LA FRASE

"QUE DESDE LA VICEPRESIDENCIA SE SOSTENGA UNA AGENDA QUE NO SEA LA DEL GOBIERNO ES ALGO QUE NUNCA SE HA VISTO." (JULIO COBOS)

sábado, 14 de diciembre de 2019

LA CULPA SE REPARTE ENTRE MACRI Y ALFONSÍN


Tal como da cuenta la imagen de apertura, ayer salió publicado en el Boletín Oficial el Decreto 33 (completo acá), por el cual Alberto Fernández convoca a extraordinarias al Congreso, para tratar entre otros asuntos el "Proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Económica"; inciativa que incluiría algunas de las medidas más importantes del gobierno en los primeros días de gestión, en materia económica y social.

Como se dice allí, el proyecto no está acompañado al anexo del decreto (lo cual no quiere decir que no esté redactado), pero en varios medios anticipan lo que suponen que sería parte de su contenido: facultades al Poder Ejecutivo para revisar las tarifas de los servicios públicos, dictar regulaciones cambiarias y vinculadas al mercado de divisas, y atribuciones impositivas para modificar alícuotas de algunos impuestos, como Bienes Personales.

Además del contexto político dado por el cambio de gobierno, la cuestión está vinculada la problemática de las facultades delegadas del Congreso en el presidente, regulado en la Constitución Nacional en su artículo 76, a partir de la reforma de 1994.

La emergencia económica (en realidad, "emergencia pública y del régimen cambiario", en su última versión) tuvo vigencia en el país hasta que en enero del 2018 Macri decidió no solicitar su prórroga al Congreso. Al respecto decíamos nosotros en ésta entrada que "El problema es que la ley de emergencia, más allá de su título, no es una especie de certificación legal de la salud o enfermedad de la economía, sino una cuestión de índole más práctica; que tiene que ver con el artículo 76 de la Constitución Nacional, y las atribuciones del Poder Ejecutivo y del Congreso para regular determinados aspectos de la economía.

El artículo 76 (incorporado en la reforma de 1994) dice textualmente en su primer párrafo: "Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca."; y es un verdadero engendro que trajo más problemas, que soluciones. La fórmula del artículo 76 no pudo ser peor porque además incluye (como un caso de transferencia admitida de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo) las "materias determinadas de administración": si son materias determinadas de administración, le corresponden por derecho propio al presidente; que es el responsable político de la administración general del país, según la misma Constitución (artículo 99 inciso 1.).

Pero el problema de base es que este artículo fue injertado sobre un molde (el de la Constitución de 1853) que responde a los cánones del liberalismo económico del siglo XIX, que venía haciendo agua hace ya mucho tiempo; y sobre el que la reforma del 94' no avanzó demasiado, sino en aspectos cosméticos. La realidad discurrió por otros carriles, y el Estado se vio forzado a regular la economía (ya desde los años 30', y con sectores liberal-conservadores en el poder); de un modo cada vez más complejo y creciente, y necesitado de una velocidad de respuesta (ante los cambios constantes del contexto circundante) incompatible con los tiempos de la discusión parlamentaria: ya en 1949 en la reforma constitucional impulsada por el peronismo, la atribución de fijar el tipo de cambio pasó del Congreso al Poder Ejecutivo, por ejemplo.".

Precisamente por eso Macri decidió no prorrogar en su momento la emergencia: decíamos en ésta otra entrada que para un gobierno de esa índole, no era necesaria porque su tendencia natural era a desregular. En los términos de aquel posteo: "¿Se entiende entonces por qué a Macri no le interesaba prorrogar esta ley? Las tarifas de los servicios públicos esenciales fueron ya redolarizadas (el precio del gas en boca de pozo que es el 70 % de la factura se fija en dólares, y en dólares se paga la importación de combustibles para producir energía, para lo que también se usa el gas), y las empresas quedan liberadas para parársele de manos al gobierno y suspender sus servicios, si no accede a sus reclamos. Y para ponerles freno a Caputo, Mindlin y Joe Lewis se necesitará una ley del Congreso, que seguramente Macri vetaría. 

Durante el kirchnerismo se planteaba un debate absurdo sobre la prórroga de la ley, bajo la zoncera "si la economía anda tan bien, no necesitamos una ley de emergencia". Bueno, ahora ya no tenemos la ley, y la economía está peor que nunca, y más vulnerable que nunca a cualquier tipo de shock externo.".

Bueno, ahora estamos en ese punto: el país sumido en una profunda crisis económica, y el presidente y su gobierno sin todas las herramientas necesarias para conjurarla, por un diseño absurdo del (presunto) distingo de roles entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, hecho evidentemente por alguien que no tenía la menor idea de como gestionar el Estado moderno, y los desafíos concretos que eso conlleva.

Y si para eso tiene que tomar medidas drásticas como pesificar tarifas, subir retenciones, aumentar Bienes Personales, restringir el giro de utilidades y dividendos al exterior o endurecer el cepo, necesitará que el Congreso lo autorice expresamente en los términos del artículo 76 de la Constitución. 

Cada una de esas medidas afectará intereses, y generará reacciones y cuestionamientos (recordemos la polémica por la prórroga de las facultades delegadas durante el gobierno de Cristina), pero son indispensables. Si vuelve la emergencia (que es imprescindible), volverán las quejas de los repúblicos, que son el coro que disimula el malestar de los factores de poder y grupos de interés, cuando sus intereses se vean afectados: no dejemos que nos vendan buzones.

Dicho esto porque ya han adelantado que no darán quórum para el tratamiento del tema, y están convocando a marchar "en defensa de la república" y coso. 

De la crisis económica tiene la culpa Macri, del desaguisado jurídico que hace que el Poder Ejecutivo corra siempre atrás de los acontecimientos del mundo real, en especial en materia económica, Alfonsín; aunque a más de uno le moleste que se lo recuerden.

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