El Índice de Precios al Consumidor (IPC) y, en general, los indicadores o estadísticas del INDEC nunca fueron un problema técnico, al menos no exclusivamente, y en ese plano la discusión no debería durar mucho: como se compone la Encuesta Permanente de Hogares de la que se extraen los consumos habituales de las familias, que ponderación tiene cada uno de los elementos considerados, y no mucho más. No parece algo que pueda discutirse por décadas, como pasa en la Argentina.
Y eso es porque ante todo es un problema político, vinculado a algo como la inflación, con lo que los argentinos convivimos hace décadas: era un problema político cuando el kirchnerismo intervino el INDEC en el gobierno de Néstor (ni hablar de en lo que se convirtió después), y cuando Macri inauguró su gobierno con un apagón estadístico de seis meses para intentar ocultar las consecuencias sociales de la mega devaluación y los brutales tarifazos con los que inició su gestión.
Por si hiciera falta más pruebas de que estamos un problema político y no técnico, recordemos que el propio Macri dijo entonces que sólo aceptaría ser juzgado por los indicadores de la pobreza con los que empezó y terminó su mandato, después de haber ejecutado ese acto mágico de desaparición estadística de la mitad del primer año de éste.
Marcos Lavagna -eyectado ahora de su cargo en el INDEC por Milei- no es un héroe, ni mucho menos; como no lo fue Todesca en el gobierno de Macri, cuando primero ejecutó el apagón estadístico funcional a la brutal transferencia de ingresos con que se inició, y luego jugó a que le interesaba garantizar la autonomía del organismos responsable de las estadísticas públicas.
Lavagna recorrió el mismo camino: pega el portazo porque no lo dejan poner en marcha el nuevo IPC, pero antes aceptó toquetear políticamente casi todos los indicadores, como el estimador de la actividad económica (para no reconocer con todas las letras que la economía entró en recesión), los ingresos de los trabajadores informales (para hacer ver que le ganaron a la inflación), las cifras de evolución del empleo (para ocultar que lo que avanza es la precarización laboral) y el índice de pobreza (manipulación de la que Milei saca sus fantasiosas cifras sobre argentinos que la abandonaron). Y aceptó postergar la puesta en marcha del nuevo IPC hasta después de un año electoral, con Alberto y con éste gobierno.
Para todos los gobiernos los indicadores del INDEC (el IPC y otros similares no son estadísticas en sentido estricto, sino meros indicadores) son -como dijimos- un problema mucho más político que técnico, y el de Milei no es la excepción: lo que pasó no es tanto que la inflación estaba mal medida, sino que la política económica diseñada y ejecutada con el casi exclusivo propósito de disminuirla -sin importar los costos- fracasó estrepitosamente.
La saga del IPC y la salida de Lavagna son así otros datos más que vienen a confirmar el fracaso absoluto de la teoría monetarista de la secta austríaca de la cual Milei es devoto para explicar las causas de la inflación, y peor aun, para contenerla. Y el daño que las políticas desplegadas a ese fin (sin éxito hasta acá) causaron a los sectores de ingresos fijos (asalariados, jubilados), aun medido por el índice cuestionado, es grande; y todo indica que si se lo revisa a la luz del nuevo indicador, es mayor: la certificación en números del fracaso social del experimento libertario. De hecho, el gobierno de Milei le puso un cepo a las paritarias no validando aumentos salariales por encima del IPC (trucho), y la mayoría terminaron cerrando por debajo de es marca dibujada por Lavagna.
Indicadores al margen y más allá de quien esté a cargo de su elaboración o cuáles sean las pautas técnicas que se utilicen, lo cierto es que hace siete meses que la inflación sigue subiendo y todo indica que lo va a seguir haciendo, por decisiones del gobierno; como los tarifazos, la quita de subsidios y la nueva política cambiaria de ajustar las bandas de flotación del tipo de cambio a la inflación. Ese es el estricto orden de los sucesos, y no al revés como pretenden el gobierno y los medios del régimen luego de su papelón con el IPC: que todo hasta allí venía bien y la cagaron haciendo ruido con la salida de Lavagna.
Sin rezagos monetarios de la gestión anterior, sin riesgo kuka, ni electoral: el fracaso en la lucha contra la inflación (principal y casi único objetivo de la política económica) es todo de Milei, el autopercibido experto en hacer crecer la economía con y sin dinero. Y lo es como efecto deseado y buscado de la brutal transferencia de ingresos entre sectores que instrumenta su gobierno, para reconfigurar las relaciones de fuerzas al interior de la sociedad. Objetivo al que la reforma laboral trata de cristalizar para que no pueda ser modificado a largo plazo.
Y si algo deja claro el affaire Lavagna, IPC e INDEC no es tanto que deben revisarse pautas técnicas (algo que nadie discute ya hace tiempo), sino que además de haber perpetrado el crimen, lo que están intentando hacer ahora es borrar sus rastros; de allí que el nuevo indicador entró en el limbo de "se hará cuando lo consideremos conveniente".
Lo que no queda claro es si todo esto (la política económica, sus efectos sociales y el papelón del INDEC) afectará políticamente y en un futuro electoral a Milei y su experimento libertario: hay testimonios a diario de que entre su base social y electoral la adhesión al gobierno no requiere de certezas o argumentos (como aspectos de la gestión que puedan destacarse), sino más bien cuestión de fe. Como creer en los indicadores del INDEC.
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