POPULISMO, PROGRESISMO Y EDUCACIÓN

Un tópico socorrido de los discursos de campaña es la necesidad de invertir en educación, ¿cuántas veces habremos escuchado decir "en mi gobierno, la educación será prioridad"?

El proyecto político iniciado por Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003 y que hoy continúa Cristina puede exhibir en esa materia logros concretos, vinculados con políticas públicas puestas en marcha desde el primer día: todos recordamos su viaje a Entre Ríos junto con el entonces ministro de Educación, Daniel Filmus, para destrabar un prolongado conflicto docente.  

Después de poner al día las deudas acumuladas del gobierno de De La Rúa en el pago del Incentivo Docente -que Cristina acaba de prorrogar hasta el año que viene- y de reflotar la paritaria nacional y sancionar la Ley de Educación Técnica Profesional 26058, el Congreso nacional -a instancias del Poder Ejecutivo- sancionó en enero del 2006 la Ley 26075, llamada de Financiamiento Educativo.

La nueva norma estableció un compromiso conjunto del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para incrementar progresivamente la inversión pública en educación, ciencia y técnica, medida en porcentaje del gasto estatal en esos ítems con relación al Producto Bruno Interno (PBI) de la Argentina; con metas que partían de un 4,7 % de ese producto en el año de su entrada en vigencia (2006), hasta llegar al 6 % en el año 2010. Hoy se ha superado la meta propuesta: la inversión en educación, ciencia y técnica supera el 6,47 % del PBI.

Dentro del esfuerzo conjunto que todos se comprometían a realizar para lograr las metas establecidas, la Nación aportaría el 40 % de los recursos necesarios, y las provincias y la CABA el 60 % restante; lo que denota claramente como se revertía la tendencia de la retirada del Estado nacional de estas funciones plasmada en los 90’ con la transferencia de las escuelas: al momento de entrar en vigencia la ley de financiamiento y como consecuencia de esas políticas, la Nación solventaba solo el 22 % del gasto educativo total, y las provincias y la Capital Federal el 78 % restante; por lo que el Estado nacional aparecía asumiendo a futuro obligaciones mayores en relación con el desarrollo educativo.

La Ley de Financiamiento Educativo estableció las bases materiales  para un mayor compromiso del Estado con la financiación de la educación, y en el mismo año de su entrada en vigencia, la Ley de Educación Nacional 26206 dejó establecido con claridad que el compromiso de invertir al menos el 6 % del PBI nacional en educación, ciencia y técnica (meta final de la Ley 26075) no podría ser disminuido en el futuro y sería el “piso” del compromiso asumido por las instituciones estatales en su conjunto para solventar esas áreas de la gestión pública; lo que da como resultado global una auténtica y efectiva “política de Estado", más allá de los discursos vacíos.

Pero como la experiencia del Fondo de Incentivo Docente enseñaba que los solos compromisos no eran suficientes, la Ley de Financiamiento Educativo fue dotada de las garantías para hacerlos efectivos; y para eso creó una asignación específica en los términos del artículo 75 inciso 3) de la Constitución Nacional, sobre el incremento de los recursos coparticipables correspondientes a las provincias  (especialmente los provenientes del I.V.A. y Ganancias); y equivalente en conjunto al 60 % del esfuerzo necesario para cumplir con las metas fijadas de la relación gasto educativo/PBI.

La distribución del porcentaje de afectación entre cada una de las provincias y la Capital Federal se fijó tomando en cuenta su participación en la matrícula educativa no universitaria (en un 80 %), la incidencia de la población escolarizada en establecimientos rurales en cada jurisdicción educativa (un 10 %) y la participación de cada una en el conjunto nacional de población no escolarizada, el 10 % restante.

Lejos de esperar el “derrame” del crecimiento económico sobre el sistema educativo -según el paradigma conceptual dominante en los tiempos del neoliberalismo- la ley lo provoca, atando indisolublemente el crecimiento económico y la consecuente mayor recaudación, a un compromiso efectivo y creciente del Estado con el aporte de recursos para la educación.

Como consecuencia de la “cláusula gatillo” de la ley de financiamiento, en el caso de Santa Fe (al igual que el conjunto de las provincias) los recursos afectados al cumplimiento de sus metas fueron cada año mayores, y su participación en el conjunto del presupuesto educativo provincial fue también en constante aumento, como lo revelan estas cifras:

Año              Recursos afectados                 Porcentaje incidencia s/gasto Educación

2006             $   68.719.000                       3,33 %

2007             $ 127.511.000                       4,57 %

2008             $ 272.420.000                       7,10 %

2009             $ 478.819.000                      11,25 %

2010             $ 733.990.000                      14,72 %

Los números también demuestran que, mientras en el período considerado el gasto de la provincia de Santa Fe en Educación creció un 141,40 % (o sea 1,41 veces), los fondos afectados por la Ley 26075 de Financiamiento Educativo al logro de sus metas cuantitativas y cualitativas en el Presupuesto provincial lo hicieron en un 1130,61 % (es decir más de 10,68 veces), en el mismo lapso comprendido entre 2006 y el año pasado.

Incluso en el caso santafesino la alta incidencia en el presupuesto educativo de los recursos destinados a subsidiar la enseñanza privada distorsiona los indicadores, como puede verse claramente en la comparación con otras provincias: así por ejemplo los fondos afectados al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo representan el 18,11 % del presupuesto educativo de la provincia de Buenos Aires, el 20,19 % del de Córdoba y el 21,12 % del presupuesto en educación de Entre Ríos; provincias estas dos últimas que comparten con Santa Fe la Región Centro.

Como consecuencia de la incorporación en los indicadores de distribución secundaria de la Ley 26075 de parámetros como el de la población no escolarizada (en correlato con las metas inclusivas que la misma ley plantea), esa participación porcentual de los fondos afectados es mayor en el presupuesto educativo de provincias con menor desarrollo relativo, como el caso de Santiago del Estero donde llega al 25,23 %, y de Misiones donde alcanza al 30,37 %.

La conclusión es clara: de no haberse sancionado la Ley de Financiamiento Educativo, no existirían plenas garantías de que los Estados provinciales aplicasen como prioridad mayores recursos a la educación, pese a la mejora de sus ingresos en el contexto del ciclo de crecimiento económico iniciado en el 2003, u otros similares que se den en el futuro.

Recogiendo la experiencia de aplicación del Fondo de Incentivo Docente (creado para solventar mejoras salariales para la docencia), la Ley 26075 estableció un Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, a través del cual -y en el marco de una paritaria nacional integrada por las jurisdicciones educativas y los gremios docentes- se pacta anualmente un salario mínimo para todo el país para el cargo testigo de la carrera docente, y la Nación asume el compromiso de asistir financieramente a las provincias que no pueden solventarlo con sus propios recursos.

Esta política se tradujo en una sensible mejora del piso salarial de los docentes de todo el país, y la nación transferirá por este concepto al conjunto de las provincias un mínimo de $ 3.011.590.753 este año (son las cifras del Presupuesto 2010 prorrogado), de los que $ 188.631.113 corresponden a la provincia de Santa Fe.

Todas estas cifras no incluyen los casi 14.000 millones de pesos que la Nación gasta en todo el país para sostener las universidades nacionales (cuyos presupuestos se han incrementado sustancialmente desde el 2003), ni otros programas educativos nacionales que se ejecutan en las provincias, o el financiamiento nacional a programas que ejecutan las provincias, como el de Fortalecimiento de la Educación Rural.

Ya hemos hablado aquí de Conectar Igualdad, y hay que sumar en el cómputo a las 1135 nuevas escuelas construídas en todo el país desde que Néstor Kirchner llegar al gobierno, de las que 35 fueron ejecutadas en la provincia de Santa Fe.

Por hoy dejamos acá, mostrando lo que han hecho en educación los populistas; otro día nos ocupamos de los números de los progresistas.