LA AFI DE PULLARO

 

Tal como da cuenta la imagen de apertura, el pasado 14 de diciembre ingresó a la Legislatura para ser tratado en sesiones extraordinarias el proyecto de ley de "Producción y Gestión de la Información para la Prevención del Delito" remitido por Pullaro. A poco de leerlo, se advierten cuestiones como mínimo inquietantes en una provincia cuya policía encabeza los ránkings nacionales de corrupción y vínculos con la narcotráfico, consecuencia de las políticas de dejarla "atendida por sus propios dueños" que siguieron los gobiernos del Frente Progresista.

El proyecto además -acorde a los tiempos que corren- representa un grave retroceso en materia de estándares democráticos, con la excusa alegada de mejorar la eficiencia en la lucha contra el delito. Así por ejemplo su artículo 2 define lo que entiende como su objeto y finalidad: "Se entiende por producción y gestión de información para la prevención del delito a la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información, referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que puedan afectar la seguridad de la Provincia, sus habitantes, empresas e instituciones para producir conocimiento destinado a orientar la formulación y ejecución de políticas en materia de seguridad pública y ciudadana.".

Basta confrontar la norma con el artículo 2° de la Ley 24059 de seguridad interior para advertir que es mucho más ambigua en cuanto a lo que entiende por "seguridad", y en ésta materia la ambigüedad suele ser deliberada, y por lo general, peligrosa. Así reza el artículo 2° de la ley nacional: "A los fines de la presente ley se define como seguridad interior a la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional.".

Y si es ambigua la definición de "seguridad", por carácter transitivo serán ambiguas las disposiciones del proyecto en cuanto a las tareas de "espionaje", eufemísticamente llamadas "producción y gestión de información". Veamos por ejemplo como define la Ley 25520 (Ley Nacional de Inteligencia) a la inteligencia criminal en su artículo 2° inciso 3): "...la parte de la Inteligencia referida a las actividades criminales específicas que, por su naturaleza, magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad o modalidades, afecten la libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional." (las negritas son nuestras).

Y hay otra sugestiva -y peligrosa- diferencia en cuanto al alcance de las prohibiciones que se le ponen a las tareas de "recolección de información. Dice el artículo 4° del proyecto de Pullaro: "Prohibición. Queda prohibida la obtención, producción, almacenamiento de datos e información de las personas por razones étnicas, religiosas, ideológicas, de género, políticas, de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales y laborales, en especial la periodística, como así también por cualquier actividad lícita que desarrollen en su ámbito privado." (Las negritas son nuestras)

Sobre el mismo tema, el artículo 4° inciso 2) de la Ley de Inteligencia Nacional dice lo siguiente: "Ningún organismo de inteligencia podrá: 2. Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.". 

¿Se entiende la diferencia?: la "AFI" de Pullaro podrá "recolectar información" sobre actividades lícitas que las personas hagan en el ámbito público, como por ejemplo participar de una marcha de protesta, o una huelga. Eso, en un país en el que el presidente acaba de mandar al Congreso un proyecto de ley según el cual toda reunión de tres o más personas en un espacio público debe ser previamente autorizada.

Pero lo más preocupante del proyecto está en su artículo 9°, que es el que crea el organismo de espionaje ("recolección de información"), sin precisar si estará a cargo de policías o civiles. Dice el artículo en cuestión: "Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (CIOPE). Dependiente de la subsecretaría de Inteligencia Criminal, tiene por objeto, primariamente, la construcción y el diseño de información necesaria para la definición de decisiones estratégicas, pudiendo tener en un momento posterior una deriva investigativa. Quienes integran la CIOPE pueden utilizar en el marco de las actividades de inteligencia, herramientas extraordinarias de monitoreo y seguimiento, que circunstancialmente pueden usarse para una investigación y servir de prueba. Asimismo, en su actuación propiamente investigativa y en el marco de un legajo, pueden utilizar medios excepcionales de prueba como el agente encubierto, el agente revelador, la entrega controlada y los informantes. Los integrantes de la CIOPE quedan eximidos del deber de denunciar y de todas las responsabilidades inherentes a la condición de auxiliares de la investigación. Asimismo, la CIOPE tiene competencia para realizar las actividades previstas en los artículos 58 y 59 de la ley de ejecución penal y para intervenir en materia de microtráfico de estupefacientes de conformidad al artículo 7 de Ley de adhesión a la desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes (Ley Nº 26.052)".

Vamos por partes: 1) La redacción de la norma no deja dudas que el nuevo organismo quedaría legalmente facultado a "espiar por las dudas", sin conexión con una investigación policial concreta ni delitos determinados, yendo de "excursión de pesca" para "recolectar información. Sobre el punto es preciso recordar que el artículo 4° inciso 1) de la Ley de Inteligencia Nacional 25520 prohíbe a los organismos de inteligencia "Realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal.".  Y 2): La CIOPE podría en el mismo marco -es decir, "yendo de pesca"- utilizar agentes encubiertos o "reveladores", "entregas controladas" (¿de droga, en el marco del narcomenudeo?, solo a los consumidores sería) e informantes pagos.   

Pero hay más: por el artículo 10 del proyecto se prevé que el Ministerio de Justicia y Seguridad tenga asignados fondos reservados para el funcionamiento de la CIOPE, sin precisarse ninguna forma de control del uso de los mismos; y por el artículo 12 se le permite al organismo el acceso a las bases de datos de los organismos centralizados, descentralizados, entes autárquicos, creados o a crearse dependientes del Poder Ejecutivo de la Provincia; debiendo pedir (según el artículo 13) autorización judicial solo "Cuando en el desarrollo de las actividades de producción y gestión de información para la prevención del delito sea necesario realizar interceptaciones o captaciones de comunicaciones privadas, seguimientos fotográficos, filmográficos, y espionaje acústico...".(escuchas)

La pregunta es como serían necesarias todas esas diligencias cuando se no está investigando un delito concreto -y bajo control judicial en tales casos-, sino simplemente "recopilando y produciendo información". La misma oscuridad y discrecionalidad que existe para el manejo de fondos reservados y para definir los objetivos de la CIOPE campea en el proyecto en cuanto a la privacidad de la información "recolectada".

De acuerdo con su artículo 14, "La actividad de producción de información, el personal afectado a la misma y las bases de datos de los organismos del Sistema de Producción y Gestión de Información para la Prevención del Delito, llevarán la clasificación de seguridad que corresponda en interés de la seguridad de la provincia, aun cuando el conocimiento de estas deba ser suministrado a la justicia en el marco de una causa determinada. El acceso a dicha información será autorizado en cada caso por el Ministro de Justicia y Seguridad o el funcionario en quien se delegue expresamente tal facultad.".

Sin embargo, a continuación el artículo 15 establece la clasificación de la información en "secreta", "confidencial" o "pública" según pueda o no "...afectar gravemente los intereses fundamentales u objetivos vitales de la Provincia;" (no ya meramente la seguridad); y cuando su "...divulgación no sea perjudicial para los organismos del Sistema de Producción y Gestión de Información para la Prevención del Delito y que por su índole permita prescindir de restricciones relativas a la limitación de su conocimiento, sin que ello implique que pueda trascender del ámbito oficial, a menos que la autoridad responsable así lo disponga. " (Las negritas son siempre nuestras) 

¿Quién y como define cuáles son "los intereses fundamentales u objetivos vitales de la Provincia", y que vinculación tiene todo eso con la seguridad (como ya dijimos, ambiguamente definida), dado que el proyecto no contiene la más mínima previsión al respecto?

Como si no fuera poco con semejante grado de indeterminación y discrecionalidad, la desclasificación de la información -de acuerdo con el artículo 16 del proyecto- la dispondrá la reglamentación (o sea, el Poder Ejecutivo) en un plazo "...que no podrá exceder el de 10 años...", y en las condiciones de acceso que esa reglamentación establezca. O dicho de otro modo: se podría acceder a la información "recolectada" por los espías de la cana de Pullaro solo y recién, cuando y como al gobierno se le cante. 

Y así y todo, se lo aprobaron a libro cerrado en apenas dos semanas:

Otro bochorno más, y van. https://t.co/iccYjdY2PS

— La Corriente K (@lacorrientek) December 28, 2023

SORPRENDENTES COINCIDENCIAS

Reincorporaron gendarmes sediciosos que habían sido cesanteados, les devuelven a las cúpulas militares el control de las fuerzas armadas, utilizan a la gendarmería como órgano de represión de la protesta social y para dirimir conflictos políticos a favor del gobierno.

Eximieron a los espías de la obligación de rendir cuentas del uso de los fondos reservados, y ahora luego de haberle quitado al Ministerio Público el control de las escuchas telefónicas por un DNU para dárselas a la Corte, se las quieren devolver a los espías, con la excusa de los secuestros extorsivos en el conurbano; posibles en gran medida porque la bonaerense y la federal liberan zonas, como forma de apretar para conseguir más ventajas en sus respectivos cotos de caza.

Ponen al frente de la AFI a un ex empresario del fútbol de pasado turbio (pero amigo del presidente) y a una legisladora acusada de lavado de dinero, justo cuando intervienen la AFA y mandan un proyecto de blanqueo al Congreso.

Como fuere, los muertos en el placard que tienen los número 1 y 2 de la central de inteligencia, los hacen vulnerables a las apretadas de los espías, para sacarles lo que quieran. 

Decí que son simplemente un montón de coincidencias juntas, sino pareciera que se trataría de algo parecido a un plan. 

Aunque en ese caso lo que no está claro es quien lo manejaría, porque el gobierno seguro que no.

DEVOLUCIÓN DE GENTILEZAS

GOLPES DE MERCADO

La reglamentación de los cambios introducidos a la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional introducidos por la Ley 27.126 (mediante el Decreto 1311 publicado ayer en el Boletín Oficial) completa el proceso de transformación del aparato nacional de inteligencia; lo que era sin dudas una de las principales asignaturas pendientes de nuestra construcción democrática.

La norma contiene 7 anexos y 408 páginas, que incluyen las directivas de la política nacional de inteligencia, la regulación del uso de los fondos de la AFI (sucesora de la ex SIDE) y el régimen laboral y profesional de sus empleados; pero los medios opositores han centrado exclusivamente su atención en uno de los aspectos de la doctrina nacional de inteligencia; que es el que tiene que ver con la investigación de las maniobras de desestabilización económica, que pueden resultar peligrosas para la estabilidad de las instituciones constitucionales.

Ver al respecto acá en La Nación la nota a la cual corresponde la imagen de apertura, donde lo más granado del establishment vernáculo desfila -reconociendo explícitamente en muchos casos no haber leído sino fragmentariamente la norma- para expresar su temor porque el gobierno espiará empresas, algo que ya se dijo -más o menos con las mismas palabras- cuando se dictó la ley que regula los mercados de capitales, o cada vez que se modificaron las normas de la UIF o las que reprimen el lavado de dinero.    

El grado de disparates que circulan al respecto (de los que la nota y tapa de la tribuna de doctrina son un buen ejemplo) impone un breve repaso de lo que dice la Ley 25.520, al respecto, por ejemplo en su artículo 2º: "A los fines de la presente ley y de las actividades reguladas por la misma, se entenderá por:

1. Inteligencia Nacional a la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la Defensa Nacional y la seguridad interior de la Nación.

3. Inteligencia Criminal a la parte de la Inteligencia referida a las actividades criminales específicas que, por su naturaleza, magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad o modalidades, afecten la libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional." (las negritas son nuestras)

Lo que el decreto hace al respecto es enumerar las hipótesis de trabajo más relevante de los organismos de inteligencia en lo que tiene que ver con la defensa nacional, y la seguridad interior. En éste último aspecto desarrolla cuatro líneas fundamentales de trabajo: el terrorismo y todas sus manifestaciones, los atentados contra el orden constitucional y la vida democrática, la criminalidad organizada (con foco en el narcotráfico, la trata de personas, la delincuencia económica y financiera y el tráfico de armas) y las acciones atentatorias contra la cíber-seguridad.

En el segundo caso (atentados contra el orden constitucional y la vida democrática) contempla los alzamientos en armas contra los poderes constitucionales, y el accionar de los grupos económicos o financieros (empresas, bancos, financieras) que lleven a cabo acciones tendientes a la desestabilización de los gobiernos democráticos; como corridas bancarias y cambiarias, desabastecimiento y "golpes de mercado".

No parece que haya que abundar demasiado al respecto remitiéndonos a los antecedentes inmediatos de nuestra historia política en particular, y la de los países de América Latina en general, para advertir la pertinencia de la hipótesis.

Es sorprendente, sin embargo, que haya sectores políticos como la UCR (que sostiene que sus dos últimos gobiernos cayeron como consecuencia de sendos golpes de mercado) reaccionar contra el decreto; como si padecieran del síndrome de Estocolmo. 

Atento el tenor de los disparates que circulan se hace necesario recordar que es lo que la misma Ley 25.520 establece en su artículo 12: "El Presidente de la Nación fijará los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional."; y que de acuerdo a su artículo 13 es en base a esos lineamientos que la AFI desarrolla sus funciones, formula el plan de Inteligencia Nacional, y planifica y ejecuta las actividades de obtención y análisis de la información para producir inteligencia. 

Actividades en el marco de las cuáles tiene límites concretos, que fija la misma Ley 25.520 en su artículo 4: "Ningún organismo de inteligencia podrá:

1. Realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir, por sí, funciones policiales. Tampoco podrán cumplir funciones de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico y fundado realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley, en cuyo caso le serán aplicables las reglas procesales correspondientes.

2. Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.

3. Influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo.

4. Revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial. " (las negritas siempre son nuestras). 

Es decir entonces que las empresas, bancos o entidades financieras que no desarrollan actividades tipificadas como ilícitas por el Código Penal y sus leyes complementarias (no por las ocurrencias de la AFI) nada tienen que temer; porque no encuadran en la hipótesis que contempla el apartado como atentatoria contra el orden constitucional y la vida democrática. En caso contrario, lo que no pueden pretender es salir impunes.

Finalmente tampoco está de más recordar que no se pueden interceptar comunicaciones telefónicas, postales o de cualquier tipo sin orden judicial (artículo 5 de la ley de inteligencia), que la interceptación o captación de comunicaciones privadas de cualquier tipo por la AFI requiere pedido escrito y fundado a la justicia (artículo 18), y estará a cargo de la Dirección de Observaciones Judiciales que no dependa más del sistema de inteligencia; sino del Ministerio Público a cargo de la Procuración General de la nación (artículo 21 Ley 25.520). 

INTELIGENCIA POLICIAL

Alguno puede pensar que las palabras "inteligencia" y "policial" no pueden ir juntas en la misma frase, una al lado de la otra, pero no seamos tan malos: el post tiene que ver con la imagen que lo encabeza, extraída del proyecto de Presupuesto provincial 2013 que está colgado en la página web del gobierno de Santa Fe.  

Como pueden ver, en el Ministerio de Seguridad, y más específicamente en la órbita de la Policía de la provincia, el proyecto contempla asignarle a la fuerza de seguridad (que hoy está en el ojo de la tormenta), algo más de 2,2 millones de pesos en concepto de "Gastos reservados".

Cifra que puede parecer irrisoria dentro de un Presupuesto total que proyecta gastos del orden de los casi 40.146 millones de pesos; pero que con finalidades confusas y en las manos equivocadas, adquiere otro significación.

Como dijimos, el gasto está nomenclado bajo el apartado 3.9.2.0 del clasificador de gastos de uso en la provincia (el mismo que rige en la Nación y en la mayoría de las provincias); y acá abajo podemos ver que es lo que dice precisamente ese clasificador (aprobado por Decreto 1302/96) sobre el ítem "Gastos reservados":

De modo entonces que sólo pueden utilizar la partida "Gastos reservados" aquéllos organismos que están autorizados a realizar ese tipo de gastos en el marco de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, por lo que corresponde entonces es ver que dice esa ley, que regula el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia (la ex SIDE) y el sistema nacional de inteligencia.

La ley contempla en su artículo 2 inciso 3) a la inteligencia criminal, y la define como: "la parte de la Inteligencia referida a las actividades criminales específicas que, por su naturaleza, magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad o modalidades, afecten la libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional. ".  

Ahora bien, como alguien podría pensar que ese apartado habilitaría a las fuerzas policiales a hacer tareas de inteligencia con esa finalidad, es oportuno recordar lo que dice la misma ley en su artículo 4 inciso 1) que ningún organismo de inteligencia podrá "Realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir, por sí, funciones policiales ni de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley.".

Vemos entonces que la ley separa claramente las funciones de inteligencia, de las específicas de policía de seguridad.; e incluso crea como organismo específico la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (artículo 6), que depende de la Secretaría de Seguridad Interior, y tiene como función la producción de inteligencia criminal (artículo 9).

Más aun, de acuerdo a la propia Ley 25.520, es la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación la que debe "Proporcionar al Consejo de Seguridad Interior la información e inteligencia que fuere menester para contribuir en la producción de la inteligencia criminal de conformidad a lo estipulado sobre la materia en el Artículo 10 inciso e) de la ley 24.059." (artículo 13 inciso 12).  

Y finalmente en su artículo 14 estipula claramente que el Presidente de la Nación (al que le corresponde fijar los lineamientos estratégicos y  objetivos generales de la política nacional de inteligencia, conforme al artículo 12) puede convocar a participar con carácter consultivo a un consejo interministerial "a representantes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad o de la Policía Federal Argentina, cuando lo considere pertinente. ".   

De modo entonces que todo indica que las policías provinciales (entre ellas la de Santa Fe no pueden realizar tareas de inteligencia; y en el caso específico de la inteligencia criminal, sólo pueden aportar su opinión si les es requerida a título consultivo por el Presidente de la Nación, en el marco del diseño de las políticas nacionales en la materia.

Y si la Policía no puede realizar tareas de inteligencia, no se le pueden asignar partidas en concepto de "Gastos reservados", porque lo dicen las propias normas que rigen en Santa Fe los gastos del Estado.

Sería bueno entonces saber a título de que el proyecto de Presupuesto que Bonfatti remitió a la Legislatura contempla esos $ 2.220.000; sobre todo en estos tiempos de jefes policiales presos, cúpulas que duran lo que un suspiro por estar sospechadas de vínculos con el narcotráfico o investigadas por enriquecimiento ilícito y -por qué no- porque (como se dijo acá) "el gobierno provincial vino utilizando políticamente a la fuerza policial (concretamente a la Tropa de Operaciones Especiales y a Drogas Peligrosas) para intentar por todos los medios (y con la complicidad de los periodistas obsecuentes del poder provincial) detectar causas de droga en las que pudiera (de un modo u otro) vincular con el tema al gobierno nacional; como se demostró en el caso de la famosa camioneta falsamente plotteada como del Ministerio de Alicia Kirchner.". 

O de policía que anda por ahí secuestrando militantes de organismos de derechos humanos.