LA FRASE

"PARA ANALIZAR SI REALMENTE HABÍA NECESIDAD Y URGENCIA PARA QUE EL PRESIDENTE DICTARA EL DNU 70 EN 2023 NOS VAMOS A TOMAR TODO EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO." (HORACIO ROSATTI)

martes, 3 de diciembre de 2019

LA VERDADERA OPOSICIÓN

Preparémonos para ver, aumentado y empeorado, el espectáculo que estamos viendo a diario en los principales medios, durante cuatro años: los que no vieron venir la conformación del "Frente de Todos", ni mucho menos, la candidatura de Alberto Fernández, tirándonos a diario postas sobre las comidillas internas del nuevo gobierno, sus disputas, y los anuncios de posibles medidas que podría llegar a tomar.

Lo estamos viendo por estas horas con la conformación del gabinete, la más operada de la historia; en especial en lo que refiere al ministro de Economía. Al respecto bien señalaba acá Alfredo Zaiat  en Página 12 que la movida es parte de lo que se conoce como la "educación presidencial", el burdo intento de condicionar al futuro gobierno e imponerle no un ministro, sino un plan económico distinto del que obtuvo mayoría electoral; y del que viene anticipando Alberto con sus definiciones.

Que los medios en tanto vehículo de expresión (y parte sustancial a la vez) del núcleo de intereses económicos dominantes en el país vehiculicen de modo tan burdo sus demandas no debería sorprender, en tanto son la oposición real: mientras unos (los grupos económicos dominantes) presionan para torcer el rumbo del gobierno aun no iniciado hacia la defensa de sus intereses corporativos, los otros (los medios hegemónicos) construyen sentido para que esas demandas, que van en contradicción con los intereses de las grandes mayorías nacionales, encuentren anclaje social.

Así fue durante el período 2003-2015 y así será desde el 10 de diciembre, y nadie debería asombrarse por eso: si hay un plano de la realidad en el que resulta imposible "cerrar la grieta", es en la relación entre la política con pretensiones de autonomía democrática, y los medios concentrados en tanto instrumentos culturales del dispositivo de poder real, extrainstitucional.

Y si no veamos lo que vino pasando desde el día después de las elecciones, cuando la remontada macrista en relación al resultado de las PASO intentó ser usada primero para ocultar lo indisimulable (la derecha neoliberal que buscaba permanecer en el poder fue rotundamente derrotada en primera vuelta), y luego para "advertir" sobre la existencia de una oposición supuestamente monolítica y representativa de un 40 % de la sociedad, frente a un nuevo oficialismo con disputas intestinas, que conformó una coalición atada con alambre, a punto de estallar ante los primeros chispazos internos.

Este última será precisamente el eje discursivo a transitar por el sistema de medios hegemónicos -con Clarín, La Nación y sus principales plumas como insignias- en los primeros meses del gobierno de "Frente de Todos": meter la cuña al interior de la coalición triunfadora para provocar fracturas, levantando el espantajo del demonizado kirchnerismo, y la figura de Cristina como "el poder detrás del trono", lo que a su vez sirve para debilitar y condicionar al nuevo presidente. 

En el plano bizarro de la realidad por el cual se deslizan las mayoría de las operaciones mediáticas disfrazadas de análisis políticos que pululan por los medios hegemónicos, resulta razonable la existencia de un vicepresidente opositor como fue Cobos, pero no la de una vicepresidenta dueña de sus propios votos y arquitecta principal de la construcción opositora, que pretenda tener injerencia en el armado del gobierno para cuya llegada al poder contribuyó decisivamente.

Desde este lado habrá que tener la suficiente astucia para sortear la trampa y no caer en ella, confundiendo el rol central de Cristina en el armado político del gobierno (indisputable e indiscutible), con un oscurecimiento de quien tendrá, por el voto mayoritario de los argentinos, la mayor responsabilidad institucional que otorga la Constitución. Y también algunos tendrán que resistir la pulsión de operar desde los medios hacia la interna, para ganar posiciones: ya no están en el rol de "ancha avenida del medio", ni pueden pretender escaparle a los compromisos de haber tomado posición por uno de los lados de la grieta.

Y Alberto Fernández, en especial, por su rol institucional y por sus previas opiniones sobre el tema, ahora que está sufriendo en cuero propio lo que Cristina y otros dirigentes del kirchnerismo padecieron por años, deberá aprender que su oferta de armisticio en la guerra con los medios, ha sido leída como una rendición incondicional o un cese unilateral del fuego, y están obrando en consecuencia. Y nada indica que eso vaya a cambiar, a menos que haga concesiones cediendo en lo que le vayan a pedir, que hoy no sabemos que es, pero más tarde o más temprano nos enteraremos: se trata de gente que nunca da puntada sin hilo. 

Que los medios y los intereses que representan serán la oposición real al nuevo gobierno no admite discusión, y basta para comprobarlo con echar una mirada a lo que está haciendo la oposición que cumple roles institucionales. Del "liderazgo indiscutido" de Macri como representante del 40 % del voto ciudadano que nos quisieron vender desde el día después de la elección pasaron cosas: Vidal y Monzó -cada uno desde su lugar- lo cuestionan abiertamente a él y a la estrategia electoral elegida por Marcos Peña desde adentro del PRO, mientras el silencio de Larreta dice mucho más incluso que esas críticas.

Y los radicales anuncian por todos los medios posibles que no se someterán a ningún "liderazgo opositor" sin discutirlo, al tiempo que no logran cerrar internas entre ellos, ni siquiera para los principales cargos parlamentarios, o las canonjías derivadas, como los asientos opositores en el Consejo de la Magistratura o la Auditoría General de la Nación. 

O nos quieren vender gato por liebre, explicándonos (sin decirlo) que hay coaliciones y coaliciones: está dejando el gobierno una ("Cambiemos") que nunca funcionó como tal, porque no colegió la toma de decisiones ni puso en paridad de condiciones a sus miembros; porque los radicales y Carrió quedaron reducidos al rol de espectadores (lo que no disminuye su responsabilidad política en el desastre), y a tener que bancarle los trapos a Macri, por medidas de las que en muchos casos se enteraban por los diarios como cualquier hijo de vecino.

Por contraste, al "Frente de Todos" le exigen una convivencia pacífica y civilizada de niveles escandinavos, sin el más mínimo roce interno, o la menor disputa por las posiciones en el gobierno, o la línea política que tendrá este: como diría un filósofo macrista, se nota mucho.    

Al interior del FDT hay quienes quieren ver del otro lado de la grieta (y es posible que en un punto los haya) bolsones de oposición "racional", que no está dispuesta a "venezuelanizarse", y con la que se pueden tender puentes de contacto: el fetiche Monzó responde a eso; y algunos indisimulables intentos de garrochazos como los de Massot o Lipovetzky, también. 

Lo cierto es que lo que no se puede desconocer es que hay un 40 % de la sociedad que está dispuesto a adversar al nuevo gobierno duramente desde el principio, y que votará a cualquiera que exprese políticamente ese deseo. Si las ofertas para ese rol se multiplican y dividen, tanto mejor para nosotros; aunque en tal caso los niveles de "crispación" social y política, serán mayores: a no quejarse entonces, es el precio por ganar autonomía para decidir, sentado que no se puede, lisa y llanamente, "gobernar para todos".

En ese tablero se planteará la disputa, como se planteó entre 2003 y 2015: sin ir más lejos, los tambores de guerra del "campo" ante la posible suba de las retenciones demuestran que en el núcleo geográfico y social del voto macrista, la situación está congelada en el 2008. Y así será hasta que los que mueven de verdad las palancas encuentren la llave para volver a armar otro "Cambiemos" (es decir, el enésimo remix de la Unión Democrática), aglutinando el voto antiperonista mientras apuestan a dividir el peronista; y si no encuentran el contexto para que el intento tenga éxito, tratarán de crearlo, todos los días, todo el día.

lunes, 2 de diciembre de 2019

LO QUE NO QUISIERON QUE VEAS



La Justicia Federal de Comodoro Py citó a Cristina Fernandez en la causa denominada de la obra pública. El Tribunal había rechazado el pedido presentado por la defensa de CFK para que la audiencia fuera televisada. Argumentaron  que no se podía hacer diferencia con el resto de los imputados. Sin embargo, los abogados del los restantes imputados dejaron sentado que la televisación de la audiencia “no es obstáculo alguno ni se vería vulnerado el principio de igualdad”. Aún así, el Tribunal volvió a rechazar el nuevo pedido presentado hoy por la defensa de CFK para que la audiencia fuera televisada.

Ante esto, la expresidenta manifestó que estamos ante   "una clase práctica del lawfare en la argentina llevado a cabo por este tribunal". "Esta causa que se conoce mediáticamente con el nombre de la causa de la corrupción de la obra pública tuvo una difusión mediática en vivo y en directo inédita". Sin embargo, la declaración de Cristina no pudo ser televisada por decisión de éste Tribunal.

Continuó la ex- Presidenta señalando el origen delictivo de ésta causa: "El gobierno que se va tenía una mesa judicial donde decidía todo. Hasta decidía quién iba preso, quién no iba preso, qué empresario había que apretar para sacarle la empresa. Todo este plan fue ideado para una feroz e inédita persecución”.

Además de denunciar la  persecución contra su persona, Cristina Fernández destacó la  que sufrieron también sus hijos por “cometer el delito terrible de ser los hijos de Néstor y Cristina Kirchner”. Remarcó que a su hija Florencia, “le hicieron un fotomontaje donde aparecía rodeada de millones de dólares”  para acusarla de corrupción. Y agregó:  “El dinero de la sucesión, estaba en un plazo fijo declarado, no estaba en ningún paraíso fiscal. Estaba en una cuenta de mi hija en el banco Galicia, que es un banco nacional, y nunca se movió de ahí”.

Cristina Fernandez  le recordó al Tribunal que cada vez que fue citada a declarar se presentó, en todas las causas, incluso cuando fue citada por Bonadio para prestar ocho indagatorias en una misma mañana.  Entonces comparó su actitud de haber estado siempre a derecho con la conducta del fiscal Carlos Stornelli,  quien estuvo nueve meses en rebeldía sin que ningún superior tomara medida alguna. Y agregó: “Hasta eso tuvimos que soportar. Nueve meses estuvo un fiscal de esta causa para presentarse a declarar. Utilizan la función de fiscales o de jueces para cometer delitos”.

“No es lo que está en el expediente, no son las pruebas documentales, es la construcción mediática que poco tiene que ver con el derecho ni con los hechos”, ya que la auditoría sobre la obra pública no evidenció “deficiencias constructivas de relevancia”. “No se encontraron desvíos significativos de montos. Los desajustes no fueron relevantes. Estamos hablando de desajuste del 0,1 por ciento. Hablamos de menos de dos km de carpeta asfáltica sin ejecutar en un total de 2.200 km ejecutados y terminados”.

 Les manifestó que está “sentada en el banquillo de acusados” porque estamos en presencia de un caso de "lawfare puro",  y acusó al tribunal de “falsedad, incoherencia y denegatoria para producir prueba”.  “Hasta llegaron a difundir por los medios conversaciones privadas.”

“Esto pasa sólo con los gobierno peronistas”. “Siempre pasan estas cosas en la Argentina contra los peronistas. En el pasado y en estos cuatro años”, y que el gobierno llevó a cabo la persecución “con el auxilio invaluable de Comodoro Py”.

“Venían a hacer lo que hicieron, a decir que nos robamos todo, mientras endeudaban al país”   a perjudicar “los intereses de millones de argentinos, trabajadores, gente que duerme en la calle”.

Y culminó diciendo: ”Este tribunal seguramente tiene la condena escrita. No me interesa. A mí me absolvió la historia”.  Cuando se levantaba para retirarse, el Tribunal le preguntó si pensaba responder preguntas:

"¿Preguntas? Preguntas van a tener que responder ustedes, no yo".

Se viene el agua para los integrantes del poder judicial que fueron cómplices junto al gobierno de Macri de la destrucción del Estado de Derecho.

INTENCIÓN DE DAÑAR


Te faltan 16 días para terminar el gobierno, y estás en el medio del quilombo por la discusión del presupuesto que mandaste a la Legislatura para que ejecute otro que no vas a ser vos, porque ya no vas a estar en el gobierno.

Hace nada, 18 días antes, modificaste el presupuesto podando partidas destinadas a Ciencia y Técnica, para destinarlas a pagar deuda, porque tenés tantas que ya no te te alcanzan las que estaban previstas a esos fines en el presupuesto.

Y ahora modificás el presupuesto sacando 420 millones de pesos destinados al pago de la deuda pública, para usarlos para pagar redeterminaciones de precios de obra pública, adicionales de obra y trabajos extracontractuales.

Entre esos, $ 59.095.000 para el nuevo hospital Iturraspe (ya inaugurado), $ 31.753.000 para el ex predio de la Sociedad Rural en Rosario, $ 2.776.000 para la Plaza 25 de Mayo (ya inaugurada), $ 4.645.000 para la Casa del Brigadier (obra parada), $ 20.312.000 para la Estación Policial Sur de Rosario, $ 68.400.000 para el Distrito Policial Sudoeste de Rosario y $ 55.893.000 para la Unidad Penitenciaria Nº 3 de Rosario: más detalles sobre como se inflaron los precios de esas y otras obras, acá.  

Hay que tener intención de dañar, no hay otra explicación.

COSAS QUE SE DISCUTEN Y COSAS QUE NO


Hace más de seis años atrás, cuando comenzaron las denuncias contra César Milani por su presunta participaciones en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, decíamos acá: "La primera enseñanza que deja el caso Milani es que el gobierno termina pagando un costo político, mayor aun que el del caso Reposo: primero porque el entuerto puso en tela de juicio algo mucho más serio como su política de derechos humanos, y segundo porque -a diferencia de aquél- ahora no le faltaban los votos para imponer el ascenso del jefe del Ejército, pero tuvo que ceder ante un contexto político adverso. 

Por lo que se sabe hasta acá, los elementos de juicio acumulados no permiten suponer un vínculo de Milani con la represión ilegal en la dictadura y el nuevo dato aportado -y que la justicia deberá investigar- es su participación como sumariante en la presunta deserción del conscripto Ledo, luego desaparecido: es sabido que esa metodología era por entonces un subterfugio usado con frecuencia por los genocidas para encubrir asesinatos y desapariciones, cuestión que deberá demostrarse que en éste caso era de conocimiento del entonces sumariante Milani. 

Sin embargo, a la hora de poner la cara por alguien en el Congreso para sostener políticamente un pliego, las exigencias de certezas indubitables (en éste caso, de la efectiva participación de Milani en la represión) no son las mismas que en los juicios por la verdad, y en ese sentido ante el menor atisbo de duda al respecto, la decisión que el gobierno terminó tomando es la correcta; aunque pague el costo del que hablábamos.

Costo que paradójicamente termina pagando el kirchnerismo por haber puesto alta la vara en materia de política de derechos humanos, y de democratización de las fuerzas armadas: como decíamos ayer en Twitter, una curiosa dictadura que baja el pliego de aquél al que propone nada menos que como jefe del Ejército, teniendo los votos para imponerlo, y luego de una impugnación de un organismo de derechos humanos, en un procedimiento público y abierto. También se podría ver en ésto un logro del kirchnerismo, en tanto su política de derechos humanos habría alcanzado el rango de política de Estado, al punto de que los cuestionamientos opositores a Milani debieron partir desde allí, y hasta vimos embanderarse en esa línea a los comunicadores que estaban hartos de hablar de la dictadura (como Lanata), o a los que fueron decididos coolaboracionistas del genocidio, y en el mismo terreno de operaciones en el que se desempeñó entonces Milani; como Morales Solá.".

Seis años y después y conocido el fallo que sobreseyó a Milani de toda responsabilidad en el caso Ledo (antes hubo otro similar, en el caso Olivera), nos remitimos a lo dicho entonces, palabra por palabra; tomando además en cuenta que los sobreseimientos no están firmes, y la justicia no ha pronunciado su última palabra al respecto.

Pero también dijimos entonces, hace seis años: "El episodio deja un sabor amargo, y en más de un sentido, porque queda flotando la sensación de que, aprovechando la sensibilidad que genera en el kirchnerismo y sus apoyos sociales la cuestión de los derechos humanos, se hizo blanco en Milani por su posicionamiento político, como esta  nota de La Nación, en la que -bajo la apariencia de las siempre incomprobables "altas fuentes oficiales"- se exterioriza el malestar de ciertos sectores de las propias FFAA por las posturas políticas de Milani.

Un debate (el de la presunta asepsia política de los militares) que viene de lejos en nuestra historia, desde aquéllos tiempos tristemente célebres de la Década Infame (que el abuelo de Pinedo protagonizó y añoraba) del general Manuel Rodríguez -llamado "el hombre del deber"- defensor de la doctrina del profesionalismo militar que convirtió a las FFAA en custodios del fraude electoral y la enajenación del patrimonio nacional; hasta la conformación del partido militar como herramienta utilizada por la derecha argentina para suplir su falta de convocatoria electoral. A esos sectores les ha molestado históricamente que los militares expresaran ideas políticas cuando no coincidían con las propias, y por ende no podían utilizarlos como instrumentos."

Y ya que nos estamos citando, hace muy poquito y a propósito de los lamentables hechos de Bolivia y otros países de América Latina, dijimos acá: "Más allá de las disquisiciones teóricas que alguno pueda hacer sobre el origen de clase de sus miembros (en especial de las fuerzas policiales), lo cierto es que en América Latina las fuerzas armadas y de seguridad (instrumentos indispensables de todo Estado moderno, casi sin excepciones, no es esa la discusión), pese a los roles constitucionales que tienen asignados para defender las instituciones democráticas o el orden público, en tiempos en que la doctrina de la seguridad nacional de las dictaduras es revisitada bajo la forma de las “nuevas amenazas” diseñadas por el dispositivo militar de Estados Unidos, terminan siendo en la mayoría de los casos guardianes de un determinado orden político, social y económico, que puede o no coincidir con la orientación política del gobierno al cual en teoría sirven; con roles claves (repetimos, por acción u omisión) en el control de la protesta en el espacio público, la arena en la que se dirimen los conflictos en la región, casi con más frecuencia que en las urnas.

Con dispares avances en los diferentes países no puede decirse que, a la vista de los hechos, se haya avanzado mucho en la efectiva democratización de las fuerzas armadas y de seguridad, si se entiende por tal su pleno acatamiento a las órdenes de las autoridades civiles en cualquier circunstancia, y una aceptación sin fisuras de las doctrinas, objetivos y estrategias definidos para sus instrumentos armados por el poder político, incluso en leyes y constituciones: la penetración ideológica de la agenda de los Estados Unidos por diferentes vías en las fuerzas armadas y de seguridad, introduce una tensión permanente hacia su interior, pues tiende a incrementar su pulsión (que viene de los tiempos de las dictaduras) a operar con agenda propia, desvinculada de la que fijan los gobiernos elegidos por los pueblos. Y cuando ambas agendas entran en conflicto, por regla general atienden sus propias prioridades, más allá de sus obligaciones legales o constitucionales.

Y en circunstancias críticas como las que está viviendo Bolivia, esa “doble dependencia” o “doble comando” (el formal legal por un lado, el real conceptual por el otro) hace crisis, y los resultados son más o menos previsibles: que un gobierno sea ungido por los votos no quita que en determinadas circunstancias deba sostener su legitimidad mediante el uso legítimo de la fuerza monopolizado por el Estado, pero si no tiene un control político efectivo sobre el instrumento que lo debe desplegar (sean las fuerzas armadas o de seguridad), se verá amputado de una parte esencial de sus facultades, y corre el riesgo de ingresar en zona de inestabilidad permanente, o caer.

Lo cual no es poco en un contexto en que los Estado nacionales (más allá de la orientación política de sus circunstanciales gobiernos) ven restringida su capacidad de decisión soberana por el peso del endeudamiento, y adoptan o les son impuestas políticas de desregulación del flujo de inversiones o los movimientos de capitales que los ponen a tiro de los “golpes de mercado”, con eficacia desestabilizadora más poderosa que un regimiento de tanques desplegado en la calle; y en el que los grupos económicos más grandes acumulan un poder efectivo mayor que el de muchos de esos propios Estados.

Sumemos a eso la prédica disolvente, golpista y antidemocrática de conglomerados de medios hegemónicos que representan los intereses de las fracciones más concentradas del capital y obran en consecuencia socavando la legitimidad de los gobiernos electos cuando no les responden, los poderes judiciales reproduciendo comportamientos de casta que los aíslan de la sociedad mientras vehiculizan estrategias de “law fare” para intervenir decisivamente y con un sentido bien definido en las disputas política, y servicios de inteligencia que travesaron indemnes años de democracia operando con agenda y conexiones propias; y tendremos un combo explosivo que mina desde adentro la fortaleza de los Estados democráticos, con tanta mayor velocidad si sus gobiernos deciden imprimirle a su gestión un rumbo hacia la ampliación de derechos de los sectores populares, lo que supone necesariamente avanzar sobre las minorías del privilegio. 

He allí un inmenso desafío no solo para la gobernabilidad presente, sino para la subsistencia futura de la propia democracia en América Latina que, más temprano que tarde, sus gobiernos deberán afrontar porque está en riesgo su propia supervivencia.".

En sus últimas palabras antes de escuchar el veredicto de los jueces que lo terminarían absolviendo, Milani formuló las reflexiones que destacamos en el tuit de apertura, que van en la misma línea de las que por nuestra parte expresamos, y por supuesto compartimos; lo cual nos lleva a una conclusión: hay cosas que se pretenden discutir por algunos cuando no debieran discutirse más (como las políticas de memoria, verdad y justicia en materia de derechos humanos), y otras que, a la inversa, no se discuten cuando deberían discutirse.

Como el rol de las fuerzas armadas en la democracia, como un instrumento al servicio no solo del orden constitucional, sino de un proyecto de liberación nacional sin la cual -a la larga o a la corta- ese mismo orden no puede sostenerse.

domingo, 1 de diciembre de 2019

¡GUARDEN LAS ESCRITURAS, QUE SE VIENE EL COMUNISMO!


TWEETS POLÉMICOS

LA CIENCIA DE LOS NÚMEROS


Cuando trascendió el proyecto de ley de ministerios con el que Omar Perotti piensa armar su estructura de gobierno a partir del 11 de diciembre, una de las cosas que más se cuestionó en primera instancia fue la eliminación del hoy Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que pasa a integrarse al Ministerio de la Producción.

Hasta cierto punto es comprensible la crítica, en tiempos en los que el macrismo descargó sobre el país políticas de ajuste a las que la ciencia y la investigación no fueron ajenas, sino que por el contrario fueron blancos privilegiados; y en uno de los tantos cambios del gabinete nacional, desapareció el ministerio que comandaba Baraño, junto con otras áreas críticas como los Ministerios de Salud y de Trabajo.

Sin embargo, es tan cierto que la jerarquía que se le asigna a una determinada área en la estructura del gobierno es indicativa de la importancia que se le otorga, como que ese no es el único criterio, o al menos no debería serlo, desde nuestra perspectiva. En el caso de la ciencia, la tecnología y la investigación, eso se puede comprobar justamente con el caso del gobierno de Macri: las podas brutales a los recursos asignados al área comenzaron cuando aun era Ministerio, y formaba parte del gabinete presidencial, incluso con el mismo titular que tuvo durante el gobierno de Cristina.

Vista las cosas desde esa perspectiva, se puede discutir con argumentos más concretos, como por ejemplo los que desarrolla Pablo Bolcatto (que sabe bastante más que nosotros del tema) en los tuits de apertura), demostrando que en la provincia la elevación del área a la jerarquía ministerial no derivó en que se le asignaran más recursos que cuando era Secretaría de Estado, sino menos.

Con ese enfoque, corresponde entonces analizar la evolución de los recursos que el socialismo le destinó a la ciencia y la tecnología no solo en el actual presupuesto, sino en el que Lifschitz mandó a la Legislatura para el año que viene, en su insólita pretensión de seguir gobernando aunque a partir del 11 de diciembre sea reemplazado en la Casa Gris por Perotti.

En primer lugar, los recursos humanos, es decir el personal con el cual se llevarían adelante los planes y programas de ciencia y tecnología de la provincia, y allí aparece la primera sorpresa: si nos atenemos al proyecto de presupuesto 2020 enviado por Lifschitz a la Legislatura, se sostendría el insólito esquema actual de funcionamiento, con una marcada hipertrofia de la planta política. Como hemos dicho en su momento al analizar el presupuesto para éste año, el Ministerio cuenta con 92 cargos en su planta de personal, de los cuales 27 son políticos (funcionarios y asesores de gabinete), o sea, el 30 %.

Algo así como un cargo político cada dos de planta permanente, que para colmo no son de la carrera de investigador como existe en el CONICET o algo parecido, porque eso no existió nunca en la provincia, y el socialismo tampoco lo creó. Por contaste, la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación creada por la Ley 13.742 no cuenta ni con un solo empleado; pese a que maneja más de la mitad de las partidas del Ministerio, y el 81,56 % de las “Transferencias” destinadas a becas y subsidios para los investigadores y proyectos de investigación.

Otro tanto sucede con los recursos generales asignados al área: mirando el proyecto de presupuesto con media sanción del Senado, el Ministerio que desaparece como tal tendría partidas por $ 444.910.000, lo que supondría un aumento del 85,37 % sobre los 240 millones de pesos asignados para éste año. Sin embargo, hay una trampa: éste año además de esos 240 millones asignados al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, se contemplaron otros $ 244.540.000 en la finalidad “Ciencia y Técnica” en “Obligaciones a Cargo del Tesoro”, para reforzar las partidas del Ministerio si era necesario en el transcurso del ejercicio.

De modo que este año la finalidad “Ciencia y Técnica” tenía asignados en realidad $ 484.540.00 millones, que el año que viene serán menos incluso en términos nominales, de acuerdo al proyecto de  presupuesto que mandó Lifschtiz a la Legislatura; y eso obedece a que no hay un centavo con esa finalidad previsto en “Obligaciones a Cargo del Tesoro”, o sea, simplemente juntaron lo que estaba separado, para que pareciera que estaban reforzando las partidas destinadas a la investigación científica y el desarrollo tecnológico.

Por otro lado, vimos acá como 190,5 millones de pesos de esos 244,54 millones de refuerzo fueron finalmente destinados a pagar deudas, y no a “Ciencia y Técnica”. Pero hay más, para ver que no todo pasa por como se llame el área, o cual sea la jerarquía que tenga: más arriba hablamos de la ley 13.742, que aprobó el Plan Estratégico Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación, y estableció un cronograma de asignación creciente de recursos al sector, medido en términos de porcentaje sobre el total del presupuesto provincial.

De acuerdo con ese cronograma original de la ley, para el año próximo los recursos destinados a la finalidad “Ciencia y Técnica” deberían representar al menos el 0,38 % del total del presupuesto provincial. Como veíamos en ésta otra entrada, Lifschitz vetó la ley pese a que era un proyecto presentado en la Cámara de Diputados por Bonfatti, específicamente en la parte de la asignación de los recursos.

Como las Cámaras rechazaron su veto, no le quedó más remedio que promulgar la ley, y esperó más de un año, hasta diciembre del año pasado, para reglamentarla mediante el Decreto 4064, en el que trampeó a la ley: según su texto, el cronograma de asignación creciente de recursos destinados por la provincia a “Ciencia y Técnica” lleva en la actualidad a que en el año 2020 se destinen a ese fin el 0,21 % de los recursos totales del presupuesto provincial, y no el 0,38 % como manda la Ley 13.742.

Pero el proyecto enviado por él mismo a la Legislatura y que el Senado aprobó a tambor batiente no cumple ni siquiera con esa nueva meta más amarreta, decretada por él violando la ley: esos 484 y pico de millones asignados al área que dejaría de ser Ministerio causando tanto revuelo, representan apenas el 0,11 % del total del presupuesto provincial.

Y un 10,6 % de ese exiguo presupuesto se destina a sostener el Acuario de Rosario, que era municipal. Pero eso sí: planteando que siga siendo Ministerio, digamos todo.