen estas tertulias los empresarios o los sellos de goma que los representan (sorteados en éste caso por Alberto para hablar "cara a cara con los que mandan") son reacios a firmar compromisos concretos por escrito, y si excepcionalmente lo hacen, es difícil que los terminan cumpliendo, y más vidrioso aun, que eso les traiga consecuencias.

Lo que tiene sí, habitualmente, amplia repercusión en esos casos son las demandas o exigencias del sector empresario al poder político, que giran siempre en torno a los mismos temas: rebajas o eliminación de impuestos, flexibilización de las leyes laborales, apertura y desregulación de los mercados y la economía en general, ajuste del gasto público. Poco se sabe, en cambio, de lo que están dispuestos a ofrecer a cambio, como no sean las vaporosas promesas de un futuro venturoso en el que -de accederse a sus demandas- se producirá el "derrame" en forma de "empleos de calidad".

En el encuentro del que hablamos, uno de los contertulios presidenciales fue Francisco De Narváez, quien además de un fugaz paso por la política, tiene una más prolongada actividad empresaria, concentrada hoy en el manejo de las operaciones de la cadena Walmart en el país, y otros negocios similares, como los supermercados Changomás.

El esforzado y flamante Secretario de Comercio Interior Roberto Feletti acaba de denunciar que Walmart y Coto (yo te conozco, diría Néstor) son justamente las empresas más reticentes a cumplir con el acuerdo de precios, y pretenden trasladar la rentabilidad que deberían resignar (que excede toda pauta que sería considerada razonable en los "países serios") hacia el interior de la cadena de valor, en perjuicio de los otros eslabones. Eso, o lisa y llanamente desconocer los precios máximos fijados hasta el mes de enero, para una serie de productos de consumo habitual de los hogares.

Lo cual nos lleva a reflexionar sobre la construcción de la agenda presidencial, y cuanto se puede realmente avanzar en acuerdos con ciertos sectores, que no parecen muy dispuestos a resignar sus privilegios. Sin ir más lejos, otro asistente a la misma reunión fue Eduardo Acevedo de AGD, cuyos productos más populares son denunciados como faltantes en los puntos de comercialización, y Madanes Quintanilla (CEO de Aluar) que se llevó la promesa del congelamiento de las tarifas de electricidad para su empresa (monopólica en el mercado del aluminio, uno de los principales insumos difundidos de uso industrial), a cambio de la promesa de crear 600 empleos adicionales; lo cual de ser cierto confirmaría que no es necesaria a esos fines una reforma laboral flexibilizadora.

En el caso de De Narváez, el tipo se fue contento de la reunión por sus coincidencias con el presidente, y a los pocos días se pasa por el forro de las pelotas una decisión del gobierno que afecta a sus intereses. ¿Tiene sentido un diálogo en esas condiciones, que lo incluya a él, y a los que como él actúan, conduce a algún lado que no sea deteriorar aun más la imagen presidencial?

Hay que mejorar la seguridad de la Casa Rosada y cuidarlo mejor al presidente, incluso de él mismo: no puede ser que termine en un mano a mano con delincuentes. Tuit relacionado: 

Ah, mirá vos. Y nosotros pensando que el que dinamitó el acercamiento fue De Narváez cagándose en los acuerdos de precios: https://t.co/5ZbctsW4Zs

— La Corriente K (@lacorrientek) October 28, 2021

DIÁLOGO, CONSENSO Y COSO. SOBRE TODO COSO

 

La respuesta de los empresarios al llamado del gobierno al diálogo social es poder aumentar más los precios, y despedir empleados sin consecuencias: https://t.co/sgG95jkCj4

— La Corriente K (@lacorrientek) February 26, 2021

No se trata de que uno descrea de la utilidad o importancia del diálogo, o suponga que es imposible arribar a algunos consensos básicos en el país. Se trata simplemente de tener una mirada realista, y tener en cuenta que para dialogar -como para bailar el tango- hacen falta dos, e incluso -a diferencia del tango- más que dos dispuestos a hacerlo, con sentido constructivo.

Del mismo modo que -por ejemplo- para discutir un modelo de desarrollo productivo integrado para el país es imprescindible (en palabras de Claudio Scaletta) que exista un sector empresarial "demandante de desarrollo" y no ávido por evadir impuestos, dolarizar ganancias o excedentes y fugarlos; para que el diálogo cierre en cosas concretas y no sea una mera pérdida de tiempo, se necesita que todos estén dispuestos a ceder algo en pos de los consensos.

Sobre todo los que más tienen para ceder, porque menos han cedido antes, o porque nunca han cedido; y entienden el diálogo como una simple excusa para plantear sus demandas, de las que no están dispuestos a bajarse, o la subsistencia de sus privilegios, que no están dispuestos a resignar.

Que es más o menos lo que pasa -ahora y siempre- con el núcleo duro de nuestro establishment económico, como se puede comprobar leyendo  esta nota de Ámbito sobre las demandas de las principales empresas alimentarias al gobierno cuando respondieron a su convocatoria para hablar sobre los aumentos de precios de los alimentos.

Los tipos piden "descongelar" los precios de los productos incluidos en "Precios Máximos" (o sea, poder aumentar lo que no aumentaron), y protestaron -cuando no- contra la doble indemnización y la prohibición de disponer pedidos o suspensiones, porque (sic) "pierden competitividad".

De donde uno podría concluir perfectamente y sin temor a equivocarse, que por "competividad" entienden "tasa de ganancia obtenida mediante la híperexplotación de la mano de obra y el abaratamiento del costo de despedir parte de ella". Traduciendo se entiende la gente.

Y también podría pensar que sentido tiene convocar a dialogar a gente como Funes de Rioja, para el cual al parecer los alimentos están baratos, o si están caros no es un problema de él, o con el que tenga algo que ver. 

Para que se entienda: convocados para aportar ideas para salir de la crisis, los tipos reclaman manos libres para seguir aumentando los precios de la comida, y para poder despedir o suspender gentes, sin mayores consecuencias legales o económicas.

O también se podría discutir que sentido tuvo convocar a los empresarios del "Norte Grande" por parte del presidente, para que los tipos le planteen a boca de jarro que quieren pagar el "aporte solidario" vulgarmente conocido como "impuesto a las grandes fortunas" (o sea, se trata de gente que está entre los 12.000 tipos más ricos del país) en 36 cuotas, sin intereses. 

Una "contribución" que -recordemos- se destina en buena medida a afrontar los gastos que demanda la pandemia, como comprar vacunas, de esas que se terminaron poniendo Aldrey Iglesias y su familia, ponéle. 

Tuit relacionado: 

Siguen los gestos de solidaridad de nuestro benemérito empresariado, aportando su granito de arena para la solución de los problemas del país: https://t.co/hnXEfycfky

— La Corriente K (@lacorrientek) February 26, 2021

¿CON QUÉ NECESIDAD?

 

¿Para qué van los funcionarios a ciertos lugares donde es como si les tomaran exámen, convalidando así ese rol que se dieron a sí mismos?: https://t.co/CfNr9QcUBK

— La Corriente K (@lacorrientek) December 10, 2020

Para el caso es lo mismo si es el coloquio de IDEA, la exposición de la Rural en Palermo, una cena en la AEA o las jornadas que suele organizar Costantini en el MALBA. O un seminario para Pymes organizado por el Grupo Techint, que es más o menos lo mismo que una jornada contra la violencia de género organizada por Barreda.

Tampoco importa demasiado si el funcionario en cuestión sale más o menos airoso y pudiendo decir lo suyo, como en éste caso hizo el ministro Guzmán frente a los planteos del empresario del caso (en ésta oportunidad nada menos que Paolo Rocca), que ya son sabidos de antemano: rebaja de impuestos, la presión fiscal es excesiva, son necesarias reglas de juego claras y estables para invertir, bla, bla, bla. 

Lo que hace ruido es el montaje escenográfico en torno al asunto: el pope empresarial de ocasión (ovarios de ellos) se sientan como si presidieran un tribunal examinador, y el funcionario en cuestión es puesto en el rol de un estudiante que debe demostrar si ha aprendido bien la elección, y recita más o menos convencido las "chinches" de los profesores para ser aprobado.

Y también, para qué negarlo, hace ruido la concurrencia de los funcionarios de un gobierno democrático, electo por el pueblo, a ese tipo de ámbitos, en esas condiciones: es muy fuerte la imagen visual que nos dice que el poder de las instituciones democráticas rinde en cierto modo pleitesía a quienes se han autoproclamado tribunal examinador de los destinos del país; sin otro título que la riqueza y el poder económico.

Es allí donde uno se pregunta ¿con qué necesidad se tienen este tipo de gestos simbólicos, cual es el beneficio que se obtiene a cambio cumpliendo ciertos rituales?

Los otros días decíamos acá a propósito de las maniobras de la AEA (de la que Rocca y Techint son actores principalísimos) que no solo no están contribuyendo en nada para resolver los graves problemas que tiene el país, sino que por el contrario, son parte esencial de esos problemas: en éste año de gestión del "Frente de Todos" no hubo iniciativa más o menos trascendente del gobierno que no cuestionaran, o lisa y llanamente sabotearan

Así como no hubo una vez -como le pasó ahora a Guzmán- que estando con el presidente o sus funcionarios, no les plantearan sus demandas corporativas, en tono de exigencia. 

De hecho, al mismo tiempo que le pedía al ministro Guzmán bajar la presión fiscal rebajando impuestos, Rocca le reclamaba la continuidad del Plan Gas, que supone destinar cuantiosos recursos públicos a subsidiara las petroleras; plan del cual Tecpetrol (la petrolera de Techint) ha sido una de las principales beneficiarias.

La pregunta entonces, y a riesgo de ser reiterativos, se impone de nuevo: ¿con qué necesidad se hacen estos gestos que -quiérase o no- serán leídos como de pleitesía?

DEMOSTRACIONES DE PODER

 

En las sociedades modernas nadie sostiene en serio ya que hay "un" poder, o un único centro de poder, y mucho menos que éste esté en el Estado y sus instituciones. Todos asumen que hay "poderes", e incluso que de unos cuanto años a ésta parte (sobre todo desde que rige la denominada globalización del capitalismo financiero) los poderes públicos han ido perdiendo peso específico en su capacidad de gobernar a las sociedades; si por gobernar se entiende conducirlas hacia la dirección que reclaman sus mayorías, aun cuando eso suponga afectar intereses poderosos.

La democracia se ha vuelto así cada día un poco menos "democrática" y cada vez que los que la titularizan formalmente desde el Estado intentan revertir la tendencia, aparecen las tensiones: toda vez que oigan hablar de "populismo" o de tendencias presuntamente autoritarias de un gobierno, desconfíen: seguramente se ha atrevido a poner en entredicho la supremacía del capitalismo -sin llegar  a negarlo-, por sobre la democracia, y su fuente de legitimidad electoral.

La Argentina no podía ser la excepción a un proceso universal, y de allí que no extrañe que el año pasado las fuerzas nacional-populares hayan saldado diferencias para construir una herramienta electoral competitiva frente a la derecha en su encarnación más pura y dura, y hayan podido ganar las elecciones y recuperar el control del Estado, en toda su dimensión y posibles despliegues.

El poder económico, el poder mediático (parte inescindible del primero), el Poder Judicial (estructura enquistada en el aparato estatal para defender los intereses delos poderosos) y la principal oposición política (comparsa parlamentaria de los dos primeros, menesterosa demandante de ayuda del tercero para saldar las disputas políticas que pierde) siguen comportándose como si las elecciones, simplemente, no hubieran tenido lugar.

En el caso de la oposición, sin el más mínimo atisbo de autocrítica ni nada parecido a una acto de contrición por su desastroso gobierno, y muy por el contrario, pontificando con encomio digno de mejor causa todas las soluciones que el país debería adoptar, que no son sino las que los llevaron a ellos al fracaso como gobierno, y a la derrota electoral.

El poder económico, por su parte, desplegando en cuanta ocasión puede -a través de los medios que controla, en sus encuentros con el gobierno- su pliego de demandas que exceden incluso a los tradicionales paquetes de ajuste del FMI, y que son otra cosa que el programa que gobernó la Argentina entre diciembre del 2015y el mismo mes del 2019, con los desastrosos resultados conocidos.

Y finalmente el Poder Judicial, que desde su cabeza misma -la Corte Suprema de Justicia de la nación- ha decidido enviar un mensaje extorsivo y mafioso tras otro, aunque para ello deba vulnerar, una y otra vez, la Constitución cuya vigencia deberían garantizar. Lejos de cualquier intención de autodepurarse, o de colaborar con reformas planteadas desde el gobierno y el Congreso, los jueces están diciendo, a quienes quieran oírlo, que consideran que las leyes que rigen al conjunto de los argentinos no se aplican a  ellos, y que sostendrán con todos los recursos a su alcance -que no son pocos- la estructura de persecución y disciplinamiento político que se dio en llamar "lawfare"; como espada de Damocles aleccionadora que pende sobre las cabezas de todos y cualquiera de los miembros de la clase política, que se atrevan a meterse con ciertas cuestiones.

Fuera de la impotencia opositora (en tanto capacidad de generar una alternativa electoralmente viable al oficialismo), lo que hay en todos los demás casos señalados son contundentes demostraciones de poder, hechas ex profeso y deliberadamente para demostrar que no tienen remilgos en usar ese poder del que disponen, ni siquiera porque deban hacerlo contra un gobierno elegido por el pueblo: puesto menor dijo alguien, alguna vez, del presidente de la nación.

Los jueces convalidan jueces okupas, testimonios amañados, condenas sin pruebas, leyes inicuamente violatorias de la Constitución como la del "arrepentido", y se ofrecen como un refugio seguro contra todo aquel que quiera defender un privilegio incompatible con la democracia y las instituciones; sea Larreta reclamando por fondos, o algún mega-millonario que deba pagar el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Los tribunales están, entonces, para corregir los excesos democráticos de la democracia. Y los primeros en advertirlo son los opositores, apenas se apaga el tablero de las votaciones de las Cámaras del Congreso, consagrando que perdieron: "esto no termina acá, la seguimos en tribunales", parecen decirnos.

Y el poder económico, además de presionar por una devaluación ola flexibilización laboral, crea las condiciones para conseguirlo: aumenta los precios -sobre todo de los alimentos y artículos de primera necesidad-, fuga capitales, especula con el dólar o anuncia a través de sus medios que va a aumentar servicios cuyos precios el Estado congeló (como internet, el cable o la telefonía celular), y cuyos reajustes ese mismo Estado debería autorizar.

Frente a eso el gobierno, es decir el Poder Ejecutivo, más concretamente el presidente y sus ministros, hacen demostraciones de "no poder", o para ser más precisos: no querer utilizar todas las herramientas institucionales a su alcance para disciplinar y poner encaja a esos otros "poderes"; en la vana creencia y esperanza de que -contra toda evidencia- aun es posible consensuar con ellos, bajo otros términos que no sean los que ellos plantean y exigen.

Uno tiene todo el derecho del mundo a estar convencido de que "su" estrategia (por ejemplo, la búsqueda de consensos para ampliar su base de sustentación) es la correcta, como parece estarlo Alberto Fernández. Pero no puede ser tan necio como para negar las evidencias de la realidad, siguiendo en la búsqueda de acuerdos con quienes no quieren acordar, nada. Y mientras tanto transmitiendo para afuera la peligrosa sensación de que los demás podrán avanzar impunemente sobre su poder (democrático, con legitimidad popular de origen) sin ser detenidos. 

EL IMPUESTO CARACOL

 

Como nos agarraron de boludos: https://t.co/ImhYOI6pRM

— La Corriente K (@lacorrientek) November 8, 2020

Pongámosle que uno desconfía de La Política Online, y las cosas no son como las cuentan en ésta nota a la que corresponde el tuit de apertura. Y en consecuencia el manoseado "impuesto a las grandes fortunas" no estaría atado a la definición de la fórmula de ajuste de las jubilaciones, y a una eventual reforma impositiva que prepara Guzmán.

Lo que es real son los datos del movimiento (es un decir) de la iniciativa:  Máximo Kirchner la anunció en abril, la presentó (junto con Heller y otros diputados) en agosto y en septiembre obtuvo despacho favorable de comisiones, pero hace dos meses que está en condiciones de llegar al recinto, y no se discute.

De ser cierta la nota (y no estamos diciendo que lo sea) ¿qué vinculación tiene un impuesto "transitorio" que van a pagar los más ricos del país con la fórmula de ajuste de las jubilaciones y pensiones, que además genera gastos que el Estado debe afrontar y para lo cual necesita precisamente recursos genuinos? 

¿Qué impide aprobar éste proyecto y al mismo tiempo o después avanzar en una reforma impositiva integral, incluso más progresiva en su alcance, no se trata acaso -según nos dicen- de una "contribución extraordinaria por única vez"? 

Por otro lado ¿cuán cerca de concretarse está esa reforma impositiva, cuando hasta acá los únicos proyectos reales que se conocen en la materia generados en el Poder Ejecutivo son de rebajas o exenciones impositivas, para "fomentar las inversiones"?

Iniciativas similares al llamado "impuesto a las grandes fortunas" han sido aprobadas en medio de la pandemia en los principales países del mundo, y hasta cuentan con el apoyo del FMI; siendo además que por otro lado son muchos los que dicen estar preocupados por el equilibrio de las cuentas públicas y el déficit fiscal. ¿O acaso solo creen posible reducirlo disminuyendo el gasto público, y no aumentando los recursos con los que cuenta el Estado? 

¿Cuál es la razón por la que el proyecto no avanza, no hubo realmente intención de impulsarlo, fue un cazabobos para contener al núcleo duro del voto kirchnerista, no están garantizados los números para aprobarlo al interior del "Frente de Todos" o tiene que ver con las reuniones del gobierno con distintas entidades empresarias, entre ellas la AEA, lo que nos remite a lo dicho ayer acá: cuál será su aporte concreto para salir de la crisis?

Porque si fuera esto último - es decir, que el proyecto no avanza por la oposición de los que tendrían que pagar el impuesto - la señal que estamos dando es pésima: se proyecta debilidad del gobierno, y se haría explícita la capacidad de bloqueo del poder económico sobre cualquier iniciativa que pueda siquiera rozar sus intereses.

Dicho de otro modo, sin elecciones a la vista, los que nunca van a elecciones nos estarían marcando la cancha y nosotros nos la estaríamos dejando marcar. Y eso es muy peligroso con cierta gente.

DIÁLOGO, CONSENSO Y PACTO SOCIAL

 

Y, habría que hacérselos notar un poco, con un impuesto a las grandes fortunas, tumbando la fusión Cablevisión - Multicanal, cortando la fuga de capitales, aplicando la ley de abastecimiento, cositas así por el estilo. https://t.co/I9ouR0Jr1W

— La Corriente K (@lacorrientek) November 6, 2020

Después de las reuniones con la AEA y el Consejo Agrario, qué conseguimos que aceptaran resignar los empresarios de sus reclamos o intereses para conseguir el pacto social? Es para un amigo que pregunta.

— La Corriente K (@lacorrientek) November 6, 2020

En la semana que pasó, los ministros del área económica del gobierno (Guzmán, Kulfas, Basterra) vinieron sosteniendo reuniones con diferentes nucleamientos del empresariado: la cúpula de la poderosa AEA (que agrupa a las empresas más grandes del país), el Consejo Agroindustrial (la entidad que surgió para disputarle a la Mesa de Enlace la representación del complejo de agronegocios), las empresas mineras y los gobernadores de las provincias donde la actividad es importante, y también hubo contactos con la Unión Industrial Argentina.

Nada raro en un gobierno que se ha propuesto intentar alcanzar alguna forma de pacto social para salir de la crisis, y teniendo por interlocutores a los empresarios privados, que son los que en un modelo capitalista generan el empleo; ciertamente en sinergia con una estrategia de desarrollo trazada a partir de las políticas públicas, o al menos debería ser así para quienes no creemos que hay que dejarlo todo librado a la mano invisible del Estado. Hasta ahí, nada que reprochar.

No trascendieron demasiados detalles de los encuentros, sino en su mayoría los que dejaron trascender los empresarios por los medios, que en su mayoría son la previsible reiteración de su libreto tradicional: reclamos por la presión impositiva, pedidos de baja de impuestos, preocupación por el déficit fiscal y el gasto público, reclamos por el acceso al mercado cambiario sin restricciones. Es decir, nada que sorprenda considerando la indigencia intelectual de nuestra élite empresaria.

Acaso el detalle más resonante sean las declaraciones que se le atribuyen al ministro Guzmán cruzando a Héctor Magnetto (y quizás a Paolo Rocca) en su reclamo por una devaluación del tipo de cambio oficial para converger más estrechamente con las cotizaciones de los dólares financieros y el "blue". Según se dice, el ministro le habría aclarado el CEO del grupo Clarín que eso no lo pide ni siquiera el FMI - de lo que pide el Fondo hablamos otro día -, y esto si lo dijo el ministro de Economía (que prometió presentar un "plan de estabilización") como conclusión de los encuentros, algunos empresarios deberán entender que gobierna el gobierno, y no ellos.

La reflexión merece otra complementaria: la cúpula de nuestra élite empresarial apostó con todo, armas y bagajes, a la reelección de Mauricio Macri en las elecciones del año pasado, y perdió. Y también nos hizo perder a todos los cuatro años anteriores, cuando su misma apuesta pero en el 2015 les salió bien, y las ideas que pregonan se aplicaron desde el gobierno, con los resultados conocidos: indicadores conocidos esta semana dan cuenta de que en determinados sectores de la actividad económica, el macrismo fue peor incluso que la pandemia. Se sabe, el neoliberalismo es una amenaza global, instalada desde hace mucho más tiempo que el coronavirus.

Sin embargo, nuestra esplendente "burguesía" (que no nacional) parece no haber extraído ninguna enseñanza de ello, y sigue en lo suyo como si nada hubiera pasado. Con la inflación liderada por los aumentos de precios en los alimentos (a partir de las presiones devaluatorias) muchas empresas líderes del sector alimenticio (que tallan fuerte en todas las gremiales empresarias que se reunieron con el gobierno) piden aumentos para poder seguir participando de "Precios Cuidados".

Y por el contrario pese a haber obtenido beneficios como la rebaja de retenciones o el aumento de los reintegros a las exportaciones, las principales empresas exportadoras del país siguen retaceando la liquidación de divisas para forzar una devaluación, sin que el gobierno atine a hacer algo más que quejarse; en lugar de obligarlos a liquidar.

Por último, aun cuando los reclamos por una reforma laboral flexibilizadora (la bandera que unifica a las diferentes fracciones del capital) han mermado como consecuencia de que la crisis la impuso de hecho vía contracción salarial y amenaza de despidos, los reclamos por la legislación del trabajo no cesan: la UIA manifestó su preocupación por un fallo de la justicia laboral que volteó el mecanismo de acuerdos express para la rebaja de salarios que acordaron con la CGT y el gobierno; y los voceros empresarios se muestran preocupados por el avance en el Senado de un proyecto de ley para elevar de dos a tres años el plazo de prescripción de las acciones judiciales por despidos e indemnizaciones.

Como ven, nada nuevo bajo el sol, y ningún planteo desde el sector empresario vinculado a un modelo de desarrollo productivo integrado y que garantice crecimiento con inclusión social y mejoras en la distribución del ingreso. Sin estar nosotros en los detalles de las conversaciones, tampoco alcanzamos a advertir cuáles son los aportes concretos que los empresarios están dispuestos a hacer para la concreción del tan meneado "acuerdo social". Para decirlo más concretamente: no parece que estén dispuestos a ceder en ninguna de sus demandas, para conseguir ciertos niveles de acuerdo en una estrategia de desarrollo. 

La propia precisión de Guzmán ("algunos empresarios tienen que entender que los que gobernamos somos nosotros") pone las cosas en su exacta medida para entender como está la cosa. La pregunta es si el gobierno seguirá creyendo que aun así es posible alcanzar acuerdos, y en tal caso con quiénes, y a cambio de qué; y la pregunta, claro está, es política, en el más completo y profundo significado del término, como políticos son el dilema y el conflicto que están planteados.

LA DEMOCRACIA RENGA

Para sorpresa de casi nadie, los senadores de "Juntos Para Que Nada Cambie" votaron en contra de la ratificación del DNU 690 que congela las tarifas de los servicios de Internet, telefonía celular y TV por cable, y los declara servicios públicos sujetos a una mayor regulación por parte del Estado.

Argumentos (léase excusas) no les faltaron, porque nunca les faltan para oponerse en general a todo lo que haga o proponga el gobierno, o -y esto es lo que nos interesa destacar- para alinearse incondicionalmente en defensa de los intereses corporativos, en especial si son los de los principales grupos económicos del país, y más en especial si hablamos de grupos que tienen fierros mediáticos de respaldo, como Clarín.

Víctor Hugo Morales dijo alguna vez que la oposición al peronismo era un grupo de políticos menesterosos de apoyo mediático, porque no han conocido otra forma de construcción y acumulación política, y la caracterización es muy cierta. Tanto como que el problema que eso encierra es bastante más complejo, y tiene que ver con la representación política, y las condiciones de estabilidad del sistema institucional.

Lejos de nuestra mirada el culto a la alternancia político como un valor en sí mismo, sí es cierto que los sistemas políticos tienen que tener la capacidad de generar alternativas, que es otra cosa. Y que sean realmente tales (es decir, alternativas) supone distintas miradas de las fuerzas políticas sobre los asuntos públicos y los mejores modos o formas de encararlos y resolverlos, pero no necesariamente enfoques diferentes sobre la relación entre la política y las fuerzas políticos que compiten en el plano electoral por la representación social, y los intereses sectoriales, por muy importantes o poderosos que sean.

Lo que pasa en la Argentina es otra cosa, y es grave precisamente porque falla eso: el sector predominante de la oposición al gobierno nacional (los que fueron gobierno los cuatro años anteriores), y no desde ahora sino desde 2003 por lo menos, se ha asumido como un simple vehículo institucional de las demandas del poder real en el país, sin hoja de ruta propia y siempre a la zaga del pliego de reclamos de ese poder "no institucional". Incluso para oponerse a cosas que hasta el día anterior ellos mismos proponían, como por ejemplo la declaración como servicios públicos de determinadas actividades.

Se puede ser más o menos creyente en el libre juego de las fuerzas del mercado, más o menos amigo de la regulación estatal, o de la apertura o cierre de la economía, o el lugar que tiene que tener la iniciativa privada, y así en todos los asuntos públicos: al fin y al cabo se supone que en democracia el sistema político formal debe reflejar el pluralismo real de la sociedad, y darle expresión electoral primero, e institucional después.

Lo que no se puede es convertir a las estructuras políticas -ya de por sí bastante apolilladas y en larga crisis de representatividad- en simples locales vacíos en alquiler, que un día le sirven a la Mesa de Enlace, otro a la AEA, la UIA o Clarín y así sucesivamente; y se ofrecen al mejor postor. 

Porque una cosa es intentar armonizar y conciliar intereses para que los leyes o regulaciones públicas contemplen -en la medida de lo posible- como armonizar los intereses contrapuestos que hay en una sociedad; máxime si son todos legítimos, aunque no de igual importancia, o necesidad de protección por parte del Estado. 

Pero otra muy distinta es desnaturalizar la esencia de la representación política por la cual la gente vota y todos los votos valen uno -sean el del CEO de una gran empresa, o el de un desocupado-, vaciando de contenido a la democracia que se queda así renga y sin alternativas, algo que a largo plazo solo puede beneficiar a los que no juegan con sus reglas de juego, y por el contrario medran cuando se la desestabiliza.  

EL UNICORNIO AZUL

Argentina, ese raro país donde la burguesía nacional es un unicornio azul que el peronismo busca en vano hace 75 años, pero tiene más sellos de goma representantes del empresariado que ningún otro lugar del mundo: https://t.co/2zW5RmXlv2

— La Corriente K (@lacorrientek) July 17, 2020

El tendido de puentes hacia sectores del empresariado para construir una alianza social amplia que permita impulsar un determinado proyecto de país está en los genes originales del peronismo, en tanto el movimiento fundado por Perón nunca se concibió a su mismo como un partido clasista.

Desde su propio origen entonces, el peronismo se puso a la búsqueda de la "pata empresarial" del proyecto nacional, y cuando no la encontró, trató de suplirla desde el Estado. En eso y el protagonismo político de los trabajadores, que lo hicieron por abrumadora mayoría su identidad política y por razones muy concretas (dignidad, salarios, derechos), consiste en esencia el peronismo, simplificando mucho las cosas.

Pero encontrar en un país como el nuestro, con su particular y desequilibrado modelo de desarrollo productivo, algo parecido a una burguesía nacional con visión de desarrollo para el país, y capacidad de resignar intereses propios en pos de la construcción de ese objetivo, no es una tarea sencilla. De hecho, para el peronismo se parece bastante a la búsqueda de un unicornio azul, una criatura mítica de cuya propia existencia se duda.

Y la carencia se traslada de generación en generación, sobre todo porque desde el peronismo original para acá, nuestra élite empresaria fue profundizando sus rasgos estructurales que obstan a que pueda cumplir con eficacia ese rol: es rentista, parasitaria, evasora, poco afecta a invertir, proclive a endeudarse en divisas (aumentando la ya de por sí aguda restricción externa que nos condiciona), y afecta a embarcarse en la defensa de proyectos económicos (y políticos) que termina yendo en contra de sus propios intereses; al menos si a estos se los considera desde la óptica de lo debería ser una "burguesía nacional", en un país que quiera completar su ciclo de desarrollo. 

Eso, sin contar con que la estructura productiva del país se ha ido extranjerizando cada vez más desde entonces, de modo que muchas decisiones que conciernen al entramado empresarial, no se toman en el país, aunque terminen impactando en él. Mucha se ha dicho al respecto, pero vale la perna reiterarlo: en el fracaso o la deserción de nuestra élite empresarial a cumplir ese rol, radica buena parte de nuestras frustraciones y fracasos como país. 

Y tanta actualidad tiene el tema, que por estos días es parte central del debate al interior de la coalición oficialista, y sus apoyos sociales: precisamente a las relaciones entre el poder político y el empresariado (más específicamente, la cúpula del mismo) apuntaba la nota de Zaiat en Página 12 del domingo que Cristina recomendó en Twitter, y eso y la puesta en escena del acto oficial por el 9 de julio fue lo que disparó la carta de Hebe de Bonafini al presidente con fuertes críticas, y la respuesta de Alberto Fernández.

Junto con su muy reducido arsenal conceptual (que orbita siempre en torno a dos o tres tópicos obsesivos, como el ajuste fiscal, la baja de impuestos o la reforma laboral), nuestra élite empresarial es afecta a prodigarse en la generación de foros, entidades, cámaras y nucleamientos varios; como por ejemplo el que se estaría gestando en el sector agroindustrial, del cual da cuenta esta nota de Infobae a la que refiere el tuit de apertura.

Es tal la proliferación de sellos que nuclean al empresariado, que hay sectores que pertenecen simultáneamente a varios, de modo que esa proliferación, más que responder a la representación de intereses diversos hacia el interior de nuestra élite empresarial (que existen), obedece a multiplicar su capacidad de lobby sobre el Estado y las instituciones políticas; algo en lo que son más expertos que en invertir, por ejemplo. Porque de eso se trata, ni más ni menos. de aumentar su peso específico para vehiculizar sus demandas sectoriales hacia el Estado.

Eso, sin considerar que hay algunos de esos sellos (como la UIA por ejemplo) que siguen conservando cierto "prestigio institucional", en cuyo seno conviven intereses empresariales no solo distintos, sino contradictorios; pero en los que la voz cantante la llevan siempre los más poderosos. Y sin considerar tampoco que los perjudicados por las políticas que esos sectores más poderosos impulsan (como buena parte de las Pymes) en muchos casos terminan abonando al mismo discurso, y planteando como soluciones las mismas, que fracasaron cada vez que se ensayaron.

OMNIPRESENTE ES MEJOR QUE BOBO

La imagen de apertura corresponde a esta nota de La Nación del sábado, donde Francisco Olivera nos cuenta que la cúpula empresaria argentina está muy preocupada, porque la AFIP le impuso nuevos requisitos a las empresas que accedieron a los planes de ayuda del gobierno para pagar sueldos.

Tal como señala la imagen y cuenta la nota, aquellos que accedieron o quieran acceder al programa ATP no podrán distribuir dividendos, hacer giros y transferencias a sociedades o cuentas off shore en paraísos fiscales, ni operar en la bolsa para hacerse de dólares vía titulos o acciones, para fugarlos.

Por otro lado, le habrían planteado al ministro Kulfas que los aportes del Estado para el pago de sueldos fueran "no reintegrables", o sea, los tan denostados subsidios o "planes" que en otros casos les molestan tanto: que el Estado ( o sea, todos nosotros) ponga la tutuca, y que no la tengan que devolver.

No se podrá decir que el nivel de caradurismo sorprenda: se parece a la queja de las patronales del campo porque desde el Banco Central se les cortó el acceso al crédito a tasa subsidiada a los productores que retienen cosecha esperando forzar una devaluación; o a la de los empresarios que se oponen de plano a la propuesta de la diputada Vallejos para hacer lo mismo que están haciendo en Francia, Alemania y otros países, capitalizando los aportes estatales con tenencias accionarias en las empresas. 

Un muestrario de nuestra élite empresarial rentista, parasitaria, evasora y fugadora serial, crecida al amparo de las crisis sociales, políticas y económicas y ésta, la de la pandemia, no será la excepción.

Beneficiarios desde siempre de devaluaciones, hiperinflaciones, golpes de mercado, privatizaciones, estatizaciones de deuda, pesificaciones asimétricas, hoy reclaman ser asistidos, sin tener que devolver la ayuda, que no necesitan. Porque de lo contrario no se quejarían de las restricciones que les imponen.

Restricciones que llegan tarde -cuando ya se conocieron casos sonados de ayuda mal dada- pero tarde es mejor que nunca, y bienvenido sea que el gobierno reaccionara y las adoptara. Y es entonces cuando estos tipos, que viven pidiendo seguridad jurídica y reglas claras para invertir, reducción del gasto público o "sintonía fina" en la ayuda social, protestan.

El gobierno vino funcionando hasta ahora en dos velocidades distintas: demorando más de lo debido la ayuda a quienes lo necesitaban (con requisitos a veces absurdos, en otros casos, pensados para otras circunstancias) mientras pasaban por al lado elefantes. Ahora lo corrige enhorabuena, y los empresarios "se arrepienten" de haber pedido ayuda. 

Bien entonces, si no la quieren que no la pidan, y si no la necesitan, que la devuelvan, o se ajusten a las pautas que son elementales, de sentido común; que eso también es "seguridad jurídica". 

Incluso deberíamos ir más allá y avanzar en las regulaciones permanentes para que éste tipo de cosas no se repitan: disponer por ejemplo, que quienes tienen cuentas en paraísos fiscales u operan con ellos no reciban ningún tipo de ayuda estatal (sean créditos o subsidios), o ni siquiera puedan participar de las compras y contratos del Estado.

Opongámosles a su natural comportamiento predatorio, el imperativo de su propio interés, y que vean donde les aprieta el zapato, por una vez; porque es preferible un "Estado omnipotente" (el "ogro filantrópico" de Vargas Llosa) a uno bobo, como prefieren estos tipos; que da plata sin preguntar, ni esperar que algún día se la devuelvan.

Lectura complementaria imprescindible esta nota de Rovelli en El Cohete a la Luna . Tuit relacionado:

Arrepentidos pero de devolver la guita ni hablemos. Menos de cerrar las cuentas en paraísos fiscales y traer la guita al país. https://t.co/SuZXTinTrK

— La Corriente K (@lacorrientek) May 23, 2020