FARMACITY Y LA DOCTRINA BARRAGUIRRE

El caso Farmacity es de palpitante actualidad por estos días, por dos noticias resonantes: primero un dictamen de la Procuración General de la nación dirigido a la Corte Suprema de Justicia que –de compartirse por el máximo tribunal- le permitiría a la cadena que hasta hoy es propiedad de Mario Quintana introducirse en la provincia de Buenos Aires (donde hasta ahora no pudo hacerlo); y por otro lado por el procesamiento de un ex funcionario del Ministerio de Salud de la nación en la gestión de Jorge Lemus por haber “cajoneado” expedientes en los que se propiciaba aplicar sanciones a la firma, por violaciones a la ley de farmacia.

En el caso bonaerense, el dictamen de la Procuración General (en realidad firmado por la procuradora fiscal destacada ante la Corte Suprema Laura Monti, y no por el procurador interino Casal) concluye en que el artículo 14 de la Ley 10.606 de la provincia de Buenos Aires (que establece que las sociedades anónimas no pueden explotar farmacias) es inconstitucional, porque avanza sobre la regulación del comercio; que es una atribución del Estado federal no delegada en las provincias.

Por supuesto que no fue en Buenos Aires en el único lugar del país en el que se planteó el problema: Farmacity ya viene funcionando por ejemplo en Córdoba y la Capital Federal, e intentó hacerlo en al menos dos oportunidades en Santa Fe; la primera de ellas la que dio lugar al Dictamen 1233 del año 2010 del entonces Fiscal de Estado de Binner Jorge Barraguirre; como muestra la imagen que encabeza el post.

Lo curioso del caso santafesino es que el planteo de Farmacity por entonces era abstracto, porque preguntaba si podía instalar una farmacia en la provincia, y no pedía concretamente autorización parta hacerlo; y por esa razón, el planteo fue desestimado por el propio Barraguire y por Binner, mediante el Decreto 2161/11. Sin embargo, el Fiscal de Estado fue más allá y abundó en tazones por las que -a su criterio- Farmacity tenía razón, y si pedía autorización para instalar farmacias en Santa Fe se le debía otorgar. Transcribimos seguidamente algunas partes del dictamen que nos parecen de gran actualidad, con aclaraciones nuestras en negritas:

“El artículo 39 de la ley 2287 ofrece dudas desde su propia redacción. En efecto, la norma empleada el modal “pueden” para definir a los sujetos habilitados para ser propietarios de una farmacia, en lugar de “deben” lo que sí hubiese otorgado un soporte literal a la afirmación que se introduce en el informe de f. 24 in fine cuando se dice que la propiedad de la oficina de farmacia... es indivisible del profesional farmacéutico. Por otro lado, la ausencia de la hipótesis que aquí se discute (esto es, la posibilidad de que establecimientos comerciales se dediquen a la dispensa de medicamentos) no es señal de que estén prohibidos”. “Aun en la hipótesis de acordar al vocablo “pueden” una hermenéutica restrictiva - esto es, de exclusión de otros sujetos como propietarios- la Administración se encuentra habilitada para su no aplicación en el caso”. (Es el artículo de la ley provincial de farmacia que establece quienes pueden ser habilitados para instalarlas, de modo casi igual al de la ley bonaerense. Nótese que está planteando que el Estado no lo aplique en el caso de Farmacity)

“En efecto, la interpretación restrictiva que se propicia no se adecua al derecho nacional que eliminó tal restricción, adhiriendo la Provincia por medio de la Ley 10.787 a los principios fijados por las normas del Decreto de necesidad y urgencia nacional Nº 2284/91. En tal sentido y aun cuando se sostenga válidamente que tal adhesión requería de la adecuación del derecho local por la vía de la sanción de las normas que correspondan, resulta suficiente como para no sostener una exégesis restrictiva del precepto cuando la literal no es un óbice”. Por lo demás, casi 60 años después de la sanción de la Ley 2287, por vía del artículo 13 del Decreto 2284/91, se dispuso que “cualquier persona física o jurídica de cualquier naturaleza podrá ser propietario de farmacias, sin ningún tipo de restricción de localización”. Este Decreto no se encuentra pendiente de ratificación, sino que ya ha sido ratificado por una ley del Congreso Nacional (la ley 24307), Es decir que, a nivel nacional, dicho Decreto se encuentra vigente e incorporando al bloque de legalidad en tanto ya ley formal, Dado que se trata de la regulación de derechos constitucionales fundamentales como la propiedad y la libertar de comerciar, no veo como la legislación provincial puede imponerse sobre aquélla”. (La norma nacional que cita es el decreto de desregulación económica de Caballo, un DNU “ómnibus” que regulaba un montón de cuestiones, luego ratificado de camulina por la ley de presupuesto de 1993, y en parte rescatado hace poco en sus fundamentos -copiado sin citar, bah- por Macri en su mega DNU “desburocratizador”. Es decir que el Fiscal de Estado de la provincia aconsejaba autorizar a Farmacity en base a los argumentos de Menem y Cavallo, volcados en un DNU)

“Así las cosas, la interpretación restrictiva parece tener solamente una finalidad comercial y, dentro de ella, de restricción de la competencia lo que constituiría una acción también prohibida en el derecho nacional. Lo cual no parece propio del ejercicio de un poder de Policía de la Provincia en materia de control de un servicio sanitario, sino directamente de reglar el comercio interior, supuesto en que el reconocimiento de poderes concurrentes con la Nación no admite introducir hipótesis de discriminación en relación al acceso a bienes”. (Acá se ve el total paralelismo entre el criterio de Barraguirre, y el del dictamen de la Procuración General de la nación en el caso de la provincia de Buenos Aires)

“No estamos en una situación que sea la primera vez que se va a abrir un emprendimiento farmacéutico a cargo de una sociedad comercial, sino que abundan los ejemplos, incluso en nuestro propio país, donde tales establecimientos ya se encuentran funcionando en esas condiciones; sin ir más lejos, la sociedad comercial impugnante, cuenta con numerosos locales habilitados y funcionando desde hace años en la Ciudad Autónoma de buenos Aires y en Córdoba. ¿No debería ser cuanto menos instructivo observar si esos emprendimientos han producido en la realidad al menos alguno de los variados perjuicios que se hipotetiza que producirán en este caso santafesino?” (El argumento “jurídico” es que Farmacity ya viene funcionando en otras jurisdicciones, sin problemas. No importa lo que digan las normas provinciales que rigen la actividad farmacéutica)

“Lo que subyace a la argumentación de la inspección y del Colegio es otra justificación. Tal como el Colegio sostiene si se otorga habilitación a sociedades comerciales, se abriría la puerta a la generación de fideicomisos, fondos de inversión o pooles destinados a la venta ilegal de medicamentos, al tráfico de drogas y al lavado de dinero. Esta afirmación resulta sorprendente: ¿qué es lo que hace presuponer a la Inspección y al colegio que una sociedad comercial orientada al negocio farmacéutico incurrirá en tamaños desfalcos? Indudablemente opera aquí un prejuicio contra un tipo de asociación comercial (sociedad), que no se encuentra sustentado por ningún material probatorio en las constancias del expediente. Más aún, ¿por qué no podría decirse lo mismo de una farmacia titularizada por un profesional farmacéutico? ¿Qué hay en la condición del farmacéutico titulado que lo distinga radicalmente del empresario, que lo inmunice o “santifique”, que lo abstenga de la propensión a cometer delitos tan graves como los imputados? En mi opinión, no hay nada... más allá del vago prejuicio contra la actividad lucrativa de sociedades comerciales regularmente constituidas a ese fin.”. (La garra que le pone Barraguirre a la defensa de las sociedades comerciales operando farmacias es más propia de un abogado de Farmacity u otras cadenas similares, que del Fiscal de Estado de la provincia, que debe defender sus leyes)

“El colegio alega una diferencia sustancial entre los medicamentos y otros bienes susceptibles de apreciación económica. Dice que “los medicamentos no son mercancías”, y que por lo tanto, no corresponde hablar de cosas tales como “competencia desleal” o “libertad de establecimiento”. Nuevamente, este argumento se revela falaz, Afirmar que los medicamentos son un tipo especial de mercancía, no implica que dejen de pertenecer al género mercancía. Lo mismo cabría decir, por ejemplo, de los alimentos. Dado que los mismos (en condiciones estrictas de calidad) son cruciales para sostener la vida de las personas, son un tipo especial de mercancía. Pero esa diferencia específica no quita que, como género próximo, sigan siendo una mercancía, que se intercambia a cambio de dinero, en establecimientos comerciales instalados y habilitados con ese específico fin de lucro. Descartados los argumentos basados en la interpretación formal de la ley lo que el Colegio parecer pretender es mostrar que está en discusión una dicotomía de modelos de organización y asignación de los bienes sociales los que podrían etiquetarse como capitalismo neo-liberal desregulado v. capitalismo benefactor con redes de protección. Esto se aprecia en los memoriales acompañados al expediente en los que se retrata la pretensión de la recurrente como un avance de la voracidad empresarial sobre los valores últimos del interés público. A mi modo de ver este enfoque es erróneo.”. (El enfoque le parecerá erróneo, pero comparando a los medicamentos con cualquier “mercancía” -y que por ende puede vender cualquiera- hace bien poco por desvirtuarlo)

Tanta enjundia en defender los argumentos de Farnacity para que se le otorgara habilitación para instalar farmacias en Santa Fe derivó en que, cuando en el 2014 presentó una solicitud formal en ese sentido, se limitara a transcribir el dictamen de Barraguirre, señalando que allí estaban expuestas con claridad todas las razones para que se la otorgaran; cosa que fue rechazada por la Inspección de Farmacia, y dio lugar a recursos administrativos interpuestos por la empresa (que seguía siendo propiedad de Quintana), que culminaron con el Decreto 3921 de noviembre de 2016 dictado por Lifschitz que los rechaza, y habilitó la vía judicial.

Lo cual hace oportuno recordar que tras su paso por el gobierno de Binner como Fiscal de Estado, Barraguirre fue designado Procurador General de la provincia a instancias de Bonfatti; y en consecuencia debería dictaminar en el caso de que el reclamo judicial de Farmacity llegue a la Corte Suprema de Justicia de la provincia. ¿Qué hará en tal caso, excusarse por haber emitido opinión con anterioridad sobre el tema, reiterar su dictamen como Fiscal de Estado (en el que además citaba un fallo de la justicia provincial en Rosario en el mismo sentido) o adherirá al dictamen de la Procuración General de la Nación que es igual, pero no tan extenso ni “enjundioso” en defensa de los intereses de la empresa de Quintana?

PREFIEREN DEPENDER DEL PODER EJECUTIVO

El jueves pasado finalizaba el período ordinario de sesiones de la Legislatura santafesina, y como sucede todos los años, senadores y diputados sancionaron en bloque un montón de leyes que durmieron en las comisiones el resto del año.

Entre ellas, colaron un proyecto originado en el bloque de senadores del oficialista Frente Progresista que tuvo tratamiento express en la cámara de origen, y fue aprobado a tambor batiente en Diputados sin debate, ni exposición de motivos, ni justificación alguna, pese a que no era moco de pavo: modifica la Ley 13.013 que regula el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA), es decir del órgano encargado de la persecución de los delitos en la justicia provincial.

El cambio aprobado consistió en que ahora para sancionar, suspender o remover a un fiscal ya no lo hará un jury integrado por legisladores, los colegios de abogados y los funcionarios del propio MPA previo una auditoría realizada por éste, sino que directamente lo hará la Legislatura. Ni siquiera el bochornoso proyecto que presentaron en el Senado de la Nación Pichetto y Pinedo para recortarle atribuciones a Gils Carbó cuando aun estaba en funciones llegó a tanto, que significa lisa y llanamente terminar con la independencia del órgano.

Frente a la aprobación del proyecto, reaccionaron en bloque las autoridades del Ministerio Público, con el Fiscal General Baclini y los Fiscales Regionales al frente, y el colegio de fiscales después, y ya le están pidiendo a Lifschtiz que vete la ley. Mientras tanto, la Legislatura lleva adelante el proceso de juicio político contra el Procurador General de la Corte Suprema de Justicia Jorge Barraguirre, ex Fiscal de Estado en el gobierno de Binner y asesor de Bonfatti, antes de llegar al cargo.

El procedimiento se inició ante la denuncia de una gran cantidad de defensores y fiscales del Poder Judicial por entorpecimiento e intromisión en sus funciones específicas, e intento de direccionar su trabajo en causas espinosas para el poder político provincial; como la que se sigue contra el ex director del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe Marcelo Vorobiof, por defraudación a la administración pública.

Dichas así las cosas, pareciera que la protesta de los fiscales contra la nueva ley sancionada a las apuradas y entre gallos y medianoche debería ser apoyada, si no fuera porque esos mismos fiscales vienen -hace apenas días- de protagonizar el bochorno de separar a uno de sus colegas (el fiscal Apullán) de las causas que investigaba que comprometen al poder político santafesino: las horas extras y las compras de la Policía, los ascensos en los concursos policiales, los manejos irregulares de fondos públicos de la Municipalidad de Santa Fe a través de cooperativas de trabajo (los famosos “Corral paper´s) y el manejo de los subsidios que hace el Senado.

Justamente ésta última causa fue la que generó la inmediata solidaridad de los senadores (todos, oficialistas y opositores) con el ministro Pullaro, supuesta víctima de una operación en su contra “de sectores oscuros de la policía”. Y solidarios con ellos mismos, se pusieron a trabajar en un proyecto para poder sacarse de encima a los fiscales molestos, que andan hurgando que hacen con los millones de los subsidios; a menos que uno crea que lo hicieron para mejorar un sistema que nos vienen vendiendo hace 10 años como una joya, y un ejemplo a imitar en todo el país.

Los gestores del proyecto en el Senado son los mismos que, “Banelco” de los subsidios mediante, le garantizaron a los tres gobiernos del socialismo un tránsito ágil para sus proyectos en la Legislatura pese a estar siempre en minoría en la Cámara; y varios de ellos se van a ir de viaje a Estados Unidos con Lifschitz, a rosquear la posible reforma constitucional.

Al fiscal Apullán no solo lo corrieron de las causas que investigaba contra Pullaro, Corral, los senadores y la policía luego de una conversación entre el gobernador y el intendente; sino que le iniciaron tres investigaciones internas en el MPA, una a pedido del propio Corral, por haberse atrevido a allanar la Municipalidad por los manejos fraudulentos de fondos destinados a solventar su red de punteros políticos.

A cargo de las investigaciones está la auditora del MPA, que es ex funcionaria política de los gobiernos de Binner y Bonfatti (como la mayoría de los que ocupan cargos estratégicos en el MPA, incluyendo al hijo de Barletta); como para que escarmienten los demás fiscales, por si en el futuro se les ocurre hacer lo mismo.   

Y al Procurador Barraguirre lo defenderán seguramente radicales y socialistas en la Legislatura (la mayoría de ellos ni siquiera se tomó el trabajo de escuchar a los denunciantes), porque si se mandó a apretar fiscales para -por ejemplo- salvarlo a Vorobiof no fue por la suya, sino obedeciendo expresas y precisas instrucciones del poder político. Que por supuesto y sin ponerse colorado, lleva años cuestionando a “Justicia Legítima” y a Alejandra Gils Carbó, por su “militancia kirchnerista”.

Antes se había sacado el problema de encima diciendo que era incompetente para juzgar al Procurador la Corte, integrada por reutemanistas, usandizaguistas y “me rascoelombliguistas” varios; a la que Binner había prometido descabezar cuando llegó a la Casa Gris allá por el 2007, a imagen y semejanza de lo que hizo Néstor Kirchner con la Corte nacional. Hoy es parte del pacto de impunidad entre el Frente Progresista y buena parte de la oposición (en especial los senadores del PJ), y el Poder Judicial.

La esposa del presidente de la Corte durante años y que pronto volverá a serlo (Rafael Gutiérrez) y actual Defensora General de la provincia designada luego de que esta misma rosca político-judicial se sacara de encima a Gabriel Ganón porque les molestaba (por  ejemplo por denunciar las torturas de la policía santafesina), se queja de la ley sancionada "porque consagra la intromisión de la política en la justicia".

Puede parecer extraño que contemos estas cosas en un blog santafesino como si por acá no se conocieran en detalle, pero en realidad es así; porque el blindaje mediático no solo funcionar para proteger a Macri: Corral y Lifschitz (como antes Barletta, Binner o Bonfatti) también gozaron de sus beneficios.

Todo esto que reseñamos pasó en apenas unos meses de éste año, no en Groenlandia ni en un remoto país africano, o en una provincia del NEA o el NOA gobernada por el peronismo); sino acá, en la “invencible” provincia de Santa Fe de la boleta única y otras exquisiteces institucionales que hacen las delicias del CIPPEC, Poder Ciudadano, Transparencia Internacional y todas esas larvas autodenominadas ONG’s, que por supuesto de todo esto jamás dirán nada.

Y los fiscales saltan para defenderse de una ley horrible, en defensa de un sistema corrompido hasta los cimientos, del cual son partes y cómplices; que rechazan pasar a depender en los hechos de la Legislatura, porque prefieren seguir dependiendo -como hasta ahora- del Poder Ejecutivo.

¿QUÉ TENDRÁ ESE PETISO?

De todo tiene parece:

Estaría buenísimo conocer más detalles de lo casos de "tráfico de influencias" y de "intromisión en causas de trascendencia que corresponden a la esfera funcional de los fiscales de 1° instancia".

Para sacarnos las dudas si se trata de casos de corrupción que involucran a funcionarios o ex funcionarios del gobierno provincial (como Vorobiof), municipal o de la propia justicia, como Fessia.

Por el 1 % de todo esto (y no denunciado por fiscales, sino por los medios) a Gils Carbó le vienen pidiendo la cabeza hace años.

Pero en la invencible todo pasa.

¿APOSTAMOS A QUE A ÉSTE NO LO RAJAN COMO A GANÓN?

Más información, acá.

Y por supuesto, también acá.

REBELIÓN EN LA GRANJA JUDICIAL

Nos enteramos que el 31 de marzo pasado, ingresó en la Presidencia de la Corte santafesina -a cargo del Dr. Daniel Erbetta- una nota suscripta por casi treinta Fiscales, Defensores y Fiscales y Defensores de Cámara de la Provincia de Santa Fe, por la cual se formula una grave denuncia contra el Procurador de la Corte Suprema provincial, Dr. Jorge Barraguirre. 

Lo raro (o no) es que, a más de un mes, así como entró la nota pareciera que fue colocada en el cajón del olvido, porque sólo la casualidad permitió que la noticia nos llegue y no encontramos ningún trascendido en alguno de los tres poderes constituídos.

En el fragor del trabajo, es obvio que se puede tener encontronazos con algún sub-alterno, pero pocas veces se ha visto que se lo tenga con casi la totalidad de ellos y, en los anales del Poder Judicial, es la primera vez que existe la presentación de una denuncia del calibre que estamos contando.

¿De qué se lo acusa? Dicen los denunciantes que avasalla la esfera funcional de actuación propias de los cargos de los integrantes del Ministerio Público, a quienes amenaza constantemente con sancionarlos (incluso llegando a decir que los va a hacer echar), si no cumplen con las "instrucciones". 

No sabemos a ciencia cierta, pero nos imaginamos que sería bueno ser amigo o funcionario radical para que el Procurador asuma nuestra defensa en distintas situaciones en las que nos podamos encontrar. También se dice que las "apretadas" tienen la modalidad de agresión verbal -incluso con un lenguaje mal hablado- y con gesticulaciones obscenas, aún delante de funcionarias. Incluso se señala, a modo de ejemplo, la agresión verbal -al límite de la física- que sufriera un funcionario de la procuración de dilatada trayectoria (Dr. Salvatierra), que fue luego trasladado.

Esto no lo dice la denuncia ni ninguno de los involucrados, pero también nos enteramos en los pasillos, que en la causa del Puerto, el fiscal interviniente en ese momento, habría sido "apretado" por el Procurador para favorecer la posición de Vorobiof y funcionarios radicales. Así como lo leen.

Pero esa supuesta "apretada", que no nos llama la atención, no habría sido la única. La intervención de la computadora personal de Medina -causa Los Monos-, habría también tenido un guiño off the récord, según los comentarios abogadiles.

Así las cosas, y a pesar que no nos constan los hechos mencionados en los últimos dos párrafos, ya de por sí la situación que se vive en el Ministerio Público, por una rebelión de la naturaleza que contamos, no sólo nunca se ha visto, sino que incluso fue rubricada por gente que nunca firmaría nada de ese tenor si no fuera porque se hartó de la situación vivida.

Veremos qué pasa con ese cajoneo y si alguien se anima a limpiar escritorios quizá encuentre algo interesante. 

Por lo pronto, la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial habría también adherido al reclamo, en  apoyo a los denunciantes. 

Esperemos a ver qué sucede con esto.

PATALEOS

Sobre la causa judicial contra el principal promotor del motín policial de diciembre, leíamos a Tizziani en Rosario 12 de ayer: "El fiscal López Rosas pidió la declinatoria de Luna el jueves, veinticuatro horas antes de la indagatoria de Martinez, prevista para ayer, a las 9.30. Ante el requerimiento fiscal, la jueza suspendió la audiencia con el líder de Apropol y al mediodía resolvió apartarse de la investigación para que ésta se unifique en la justicia federal.

El dictamen de López Rosas generó cierto pataleo en el despacho del procurador de la Corte Suprema, Jorge Barraguirre. "Yo no estoy de acuerdo", le dijo Barraguirre a un interlocutor que tenía a mano, pero ya era tarde para una contraorden. Barraguirre recordó que una parte sustancial de la prueba -las escuchas telefónicas a Martínez ordenadas por el juez Javier Beltramone (Instrucción 9ª)- se logró en la primera etapa de la causa, en los Tribunales de Rosario. Después, otro juez subrogante, Juan Andrés Donnola (Instrucción 7ª) declinó la competencia ante la jueza Luna, de Santa Fe. Y ahora la magistrada decidió girar el expediente al juez federal Rodríguez.".

Lo primero que sorprende es que el procurador Barraguirre siga opinando sobre causas judiciales en trámite, cuando ya hizo pública su decisión de renunciar a su cargo; y que piense que podría dar instrucciones en contrario al fiscal que interviene (para que planteara mantenerla en la justicia probincial); cuando mañana empieza a regir el nuevo Código Procesal Penal, y pasará a depender del Ministerio de Público de la Acusación.

Como también que se contraríe porque la causa pasará a jurisdicción de la justicia federal; que ya tramita otra por el delito de sedición, que es lo que corresponde a la naturaleza de los hechos.

Una causa en la que -dicho sea de paso y como señalábamos acá- resulta cuanto menos sugestivo que el gobernador haya dicho que se sintió amedrentado por sentarse a negociar el aumento policial con gente armada, pero no puede precisar quienes eran. 

El delito de sedición (por el cual la causa que comenzó caratulada como amenazas pasaría a la justícia federal) está tipificado por el artículo 229 del Código Penal como aquél por el cual alguien "sin rebelarse contra el gobierno nacional, armaren una provincia contra otra, se alzaren en armas para cambiar la Constitución local, deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en los términos y formas establecidas en la ley. "  (las negritas son nuestras).

Que fue justamente lo que pasó en Santa Fe. los policías alzados en armas (con los fierros en la mano, en la propia mesa de negociación, como dijo Bonfatti) lograron lo que querían: un aumento del 40 %, impunidad administrativa y el definitivo archivo de la reforma policial votada en el 2006. 

A lo mejor el "pataleo" de Barraguirre tiene que ver con el hecho de que, si todas las causas derivadas del motín se tramitan en el fuero federal y por el delito de sedición, todas estas cuestiones se terminen ventilando; y se ponga en tela de juicio la validez de las medidas tomadas por el gobierno provincial (como pasó por ejemplo en Entre Ríos con el aumento salarial, del que luego se dio marcha atrás); haciendo lugar a los planteos sediciosos, formulados a punta de pistola.

Lo que supondría para el gobierno del FPCyS dar por tierra con su política de pactos con la fuerza policial; como se vio también hace poco en el veto "propositivo" a la ley que creaba la policía judicial; y en la creación de una "policía de investigaciones", comandada nada menos que por el hasta entonces jefe de la Unidad Regional de Rosario; que ostentaba al asumir sus nuevas funciones el triste récord de 253 asesinatos en el Departamento bajo su custodia, durante todo el 2013.

PROCURACIONES

Leemos en Página 12 sobre las denuncias contra la Procuradora General Gils Carbó desde dentro del propio Poder Judicial, por diferentes causas pero que en rigor están más vinculadas a su condición de referente de Justicia Legítima, el espacio que viene cuestionando las prácticas corporativas de la justicia,`y apoyando en líneas generales las reformas propuestas por el gobierno nacional.

Entre las denuncias hay una por supuestos nombramientos irregulares de fiscales,constituyendo unidades especiales para el tratamiento de algunos delitos de importancia, como el lavado de dinero, el narcotráfico y la trata de personas.

En tanto Procuradora General, Gils Carbó es la cabeza del Ministerio Público, que en el orden nacional tiene rango constitucional desde la reforma del 94' (artículo 120 CN), y está regido por la Ley 24.946.

La denuncia fue movilizada por un senador de la UCR, pese a que (como se dijo acá) los nombramientos supuestamente irregulares son exactamente iguales a los utilizados por otros procuradores, en otros gobiernos, incluyendo los radicales; y el cuestionamiento es el mismo de los defensores de los genocidas, en las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.  

Y mientras tanto en la invencible (donde siempre rige un doble estándard, al parecer), nos encontramos (en el mismo diario, el mismo día) con ésta otra noticia:

El Procurador General de la provincia (Jorge Barraguirre, ex Fiscal de Estado de Binner y radical él; como el senador Cimadevilla, más datos sobre su pedigree, acá) designa a un grupo especial de fiscales (lo mismo que se le cuestiona a Gils Carbó) para apoyar al fiscal que viene actuando en la causa por los homicidios sucedidos en las últimas horas en Villa Gobernador Gálvez, por ajustes de cuentas entre bandas de narcos.

El fiscal Camporini es el mismo que validó hace poco las pericias de la policía provincial que supuestamente demostraban que esa misma policía no había disparado cartuchos de plomo en la represión de una protesta social por ocupación de terrenos; y al equipo especial de fiscales se sumaría otro equipo especial de policías. 

Policías que en Santa Fe tienen a un ex jefe procesado dos veces por vínculos con el narcotráfico; y que (de acuerdo con ésta nota del amigo Nicolás Lovayza en Código 3000) cuando era Jefe de Drogas Peligrosas, encubrió a un conocídisimo narco local, el que luego extorsionaba a Norma Castaño; según la justicia en complicidad con el propio Tognoli, el ex jefe policial del caso.

Ahora bien: si bien es habitual que la policía actúe como auxiliar de la justicia en apoyo de jueces y fiscales y a las órdenes de éstos; es complejo cuando esa misma policía tiene vínculos de connivencia con los delincuentes (en éste caso los narcos), y dependencia política del Poder Ejecutivo.  

Cuestión que se solucionaría (al menos en parte) si Santa Fe tuviera una policía judicial que dependiera directamente de jueces y fiscales y no del gobernador de la provincia; tal como plantea el proyecto del diputado Tonioli del Movimiento Evita, gestado precisamente a partir de las serias evidencias de complicidad de la policía santafesina con el delito; en especial con el narcotráfico.

Hasta donde sabemos, ningún radical o socialista cuestionó a Barraguirre (cuyo pliego fue aprobado por la Legislatura por el mero transcurso del tiempo, sin tratarlo; mientras que la cuestionada Gils Carbó -que no registra antecedentes como funcionaria política, como el ex Fiscal de Estado de Binner- obtuvo un contundente respaldo de 63 votos a 3 en el Senado, incluyendo opositores) por designar un equipo especial de fiscales (como ya lo hizo en otros casos, como la causa de las inundaciones del 2003).

Y tampoco se sabe que lo cuestionen por haberse comunicado con el gobernador de la provincia, para pedirle su opinión y aprobación sobre las medidas investigativas dispuestas en el marco de una causa judicial en trámite, tal como da cuenta la nota de Rosario 12.

Sería interesante saber a título de que se comunicó Barraguirre con Bonfatti, y quien dijo que el gobernador tenía que tener opinión sobre la validez o no de medidas de investigación de un delito que se toman en el ámbito judicial.

En Santa Fe el Ministerio Público no tiene rango constitucional, y funciona en base a una ley dictada durante el gobierno de Binner (en el marco de la demorada reforma de la justicia penal); y de muy dudosa constitucionalidad, porque la Constitución provincial no lo contempla como órgano autónomo.

Como la reforma procesal penal aprobada en el 2006 se sigue dilatando, mientras radicales y socialistas hablan (en Santa Fe) de la independencia del Ministerio Público de la Acusación (del cual dependen en teoría todos los fiscales), Barraguirre como Procurador General sigue utilizando las atribuciones que le confiere una ley de la dictadura, para impartir directivas e instrucciones a los fiscales de todos los fueros; y formar equipos ad hoc de fiscales (lo que en el orden nacional el cuestionan a Gils Carbó).

Pero con la particularidad en ésta causa (reiteramos: se investigan homicidios presuntamente perpetrados por bandas de narcos) vinculada al narcotráfico, de que consulta con el gobernador si le parecen bien o no las medidas.

Habría que preguntarle a Lanata, o a alguno de los miembros de la filial local del lanatismo, que opinan al respecto. 

BARRAGUIRRE, LOS INUNDADOS Y EL APURO

Leemos en el diario del Loco Lindo que el Procurador General de la Corte Suprema de Justicia (y ex Fiscal de Estado de Binner), Barraguirre, firmó dos resoluciones para agilizar las causas en las que se investigan las responsabilidades penales por las muertes que causó la inundación del Salado del 2003.

Una designando un nuevo fiscal para que se sume a la que ya actúa en la causa, y la otra para que se le corra simultáneamente los traslados a los defensores de todos los imputados, para acortar los plazos.

Desde la Corriente Kirchnerista de Santa Fe celebramos cualquier medida que sea útil en el sentido de lograr justicia para las víctimas de la tragedia del 2003 y sus familias, y para que los responsables de que haya sucedido, rindan cuentas en la justicia.

Incluso sería bueno que alguien allí citara a declarar a Reutemann, que ha logrado sobrevivir impune estos 10 años, sin siquiera tener que dar la más mínima explicación al respecto.

Lo que no significa que dejemos de señalar que las medidas anunciadas se parecen bastante a la venta de humo a la que Barraguirre ya nos tenía acostumbrado en sus tiempos de Fiscal de Binner, cuando siempre aparecía con algún anuncio respecto a ésta causa, en las cercanías del 29 de abril; sabedor del rebote mediático que tendría justamente por eso.

Porque recordemos que es Procurador General hace ya cinco meses, y nada le impedía haber tomado antes estas medidas, si consideraba que colaboraban con el progreso de la investigación. 

Y recordemos también lo dicho en éste post de hace dos años, porque reafirma contundentemente lo dicho: siendo Fiscal de Estado de Binner Barraguirre promovió éste decreto (firmado también una semana antes del 29 de abril, pero a más de un año de haber asumido Binner el gobierno),   por el cual se comprometía a ofrecerles a los damnificados que reclamaban contra el Estado, una investigación a cargo de expertos independientes sobre las causas de la inundación; que determinara si había o no responsabilidad del Estado.

También recordábamos en el post que por entonces Barraguirre presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema provincial, para que se suspendieran los juicios donde se le reclamaba a la provincia indemnizaciones civiles por las muertes y daños causados por la tragedia, hasta tanto se expidiera al respecto la justicia penal; esa que ahora (como Procurador) dice que quiere agilizar.

El mismo decreto creaba una Comisión que tenía entre sus funciones "Confeccionar un Programa Integral de Atención para los afectados de la inundación de la ciudad de Santa Fe en el año 2003 que elevará como propuesta al Poder Ejecutivo, comprendiendo: a) la posibilidad de otorgar compensaciones colectivas y; b) en particular las políticas públicas de rehabilitación y recomposición de los barrios afectados, atendiendo la integralidad del fenómeno y al carácter colectivo de la clase afectada. "  

Y en otro apartado decía "El dictamen de la COMISIÓN PERICIAL DE EXPERTOS será vinculante para las partes intervinientes en este procedimiento en los términos del artículo TERCERO y, como consecuencia de ello, el Estado provincial estará a las resultas del mismo. Así, de determinarse algún grado de relación causal o concausal entre el daño y las inundaciones, el Estado ofrecerá a modo de transacción abonar el cincuenta por ciento (50%) de los daños que efectivamente haya generado la Provincia conforme lo dictamine la COMISIÓN PERICIAL DE EXPERTOS y previa verificación sumaria de los perjuicios individuales invocados, deduciendo lo ya percibido por el reclamante y sin perjuicio de la existencia de otros responsables. A tal fin Fiscalía deberá elaborar y proponer la reglamentación de un procedimiento administrativo sumarísimo especial a fin de verificar y certificar los daños reclamados por cada demandante.

El eventual pago de la suma resultante se efectuará en cuotas anuales, iguales y consecutivas durante el plazo máximo de 10 años. La Provincia mantendrá el valor de los daños reconocidos mediante la aplicación de la tasa interés establecido por el artículo 10 del Decreto 941/91.

Por su parte, si del Dictamen Técnico surgiese la imputación causal o concausal del Estado con respecto a los daños alegados por las clases de afectados, autorízase a Fiscalía de Estado a modificar la estrategia judicial de defensa con fundamentos en el dictamen de la Comisión Pericial de Expertos. " . (los subrayados son nuestros)

Hoy, a casi 10 años de la tragedia del Salado y a cuatro del decreto de Binner, nada se sabe al respecto: si los ofrecimientos se hicieron, en su caso que porcentaje de los damnificados lo aceptaron o no, si en consecuencia se llegó o no a constituir la comisión de expertos y en tal supuesto, a que conclusiones llegó.

Como tampoco se sabe nada del famoso "Programa Integral de Atención" para los afectados por la inundación, que involucraba (según el decreto) a todas las áreas del gobierno provincial; y menos que menos, que se haya determinada algún tipo de compensación para las víctimas. 

ESTO TAMBIÉN ES "LA PLATA DE LOS JUBILADOS"

Para los que no recuerdan el caso Vigo, en éste enlace pueden seguir el completo informe que se hiciera en marzo del 2009 en la revista Entrelíneas, contando los pormenores del asunto.

El ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la provincia (con fortísimos vínculos con la curia santafesina, bajo el largo reinado de Storni) se jubiló en el año 2007 de un modo completamente irregular, en cuanto a los años de aportes y servicios necesarios para obtener el beneficio; y el cómputo del haber; fruto de un "ingenioso" sistema que mezclaba los regímenes previsionales nacional y provincial, para posibilitarle el acceso a la jubilación de la provincia, cuyos haberes y topes máximos son mucho más altos que los que paga la ANSES.

Cuando se conocieron las irregularidades, el gobierno de Binner anunció con gran estrépito mediático que había anulado la jubilación de Vigo, tras una consulta con la Secretaría de Seguridad Social de la Nación y un dictamen del entonces Fiscal de Estado (y hoy Procurador General de la provincia, por el mero transcurso del tiempo sin que la Legislatura tratara su pliego) Jorge Barraguirre:

Clarito, ¿no?: la jubilación de Vigo fue anulada, y la Caja de Jubilaciones lo intimaría a que devuelva lo indebidamente percibido.

Sin embargo como vemos en la imagen que encabeza el post, nos cuenta Maximiliano Ahumada (acá pueden acceder al audio completo de su intervención en radio en el programa de Colussi), hasta el dìa de hoy Vigo sigue cobrando como si nada su jubilación mal habida, todos los meses.

Y el haber (que para el 2009 era de 22.000 pesos mensuales, como dice la imagen de arriba) asciende en éste momento a unos 54.355 pesos por mes; algo así como 29 jubilaciones mínimas nacionales. 

¿Qué pasó entonces?

Algo adelantaba ya en el mismo día del 2009 en que se anunciaba con bombos y platillos la anulación, el propio Barraguirre:

Ah, claro: la anularon, pero la anulación no tiene efectos (?); por algunas consideraciones que él (siendo Fiscal de Estado) hizo en el dictamen cuando le tocó intervenir.

Aunque luego aclara que Vigo presentó una cautelar, y que la Fiscalía de Estado nunca se pronuncia "sobre situaciones particulares.

Lo cual es completamente falso, como lo sabe cualquiera que conozca lo que hace la Fiscalía de Estado; por ejemplo si un particular recurre un acto administrativo del gobierno provincial, ¿no va a dictaminar sobre ése caso en particular?

Pero además es falso también en el caso de la jubilación de Vigo; porque fue justamente el otorgamiento irregular de la jubilación al ex juez de la Corte lo que motivó el Dictamen Nº 45 del año 2009, que él firmó, como podemos ver acá:

Dictamen en el cual aconsejaba anular la resolución de la Caja de Jubilaciones de la provincia, y que "inventó" el ingenioso sistema de cómputo de aportes y servicios que le permitió a Vigo jubilarse irregularmente.

En el cual además concluía:

¡Ah, claro!:  dictaminó sobre la jubilación de Vigo, concluyó que era irregular, pero no prejuzga sobre el caso de Vigo; porque decidir si se avanzaba o no contra él sacándole la jubilación, era una decisión estrictamente política (?).

Sin embargo antes la propia información oficial dice que sí avanzaron, y le anularon la jubilación; con lo que cabría preguntarse por qué razón Vigo sigue cobrando su jubilación, cuatro años después.

¿Acaso la cautelar que presentó entonces fue despachada favorablemente y en tal caso por quién, la propia Caja de Jubilaciones, o algún juez que le debía favores por su paso por la justicia provincial?

¿O hubo otro motivo que desconocemos, y el gobierno debería informar?

De cualquier modo, un caso interesante para reflexionar sobre los jueces, la democratización del Poder Judicial, el pago del Impuesto a las Ganancias (la jubilación de Vigo también está exenta del tributo, según lo decidieron los propios jueces, no la ley), el 82 % móvil y los reclamos del socialismo para que el gobierno nacional le financie el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia.

A menos que en éste caso no les importe lo que pasa "con la plata de los jubilados".  

FUIMOS SORPRENDIDOS EN NUESTRA BUENA FE

Hace poco en ésta entrada, nosotros publicamos la foto que encabeza el post, tomada de la edición digital de un diario; y reflexionábamos sobre la democratización de la justicia.

Pero ahora un lector nos advierte que fuimos embaucados, porque la foto no era original, sino que estaba trucada.

Y nos hizo llegar el original:

Evidentemente una burda maniobra del editor, por la cual les quitó sus atuendos sacerdotales a los celebrantes y al lector, para reemplazarlos por ropa común y trajes, como si fueran jueces o procuradores de la justicia.

Otro caso que demuestra que cada vez se puede confiar menos en el periodismo.

JUSTICIA DIVINA

El obispo sentado en el sillón más grande, y los otros curas en los del costado.

Y también hay una monja.

El crucifijo grande arriba de todo, presidiendo la celebración.  

El monaguillo haciendo la lectura bíblica desde el atril.

Faltan los hábitos, y el mantel arriba del altar, pero es más o menos lo mismo.

Va a costar democratizar la justicia, eh.

A VER SI LA EXPLICAN MEJOR MUCHACHOS, PORQUE NO SE ENTENDIÓ

En el transcurso de la semana pasada fracasó por falta de quórum (hubo sólo 9 legisladores presentes sobre un total de 69) la Asamblea Legislativa convocada para tratar el pliego del ex Fiscal de Estado de Binner, Joprge Barraguirre, para la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de la provincia; y otros cargos a cubrir en el Poder Judicial y los Ministerios Públicos de la Defensa y la Acusación.

Estos últimos serán tratados la semana que viene, pero el de Barraguirre  quedó aprobado por el mero tanscurso del tiempo, como lo establece la Constitución provincial cuando los pliegos mandados por el Ejecutivo no son tratados por la Legislatura.

En los días previos y como da cuenta la crónica, legisladores del Pj anticiparon su intención de rechazar otros pliegos que estaban en el mismo paquete porque se trata de ex funcionarios políticos de la gestión de Binner, que ocuparían cargos en la justicia, algo tratado en detalle acá; y que no es nuevo: de hecho, viene sucediendo desde que el Frente Progresista gobierna Santa Fe.

Y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Bonfatti calentó más la previa acusando a la oposición de "caza de brujas", por cuestionar los concursos que llevó adelante el Consejo de la Magistratura por el simple hecho de que los ganan siempre candidatos que están vinculados al socialismo o a la UCR, y algunos que fueron funcionarios del gobierno provincial: ni más ni menos que algo parecido a lo que dicen los legisladores opositores en la Nación, por ejemplo en el famoso concurso para cubrir el juzgado que tiene la causa de la ley de medios.

Al parecer el argumento hizo mella en los legisladores del PJ, que optaron por no dar quórum en la Asamblea, para que el pliego de Barraguirre quedara aprobado por el mero transcurso del tiempo, de modo de evitarse tener que discutirlo; para lo cual tendrían que haber valorado sus antecedentes, y también su desempeño como Fiscal de Estado de Binner, que forma parte de esos antecedentes: no hay dos Barraguirre, uno el jurisconsulto, y el otro, el funcionario político de Binner y asesor de Bonfatti.

En el caso de los cargos concursados, lo que objetan los legisladores del PJ es la transparencia de los concursos, porque en muchos casos los ganaron ex funcionarios de Binner, incluso algunos que participaron en su diseño; pero además de ponerse en tela de juicio la transparencia del procedimiento, también debería estar en entredicho la independencia con la que ejercerán su función el día de mañana, considerando que muchos se postulan como fiscales en la justicia penal: ¿qué pasaría por ejemplo si deben intervenir en una causa que involucre a funcionarios del gobierno provincial?

En el de Barraguirre (que no fue seleccionado por concurso) los legisladores del PJ que integran la bicameral de acuerdos (incluyendo al obeidista Lacava, uno de los 9 que se quedó en el recinto en la Asamblea) votaron a favor del pliego enviado por Bonfatti, argumentando que hay que reconocerle al gobernador el derecho de nombrar a quienes ocupen determinados cargos.

El argumento es poco convincente: el gobernador propone, pero la Legislatura (de acuerdo a la Constitución) debe dar su acuerdo, y eso implica que puede rechazar un pliego si el candidato no satisface: justamente lo que los distintos sectores del PJ amenazan hacer con algunos de los que serán tratados la semana que viene. De lo contrario (si no pudiera rechazar un pliego) no se entiende a que fines intervendría en el trámite de designación de funcionarios de la justicia (como en el caso del Procurador), u otros que requieren acuerdo legislativo.

Y cuando presta un acuerdo, se supone que el Poder Legislativo evalúa todos los antecedentes del postulante, en función del cargo a ocupar; sin embargo en éste caso no se termina de entender la postura de los bloques del PJ en relación a Barraguirre.

No porque se entren a analizar sus mayores o menores virtudes y conocimientos, sino (reiteramos) en función de que pasará a desempeñar una función importantísima dentro de la estructura del Poder Judicial, y no en el gabinete de Bonfatti; como cuando fue designado Fiscal de Estado, cargo que también requiere acuerdo legislativo.

Y no parece justamente que los legisladores del PJ (en tanto no dieron quórum a sabiendas de que el pliego quedaría aprobado por el mero transcurso del tiempo) hayan analizado el papel que le cupo desempeñar a Barraguirre como Fiscal de Estado de Binner; rol en que tuvo participación decisiva en todas las decisiones más controvertidas del ex gobernador.

A las pruebas nos remitimos:

Barraguirre dictaminó favorablemente en los más de 100 decretos de insistencia que dictó Binner ante otras tantas observaciones legales del Tribunal de Cuentas, por actos administrativos que aprobaron contrataciones y nombramientos de personal en condiciones irregulares.

También convalidó con su opinión las contrataciones directas del Banco Municipal de Rosario para la entrega de las tarjetas magnéticas de los planes del Ministerio de Desarrollo Social, de una UTE inexistente para la concesión de la Autopista Santa Fe-Rosario, y la adjudicación (también sin licitación pública) de la impresión de las boletas para las elecciones a AGL (la sociedad de Clarín y El Litoral) y la empresa Boldt; así como del subsidio provincial encubierto a los hospitales municipales rosarinos.

Opinó a favor de que la concesión de la autopista fuera hecha por el Poder Ejecutivo sin intervención de la Legislatura, en base a una ley derogada; y a la prórroga del contrato del agente financiero con el Nuevo Banco de Santa Fe (del Grupo Eskenazy), de modo que tampoco intervino la Legislatura en la redacción de los pliegos de la nueva licitación.    

También respaldó jurídicamente el puenteo a la Legislatura para que nunca interviniera en el análisis del convenio firmado por el gobierno de Binner con la Unión Europea, para la financiación de los Nodos y el Plan Estratégico; y anunció con bombos y platillos en el 2009 un sistema de reparación a los perjudicados por las inundaciones del 2003, hasta hoy nunca concretado.

Siendo Fiscal de Estado y por ende patrocinante obligado de la provincia en todas las causas judiciales, aconsejó la contratación en forma directa del estudio jurídico de Ricardo Gil Lavedra, y de los abogados de Cablevisión y Multicanal (los mismos de la ONG inexistente que patrocinó causas contra el Estado nacional en defensa de los intereses del Grupo Clarín), para llevar adelante varios juicios contra la Nación; la mayoría de los cuales aun no han sido ni siquiera iniciados, y otros (como el del descuento del 15 % de la coparticipación que va a la ANSES) que todo indica la provincia terminará perdiendo.

Y finalmente, fue Barraguirre quien convalidó expresamente la vulneración sistemática por parte del gobierno de Binner (continuada por el de Bonfatti) de la Ley 12.521 (2006), que mandaba a cubrir las vacantes y genera los ascensos de la Policía por concursos públicos y abiertos; con el insólito argumento de que la reglamentación y cumplimiento de la ley eran imposibles, algo que el propio Bonfatti acaba de desmentir por estos días. 

Es decir entonces que Barraguirre (como Fiscal de Estado de Binner) fue artífice principal de la resurrección de las tristemente célebres Juntas de Calificaciones, centrales en la construcción del modelo socialista de "policía atendida por sus propios dueños"; que estalló por los aires en el caso Tognoli.

Por eso es como mínimo sorprendente que los legisladores del PJ (que acaban de impulsar una ley de emergencia en seguridad, e interpelar a Lamberto) hayan elegido convalidar tácitamente su designación como Procurador General, sin poner en la discusión todos estos antecedentes que ponen seriamente en tela de juicio su independencia de criterio para la función que pasará a cumplir.

A lo mejor si explican lo que quisieron hacer lo entendemos todos, pero parece bastante confuso. 

PESE AL CASO TOGNOLI, EN SANTA FE SIGUE EL CORSO RADICAL

En el medio del escándalo del caso Tognoli cobró notoriedad nacional el hijo de Barletta por haber integrado el estudio del abogado defensor de Tognoli; (ver acá también) y nosotros hace bastante ya (seis meses para ser precisos) contábamos acá que el gobierno de Bonfatti lo designó en un cargo muy importante en el Ministerio Público de la Acusación, que es el órgano que conduce a los fiscales del Poder Judicial de la provincia.

Ahora se confirma otra información que en su momento fue analizada en Nestornautas hace más de cinco meses acá: el ex Fiscal de Estado de Binner, Jorge Barraguirre (radical también él) será propuesto por Bonfatti para ocupar el cargo de Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de la provincia.

La Procuración General viene manteniendo (por lo menos lo hacía con su anterior titular) una puja justamente con el Ministerio Público de la Acusación para ver quien conduce a los fiscales del Poder Judicial, que son los que tienen que impulsar las investigaciones en la justicia penal, como función más importante.

Acá vemos el decreto de designación de Barraguirre como Fiscal de Estado (asesor jurídico) de Binner, con el refrendo del hoy gobernador Bonfatti:    

Producido el cambio de gobierno, Barraguirre dejó de ser Fiscal de Estado, pero pasó a ser asesor de Bonfatti, como vemos en éste otro decreto:

No sólo lo designaron como asesor, sino que le crearon un cargo especialmente para él, suprimiendo un cargo de la planta de personal permanente; aunque su designación (según lo que decía el propio decreto) era nada más que por 120 días.

Pero en realidad, ni siquiera eso llegó a durar, como vemos en éste otro decreto por el cual le aceptaron la renuncia: 

El decreto no dice por qué razón Barraguirre no tomó posesión de un cargo en el que lo designaron en enero, y presentó la renuncia cuando faltaban todavía 47 de los 120 días por los que lo nombraron (hubiera bastado dejar correr el plazo y cesaba automáticamente).

En su momento nosotros conjeturamos que a lo mejor tenía que ver con ésta otra noticia:

La conclusión es muy sencilla: Barraguirre renunció a su cargo de asesor de Bonfatti para que, al difundirse su postulación al cargo que dejó vacante el fallecimiento de Bassó, no le objetaran que era funcionario del gobierno.

Como hicieron por ejemplo los radicales hace poco con la funcionaria del ONABE que estaba ternada para ocupar el juzgado que tiene que fallar en la causa de Clarín contra la ley de medios.

Y después dicen que los radicales no tienen un plan.

Estos son los que después mean agua bendita hablando de la defensa de las instituciones, y se rasgan las vestiduras defendiéndolo a Despouy en la Auditoría General de la Nación, o a Recondo en el Consejo de la Magistratura.