El viernes pasado el ministro Olivares y los funcionarios de Economía de la gestión Pullaro presentaron el proyecto de presupuesto provincial para 2027. Acá pueden leer los detalles en el portal oficial del gobierno. El documento proyecta un resultado financiero primario (antes del pago de la deuda) positivo por casi 920 millones de pesos (ver imagen más abajo), es decir que según los cálculos del gobierno provincial, el año que viene Santa Fe tendrá superávit.
Más allá de que los funcionarios hicieron referencia a que en la elaboración del proyecto de presupuesto 2027 tuvieron en cuenta las proyecciones macroeconómicas del presupuesto nacional, hubiera sido bueno que le preguntaran a Olivares como se puede pasar de un déficit de 717.740 millones de pesos al 30 de junio de éste año (último dato oficial disponible), a tener superávit el año que viene. Porque si las finanzas provinciales se hubieran recuperado desde esa fecha no solo que los datos estarían publicados actualizados (llevan como dijimos un retraso de más de cuatro meses), sino que el propio Olivares los hubiera dado a conocer con bombos y platillos, para autoelogiarse en su capacidad de administración.
Y si las finanzas de Santa Fe hubieran mejorado de modo de reducir el enorme déficit que presentaban a mitad de año, el gobierno de Pullaro o hubiera tenido que apelar a herramientas extraordinarias de captación de recursos, como lo hizo mediante los Decreto 1742 (de agosto) y 2277 (de octubre), que explicáramos en ésta entrada.
Como decíamos allí, mediante esos decretos Pullaro apeló a "fuentes financieras" (inversiones financieras prexistentes, como plazos fijos, o endeudamiento público y aumento de los pasivos) por más de un billón de pesos: exactamente unos $ 1.010.343.000.000, entre los dos decretos; que deben sumarse a los $ 2.492.348.000.000 (casi dos billones y medio de pesos) que exponía como resultado -no como cálculo: resultado- la ejecución de los recursos y erogaciones del Estado santafesino, al 30/6.
Lo cual nos lleva a decir que, si el superávit proyectado para el año que viene parece un dibujo de Olivares y su equipo considerando el déficit descomunal que las cuentas públicas provinciales acumulaban al 30 de junio pasado, no es menos dibujo la previsión que contiene el proyecto de presupuesto 2027 en -precisamente- "fuentes financieras".
Es decir, Pullaro y Olivares van a enviar a la Legislatura un proyecto de presupuesto en el que dicen que el año que viene Santa Fe tendrá superávit en sus cuentas, y para cuya financiación necesitarán emplear ahorros previos o endeudarse a corto plazo (deuda exigible dentro del ejercicio) por un importe que es como mínimo 6,21 veces menor que el que tuvo que emplear en los primeros 10 meses de éste año, a los mismos fines. Y si solo consideráramos el ítem "endeudamiento público e incremento de otros pasivos" (financiar gastos generando deuda flotante exigible), Pullaro y Olivares emplearon éste año hasta fines de octubre 4,35 veces el monto que dicen que (bajo ese concepto) van a emplear el año que viene.
El proyecto de presupuesto contempla un déficit para la Caja de Jubilaciones y Pensiones de $ 417.127.268.000 (pese a que la semana pasada Jorge Boasso se jactó de cuanto lo habían reducido gracias a la reforma previsional), y prevé que llegarán aportes de la Nación para financiarlo -en parte- por 298.000 millones de pesos. Dicho de otro modo y sin que Olivares y sus funcionarios hayan dado más explicaciones -ni se las pidieran- respecto a de donde sacaron esa cifra, están calculando aportes nacionales para financiar el déficit del organismo previsional por casi 3 veces la cifra que la provincia se "cobró" éste año descontándolos de los 400.000 millones que le pidió a la Nación como anticipo financiero. Porque en abril -recordemos- habían firmado un convenio para que los pagos nacionales con destino a la Caja lleguen regularmente mes a mes, pero después de cancelada la primera cuota, no llegó ninguna otra más.
En oportunidad de presentar el proyecto de Presupuesto 2027, Olivares anunció que en el mismo se crea un "Fondo de Infraestructura Agropecuaria Santafesina", por el cual se destinaría la totalidad del producido de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural a infraestructura del propio sector agropecuario. Dijo entonces Olivares: "Se trata de una política que permite dirigir lo que aporta el campo, en el único impuesto que abona a la Provincia, para que sea canalizado exclusivamente a la atención de la infraestructura del sector agropecuario y que, al mismo tiempo, este fondo pueda ser monitoreado por los distintos actores del sector..." (las comillas son del texto, las negritas son nuestras)
O sea, el "campo" consiguió que lo que ellos pagan de impuestos en la provincia (están exentos de Ingresos Brutos desde 1992 y la mayoría de sus operaciones comerciales y actos jurídicos están exentos del pago del Impuesto de Sellos) y que representaba (en el Presupuesto 2026) solo el 0,54 % del total de los recursos de la Administración Provincial (Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de Seguridad Social, excluyendo Empresas y Sociedades del Estado), solo se les destine a ellos mismos, y ellos controlen en que se va a gastar. Imaginemos como sería administrar el Estado si todos los contribuyentes tuvieran el mismo privilegio; lo cual nos recordó que hace pocos días (el 15 de octubre pasado) Pullaro y Olivares firmaron el Decreto 2180, a cuyo anexo corresponde la imagen de abajo:
Por ese decreto, se dispuso una ampliación de las partidas del Presupuesto provincial por mayor recaudación de recursos tributarios por encima de los originariamente previstos por unos $ 287.282.429.000, pero al mismo tiempo y en simultáneo una reducción de partidas por $ 7.987.422.000, porque hubo otros impuestos que arrojaron una menor recaudación a la prevista. Entre ellos sobresale el Inmobiliario Rural en la parte específicamente afectada -ya ahora- a infraestructura vial en distritos rurales; la que como consecuencia de las "emergencias" de distinta índole, ingresó a las arcas provinciales en el período que considera el decreto (los meses de junio a agosto, ambos inclusive) 4468 millones de pesos menos de lo previsto.
Por eso el decreto dispone reducir en esa medida la partidas de la Dirección Provincial de Vialidad (ver imagen), y el plan de obras previstas para el organismo en distritos rurales. Si el fenómeno se repitiera el año que viene, y el Presupuesto 2027 se aprobara tal como lo envió Pullaro a la Legislatura (destinando el 100 % de la recaudación del Inmobiliario Rural al "campo"), ¿Deberíamos acudir el resto de los ciudadanos con nuestros impuestos en su auxilio para reparar -por ejemplo- la infraestructura rural previsiblemente afectada por "El Niño", porque allí sí se invocaría la solidaridad entre contribuyentes y el principio de la universalidad del presupuesto, por el cual todos los recursos del Estado deben destinarse a atender todo sus gastos? Tuit relacionado:
No hay comentarios:
Publicar un comentario