EMERGENCIA Y OSCURIDAD

 

El gobierno de Pullaro llegó a acumular seis (6) emergencias declaradas por ley de la Legislatura: educativa, sanitaria, social, de seguridad, previsional y de los servicios públicos de agua potable y saneamiento. Al respecto, dijimos en ésta entrada: "Cabría preguntarse entonces para que se buscó declarar tantas "emergencias", y si uno se atiene a antecedentes similares (como pasó con la emergencia en seguridad en los gobiernos de Bonfatti y Lifschitz), más los propios actos del gobierno, debería concluir en que lo que se busca esencialmente es una excusa para hacer contrataciones sin molestias burocráticas, como tener que llamar a licitación, y excluyendo las normas generales a las que el Estado debe sujetarse para eso." (las comillas son cita del texto, y las negritas son nuestras)

Pues bien, muy errados o andábamos: ayer lunes 22 Pullaro dictó el Decreto 1257 (cuya imagen abre el post), por el cual prorroga por un año más a partir de hoy, la emergencia en materia social, educativa y sanitaria originariamente declarada por la Ley 14241, cuyo artículo 6 (ahora prorrogado en su vigencia) dispone lo siguiente: "Establécese que, en virtud de la emergencia declarada, los Ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano, de Educación y de Salud podrán aplicar los siguientes procedimientos: 1.- Adquirir bienes, obras y servicios por procedimientos especiales de contratación directa...".

Por toda fundamentación de la medida, dice Pullaro en los considerandos de su decreto que "...motiva la presente gestión el sostenimiento en las condiciones de deterioro del tejido social que había justificado su sanción legislativa;...", para seguidamente blanquear -al menos en el caso de la emergencia sanitaria- el verdadero propósito de la prórroga: "Que, con el objeto de optimizar la distribución territorial y asegurar la operatividad de la red pública ante el incremento de pacientes que perdieron la cobertura de la seguridad social, resulta indispensable dar continuidad a los mecanismos excepcionales de contratación, los cuales han permitido que efectores de salud de toda la provincia realicen más de 2.500 gestiones -entre licitaciones aceleradas y contrataciones directas de emergencia-, enmarcadas en el Decreto N° 0219/24, que reguló diferentes procesos de contrataciones en el marco de la emergencia declarada;...". (otra vez las comillas son cita del texto y las negritas nuestras)

Y si bien no se trata de negar que la situación social, sanitaria y educativa del país (y de Santa Fe) sean graves ni mucho menos, no deja de llamar la atención que el razonamiento sea que las normas regulares del Estado para contratar (como la licitación pública) son al parecer un impedimento para actuar con eficacia y en tiempo oportuno; en un gobierno que se jacta permanentemente de su transparencia, integrado por partidos que -cuando fueron opositores en el gobierno de Perotti- rechazaron la emergencia sanitaria y el otorgamiento de facultades excepcionales de contratación, en plena pandemia.

Pero el Decreto 1257 tiene más curiosidades: señala en uno de sus párrafo que "...en cuanto a consumos problemáticos en la Provincia de Santa Fe, la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas, particularmente en relación a la cantidad de situaciones abordadas, destaca que “entre los años 2023 y 2024, hubo un incremento aproximado del 43%. Entre los años 2024 y 2025, el aumento fue aún más significativo, implicando un crecimiento cercano al 77%. Siendo el incremento acumulado del 2023 al 2025 más del 153%”, lo cual demuestra la persistencia y la escala del fenómeno social que se atiende desde esa área de gobierno;...".

No es que las afirmaciones sean erróneas, inexactas o mentirosas (al fin y al cabo dan cuenta de un fenómeno grave que no para de crecer), sino que lo curioso es que el artículo 3 inciso 7) de la Ley 14241 (la emergencia original) le encomendaba al Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano "...Implementar políticas públicas centradas en la prevención, abordaje integral y tratamiento de los consumos problemáticos fortaleciendo los dispositivos interdisciplinarios, públicos y/o privados que desarrollen la prevención y atención.". Es decir que al menos en éste aspecto, las facultades excepcionales para contratar que la emergencia otorgó y el hecho de no hacer licitación pública, mucho no mejoró las cosas que digamos.

Y señalamos esto porque fuera de la prórroga de las facultades excepcionales para contratar (prescindiendo incluso de la licitación pública) en ninguno de los cometidos estatales involucrados no se define ni precisa ninguna política pública concreta para resolver los problemas que se señalan, ni se da cuenta de ellas. En el caso de Educación, no hay la más mínima mención en el de decreto a alguna cuestión concreta del área que se abordara en el marco de la emergencia; siendo además que los funcionarios del área se jactan de sus logros, al punto de decir que habían revertido una tragedia educativa: si así fuera en verdad, ¿para qué necesitarían prorrogar la emergencia?

En la oscuridad de los argumentos del gobierno provincial para justificar medidas excepcionales, el caso educativo ya registraba antecedentes, éste mismo año: el 8 de abril pasado Pullaro prorrogó el presentismo para los docentes y los asistentes escolares por un año por el Decreto 672, argumentando que "...el resultado de la medida dispuesta oportunamente ha sido beneficioso para el sistema educativo y por ello, resulta relevante al cumplimiento de aquellos fines prolongar su vigencia;...". No solo que el decreto no menciona fin alguno que motivara la implantación del presentismo, sino que no explica ninguna razón por la cual sería beneficioso, a menos que se trate -como es- de un mecanismo para evitar los paros, y no sea de buen tono decirlo abiertamente. 

Pero si las "emergencias" de Pullaro son oscuras, las cuentas públicas de su gobierno no se quedan atrás: el viernes pasado nos preguntábamos acá en que andaría: "...el acuerdo con la Nación por el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia, déficit que según el presupuesto de éste año y pese a la reforma previsional ajustadora de Pullaro y Olivares, iba a ser de 330.218 millones, de los cuáles 240.000 millones iban a ser aportados por la nación (cálculo efectuado cuando no se había firmado el convenio y la nación no aportaba un peso hace más de dos años). Casi con la mitad del año transcurrido no podemos saber como anda la cosa y si el déficit de la Caja (y los aportes del Tesoro provincial a esos fines) disminuyó o no como consecuencia del acuerdo; ni en que quedó el juicio de la provincia contra la nación iniciado en la gestión de Perotti, por el incumplimiento de los convenios anteriores.".

Dicho esto porque hasta ahora y aunque la Legislatura ratificó por ley el convenio, no es posible saber cuanto dinero efectivamente transfirió la nación con esos fines, ni se lo ha contabilizado ingresándolo al presupuesto provincial. De hecho éste mismo lunes 22 (ayer) Pullaro dictó el Decreto 1256, que amplía los recursos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia en más de 375.883 millones de pesos, de los cuáles casi 180.197 millones (el 47,94 %) provienen de los aportes personales de los afiliados y cargos que se les cobran en sus haberes; y cero (0) pesos de aportes del Estado nacional a través de la ANSES. Y según las cuentas públicas de la provincia al 31 de mayo las Instituciones de Seguridad Social de la provincia (la Caja de Jubilaciones y el IAPOS) registraban un déficit de 264.967 millones de pesos, o lo que es lo mismo, el 80,24 % del previsto solo para la Caja en el presupuesto para todo el año, pero en apenas cinco (5) meses.  

 

Cuentas públicas, dijimos. Pues bien, en la misma entrada del viernes pasado que citábamos más arriba, dijimos nosotros: "...las cuentas públicas de la provincia, que como dijimos no se publican en internet desde diciembre del año pasado, sobre todo ahora que nos enteramos que por el Decreto 474 aparecido ayer en el Boletín Oficial de la Nación, Milei le otorgó a Santa Fe un anticipo financiero de los recursos de la coparticipación federal (a devolver en el transcurso del año con intereses) por hasta 400.000 millones de pesos, porque (según los considerandos de la norma presidencial) Santa Fe es uno de los Estado provinciales que se ven  "...impedidos, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de sus respectivos presupuestos de gastos y amortización de deudas.", por lo que "...resulta necesario procurar soluciones inmediatas a las dificultades financieras transitorias por las que atraviesan las citadas provincias.".".

Resulta que las cuentas por fin aparecieron (con los datos hasta el 31 de mayo de éste año), y arrojan un déficit para el Estado provincial de casi 595.000 millones de pesos, o lo que es lo mismo: una vez y media el anticipo financiero que la Nación le otorgó por decreto de Milei a Santa Fe, y que el ministro Olivares dice ahora que ellos no pidieron, ni lo necesitan:  

REFLEXIONES SOBRE LA MARCHA

Tal como se esperaba, la masividad y contundencia del reclamo por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario se hizo sentir en todo el país, como expresión del rechazo a la política de ajuste del gobierno y del valor simbólico que tienen para muchos argentinos la educación y la universidad públicas. Milei y su gobierno hicieron su aporte para llenar las plazas, haciendo público el día previo otro tijeretazo a las partidas del presupuesto nacional, incluyendo las del sector.

Sin embargo, es necesario decir que así como estuvieron en las plazas muchos que jamás cursaron una carrera universitaria pero reconocen el valor que la universidad pública tiene en la vida del país, también faltaron muchos que hoy son parte de la vida en los claustros, pero que por alguna razón creen que el reclamo nada tiene que ver con ellos, que solo quieren poder dar clases o cursar y rendir sus materias y recibirse, sin problemas. 

O peor aun, creen que el reclamo está "politizado" y por ende no se suman a él, o concuerdan con el rumbo del gobierno. Cuestión distinta es el efecto que esas plazas llenas de gente movilizando reclamando puede tener o no en un gobierno que tanto le teme al pueblo en la calle, como no le suele hacer caso nunca, porque entiende la política de otro modo; como pasó con las marchas contra la ley de glaciares, o la reforma laboral.

Y éste último ejemplo viene bien para analizar las consecuencias políticas del reclamo, y sus posibilidades de ser atendido, en las actuales circunstancias: en el caso de las universidades -como pasó en su momento con las políticas de protección para la discapacidad- se está pidiendo que se cumpla con una ley porque el Congreso estuvo a la altura y la sancionó cuatro veces; mientras que en el caso de la reforma laboral el interesado en que la ley se cumpla -y accione en los tribunales a ese fin- es el gobierno; porque allí buena parte de la dirigencia política con representación en el parlamento dio su apoyo, porque participa del consenso de que era necesaria: esa disociación es la misma que priva de mayor sustento social y fuerza política a ambos reclamos, el universitario y el de los trabajadores.

Recordemos que antes de llegar a éste punto, los rectores universitarios con terminales en la UCR negociaban con el gobierno una aplicación "lavada" de la ley, y amenazaban a sus docentes (algunos lo concretaron) con descontarles los días de huelga cuando reclamaban por aumento de salarios, o con pedir la conciliación obligatoria. ¿No es acaso eso consistente con lo que dice la reforma laboral sobre el derecho de huelga?

La insularidad de los distintos reclamos sociales, sin nexos de conexión entre sí, contribuye a darle fortaleza al gobierno para resistirlos. Faltan vasos comunicantes entre las dirigencias de los distintos sectores, y más importante aun, entre los afectados por las políticas de ajuste libertarias: en la universidad el fenómeno se puede explicar por la pervivencia de aquella idea de la "isla democrática" que pudo -por ejemplo- convivir con la proscripción de la fuerza política mayoritaria del país y el consecuente falseamiento de la democracia, en tanto las sucesivas dictaduras le preservaran (hasta la noche de los bastones largos) el patio de juegos académicos.

Para el resto de la sociedad, cabe adaptar aquel poema de Martin Niemoller: primero vinieron por la universidad y no me preocupé, porque yo nunca fui a la universidad. Vemos a diario en los medios y las redes los testimonios de los "sorprendidos" porque los alcanzó la motosierra de la que se creían exentos, y pensaban que los ajustados serían los otros; porque ninguno termina de comprender del todo que para tener un país mejor y más justo es tan necesario que las universidades tengan financiamiento adecuado, como que los trabajadores tengan derechos y buenos salarios, se protejan la industria nacional y sus puestos de trabajo y se paguen jubilaciones dignas.

Lo que está faltando entonces es la pedagogía política necesaria para explicar que no es un problema de un sector u otro según sea el momento puntual en el que lo tronchan los dientes de la motosierra, sino de un modelo económico, político y social, que debe ser comprendido, abordado y resistido en conjunto. Es decir que los reclamos sectoriales - los de las universidades y los de todos- lejos de ser despolitizados, deben ser profundamente politizados, y encarados desde esa perspectiva.

Las concesiones de los propios afectados por las políticas de Milei-como los rectores universitarios- al discurso denigratorio de la política que baja desde el gobierno juegan también a favor de éste, tanto como la política está para algo más que para acompañar los reclamos: debe darles sentido, perspectiva de conjunto y músculo institucional, para poder concretarse. Como hizo Néstor para salir por arriba del laberinto de la crisis del 2001.

La expresión en términos de representación política y electoral de esa amalgama vendrá después, o mientras se hace docencia al respecto, y como su lógica consecuencia y derivación. No antes, apurada por la lógica de las candidaturas, las alianza y las encuestas. 

ADOCTRINEMOS

Tiempo atrás se desató la polémica en la CABA por un "manual de censura" del gobierno del PRO, por el cual se instruía a los docentes a abstenerse de emitir opiniones propias (en especial de índole política) o abordar en clase con los alumnos ciertos temas "conflictivos", como la identidad de género.

El hecho no es nuevo: recordemos como en tiempos del gobierno de Vidal en la provincia de Buenos Aires se habilitó una línea de denuncias por "intentos de adoctrinamiento en las escuelas", y el actual gobierno nacional está convencido que en las universidades pasa lo mismo: se adoctrina a los estudiantes con ideas de izquierda. Como bien dice Cristina, si eso fuera cierto -o el adoctrinamiento hubiera tenido éxito-, él jamás hubiera llegado a ser presidente. Ni hablemos del vergonzoso video oficial conocido en Día de la Memoria para -supuestamente- fomentar "la memoria completa" sobre los crímenes de la dictadura.

El propósito de todas estas paparruchadas es otro: amedrentar para desalentar toda forma de debate o construcción de un pensamiento social crítico, y sobre todo, alimentar a su audiencia cautiva sosteniendo firmes sus prejuicios, con los que esperan conservar su adhesión electoral más allá de los pobres resultados de la gestión de gobierno.

Lo cierto es que al mismo tiempo Milei y LLA son el resultado de mucho más que la frustración democrática, como se ha señalado: son también el canal de expresión política de gente que no sabe muy bien de que se trata, pero quieren soluciones, y las quieren ya.

Adultos que se comportan como niños, negándose a tratar de entender -o a que les expliquen- como funcionan las cosas, o por qué pasan; lo cual si no puede anotarse del todo como una carencia de su formación educativa, bien podría ser materia de una futura reforma en ese campo.

Una reforma pluralista, pensada convocando a los que saben como diseñar las estrategias didácticas y pedagógicas más adecuadas, sin connotaciones partidistas pero tratando de incorporar en las currículas nociones básicas sobre determinadas cuestiones, para formar ciudadanos conscientes de como funciona realmente el mundo en el que viven, de sus propias decisiones, y del efecto que tienen.

Que la escuela (en general, en los distintos niveles y de acuerdo a la capacidad madurativa de los alumnos) ayude a comprender como funcionan la economía en general: la producción, el empleo, las finanzas, el comercio interior y exterior, el sistema previsional, su financiación, las alternativas para gestionarlo o el mercado del trabajo.

Y lo mismo con otras cuestiones como los impuestos y su finalidad, el gasto público, las funciones del Estado, el presupuesto público; o el mundo del trabajo, los derechos laborales, la huelga, el sindicalismo, la plusvalía, la organización de los medios de producción, las empresas, y los fenómenos mundiales como la globalización, las relaciones entre los países y el rol de los organismos internacionales.

Temas se podrían sugerir muchos, a nosotros se nos ocurren la  industria, la ciencia, la investigación, el desarrollo tecnológico, la justicia, los tribunales, sus procedimientos, el derecho penal, el delito y su castigo.

Tuit relacionado:

Es imposible hacer un país medianamente normal con un gran porcentaje de su población que, en términos políticos, económicos y sociales desconoce o directamente niega que el agua moja o la tierra es esférica. Es muy difícil.

— La Corriente K (@lacorrientek) February 25, 2025

Y AL QUE NO LE GUSTA, SE JODE

 

En medio de toda ésta gente. pic.twitter.com/GpCCAVNUxo

— La Corriente K (@lacorrientek) April 23, 2024

Jeñal jugada estratégica la cadena nacional del Javo ayer con los cuatro muñecos de torta. Lo que está conectando con la sociedad suna cosa de locos.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 23, 2024

Es mentira que controlan la calle. Es mentira que captaron todo el apoyo de la juventud. Es mentira que todo se define en las redes. Es mentira que el ajuste lo paga la casta. El gobierno mismo es una mentira.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 24, 2024

Multitudinaria, gigantesca, colosal. Transversal, federal, de una punta a la otra del país. Heterógenea, plural, participativa y sin aparateadas. Demostrativa de que que no todo está perdido, que hay voluntad de lucha, y mientras la haya futuro y hay esperanza. Solo se trata de canalizarla, o de sumarse a ella con humildad.

También demostrativa de que no es cierto que los pibes están todos en la boludez, que marchar y poner el cuerpo en la calle en defensa de lo que se cree correcto no es una pérdida de tiempo, y que la sociedad argentina no va a aceptar mansamente que la despojen de sus derechos ni de sus conquistas.

Todo eso -y más- fue la marcha de ayer en todo el país en defensa de la universidad y la educación pública frente a la motosierra criminal de Milei. Un soplo de esperanza en un presente de agobio cotidiano.

Un hito más en un largo camino que ha de seguir con los actos del Día del Trabajador y con el paro general convocado por la CGT para el 9 de mayo; y con todas las movilizaciones que haya que hacer en defensa de los derechos amenazados o vulnerados por el plan económico de un gobierno nefasto, que le ha declarado la guerra a la mayoría del pueblo argentino. 

Gobierno cuyo presidente -en creciente proceso de pérdida de contacto con la realidad- creyó en su soberbia que con la insólita y bizarra cadena nacional del día previo desinflaría la convocatoria, y no hizo más que fortalecerla y multiplicarla.

Que fue sorprendido por el crecimiento de la convocatoria y solo acertó a intentar deslegitimarla por todos los medios, sin éxito. En realidad no por todos: lo que nunca se puede esperar de éste gobierno es que desactive la protesta social, resolviendo los problemas que la generan, y él mismo creó.

Por eso poco importan sus argumentos para deslegitimar éste y cualquier otro reclamo, porque donde haya una necesidad y ya no exista un derecho (porque se lo vulnera, amenaza o desconoce), deberá haber una reacción de la sociedad. Con sus dirigentes a la cabeza, o con el otro modo que todos sabemos.

Porque la extraordinaria respuesta de ayer del pueblo argentino -o por lo menos de la parte de él que no se resigna a ser la gallina desplumada que no grita- es también un llamado de atención a esa dirigencia dormida, especuladora o directamente cobarde; y a las instituciones formales que no atinan a dar respuesta a la angustia y los reclamos populares. 

Para que se pongan de una buena vez a la altura de las circunstancias, o se corran a un costado y dejen que otros tomen la posta. Tuits relacionados:

Que siga así. Le está yendo bárbaro. https://t.co/TL7Fw6Uf40

— La Corriente K (@lacorrientek) April 24, 2024

"Qué votaron, forros?" pic.twitter.com/B0IW6danBY

— La Corriente K (@lacorrientek) April 23, 2024

El cartel definitivo. pic.twitter.com/Izk79BEjFr

— La Corriente K (@lacorrientek) April 23, 2024

Uno de mis boludos favoritos es el que al mismo tiempo que te explica que el 82% del presupuesto de las Universidades se gasta en sueldos de docentes, investigadores y personal administrativo, te dice que no entiende por qué la CGT adhiere a la marcha de hoy.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 23, 2024

Vengo del pasado. El Adorni de Onganía dice que no entiende que tienen que hacer los estudiantes de Córdoba marchando junto con los obreros de SITRAC y SITRAM.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 23, 2024

AGENDAS, AUDIENCIAS, VOTOS

 

Desde el 1° de octubre ningún trabajador que gane hasta $1.770.000 pagará el impuesto a las Ganancias.

Necesitamos que sea Ley. Ojalá los diputados y diputadas cumplan con el compromiso de cuidar el salario de los trabajadores. pic.twitter.com/zxOf5tR6Ss

— Sergio Massa (@SergioMassa) September 12, 2023

NUEVO PROYECTO DE LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO

Presentamos junto a @JaimePerczyk y @Wadodecorrido un proyecto de Ley que aumenta la inversión educativa del Estado llevándola al 8%. La educación de calidad será la base para construir la Argentina que soñamos. pic.twitter.com/7VJzKC3mar

— Sergio Massa (@SergioMassa) September 12, 2023

DEVOLUCIÓN DEL IVA PARA LA CANASTA BÁSICA

Desde el lunes rige #CompreSinIVA, el programa que devuelve el 21% del IVA de los productos de la Canasta Básica a millones de argentinos y argentinas. pic.twitter.com/LcnV2RdSGf

— Sergio Massa (@SergioMassa) September 13, 2023 

Los anuncios que hizo esta semana Sergio Massa vinculados al impuesto a las Ganancias, al financiamiento educativo y a la devolución del IVA en la compra de productos de la canasta básica de consumo son -hasta ahora- simplemente eso: anuncios. Salvo la suba del mínimo no imponible de la cuarta categoría del impuesto (la que grava los salarios más altos) que se instrumentó mediante la publicación del Decreto 473 en el Boletín Oficial del martes. (Completo acá).    

Yendo en orden de aparición hay que arrancar por el financiamiento educativo, en el cual se anuncia el envío de un proyecto de ley al Congreso creando una afectación específica de la coparticipación federal de impuestos para garantizar una inversión mínima del Estado (en todos sus niveles) del 8 % del PBI destinada a la educación, la ciencia y la investigación. 

La continuación y profundización de una de las políticas más virtuosas del kirchnerismo, que comenzó en el gobierno de Néstor con la sanción de la Ley 26075 (2005), que llevó la inversión en ese rubro a más del 6 % del PBI, garantía luego incumplida durante el gobierno de Macri, pese a que muchos de los que conformaban lo que entonces era Cambiemos votaron a favor la ley impulsada por Kirchner.    

Después vinieron los anuncios por Ganancias, de los que sobresale el proyecto remitido al Congreso para disponer la derogación del impuesto para la cuarta categoría (los salarios más altos), o su reducción a un número muy reducido de asalariados, los de más altos ingresos. La oposición de derecha -que en los días previos lo toreaba a Massa con que enviara el proyecto ya, sin esperar a ganar las elecciones para hacerlo- ya anunció no solo que se opondrá, sino que ni siquiera dará quórum para tratarlo. 

Todo menos inesperado, y quizás ahí resida la mayor eficacia de los anuncios de Massa: en el hecho de poner a la discusión a discutir consigo misma, agarrándolos del pico como se dice, para que demuestren si es cierto que quieren bajar impuestos, o si en realidad solo lo quieren hacer para favorecer a los más ricos; y si realmente les importa la educación, o bajo un gobierno suyo caería también bajo la cuchilla del ajuste que promueven y prometen.

La movida es inteligente en términos políticos, aunque es dudoso que tenga un impacto electoral significativo: le permite a Massa retomar el control de la agenda, pero no necesariamente se traducirá en una mejora en la cosecha de sus votos. Y pone a la oposición en un lugar incómodo, con el riesgo de perder una mínima porción de votos propios entre aquellos sectores de clase media que se verían beneficiados con los cambios en Ganancias; que a su vez habrá que ver si no migran a Milei.

En éste último caso Massa retoma un caballito de batalla de la cúpula sindical de la CGT durante los gobiernos de Cristina, que fue también parte permanente de la hoja de ruta de su Frente Renovador, claro que en otros tiempos, cuando le disputaba con ciertas chances electorado al macrismo; y cuando (gobiernos kirchneristas mediante) había unas cuantas cosas básicas resueltas como para plantear exquisiteces. Hoy la realidad es otra, y el 12,4 %  de inflación de agosto golpea duro a la porción principal de la base electoral de Unión por la Patria, y a la candidatura del propio ministro de Economía.

Seguramente para atender eso, el mismo día que se conoció el índice fatídico Massa anunció que a partir del lunes se devolverá el 21 % del IVA en la canasta básica de alimentos a unos 9 millones de personas, perceptores de jubilaciones, pensiones, monotributistas y asalariados de menores ingresos (hasta 6 SMVM). Una medida con otro impacto social y numérico, pensada para otras audiencias, y que forma parte de una agenda que nunca debió abandonarse: la de ponerle plata en el bolsillo a la gente.

Se podrá discutir el acierto de las medidas -en especial los cambios en Ganancias, que beneficiarán a sectores con escasa propensión marginal al consumo, y posible tentación por dolarizar excedentes- o el timmig para anunciarlas (con la magra cosecha de las PASO ya certificada), pero no la oportunidad, a unos 40 días de elecciones cruciales que decidirán, en buena medida, el futuro de la Argentina.

Lo que no se puede discutir es que hay un candidato -no un gobierno, tampoco necesariamente el conjunto de la coalición- que está buscando en distintas peceras los votos que le faltan para asegurarse un lugar en el balotaje, desalojando de él a una de las expresiones de la derecha para polarizar con la restante; en condiciones difíciles. Por lo menos hay que valorarle el empeño, porque quedándose (quedándonos) de brazos cruzados el destino catastrófico está marcado.   

CORRECCIÓN E INCORRECCIÓN POLÍTICA

 

Por qué increíblemente? No se me ocurre alguien más adecuado para ese cargo, con ese gobierno y en ese lugar. Es la encarnación misma del macrismo, la identidad política mayoritaria del porteño promedio. https://t.co/FIhDLa2MVC

— La Corriente K (@lacorrientek) January 19, 2022

Yo no quiero ser el que le tenga que hacer oír el audio de Soledad Acuña al pobre Natanson.

— La Corriente K (@lacorrientek) January 19, 2022

Quien hubiera dicho que alguien educado en una escuela de Bariloche dirigida por Priebke, como Soledad Acuña, resultaría tan nazi.

— La Corriente K (@lacorrientek) January 19, 2022

Que no gane el PRO las elecciones. Eso es lo que hace falta. https://t.co/zkgOSQKcwP

— La Corriente K (@lacorrientek) January 19, 2022

Soledad Acuña va a seguir siendo ministra de Educación de Larreta, y su ¿exabrupto? sobre el destino de los pibes porteños desvinculados de la escuela durante la pandemia no le va a costar el puesto, ni mucho menos. Como tampoco lo pusieron en riesgo sus anteriores dichos sobre el nivel cultural de los docentes, o haber dicho que se dedicaban a la docencia los que eran mediocres, a falta de otra ocupación.

Decir lo que dijo no le traerá ninguna consecuencia, como no se la trajo a Macri cuando habló de "caer" en la escuela pública, o a Vidal cuando dijo que en el conurbano había demasiadas universidades, porque los pobres jamás llegan a la universidad. Hay una línea de coherencia que une todos esos dichos y -lo que es más importante- los hechos que son su consecuencia, cuando la derecha gobierna y le toca -entre otras cosas- ocuparse de la educación.

Solo algunos paparulos como Natanson pudieron haberse confundido y ver otra cosa cuando habló de una "nueva derecha moderna y democrática" que valoraba bienes públicos que debe garantizar el Estado, como la salud o una educación de calidad. Nuestra derecha es la misma siempre, y si juzgamos por su oferta actual, la de sus peores versiones: bruta, simplista y predemocrática; en todas sus variantes.

Pero sería todo muy sencillo si la cosa se limitara a los dirigentes que expresan a esa derecha, o a los funcionarios de sus gobiernos, y si alcanzara con repudiarlos en las redes sociales. La cosa es más compleja (aunque brutalmente clara para que se entienda), si se repara en que esa derecha política no es sino la expresión de una derecha social: un 40 % de los argentinos, mínimo, y bastante más de la mitad de los porteños, piensan lo que piensa Acuña sobre la educación, los pobres, los pibes villeros, su destino y sus posibilidades. 

Por eso votan como votan, y por eso las elecciones vienen teniendo los resultados que vemos. De hecho, la derecha en sus diferentes encarnaciones electorales ha entrado hace rato en una competencia para ver cual es más brutal, para poder captar adhesiones; lo cual dice más de esa parte de nuestra sociedad que los vota, que de los que son votados por ella.

Más brutales nos parecen sus ideas, más atractivo parecen tener, en su simplicidad rústica, para muchos argentinos: así como creen que hay gente que es pobre porque quiere, porque no le gusta trabajar y prefieren vivir de un plan, piensan que hay otros que son brutos o ignorantes porque no les da la cabeza, no tienen interés en estudiar o progresar, y el Estado nada puede (ni debe) hacer al respecto.

Quienes piensan así están cómodos con un darwinismo social en el que impera la ley de la selva y el sálvese quien pueda, y reniega de toda política pública compensatoria, equilibradora o igualadora, "bancada con la plata de mis impuestos". En todo caso si bancan que se gaste plata en los pobres, es en la bala que los mata por gatillo fácil, ante la menor sospecha de que puedan delinquir, por las dudas.

Ese estado de conciencia social (alimentado por nuestras experiencias históricas, el repicar de los medios y tantas cosas más) es el que se expresa en los dichos de Acuña, como se expresó antes en los de Macri o Vidal a los que hacíamos referencia. De allí que no deba extrañar que la ministra haya redoblado la apuesta tratando de explicar lo inexplicable, o al contrario: lo que no es necesario explicar, porque es expresión de una ideología de clase, cruda, pura y dura: lo hace porque tantearon que tienen un amplio plafond de apoyo entre gente que, para sentirse más, necesita que otros sean menos.

De modo que el problema no es de modos, ni de corrección o incorrección política, ni de un repudio más o menos: es profundamente político e ideológico, y como tal hay que tratarlo, sin complejos ni miedo a llamar a las cosas por su nombre. Y como hemos dicho muchas veces acá, asumiendo que la política es conflicto y -sobre todo- representación: los que piensan como Acuña y por eso votan a la derecha, están muy bien y cabalmente representados.

En todo caso nuestra preocupación debiera ser en que medida estamos representando nosotros a los que ven el mundo, la sociedad, la vida, con otra escala de valores. En educación y en todas las demás cosas.

ÉRAMOS POCOS Y VOLVIÓ LA OPOSICIÓN

 

Hasta un minuto antes de que el presidente hablara en cadena nacional anunciando las nuevas restricciones, ellos estaban en otra cosa. Básicamente repartiéndose la herencia de Lifschitz con el finado tibio, a punto tal que todavía hoy la Cámara de Diputados de la provincia no tiene vicepresidentes, porque no se ponen de acuerdo entre ellos.

Y estaban también -sobre todo los radicales- haciendo mil y una volteretas para justificar que siguen siendo progresistas, pero van a ir todos con el PRO en un frente único antiperonista, en las próximas elecciones. Curioso: en el 2011 y 2015 -cuando el Frente Progresista estaba en alza en Santa Fe y ganaba- enfrentaron sendas candidaturas a gobernador de Miguel Del Sel, porque era "la peor derecha de los 90'".

Ya para el 2015 y a meses de eso, fueron a la convención de Gualeguaychú a entregarle el sello -y el marrón- a Macri, para mojar el pancito en "Cambiemos", aunque una parte se quedaba acá (mojando el pancito también) en el "progresismo". Para el 2019 fueron divididos y perdieron la provincia, y entonces la autocrítica que hicieron del desastroso gobierno de Macri del cual participaron fue: en la próxima tenemos que ir todos con el PRO. 

Porque eso y no otra cosa es lo que están haciendo, además de otras cosas: Barletta fue con un amparo a la justicia para que vuelvan las clases presenciales, el diputado Angelini (PRO) con otro, y el diputado Chumpitaz (PRO) pide la renuncia de la ministra de Educación de la provincia porque se suspenderían las clases virtuales -cosa que ya ha sido desmentida-, que es precisamente lo que está haciendo Larreta en la CABA. Todos ellos organizan las marchas de padres pidiendo por las clases presenciales.

Los senadores provinciales de la UCR, en sus respectivos departamentos, llaman a desacatar las restricciones que dispone el gobierno de Perotti, e intendentes opositores como los de Ceres y San Gullermo (del Departamento del senador Michlig, el más locuaz al respecto) directamente dicen que no las aplicarán. Del modo en el que Javkin y Jatón (ambos llegados a intendentes en las boletas del FPCyS) se hacen olímpicamente los boludos con todo lo que signifique controlar que se cumplan las medidas, hemos hablado en extenso acá.

Pero de golpe pasaron cosas. el presidente anunció en cadena nacional nuevas medidas restrictivas en la pandemia, porque los casos crecen en todo el país, y en Santa Fe también. Entonces el senador Michlig (UCR) descubre que en la provincia tenemos menos camas de terapia intensiva en los hospitales y centros de salud que Córdoba, pero omitió decir que la culpa de eso la tienen ellos, que gobernaron los 12 años anteriores a la asunción de Perotti, y construyeron 8 hospitales nuevos (con enorme propaganda), pero sin camas: un invento que deberían patentar.

Y el nuevo gobierno tuvo que redoblar esfuerzos para aumentar un 268 % la cantidad de camas críticas para hacer frente a la pandemia, y logró recién en su tercer intento legislativo que la oposición -con mayoría en la Legislatura- declarara la emergencia sanitaria, a lo que se negaba porque decía que el sistema provincial era ejemplar, y tenía sobrada capacidad de respuesta. 

Lo mismo que el tantas veces elogiado sistema municipal de salud rosarino, tan colapsado como el resto por la falta de camas; al que la provincia -todos los santafesinos- pagan íntegramente en todo su funcionamiento (personal, equipamiento, medicamentos, insumos, comida) desde 2009, por un convenio aprobado por Binner, nunca remitido a la Legislatura y observado por el Tribunal de Cuentas; y en el que poco antes de asumir el nuevo gobierno introdujeron una cláusula de indexación de los pagos.

Después descubrieron que la mayoría de las escuelas de la provincia carecen de conectividad, como también carecen de ellas muchas localidades de la provincia, y muchos barrios de las grandes ciudades. Eso pese a que en el gobierno de Bonfatti gastaron 38 millones de dólares en un sistema "troncalizado" que en teoría era para resolver esos problemas; y no obstante lo cual la aprobación del plan de conectividad elaborado por Perotti duerme el sueño de los justos hace seis meses en la Legislatura. Eso sin contar que dejaron tiradas en un galpón, sin repartir, 30.000 netbooks del Conectar Igualdad.

Gobernaron 12 años, 8 de ellos (coincidentes con los mandatos de Cristina) con crecimiento y aumento de la coparticipación y la recaudación propia, y los 4 de Lifschitz con la inyección adicional de los fondos que iban a la ANSES, hasta el fallo de la Corte que ordenó que se les dejaran de mandar en la parte que refería a Santa Fe. Plata no les faltó entonces; y en todo ese tiempo no tuvieron pandemias, ni inundaciones, ni catástrofes naturales.

Desde 2009 tuvieron el Fondo Soja (al que no votaron en el congreso, como tampoco votaron las retenciones del cual surgía) que usaron para construir los hospitales (sin camas) y con el cual Binner y Lfschitz -cada uno a su turno- construyeron la única escuela nueva que hicieron en sus respectivos mandatos, porque Bonfatti se limitó a inaugurar las construidas por la nación durante el gobierno de Cristina. También tuvieron desde entonces la AUH, para suplir el vacío de políticas sociales de sus gobiernos, pese al saraseo progresista.

Dejaron el gobierno sin cumplir con la ley de financiamiento educativo, adeudándoles a los municipios y comunas los fondos que les corresponden por ese rubro por los años 2018 y 2019, deuda que éste gobierno canceló; y sin cumplir tampoco la meta prevista en esa ley y la de educación nacional, de que al menos el 30 % de las escuelas localizadas en barrios con alto porcentaje de necesidades básicas insatisfechas en las grandes ciudades, tuvieran escolaridad extendida o de jornada competa: las escuelas bajo ese régimen durante los 12 años de gobierno socialistas apenas llegaron a menos del 2 % del total de las que debían tenerlo, y algún funcionario dijo que garantizar la jornada completa era "una política cara".  

En las etiquetas respectivas del blog pueden encontrar los posteos en los que analizamos las ejecuciones presupuestarias (Cuentas de Inversión) de los 12 años de gobiernos del socialismo en Santa Fe, que marcan dos constantes entre 2007 y 2019: Educación perdió participación porcentual en el gasto total, año tras año, y se dejaban sin ejecutar -en promedio- entre el 85  y el 95 % de los escasos fondos destinados a becas. Ahora les molesta un stand del boleto educativo gratuito en El Molino, porque dicen que afea la estética.

Y en esos mismos 12 años, la participación porcentual de Salud en el gasto total de la provincia se mantuvo (sin crecer) pero contando en su interior el subsidio provincial a los hospitales municipales rosarino. Sin eso, también mermó. Tuits relacionados: 

El gobierno de Perotti encontró 30.000 netbooks tiradas en un galpón, sin repartir.

— La Corriente K (@lacorrientek) May 22, 2021

Los hospitales nuevos sin camas, un invento del socialismo. Fueron pensados para inauguraciones en un año electoral. Deberían patentarlo.

— La Corriente K (@lacorrientek) May 22, 2021

Cuando se entere que los 12 años antes de Perotti gobernaron ellos y las camas eran la mitad de esas, se cae de culo.

— La Corriente K (@lacorrientek) May 22, 2021

Estamos re sorpresos

— La Corriente K (@lacorrientek) May 23, 2021

LO QUE ESTÁ EN JUEGO ES EL PODER

 

Se nos paró de manos un juez de Reconquista por la expropiación de Vicentín, mirá si una Cámara de Apelaciones porteña no va a desconocer un DNU. Como te ven, te tratan.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 18, 2021

La autonomía porteña funcionando exacta y precisa para lo que fue creada: generar un Estado hanseático en el que no rigen las leyes de la República Argentina.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 18, 2021

Se ve que los 10 o 12 DNU que salieron el año pasado suspendiendo las clases presenciales en todo el país, incluida la CABA, no violaban el derecho de los niños a estudiar. Porque Larreta no los impugnó en la justicia.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 18, 2021

Nota mental: no perder más un segundo de tiempo discutiendo con los globertos sobre división de poderes y calidad institucional.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 19, 2021

Creer que en el PRO hay duros y blandos nos llevó a la tolerancia con "el amigo Horacio" y al punto en el que estamos. Persistir en esa lectura sería un claro error.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 19, 2021

Esta pulseada con Larreta no sólo la tenés que ganar, sino por goleada. Porque no está en discusión la pandemia ni la educación, sino el poder. Y no podés seguir rifando autoridad.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 19, 2021

En todo esto no hay nada parecido, ni de cerca, a una interna en la oposición. Lo que hay es un intento sedicioso más contra el gobierno nacional. De lo que tiene que tomar nota el presidente, que recibió a Larreta con la demanda en la Corte, y dos días antes de el fallo de hoy

— La Corriente K (@lacorrientek) April 19, 2021

No es Larreta. Es Macri. Tatúenselo. El fallo de la justicia porteña es consecuencia del llamado del Capitán Reposera a los intendentes del PRO a resistir las medidas.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 19, 2021

El ala blanda del PRO quiere fusilarnos como en José León Suárez. El ala dura prefiere bombardear la plaza para expandir las víctimas.

— La Corriente K (@lacorrientek) April 19, 2021

El ¿periodista? Diego Cabot señaló en su cuenta de Twitter que la "rebelión de los papis" contra la suspensión de las clases presenciales en el AMBA  era "la 125 educativa", y en un punto tiene razón: la anima exactamente el mismo espíritu sedicioso de la asonada agrogarca del 2008, certeramente calificada por Carta Abierta como "destituyente"; pues su propósito excedía largamente lograr evitar pagar retenciones móviles a los principales cultivos exportables del campo privilegiado.

Si bien el telón de fondo era entonces la disputa por la renta agraria diferencial o extraordinaria (algo que no era nuevo en el país, pues ya se planteó con el primer peronismo), en rigor los "dueños del país" cuestionaban al gobierno de éste. elegido en primera vuelta por una amplísima mayoría electoral apenas unos meses antes.

La protesta actual -focalizada en éste momento en ciertos sectores de clase media de la CABA y el norte del conurbano- guarda similitud con aquellos cortes de ruta, en la intención final: nadie en su sano juicio puede suponer que a cierta gente, que vota ciertas propuestas políticas cada vez que vota, le importen un bledo la educación, el futuro de los chicos o las clases presenciales. Estamos hablando de otra cosa, que tampoco es el particular modo de dirimir la interna opositora, o de posicionarse mejor de cara a las elecciones.

Nadie que aspire a revalidar su legitimidad política en las urnas tensiona las instituciones al límite -e incluso más allá- del conflicto de poderes y el quebrantamiento de la Constitución, ni llama abiertamente a la sociedad civil a desobedecer los mandatos legales de las autoridades legítimas, tal como han hecho Macri o Patricia Bullrich: están jugando a otra cosa hace rato, con cosas que no tienen repuesto. Y en la misma está Larreta -el supuesto referente de una supuesta "línea blanda"- apelando a los jueces de su servilleta, para transformar la autonomía porteña en un intento virtual de sedición secesionista, o propiciar un golpe judicial.

Bien haría el gobierno nacional en comprender cabalmente la magnitud del desafío que se le plantea, que está en relación directa con sus contradicciones, idas y vueltas, y que ha puesto en crisis un modo de construcción política y de conducción de la gestión del "Frente de Todos": el modelo hegemonizado políticamente -en el proceso de la toma de decisiones- por el PJ Capital y el massismo, dos sectores acostumbrados desde hace años a pactar con la derecha del PRO, haciéndole concesiones. 

En ese sentido, la "rebelión educativa" de la CABA y algunos distritos del conurbano responde al mismo concepto de la negativa del Grupo Clarín a retrotraer los precios de sus servicios de internet o cable: desconocer la autoridad del gobierno que los argentinos eligieron mayoritariamente en las urnas, porque no es el que ellos apoyaron. Y lo hacen porque ese mismo gobierno ha dicho que no piensa insistir con la ley de medios, les sigue dando pauta oficial, y ni siquiera amagó con revisar la fusión entre Cablevisión y Telecom: para ellos, todo gesto "amistoso" es una propuesta de rendición incondicional.  

Pero volvamos a la cuestión de la educación y las clases presenciales, usada como excusa por los sediciosos: durante casi todo el año pasado se suspendieron las clases presenciales, y la medida fue renovada una y otra vez por sendos DNUS presidenciales, nunca objetados legalmente por el macrismo ni, en general, por la oposición allí donde gobierna. Sin embargo, esa misma oposición se dedicó -con la ayuda habitual de los grandes medios- a instalar la idea de que era imperativo retornar a ellas, porque de lo contrario el perjuicio ocasionado a los alumnos en su formación sería irreparable; empresa en la que tuvo amplio éxito, porque el gobierno nacional terminó cediendo en toda la línea al planteo, aun cuando la situación epidemiológica lo hacía desaconsejable.

El 7 de abril, cuando Alberto Fernández anunció las restricciones que regirían para todo el país a partir del 9 del mismo mes y quedarían plasmadas en el DNU 235, se registraron en el país 22039 casos positivos de COVID, de los cuáles 2480 (el 11,25 % del total nacional) se registraron en la CABA. Pese a abundar en sus considerandos en cuáles son los factores de transmisión y propagación del virus, el DNU no mencionaba entre ellos a las clases presenciales, y por el contrario en su artículo 10 las ratificó enfáticamente, en todo el país.

"Se mantendrán", decía la norma (aún lo dice); que además exceptuó de la prohibición del uso del servicio público de transporte de pasajeros urbano, interurbano e interjurisdiccional, al personal directivo, docente y no docente y los alumnos y las alumnas -y su acompañante en su caso-, que asistan a clases presenciales y a actividades educativas no escolares presenciales.

Solo una semana después, el mismo presidente anunciaba la suspensión de las clases presenciales que se dispondría en el AMBA hasta el 30 de abril, y se concretaría mediante el DNU 241 del día siguiente. Esta norma mantuvo exactamente igual el artículo 10 del DNU 235 (o sea, el que refiere a las clases presenciales); agregando simplemente el párrafo de la suspensión en el AMBA. Mantuvo incluso la excepción para el uso del transporte público, pese a que en sus considerandos dice que: "...desde el inicio de las actividades escolares presenciales el uso de transporte público de pasajeros y pasajeras en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se incrementó en un veinticinco por ciento (25 %), según datos aportados por el Ministerio de Transporte de la Nación." 

Y dice más el segundo DNU firmado por Alberto: "Que el grupo de personas de seis (6) a diecisiete (17) años, entre las semanas uno (1) a cuatro (4) del año representaba el cinco coma tres por ciento (5,3 %) del total de casos confirmados y entre las semanas doce (12) a catorce (14) representó el siete coma tres por ciento (7,3 %) del total de casos."; y "Que, al evaluar la proporción de casos que representa cada grupo de edad sobre el total notificado, los grupos de edad de Trece (13) a Dieciocho (18) años y de Veinte (20) a Veintinueve (29) años son los que mayor aumento relativo presentaron en las últimas semanas.". 

Ese mismo 14 de abril en que el presidente anunció las nuevas medidas que hoy están judiciales por el PRO, el total de casos positivos en el país fue de 25157, de los que 2658 (el 10,56 % del total) se registraron en la CABA. Como se ve, las cifras -espantosas en ambos casos- no diferían sustancialmente de cuando se decidió sostener a como diera lugar las clases presenciales, de cuando se decidió suspenderlas en el AMBA; y los indicadores que se tuvieron en cuenta para decidir las restricciones corresponden a períodos en los que -no obstante ellos- se decidió seguir adelante con las clases presenciales, como si nada pasar.

Lo que implica que, a diferencia de lo que sostiene el chanta serial de Larreta, la "evidencia científica" no solo respalda las medidas que dispuso ahora el gobierno nacional, sino que demuestra claramente que debió adoptarlas mucho antes, si no hubiera persistido infructuosamente en la vía muerta del "consensualismo" con "el amigo Horacio".

Es de esperar que hoy, en el preciso punto en que nos encontramos (una asonada golpista en toda la línea y todos los frentes) quienes forman parte del núcleo duro del gobierno (comenzando por el propio presidente), y que sostuvieron por años que el conflicto con las patronales agrarias del 2008 escaló por la tozudez de Cristina, entiendan que con la derecha no se negocia, porque toda oferta en ese sentido será tomada como una muestra de debilidad, y obrarán en consecuencia. Porque si de algo sabe, es de disputar poder, en especial, por vías no electorales. 

¿TRASLADAR LA CAPITAL AFUERA DEL PAÍS?

 

De los rifleros de Tejedor y los chinos de Roca cagándose a tiros por la capitalización de Buenos Aires, a ésto. La historia repetida primero como tragedia, y luego como farsa: https://t.co/TQ8l685z71

— La Corriente K (@lacorrientek) April 15, 2021

Si hay algo que atraviesa nuestros 200 y pico de años de existencia política como país, es el conflicto entre la ciudad puerto y el resto del territorio: Alberdi decía que la Revolución de Mayo había significado para los pueblos del interior reemplazar el coloniaje español, por el porteño.

Lo que vino después es conocido: 70 años de guerras civiles entre la instalación de la Primera Junta y la Ley 1029 dictada en los días finales del gobierno de Avellaneda, para declarar a la ciudad de Buenos Aires como Capital de la república, como establece el artículo 3 de la Constitución, curiosamente según la enmienda que los propios porteños hicieron en 1860, al texto original sancionado en Santa Fe en 1853.

Las guerras civiles entre unitarios y federales, las disputas por el modelo de organización política del nuevo Estado con el reparto de las rentas del puerto y la aduana como telón de fondo, la secesión porteña creando entre 1852 y 1861 un Estado independiente, con sus propios embajadores. El triunfo porteño en Pavón para imponerle el unicato político a todo el país terminando con los caudillos, con el ejército de línea.

Y el acto ¿final? del drama en 1880, con la pelea a tiros por la capitalización entre los rifleros de Tejedor y los "chinos" de Roca, que se aprestaba a asumir el gobierno y deseaba hacerlo completando la organización institucional, dejando de ser un simple "huésped" de las autoridades de la ciudad.    

Por si los porteños no tuvieran pocas heridas en su ego que procesar, en el 45' vino el peronismo con aquellas multitudes que refrescaron sus patas en las fuentes de la plaza, que hasta entonces solo les había estado reservada a ellos: acostumbrados como estamos a analizar la antinomia peronismo-antiperonismo en términos del conflicto entre el pueblo y la oligarquía, solemos pasar por alto éste otro enfoque, el de la ciudad puerto que se sintió de nuevo invadida por los "cabecitas negras" tal como cuando, en 1820, las montoneras de López y Ramírez ataron sus caballos en las rejas de la pirámide de Mayo.

Más acá en el tiempo, Alfonsín contradijo su propio proyecto de trasladar la capital del país precisamente fuera de la ciudad puerto (como lo había planteado ya Artigas en sus instrucciones a los diputados orientales a la Asamblea del Año XIII), para canjear, en la reforma de 1994, la reelección de Menem (o la posibilidad de ella), entre otras pitanzas, por la autonomía porteña; que creyó usufructuaría electoralmente la UCR.

De hecho lo hizo con De La Rúa, y ya sabemos como terminó todo después: nos vendieron el buzón de que alguien que podía arreglar veredas con el presupuesto per cápita más alto del país por lejos, estaba en condiciones de gobernarlo. Y como si eso no fuera poco, nos lo volvieron a vender con Macri -con los resultados conocidos- y lo están intentando de nuevo con Larreta.

Reiteración de casos que nos permitiría formular una ley política, que complemente a aquélla que dice que lo que no pasa en Buenos Aires, no pasa en el país, sin que nada podamos hacer al respecto. Es algo mucho más amplio y complejo que el histórico conflicto entre porteños y provincianos, e incluso excede a la dicotomía peronismo-antiperonismo; que sigue siendo -mal que le pese a muchos- el principal eje ordenador de la política argentina.

Lo que está en cuestión ahora, a propósito de la pandemia, el crecimiento de los contagios y las medidas de restricción que debieron tomarse para contenerlos, es algo mucho más profundo: expone las tensiones entre capitalismo y democracia, tanto como el conflicto entre el poder legítimo surgido de la voluntad popular y los poderes no electivos que quieren imponer el rumbo de la sociedad en el sentido de sus intereses. Que son por ejemplo los que disfrazan un velado intento de reglamentar el derecho de huelga en la calificación de la educación como "un servicio esencial"; según explicábamos acá.  

Discutir la aplicación de las medidas que dispone el gobierno nacional y amenazar con resistirlas, no es sino otra forma de rechazar el resultado electoral de octubre del 2019; como si en lugar de un conflicto entre las autoridades de un país y las de su ciudad capital, fuere un conflicto entre dos Estados independientes, como lo fue el que tuvieron entre 1852 y 1861 la Confederación Argentina, y el Estado de Buenos Aires, buscando otro Pavón. 

Que hayamos pasado de los rifleros de Tejedor a los caceroleros actuales, o de los "chinos" de Roca a Alberto anunciando el despliegue de las fuerzas federales (tan necesarias en otros lugares del país) en las calles porteñas para asegurar el cumplimiento de las restricciones, es decir que la historia que ayer fue tragedia se repita hoy en clave de farsa, no lo hace menos grave; por sus posibles consecuencias.

EL RETORNO MENOS PENSADO

 

Salvo en los lugares en los que los gremios docentes hagan medidas de fuerza, mañana retornarán las clases presenciales en buena parte del país, en un contexto de incertidumbre sobre lo que puede pasar.

Decimos "retornarán las clases presenciales" decimos, y no "retornarán las clases" a secas, porque todo el año pasado hubo clases, y las escuelas estuvieron abiertas y funcionando; claro que a otros fines -por ejemplo garantizar la asistencia alimentaria- y bajo otra modalidad.

Precisiones que es necesario hacer aunque parezcan obvias, porque el retorno se produce en un contexto de clara derrota conceptual del gobierno nacional (que arrastró a los gobiernos provinciales) frente a la ofensiva constante de la derecha para instalar el "que abran las escuelas", y de paso y como siempre, poner al peronismo del lado de la barbarie, la incultura o el clientelismo "que prefiere mantener ignorantes a los pobres para poder manipularlos electoralmente".

Porque hay que decir las cosas como son: el retorno a clases presenciales no se produce como consecuencia de una mejora en los indicadores epidemiológicos de la pandemia, o porque se hayan analizado exhaustivamente los pro y los contra de hacerlo, desde esa óptica. Tampoco es que haya pleno consenso social entre todos los actores del hecho educativo, ni mucho menos que estén plenamente garantizadas las condiciones sanitarias y los protocolos para hacer en condiciones seguras.

Las clases presenciales vuelven porque el gobierno nacional en esto -como en tantas cosas vinculadas a la administración de la pandemia- se dejó llevar de la nariz por la agenda que generan los grandes medios y la oposición mayoritaria, expresada en "Juntos por el Cambio". De hecho, la cronología de los acontecimientos indica que el acelerador final fue el pedido del propio Macri en ese sentido.

Por supuesto que siempre se puede pensar que se puede hacer de la necesidad virtud, y que el error inicial no condena fatalmente al fracaso a la decisión adopta; pero lo cierto es que ésta no pudo ser concebida bajo peores condiciones. Y por regla general, lo que mal empieza, mal acaba.

La oposición instaló el tema del retorno a las clases presenciales no movidad por una genuina preocupación por la educación que nunca tuvo, ni ´tampoco demostró cuando era gobierno. El propósito real es explotar políticamente la ansiedad de los padres que ya no saben que hacer con sus hijos ahora, y el posible (¿previsible?) aumento de contagios después, para pegarle al gobierno.

Porque si hay algo que está claro en medio de tantas incertidumbres, es que eso es precisamente lo que sucederá: a poco que aumenten los contagios, todos los promotores del "abran las escuelas" se desentenderán del asunto como si nada tuvieran que ver, y a otra cosa. A otra cosa no: a pegarle al gobierno porque generó una crisis sanitaria.

Cuando desde JxC comenzó la ofensiva por el retorno a las clases presenciales,. el ministro Trotta (de lo peorcito de un gabinete donde no abundan los brillantes) dijo que no volvían hasta que los docentes no estuvieran vacunados. En días, y como no pudo resistir la presión, dijo exactamente lo contrario: que la vacunación no era condición imprescindible para el retorno a las aulas; para rematarla diciendo que es necesario "producir un proceso de reorganización pedagógica". Mejor descripción del contexto en el que las clases presenciales vuelven, imposible de conseguir.

El propio racconto de los DNU presidenciales que fueron prorrogando las medidas de restricción a la circulación da cuenta de como fueron las cosas: como veíamos acá, pasaron de plantear que debía "evaluarse" si estaban dadas las condiciones para volver a las aulas, a retener en el Estado nacional la decisión final (como que era éste el que había decretado la emergencia sanitaria, que es al fin y al cabo la causa de la suspensión de las clases presenciales), para finalmente tirarles el fardo a las provincias para que decidieran, pero presionándolas con declaraciones del ministro, en perfecta sintonía con Larreta y Soledad Acuña.

Con toda la importancia que la educación tiene (aunque decisiones tan trascendentes tomadas en estas condiciones nos hacen dudar si todos asimilan el concepto), lo que deja claro el retorno a las clases presenciales es que hay un sistema de conducción política y toma de decisiones, que trasciende el hecho educativo y se condena a sí mismo a repetir este tipo de encerronas, de las que luego no sabe como salir. Tuits relacionados:

Pasábamos por acá para recordarles que cuando Tebi Bullrich habló de hacer una "nueva campaña al desierto en materia educativa" le caímos con todo. Eso, nada más, sigan con lo suyo.

— La Corriente K (@lacorrientek) February 16, 2021

A ver, justificadores de todo, banquen a Trotta. Los queremos leer, no nos defrauden.

— La Corriente K (@lacorrientek) February 16, 2021

LO ESENCIAL ES INVISIBLE A LOS OJOS

 

Más que falaz, interesada: permitiría restringir el derecho de huelga, y arancelar todos los tramos de la educación. Eso era lo que planteaban el ALCA, los acuerdos de libre comercio Mercosur-Unión Europea y las pautas de la OCDE. https://t.co/NTyuux5WkC

— La Corriente K (@lacorrientek) February 1, 2021

Un poco por el predominio comunicacional que tienen los medios que adversan al gobierno, y otro poco por torpezas discursivas propias, nos vimos envueltos en una discusión absurda sobre la educación es o no algo "esencial", y en consecuencia tienen que volver las clases presenciales, en medio de la pandemia.

Que la "esencialidad" de la educación la planteen los que, cada vez que gobernaron la desfinanciaron, terminaron con la paritaria nacional docente, no construyeron uno solo de los 3000 jardines de infantes que habían prometido construir con la plata del "Fútbol Para Todos", y hablaban de la desgracia de "caer en la escuela pública", no deja de correr los límites de lo absurdo.

Más cuando se lo plantean al peronismo, que entre los gobiernos de Perón, Néstor y Cristina construyó más escuelas que nadie en toda la historia argentina, estableció ya en 1949 la gratuidad de la enseñanza universitaria, fijó por ley desde 2005 la obligación del Estado de destinar no menos del 6 % del PBI a la educación; o distribuyó millones de netbooks en todo el país a través de Conectar Igualdad, programa discontinuado por el macrismo, que tampoco cumplió con la ley de financiamiento educativo.

De modo que amigos, la discusión no es si la educación es o no esencial, porque para nosotros lo es y a ustedes, en rigor, les importa un comino. La discusión -y acá sí acordamos con Trotta- es falaz, porque si algo no es la educación, es un "servicio".

Lo que sorprende en todo caso es que el Ministro de Educación no haya clausurado la discusión citando lo que dice al respecto la Ley 26206 de Educación Nacional, aprobada en 2006 con un amplio consenso de las fuerzas políticas, incluso el de muchos que hoy son oposición y piden declararla "servicio esencial". El Artículo 2º de esa ley es muy claro al respecto: "La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado.". Bien público y derecho, no "servicio".

Y dice más la ley, en su Artículo 10º: "El Estado nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública.". Porque esta idea de considerar a la educación un "servicio" no es nueva, ni mucho menos: así está planteada en el ALCA, en los "tratados de libre comercio", en el frustrado acuerdo Unión Europea - Mercosur y en las normas de la OCDE.

De allí a que se la arancele, privatice o comercie, hay solo un paso, que en muchos casos ya se ha dado. Como también en ese marco aparecieron ideas como las "escuelas charteadas", el "bono educativo" a los padres y similares, que no harían más que profundizar a través de la educación las desigualdades sociales, o hacer desaparecer los compromisos y obligaciones legales del Estado de intervenir en educación.

Y otra consecuencia de considerar a la educación un "servicio esencial" (que como tal, no puede ser interrumpido bajo ningún concepto), es introducir una velada reglamentación del derecho de huelga de los docentes, cuando se presume que estos podrían resistir la vuelta a la presencialidad, si no están dadas las condiciones sanitarias para ello. Y a futuro, si -por ejemplo- no logran salarios o condiciones de trabajo adecuadas. Ya Patricia Bullrich -que no gestiona ni un quiosco- amenazó con echar a los docentes que se nieguen a volver a las aulas.

Este asunto de los "servicios esenciales" y el derecho de huelga tuvo en el país sus vaivenes, en el marco de los Convenios 87 y 98 de la OIT sobre libertad sindical y derecho de negociación colectiva: en ésta entrada y en ésta otra hay más información al respecto, viendo como evolucionó la legislación desde los tiempos de Menem y De La Rúa, hasta los de Néstor Kirchner y Macri. Que la educación es esencial no caben dudas, que no tenemos que pisar el palito entrando en discusiones tramposas, tampoco.

EL ABSURDO PORTEÑO

 

Varias veces hemos analizado acá la autonomía porteña, concluyendo en que es uno de los disparates más grandes de los muchos que consagró la reforma constitucional de 1994. En la etiqueta respectiva a la derecha del blog pueden ver todos los posteos al respecto. 

Esta semana el "artificio porteño" (en palabras del vendedor de humo Jorge Asís, que suele olvidar que fue creado durante su amado menemato) sumó un nuevo bochorno, con el fallo del Superior Tribunal de Justicia de la ciudad (su "Corte Suprema") que establece que solo pueden demandarle al gobierno de la CABA bancos o lugares en las escuelas públicas, quienes demuestren que no pueden pagar una escuela privada para sus hijos.

El fallo en sí bien merecería figurar en una antología de disparates perpetrados por la benemérita justicia argentina, si no fuera que además es una pintura de como funcionan en realidad las cosas cuando la derecha gobierna, en especial en la "ciudad vidriera" (para lo cual fue justamente pensada la autonomía), de la que salen los Jefes de Gobierno que se proyectan como presidenciables para terminar destrozando al país (como De La Rúa y Macri), y que ya está desplegando los cañones mediáticos para intentar vendernos el tercer buzón presidenciable: Horacio Rodríguez Larreta.

Primero, con un férreo control de la justicia (del aparato judicial, para ser más precisos) completamente opuesto al discurso republicano de la "división de poderes" y la "justicia independiente". Segundo, otorgándole un bill de indemnidad judicial a políticas públicas de deliberado retroceso y abandono del Estado en áreas críticas, como la salud o la educación. Y tercero, cagándose en la Constitución Nacional y las leyes sancionadas por el Congreso, como fue costumbre de los porteños por otra parte, al menos entre 1853 y 1880. 

El gobierno porteño en manos del PRO (desde 2007, recordamos, para los que hablan de "alternancia" en Formosa o alguna otra provincia del interior) viene desinvirtiendo en la educación pública desde siempre, violando además el mandato establecido en el artículo 24 de la propia Constitución porteña, sancionada en 1996, durante el mandato de De La Rúa como Jefe de Gobierno.

Lo cual amerita una disgresión: así como decimos que la reforma nacional de 1994 fue -en líneas generales- un desastre, la Constitución porteña de 1996 fue un placebo progresista cuyas previsiones la derecha jamás estuvo dispuesta a cumplir; placebo pensado para contener en el proyecto autonómico a las almas sensibles de la CABA que en realidad, han demostrado con los años ser completamente impotentes en términos políticos, e incapaces de generar una alternativa a la derecha que estaba predestinada a gobernar allí, en la cuna del antiperonismo y la repulsa a la tradición política nacional-popular. La conclusión alcanza al peronismo porteño, hoy hegemónico en el gabinete nacional, como insólito premio a tantos fracasos.

Pero volvamos al fallo, y a los hechos sobre los que se construyó: en las escuelas públicas porteñas faltaban bancos desde mucho antes del recorte por el Estado nacional de los fondos que Macri le había regalado a Larreta por decreto. Recordemos las famosas "escuelas contáiner", por ejemplo; o el hecho de que Larreta al reclamar por el recorte menciona como argumento la cantidad de escuelas que podría haber construido con esos fondos, pero que nunca pensó siquiera en empezar a construir, mientras los recibía: algo así como los 3000 jardines de infantes que el macrismo iba a hacer con la plata del "Fútbol Para Todos", digamos. 

Sucede que en el contexto actual, en el que Larreta intenta victimizarse como perseguido por el gobierno nacional para darle así otro envión de votos antiperonistas a su candidatura presidencial, el fallo es funcional a la estrategia política de la derecha, tanto como a sus políticas públicas en materia de educación, que es precisamente para lo que esa misma derecha buscó (en la CABA y allí donde gobernó) colonizar la justicia.

El fallo es un explícito subsidio judicial a la educación privada, y una indignante consagración en los tribunales de un mecanismo de "declaratoria de pobreza" que además violenta las opciones de las familias: alguien puede tener recursos para pagar una escuela privada para sus hijos, pero preferir -con todo derecho- mandarlos a la escuela pública.

Y si esos solos elementos bastan para descalificar el fallo y para promover la destitución por juicio político de sus autores, es necesario recordar que el Superior Tribunal porteño violó la cláusula federal de garantía consagrada en el artículo 5 de la Constitución Nacional, que reconoce a las provincias (y la CABA pretende ser tratada como tal, por ejemplo para acudir ante la Corte nacional en sus reclamos) el goce de sus propias instituciones, con tal de que aseguren la administración de justicia, y la instrucción primaria.

Al mismo tiempo, vulnera groseramente la Ley 26206 de Educación Nacional en cuanto establece los niveles obligatorios de la enseñanza, entre ellos obviamente la educación primaria, que lo es en el país desde la Ley 1420. Irónico -o no-, la "nueva derecha moderna y democrática" abjura de las ideas de Sarmiento.

En otro contexto, este hecho bastaría para que el Estado nacional intervenga el distrito porteño, para asegurar la vigencia de la Constitución y las leyes de la nación, como manda el artículo 31 de la primera. Bien sabemos que eso no sucederá, pero sin embargo nos preguntamos que hará al respecto el gobierno nacional (al fin y al cabo, los pibes y pibas porteñas que ven peligrar su acceso a la educación, también son argentinos), además de indignarse.

Tuits relacionados: 

La cláusula federal de garantía del artículo 5 de la Constitución garantiza a las provincias (por extensión a la CABA) sus autonomías si aseguran la administración de justicia y la instrucción pública. Notable como el fallo del Superior Tribunal porteño viola las dos de una.

— La Corriente K (@lacorrientek) December 23, 2020

Intervengan ese antro llamado CABA ya, por violación del artículo 5 de la Constitución y la Ley 26206 de Educación Nacional. https://t.co/dpFUQsvkB4

— La Corriente K (@lacorrientek) December 24, 2020