De acuerdo con lo anunciado en su discurso en el Congreso el 1° de marzo, Alberto Fernández firmó el DNU que modifica la Ley 25520 de Inteligencia Nacional, eliminando la intervención de los servicios de inteligencia de la AFI como auxiliares de la justicia, en tareas investigativas en causas judiciales: acá pueden ver el texto completo en el Boletín Oficial.
Lo que el decreto hace es modificar una parte del inciso 1) del artículo 4 de la ley, suprimiendo el siguiente párrafo: "... salvo ante requerimiento específico y fundado realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley, en cuyo caso le serán aplicables las reglas procesales correspondientes....", que aun con la reforma de la Ley 27126 aprobada durante el gobierno de Cristina, permitía que los jueces emplearan a los espías, para tareas de investigación en las causas a su cargo.
En los fundamentos del decreto se señala lo siguiente:
"Que corresponde, por ello, limitar de forma urgente ese resquicio legal, que permitió generar y retroalimentar vínculos espurios desarrollados entre organismos de inteligencia y algunos sectores del sistema de justicia, franqueando la participación de aquéllos en funciones totalmente ajenas a sus verdaderas áreas de incumbencia."
"Que, en definitiva, dicha inadecuada intromisión ha afectado en múltiples casos la necesaria independencia judicial, actuando como un componente corrosivo frente a la legitimidad institucional de nuestra democracia."
"Que, en este aspecto, se advierte que en el inciso 1 del artículo 4º de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, se establece una excepción que permite a los organismos de inteligencia participar como auxiliares de la justicia en las investigaciones criminales."
Efectivamente y tal como lo señala el decreto, ese resquicio en la práctica era utilizado por los jueces federales (en especial los de Comodoro Py) para establecer una relación promiscua con los servicios de inteligencia, habilitando que estos lanzaran "excursiones de pesca" con seguimientos, carpetazos y pinchados de teléfonos (entre otras cosas) para ver "si encontraban algo", más que para investigar delitos, y dar con sus responsables.
Con el DNU se termina así uno de los pilares bajos los cuales funcionaron hasta ahora las prácticas de "lawfare" para perseguir a opositores políticos en el pasado gobierno, pero también para montar operaciones de extorsión a empresarios, sindicales y dirigentes políticos.
Como dijo Alberto y aunque trinen de la bronca por lo bajo (y por lo alto) más de un periodista servilleta al que se le recortan las fuentes de información, se está echando luz en uno de los sótanos más oscuros de la democracia argentina.
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