Durante la campaña de las pasadas elecciones provinciales nosotros señalábamos acá como en el tramo final -puesto a tirar toda la carne al asador para evitar la derrota- el socialismo había involucrado decididamente como parte principalísima de su estrategia política al seudo sindicalismo policial, que se puso la camiseta del oficialismo provincial haciéndole campaña entre las gorras.
Enfrente no se quedaron cortos: el PRO tejía lazos con APROPOL, la otra "entidad gremial" del sector, que está detrás de los acuartelamientos sediciosos de diciembre del 2013; algo tenido en cuenta por el gobierno provincial para -con precisión quirúrgica- distribuir a los efectivos policiales en el operativo de seguridad de los comicios, de modo tal de lograr que votaran sólo los que ellos deseaban (porque responen al sindicalismo "amigo"), y dejar fuera de esa posibilidad a los sindicados como "enemigos".
Una decisión que al final se reveló crucial para decidir la elección, porque quedaron unos 3000 policías sin poder votar, y la diferencia final entre Lifschitz y Del Sel fue de 1496 votos.
Claro que favores de ese tipo (como "asesorar" al gobierno en el punteo del "padrón" policial, y hacer campaña por él en forma abierta) no son gratis, y luego hay que pagarlos.
Al respecto, podemos ver acá en La Capital como Lifschitz está empezando a levantar las facturas de la campaña: anuncia que impulsará la modificación de la ley del personal policial aprobada en el 2006 (durante el segundo gobierno de Obeid) para "restablecer las jerarquías en la institución policial", y volver a las "escuelas de policía".
Coherencia en recular frente a las presiones (o favores, para luego presionar) de la coporación policial no le falta al socialismo. Ya en el 2007 (cuando APROPOL y ULTRAPOL eran una sola cosa) Binner prometía lo mismo en su campaña para ser gobernador:
Ya en el gobierno, en el 2009 envió a la Legislatura un proyecto para dar definitivamente marcha atrás con la reforma (ver al respecto acá), y aunque nunca fue tratado, hizo como si lo hubieran aprobado: durante todo su gobierno la reforma jamás se aplicó, los concursos para ascensos no se hicieron y los ascensos se siguieron haciendo (como antes de la reforma) por las juntas de calificaciones; integradas exclusivamente por policías.
Llegado Bonfatti al gobierno todo siguió igual, hasta el motín de diciembre del 2013, en el que los sediciosos le arrancaron a punta de pistola la definitiva sepultura de la reforma: veíamos acá como el gobierno organizó los concursos exactamente igual a como funcionaban los ascensos con las juntas, pasándose a nado lo que dice la Ley 12.521; que ahora Lifzchitz propone modificar.
Sobre la idea de someter a la designación del jefe de policía al acuerdo de la Legislatura, recordar lo dicho acá: es ni más ni menos que una total abdicación del gobernador de sus facultades constitucionales para conducir a la policía santafesina.
La propuesta de modificar la ley del personal policial aprobada en el 2006 (por un amplio consenso que incluyó a los partidos que hoy son gobierno a través del FPCyS) significa -ni más ni menos- que terminar de cerrar el círculo para perfeccionar el modelo según el cual la policía santafesina se autogobierna; atendida por sus propios dueños.
Que es precisamente el modo como el socialismo vino manejando el asunto desde el 2007 para acá, con los resultados por todos conocidos: lejos de ser parte de la solución a la inseguridad creciente, la fuerza policial es parte principalísima del problema.
Un caldo de cultivo ideal para que florezcan mil Tognolis, como si con uno sólo no hubiera sido suficiente.
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