Tal como indica la imagen de apertura, anoche ingresaron al Senado provincial los mensajes enviados por el Poder Ejecutivo proponiendo una reforma tributaria con moratoria impositiva, y una ley de emergencia social, alimentaria y sanitaria, de las contrataciones públicas, económica, financiera y fiscal y en seguridad en la provincia, con los alcances establecidos en la ley, hasta el 31 de diciembre del año 2021.
El proyecto ratifica la adhesión a la Ley nacional 27519, por la que se prorroga hasta el 31 de diciembre del año 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional; y en los fundamentos del mensaje se indica que si bien Lifschitz había adherido por el Decreto 2875, no adoptó ninguna medida en concreto como consecuencia de la adhesión. Dispone que en el uso de las autorizaciones para gastar contenidas en el presupuesto tendrán prioridad las partidas destinadas a salud, desarrollo social y la emergencia alimentaria.
Les encomienda a los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social efectuar un monitoreo constante de precios y disponibilidad de medicamentos e insumos del sector salud y de alimentos y de otros bienes necesarios para atender la emergencia social, alimentaria y sanitaria, tomando como referencia los establecidos por los organismos nacionales competentes al momento de establecer el presupuesto oficial para realizar los trámites de adquisición. Es decir, que la provincia aproveche en sus compras las mejoras que obtenga la nación negociando con los laboratorios y las alimentarias.
Con motivo de la emergencia social, alimentaria y sanitaria declarada, el Ministerio de Salud queda facultado a afectar a los programas y planes derivados de la emergencia sanitaria la producción del Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado y orientar los medicamentos que produce esos fines; y al mismo tiempo se amplían las facultades de contratación del Laboratorio, para ampliar su capacidad de producción para abastecer a los efectores públicos de salud. Las contrataciones necesarias para adquirir bienes para atender la emergencia social, alimentaria y sanitaria, se consideran comprendidas en la causal de urgencia contemplada en el régimen de contrataciones, con lo cual se agilizan los procedimientos y los controles del Tribunal de Cuentas.
Hay un capítulo entero dedicado a los contratos del Estado, por el cual se faculta al Poder Ejecutivo a reprogramar sus plazos y a resolverlos (rescindirlos) en su caso, invocando la emergencia como causal de fuerza mayor; salvo que sea posible la continuación del contrato, previo acuerdo de partes que se sostenga en el principio del sacrificio compartido. Esto es de particular importancia en los contratos dolarizados que deja como herencia el socialismo, en los que la devaluación disparó los costos que debe pagar la provincia a niveles insostenibles.
De acuerdo con el proyecto, el Gobernador puede suspender por 90 días corridos prorrogables por otro tanto, todas las licitaciones y concursos en trámite, incluyendo los que se realizan en los Organismos Descentralizados, Entes Autárquicos, Empresas y Sociedades del Estado y en las Unidades Ejecutoras encargadas de la gestión de programas con financiación proveniente de organismos multilaterales de crédito. También puede proceder a la venta de inmuebles ociosos o improductivos del Estado, destinando los importes obtenidos por la venta a acciones que se ejecuten para favorecer la inclusión educativa (como el boleto educativo gratuito), paliar la emergencia social, alimentaria y sanitaria o en seguridad que se declara.
El capítulo fiscal del proyecto apunta a una mejora de los procedimientos, estructuras, equipamiento y metodologías de fiscalización de la Administración Provincial de Impuestos (API), para alcanzar mayores niveles de eficiencia y eficacia en la determinación, fiscalización y recaudación de los impuestos. Se modifica la ley de presupuesto que armó Lifschitz e hizo aprobar antes de la asunción de Perotti, para facultar al Poder Ejecutivo a emitir pagarés y letras del Tesoro con vencimiento más allá del ejercicio 2020, para cancelar deuda consolidada con proveedores y contratistas; y a tomar créditos para recomponer las existencias del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales a la Vista (FUCO), es decir, la suma de las cajas de la provincia.
Esto se explica por las cifras que da el propio mensaje sobre la situación financiera de la provincia que recibió Perotti del socialismo: de acuerdo a la información suministrada por la Contaduría General de la Provincia, la administración provincial registraba al 30 de noviembre un desequilibrio fiscal de 8129 millones; que será sustancialmente mayor al cierre del ejercicio, con una deuda flotante que asciende a 22700 millones y que registra un incremento vertiginoso de 78 % con relación al año anterior. Por otro lado, se señala que el nuevo gobierno encontró una gran cantidad de tramitaciones que implican compromisos ciertos de gastos, que no cuentan con imputación presupuestaria (para saber si se contaba con partidas para atender esos gastos).
El vaciamiento del FUCO fue monstruoso: ascendía a 14888 millones al 30 de noviembre, pero al momento de llegar el nuevo gobierno tenía disponibles solo 118 millones, puesto que los 14770 millones restantes ya habían sido utilizados. Traducido: se la patinaron toda, y por eso tuvieron que apelar a adelantos transitorios provenientes del agente financiero de la provincia (el Nuevo Banco de Santa Fe de Eskenazy), con un costo financiero del orden del 55 % anual actualmente, superando el 70 % en meses anteriores.
La emergencia en seguridad significará profundizar las medidas que viene tomando Marcelo Saín desde que asumió la conducción del Ministerio de Seguridad: se lo faculta a modificar la estructura orgánica y funcional de la Policía creando, transformando, extinguiendo o suprimiendo total o parcialmente funciones y dependencias; reajustar y racionalizar los recursos humanos, asignando y reasignando funciones, dependencias y destinos a todo el personal de la fuerza, pudiendo afectar en forma transitoria o definitiva personal de otras reparticiones de la Administración Pública centralizada para realizar tareas de apoyo administrativo en el Ministerio de Seguridad o unidades o dependencias policiales, priorizando el destino del personal policial a tareas específicas de seguridad.
Se la transfieren al Ministerio de Seguridad la administración y disposición de los fondos especiales autorizados por distintas leyes especiales para ser manejados por la Policía para tareas de inteligencia policial e investigación criminal (una de las "cajas negras" de la cana); y se dispone que el estado de emergencia en seguridad es causal suficiente para disponer el reintegro al servicio activo de personal retirado, poner en disponibilidad o pasar a retiro, al personal de la Policía. La ley dispone que en ningún caso puede reintegrarse al servicio personal policial con auto de procesamiento en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad o condenado en causa penal, aún cuando hubiese cumplido la totalidad de la pena.
La declaración de emergencia en seguridad faculta al Ministerio de Seguridad para poner en disponibilidad al personal policial que no hubiera sido reubicado o reasignado en el proceso de reorganización de la dependencia o área en la que presta servicio, acredite como mínimo veinte (20) años de servicios policiales y reviste en alguno de los grados comprendidos entre las jerarquías de Comisario hasta Director General de Policía, ambas inclusive. O sea, una depuración más amplia aun de las cúpulas de la fuerza policial. El personal policial puesto en disponibilidad como consecuencia de la emergencia podrá ser pasado a retiro a los treinta días (30) de dictada la disponibilidad.
Como puede verse, no hay privatizaciones de organismos públicos, ni se transfiere la Caja de Jubilaciones, ni se despiden empleados públicos o se les recortan sus salarios; aun cuando la situación financiera de la provincia es extremadamente difícil.
Es decir, no pasa nada de lo que el socialismo en campaña decía que iba a pasar si ganaba Perotti, o lo que aun está diciendo hoy en las redes sociales y a través de los medios adictos, cuando el nuevo gobierno avanza sobre la herencia recibida, como la implantación de ñoquis en la estructura estatal. El ajuste menos pensado, o por donde no se lo esperaban.
Vamos a ver que pasa cuando todo esto se discuta en la Legislatura, si siguen hablando al gas, o se hacen cargo de la parte que les toca por el estado en el que dejaron la provincia, que está lejos de ser el "fórmula 1" del que hablaba Lifschitz cuando se despidió.
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